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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-09-2018

El Estado de Derecho avanza hacia la ultraderecha

Manuel Humberto Restrepo Domnguez
Rebelin


No todo Estado es un Estado de Derecho (E. Daz), ni tener una Constitucin Poltica garantiza los derechos. En el estado de derecho el pueblo es el soberano que le exige al gobierno que cumpla lo pactado, responda a las demandas y produzca bienestar colectivo. Tcnicamente el estado colombiano es de derecho, porque formalmente hay independencia de poderes, se basa en derechos humanos, tiene elecciones libres y es laico. Sin embargo al pasar una plantilla por las dimensiones tica, histrica, judicial y social, no es as: ticamente, hace parte de las Naciones Unidas, pero all sus posiciones son ambiguas y politizadas, condena y absuelve al mismo tiempo, pide paz y respeto para el resto del mundo y en su territorio apa la guerra, aboga por intervenir en la organizacin de otros estados. Es de la OCDE, protegido de los Estados Unidos y de la OEA y aunque trata de ser referente moral, incurre en exabruptos como designar representante del pas al exprocurador Ordoez, que fue destituido por practicas de corrupcin en su eleccin, persigui a izquierdistas, homosexuales, ateos, madres solteras, reclamantes de tierras, puso por encima de la constitucin la biblia y sataniz a la CIDH, que emite fallos de justicia imparcial contra los estados y sus responsables cuando delinquen.

Histricamente, desde hace doscientos aos, el poder est en manos de los dos partidos de derecha (en formatos diversos y actualizados), que han destruido las bases del estado de derecho, despreciado derechos y metido en su medula prcticas de derecha, fundadas en exclusiones, discriminaciones, transmisin casi hereditaria de cargos, uso de los bienes pblicos a su medida, control bipartidista de organismos de control y manejo autoritario de las finanzas y la ley.

Jurdicamente, la ley esta del lado del poder, son reiteradas y voluminosas las sentencias de cortes internacionales de justicia (CIDH), contra el estado por cometer delitos, que no repara si no minimiza y desdibuja. Cuando los fallos provienen de cortes nacionales, el gobierno se despacha en improperios y descalificaciones, incumpliendo su obligacin de respetar y hacer respetar las decisiones de la justicia independiente. Tampoco cumple con disposicin y eficacia los llamados a reparar sus daos, enjuiciar a los responsables y eliminar los mecanismos que llevan a repetir los hechos. Los gobernantes actan dentro de una legalidad que ellos mismos acomodan, e interfieren la aplicacin justa e imparcial de la ley, presionan su selectividad, populismo punitivo y condenas por presin meditica, propio de tiranas que componen los hechos histricos, impiden que se sepa la verdad, hacen que pase desapercibida por la memoria y tratan de eliminarla de la conciencia colectiva.

Socialmente, es inocultable la devastacin del tejido social y la convivencia civilizada, porque los sectores en el poder del estado han actuado y favorecido la sistematicidad e intencionalidad de prcticas contra la vida, dignidad y seguridad personal de su ciudadana, por los que es hondamente cuestionado como estado de derecho por omitir o participar en hechos lesivos de la dignidad humana colectiva, como la desaparicin forzada de personas (crimen internacional de lesa humanidad) contra quienes piensan, actan o disienten del orden hegemnico y de la que son responsables principales en al menos el 70% de casos los grupos paramilitares y se advierte que realizaron acciones conjuntas con agentes del estado (www. RCN, 25/02/2018). Tambin son sucesivas y mltiples las sentencias condenatorias por el vinculo de agentes del estado en el sistemtico y planeado asesinato de lideres sociales y defensores de derechos y de las violentas agresiones contra la protesta social y la oposicin poltica, pero adems por la obstaculizacin a la justicia soberana y dejar a un lado su responsabilidad en fenmenos como el desplazamiento forzado de la sexta parte de la poblacin (estado de cosas inconstitucional segn la Corte) cuya cifra de 7 millones supera de lejos las migraciones recientes reflejadas con insistencia por los medios.

