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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-09-2018

Qu est pasando con el agua en Chile

Pascual Varas
Rebelin


El 22 de noviembre de 2016 la Cmara de Diputados vot la indicacin sustitutiva del gobierno de Michelle Bachelet para reformar el Cdigo de Aguas. A dos aos de esta votacin e intento de reformar el actual Cdigo, vigente desde 1981 en plena dictadura, los cambios han sido nulos; lo que niega el derecho al agua, consagrado desde 2010 por la ONU como un derecho humano.

Desde la entrada en vigencia del Cdigo de Aguas, en octubre de 1981, se define a esta como un bien nacional de uso pblico al mismo tiempo que se consagra en el artculo 19 numeral 24 de la Constitucin de la Repblica, como un bien econmico transable por los mecanismo de oferta y demanda del mercado.

En el inciso 11 de dicho artculo se establece que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarn a sus titulares la propiedad sobre ellos.

Ya en 1997 los gobiernos de la transicin comenzaron con los procesos de privatizacin de las empresas sanitarias, lo que ha permitido, entre otras cosas, que quienes controlan a las empresas encargadas de brindar un bien necesario para la vida, sea el sector privado. Sector que por un lado se ha mostrado ineficaz en la entrega de su servicio y lucra con la necesidad de la poblacin de acceder al agua.

En este contexto, la reforma que buscaba la indicacin votada en 2016, plantea cambios que no buscan resolver el problema del acceso al agua y la comercializacin de esta. Por un lado esta reforma cambia el concepto de derechos de aprovechamiento por el de concesin, estableciendo un plazo de 30 aos para los derechos de aprovechamiento consuntivos ( agricultura, minera, sanitarias y sector industrial) y por otro lado 20 aos para aquellos derechos de carcter no consuntivos ( el agua empleada en la hidroelectricidad).

A esto se suma que dicha iniciativa no es retroactiva, por lo tanto estas reformas se aplicaran nada ms que al 10% del agua que en Chile an no ha sido concesionada, lo que significa que no afectara la perpetuidad de los derechos del restante 90% del agua que ya ha sido entregada.

A principios de agosto del presente ao el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Arizta, se present en la Comisin de Agricultura del Senado para plantear la inquietud de la organizacin que lidera con respecto a la reformulacin de la Direccin General de Aguas (DGA) , inquietud que nace porque en la reforma que ha estado ya casi un ao y medio en tramitacin, se busca controlar la concentracin del agua. En este sentido la DGA, por medio de su presidente podra revocar las concesiones a quienes no estn cumpliendo con la normativa actual.

Frente es esto Arizta cuestion las atribuciones que se buscan entregar con esta reforma, acusando que afectaran la certeza jurdica de dicha direccin, amenazando el derecho de propiedad sobre el agua.

Por otro lado, la semana pasada se dio a conocer el plan hdrico de la provincia de Petorca, zona con escasez hdrica desde 2010, el cual fue desarrollado por una mesa de trabajo pblico-privada integrada por la gobernadora, el seremi de agricultura y dos empresarios de Agropetorca.

En esta mesa no hubo participacin ciudadana ni de ninguna organizacin social territorial, es decir, no hubo participacin de los verdaderos afectados por la sequa que afecta a esta provincia y una vez ms una mesa principalmente empresarial ha tomado las decisiones sobre el agua.

En esa misma semana la presidenta de la Comisin de Recursos Hdricos y Desertificacin del Senado, Adriana Muoz, cuestion la legitimidad de esa mesa de trabajo y mencion la necesidad de seguir con la tramitacin de la indicacin que busca reformar el Cdigo de Aguas, interpelando al Presidente Sebastin Piera a que ponga especial nfasis en esta materia.

Cmo si fuese un chiste malo, uno de los empresarios que integr la mesa de trabajo en Petorca fue el presidente de Agropetorca, Alfonso del Ro, quien en reiteradas ocasiones ha mencionado que en Petorca no hay escasez hdrica, sino una falta de gestin por parte del Estado. Como si fuera poco, Del Ro conform una comisin que viaj por Europa desmitificando la usurpacin de aguas en la zona, hecho que mostr el reportaje del canal alemn Der Weltspiegel .

Entonces, por un lado se muestra la necesidad de reformar con una indicacin que solo cambiara la realidad de la concentracin de aguas en Chile, a travs del 10% que an no est concesionado, no tocando el restante 90%.

Por otro lado, los empresarios y el sector privado agrupados en sociedades exportadoras y productoras agrcolas, entre otras, argumentan que dicha reforma expropiar derechos y por ende sera inconstitucional.

A su vez, la gente que sufre con la desertificacin de sus territorios y la falta de acceso al agua, no tienen participacin en las mesas de trabajo que buscan generar supuestamente, planes hdricos para enfrentar esta problemtica.

Chile contra la OCDE

Actualmente, tanto el Cdigo de Aguas como la Constitucin, entregan la propiedad del agua a los privados como derechos de aprovechamiento de las aguas, que tiene la naturaleza jurdica de derecho de uso gratuito, a perpetuidad, transferible, transmisible y sin prioridad para el uso humano.

En el primer apartado de la reforma aparece que es prioritario el uso humano del agua, cuestin que sorprende ya que por ms de 37 aos no se ha distinguido ni priorizado el uso del agua para las personas por sobre su uso en el sector minero, o el agroindustrial.

Casos como el de Chile contrastan con el resto de los pases de la OCDE, en el que la tendencia es a recuperar el agua a travs de los gobiernos regionales y el gobierno central, restando as al sector privado, al menos, del sistema de abastecimiento y sanitario de aguas.

A su vez, pases de nuestra misma regin han avanzado en el reconocimiento del derecho al agua, como una garanta que debe cumplir el Estado, tales son los caso de Bolivia(2009), Mxico (2012) y Honduras (2013).

Pero en Chile, un pas que cuenta con el 72% de su territorio en riesgo de desertificacin y con derechos de aguas sobre otorgados. Un pas en el que se puede encontrar pueblos en regiones lluviosas, como la de los Ros, abastecida mediante camiones aljibes e incluso en el mismo archipilago de Chilo en la regin de Los Lagos la situacin se replica.

Poniendo especial nfasis en los factores nacionales que profundizan la inequidad del acceso al agua y el lucro con este bien necesario para la vida, hay que recordar que Chile es y seguir siendo uno de los 10 pases ms afectados a nivel mundial por el calentamiento global, segn el informe entregado por la COP22 en noviembre de 2016; cuestin que agrava la situacin del acceso al agua.

Razones todas relevantes para repensar de forma urgente los mecanismos e intenciones del aprovechamiento del agua, poner especial prioridad en su consumo y uso humano, reformar la DGA para que pueda fiscalizar de forma ms rigurosa este bien que debiera tener en la Constitucin un reconocimiento y proteccin especial para garantizar el derecho al agua. Y de esta manera evitar que las indolentes empresas privadas con fines de lucro sigan desertificando nuestros territorios y privndonos del agua.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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