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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-08-2018

Movimientos sociales se enfrentan a proyectos de una de las principales constructoras del mundo
La cara oscura de ACS

Enric Llopis
Rebelin


La UDEF (Unidad de Delincuencia Econmica de la Polica Nacional) desvela una trama del agua en Murcia: el PP regal 600 millones a ACS; ACS pag un milln en regalos y facturas falsas para entrar en la trama del agua, titul los das 23 y 24 de abril el peridico El Confidencial. El grupo ACS es una de las seis grandes constructoras espaolas y primera contratista internacional en el sector de la Construccin y la Ingeniera, seguida por su filial alemana Hochtief (segn la ratio de la revista Engineering News-Records); en el primer semestre de 2018 obtuvo un beneficio neto de 774 millones de euros (un 7,4% ms que en el mismo periodo del ao anterior) y tiene como presidente a Florentino Prez, cuya fortuna personal asciende segn Forbes a 2.000 millones de euros. La noticia de El Confidencial hace referencia a presuntas irregularidades en la construccin y gestin de la desaladora de Escombreras, en Cartagena, que actualmente investiga un juzgado de Murcia.

El digital Vozpopuli inform de las comisiones pagadas por ACS al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzlez, del PP, para que ste adjudicara a la empresa la construccin de un campo de golf en terrenos del ente pblico Canal de Isabel II. El digital destac asimismo que en 2015 ACS don 100.000 euros a la Fundacin FAES, presidida por Jos Mara Aznar, y la misma cantidad a la Fundacin Pablo Iglesias, vinculada al PSOE. El nombre de la constructora figur entre los donantes a Convergncia Democrtica de Catalunya (CDC), actualmente PDeCAT, a cambio de adjudicaciones de obra pblica; y en los llamados papeles de Brcenas (por el apellido del extesorero del PP), por la presunta entrega de dinero negro al partido conservador para la obtencin de contratas.

Segn eldiario.es, el ejecutivo de Rajoy abon 200 millones de euros en sobrecostes de obra pblica al grupo ACS durante los ltimos tres aos. Eldiario.es tambin dio cuenta el 23 de julio de las sanciones impuestas por el Banco Mundial a ACS, por no informar de las comisiones abonadas para lograr las contratas de construccin de dos centrales elctricas en Egipto -El Tebbin y Giza North Power- financiadas por el organismo internacional. En Guatemala, la multinacional espaola participa a travs de una de sus filiales, el Grupo Cobra- en la construccin de la central hidroelctrica Renace en el departamento de Alta Verapaz, cuyos impactos en el ro Cahabn han denunciado los indgenas quekch; como consecuencia de las movilizaciones, el lder comunitario Bernardo Caal Xoc se halla encarcelado desde enero en el municipio de Cobn.

En el anlisis de 2015 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, ACS era la segunda empresa espaola tras el Banco Santander con ms sociedades en parasos y nichos fiscales (152). Tambin el grupo de construccin e ingeniera lidera otras ratios; su consejero delegado, Marcelino Fernndez Verdes, fue el mejor pagado entre las empresas del IBEX 35 en 2017, al sumar una retribucin de 20,4 millones de euros. Las ventas del grupo alcanzaron el ao pasado los 34.898 millones de euros, de las que el 45% corresponden a Amrica del Norte, el 29% a Asia Pacfico y el 13% a Espaa; actualmente frica es una de las posibles zonas de expansin de ACS; por ejemplo, forma parte del consorcio tambin integrado por la francesa Eiffage Gnie Civil- seleccionado para la construccin de una desaladora en Yibuti por 46 millones de euros (40,5 millones financiados por la Unin Europea).

La constructora que capitanea el presidente del Real Madrid se ha beneficiado de los rescates con dinero pblico. Entre los casos ms significativos figura el de las nueve autopistas de peaje en quiebra, concesionadas a empresas como ACS, Ferrovial, Sacyr, Abertis, Ferrovial o Acciona; la cifra final del rescate a las adjudicatarias oscila entre 2.000 millones y 4.500 millones de euros. Asimismo en diciembre de 2016 los Estados espaol y francs asumieron la explotacin y mantenimiento del tramo de Tren de Alta Velocidad (AVE) entre Figueres (Girona) y Perpin (Francia), incluido el tnel de El Perts, tras la quiebra de la sociedad adjudicataria integrada por ACS y Eiffage; la concesionaria declar la imposibilidad de afrontar una deuda de 557 millones de euros.

Otro de los ejemplos es el Proyecto Castor, un depsito artificial con capacidad para almacenar hasta 1.900 millones de metros cbicos de gas natural uno de los mayores del estado espaol-, ubicado en el subsuelo marino, a 21 kilmetros de las costas de Castelln y Tarragona. En septiembre de 2013 el Gobierno suspendi el proyecto, despus que se registraran centenares de sesmos en el litoral norte de la provincia de Castelln por las inyecciones de gas. En julio de 2014 la empresa concesionaria ESCAL UGS -participada en un 67% por ACS y en un 33% por CLP, filial de la canadiense Dundee Energy- renunci a la concesin de explotacin, otorgada en 2008 por el Gobierno de Rodrguez Zapatero.