tica, Social y Jurdicamente la sistematicidad e intencionalidad de hechos de lesa humanidad, ocurridas en Colombia, ponen en cuestin el estado de derecho, del que emanan practicas de horror que revictimizan victimas por accin u omisin. Pero adems hay sistemas trasversales de corrupcin incubados que controlan la poltica, los recursos y las decisiones de estado y hay continuidad de prcticas de estigmatizacin que promueven la eliminacin de adversarios. Proteger al estado de derecho, que tiene incrustadas practicas de derecha como exclusin, discriminacin y defensa de privilegios e impedir su cada a peor en la ultraderecha, de odio, eliminacin, xenofobia, misoginia, imposturas, absolutismo guiado por las alteraciones psicolgicas de su clase poltica que necesita estar inventando enemigos para subsistir, pasa por poner en evidencia a los estigmatizadores (determinadores), llevarlos a juicio y desmontar sus nichos de poder, limitar el alcance de sus voces y abusos de autoridad, erradicar el lenguaje de guerra y las tcnicas de distribucin de miedo y temeridad con que marcan a opositores y victimas y las acorralan para ser eliminadas. El Estado de Derecho requiere para serlo de verdad tener una oposicin reconocida, respetada y con garantas y tener contrapesos en los poderes, para evitar que se vuelvan totalitarios y homogeneizantes.

El gobierno Duque, por el talante y modos de accin del partido en el poder (CD) liderado por AUV, contrariamente a devolver a su lugar al estado de derecho, aparece mas proclive a perfeccionar los mecanismos de control del poder total por la ultraderecha, obsesionada con fundar un imperio (refundar la patria: deca el proyecto paramilitar), organizar un estado tipo III Reich, en el que baste sealar con el dedo o el tuit a sus mortales enemigos, para que sus agentes y colaboradores reproduzcan la intencin inicial de eliminacin y exterminio. La designacin de funcionarios hondamente cuestionados, el bajo inters por la agenda de las mayoras, la puesta en marcha de una estrategia de dos cabezas y doble discurso (ejecutivo y congreso), la descalificacin a decisiones de la justicia (investigacin a AUV, Club el Nogal, JEP, Comisin de la Verdad), la formulacin de leyes de populismo punitivo y la alta injerencia de banqueros e inversionistas presionando tributos y medidas que empobrecen, aseguran el xito de los estigmatizadores, entre los que se destaca por la sistematicidad de sus prcticas del todo vale, el jefe del partido y de la alianza de gobierno, empeado en obstaculizar la paz, tratar a los acuerdos firmados como pactos de papel que se pueden incumplir, estigmatizar a sus adversarios y proveer engaos para extender el odio, conduciendo al estado no a su regreso hacia el derecho, y al pas a la convivencia, si no a la ultraderecha para fundar un reino.

P.D. Titulares impropios al estado de derecho: 14 nios indgenas muertos por fsica hambre en los ltimos 17 das; se niega reconocimiento de persona jurdica al partido de oposicin que obtuvo cerca del 45% del total de votos a la presidencia, mas de 8.5 millones; hay fabricas de espionaje poltico (chuzadas) a costo de 2000 dlares mes; el homicidio crece al ritmo del 150%; (fiscal); ante banqueros el gobierno estrena sus anuncios de empobrecimiento por tributos contra la poblacin; un juez despus de un ao concede libertad a 10 jvenes acusados de terrorismo y a la salida de la crcel vuelven a ser detenidos sin cargos por presunta rebelin; La corte constitucional prohibi el uso del glifosato, la ciencia dijo que es veneno, en los acuerdos de paz se pact no usarlo, pero el ministro de guerra dice que lo usar porque ni es veneno, ni es prohibido y que entonces que?

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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