Fuente: Asociacin de Afectados por la Plataforma Castor

Uno de los puntos centrales del recorrido se sita en octubre de 2014, cuando un real decreto-ley del ejecutivo de Rajoy aprob una indemnizacin de 1.350 millones de euros a ESCAL UGS, que se cargara a la factura del gas de los consumidores durante 30 aos (la concesin de 2008 estableca, en caso de caducidad o extincin, compensaciones a la empresa concesionaria por el valor neto de las instalaciones, salvo en los casos de dolo o negligencia empresarial). En diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional anul los artculos del real decreto-ley que establecan las indemnizaciones. Tras la sentencia, Banco Santander, CaixaBank y Bankia pidieron al Estado espaol el retorno de los 1.350 millones de euros que adelantaron para indemnizar a las empresas por el cierre del almacn gasstico.

Los movimientos sociales han plantado cara al macroproyecto. El Observatori del Deute a la Globalitzaci (ODG), Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya han promovido una querella ciudadana por el Caso Castor, presentada el pasado 27 de febrero ante la Audiencia Nacional; la jueza Carmen Lamela desestim la querella de los activistas el 21 de junio y procedi al archivo de las actuaciones. Contra el auto de Lamela, las organizaciones presentaron un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entre los argumentos de la apelacin, destaca el resultado del proyecto: Una deuda de 1.350 millones de euros ms intereses (2.400 millones de euros) para la ciudadana y una empresa beneficiada con sumas importantsimas sin concurrencia pblica que, adems, ha desarrollado la obra con importantes sobrecostes. La querella de los colectivos sociales ya apuntaba que la realizacin de los trabajos de construccin se encuentra plagada de irregularidades e inexplicables ilcitos () que siempre redundan en un incremento de costes y en la adjudicacin de la mayor parte de los trabajos a ACS o empresas vinculadas a su grupo.

Otro punto de discrepancia con el auto hace referencia a los estudios de impacto ambiental: Es evidente que algunas de las alegaciones que alertaban de los riesgos no fueron tenidas en cuenta; debi actuarse por principio de precaucin (seguridad de las personas y el medio ambiente), pero se prim el negocio en la construccin. Un estudio del Instituto Tecnolgico de Massachusetts (MIT), presentado en mayo de 2017, atribuy a las inyecciones de gas los ms de 500 sesmos en las proximidades del almacn submarino; informes del Instituto Geogrfico Nacional y del Instituto Geolgico y Minero de Espaa apuntaron la misma relacin. Adems, una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 estableci que la conexin del sistema gasista con el almacn Castor requera una Evaluacin de Impacto Ambiental, lo que anul la resolucin del Ministerio de Medio Ambiente de 2009 que sealaba lo contrario.

El recurso de las organizaciones sociales aade, como factor de relevancia, la modificacin de lindes martimos entre Catalua y la Comunidad Valenciana, precisamente para evitar los informes tcnicos que exiga la administracin catalana; esta modificacin de lmites se public en el BOE como una correccin de errores. Otro aspecto sealado por los recurrentes es el de las puertas giratorias, que concretan en la figura de Ignasi Nieto Magaldi. Secretario General de Energa entre 2006 y 2008 (gobierno de Rodrguez Zapatero), Nieto Magaldi fue aos despus socio en la empresa Irem Energy de Recaredo del Potro, presidente de ESCAL UGS. Otras medidas denunciadas por los querellantes es la ampliacin de la posibilidad de la renuncia de cinco a 25 aos para los almacenes de gas, es decir, prcticamente durante la totalidad de las concesiones.

Adems el Proyecto Castor tiene su laberinto financiero. El Banco Europeo de inversiones (BEI) concedi en 2013 un prstamo de 100 millones de euros a ACS para actividades de investigacin, desarrollo e innovacin empresarial. Tambin en 2013 el BEI reconoci una aportacin de 500 millones de euros al proyecto Castor: 300 millones en adquisicin de bonos para transmitir al mercado de capitales su confianza en el proyecto y una lnea de liquidez de 200 millones, segn un comunicado de esta institucin de la UE. De qu modo se produjo la emisin de bonos? Los responsables de ESCAL UGS y ACS crearon al efecto una sociedad mercantil Watercraft Capital SA-, con domicilio social en Luxemburgo, con la nica finalidad de obtener beneficios fiscales, sostienen los activistas.


Fuente: Alianza por la Solidaridad

En la campaa Querella Ciudadana han colaborado los colectivos 15MpaRato, Xarxa per la Sobirania Energtica, Aliana contra la Pobresa Energtica, Observatori DESC, Plataforma por un Nuevo Modelo Energtico, Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Snia y APLACA (Afectados Plataforma Castor). La querella criminal se interpuso en la Audiencia Nacional contra los exministros de Industria del PSOE, Joan Clos (2006-2008) y Miguel Sebastin (2008-2010) y del PP, Jos Manuel Soria (2011-2016); la exministra de Fomento (2004-2009) y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (2010-2014), Magdalena lvarez, del PSOE; la exministra de Medio Ambiente (2008-2010) Elena Espinosa, del PSOE; el exconseller de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana (2009-2011), Juan Cotino, del PP; y los empresarios Florentino Prez y Recaredo del Potro, por los presuntos delitos de malversacin, prevaricacin y fraude a la Administracin.

Otras acciones destacadas fueron el juicio popular al proyecto Castor promovido por el Observatori del Deute a la Globalitzaci y celebrado en junio de 2017 en Barcelona; y la Campaa contra el Pago de la Deuda Ilegtima del Castor, iniciada en noviembre de 2014. Aunque ya en diciembre de 2007, ms de mil personas convocadas por la Plataforma en Defensa de les Terres del Snia organiz una marcha que, con el lema de Fem la botifarra al gas, parti del municipio de Alcanar (Tarragona) hasta la carretera CN-340 para mostrar su rechazo al proyecto de ACS.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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