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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-09-2018

Cumplir los Acuerdos de San Andrs?

Gilberto Lpez y Rivas
La Jornada


Se ha convertido  en lugar comn en el discurso de la clase poltica, cuando de pueblos originarios se trata, repetir como conjuro mgico: Se cumplirn los Acuerdos de San Andrs! Si en verdad ste fuera uno de los objetivos del prximo gobierno, qu significara semejante paso, ms all de la retrica que omite contextos histricos y realidades estructurales, o se limita a formalismos jurdicos intrascendentes?

Precisamente, en el plano legislativo, tendran que ser derogadas las reformas constitucionales que han permitido la recolonizacin de los territorios de los pueblos originarios, concebidos como los espacios geogrfico-simblicos de su reproduccin como entidades socio-tnicas colectivas, empezando, obviamente, por la reforma salinista al artculo 27 constitucional, que fue una de las causas de la rebelin de los mayas zapatistas de 1994, que autoriz la privatizacin de tierras ejidales.

Esto obligara a derogar, asimismo, varias leyes derivadas de las reformas estructurales, en particular, la devastadora ley minera, que, en su artculo 6, otorga carcter preferente a la exploracin y explotacin mineras, sobre cualquier otro uso de la tierra, sin mencionar las que han permitido la privatizacin del agua y la desregularizacin ambiental, entre otras.

Igualmente, el artculo segundo constitucional, mal hechura de la traicin de todos los partidos polticos y de los tres poderes de la Unin, tendra que ser relaborado en su totalidad, dado que la reforma constitucional realizada en abril de 2001 contiene impedimentos jurdicos que van contra el espritu y la letra de los Acuerdos de San Andrs: a todo derecho reconocido o concedido se le coloca una nota precautoria que acota, limita e imposibilita la aplicacin plena de las leyes y el ejercicio efectivo de esos derechos, al referirlos injustificadamente a otros artculos de la propia Constitucin, o a leyes secundarias que han sido los instrumentos legales del saqueo neoliberal.

Asimismo, en la seccin B del actual articulo segundo, se instituyen programas asistenciales y clientelares, que expresan una contradiccin con la esencia de las autonomas formalmente reconocidas en la seccin A del artculo, ya que condenan nuevamente al pueblo originario a un papel pasivo de la accin decisiva del Estado; niegan a las comunidades el estatus de entidades de derecho pblico y, por el contrario, las definen como de inters pblico, o entes tutelados de la poltica estatal; desconocen los alcances de las autonomas en los mbitos municipales y regionales en que los pueblos indgenas los hagan valer, establecidos en San Andrs y, con ello, la posibilidad de su reconstitucin. Esta reforma remite a leyes locales el reconocimiento de los pueblos indgenas y las caractersticas de la autonoma, lo cual no es favorable, dada la correlacin de fuerzas en esos mbitos y la existencia de poderosos cacicazgos en las etno-regiones, y, ahora, el impacto brutal del crimen organizado como brazo armado clandestino del Estado trasnacional.

Especficamente, la reforma de 2001 violent los Acuerdos de San Andrs y se convirti en una virtual contrarreforma al establecer lo siguiente: a).- sustituir las nociones de tierra y territorios por lugares, que desterritorializa a los pueblos indgenas, les sustrae de su base material de reproduccin, y constituye incluso un retroceso con respecto al Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo; b).- cambiar el concepto de pueblos por comunidades, trastocando el sujeto de la ley reconocido en San Andrs y en el propio Convenio 169, y limitando las competencias locales y regionales de estas entidades jurdico-polticas; c).- introducir fuera del acuerdo entre las partes del conflicto armado, el EZLN y el gobierno federal, la contrarreforma neoliberal al artculo 27 constitucional; d).- limitar la posibilidad de que los pueblos indgenas desarrollen y fortalezcan sus propios medios de comunicacin, que durante estos aos han sufrido un constante ataque por parte del Estado; y e).- no especificar el derecho a la consulta previa, libre, informada y, sobre todo, con carcter vinculatorio.

En suma, la reforma constitucional en materia de derechos indgenas de 2001 no fue satisfactoria para las organizaciones originarias independientes del Estado, as que los pueblos emprendieron el camino de construccin de la autonoma por la va de los hechos, la autonoma de facto, siendo el caso paradigmtico el de los mayas-zapatistas en Chiapas, agrupados en el EZLN, inmersos en un proceso autonmico de alcances histricos en el mbito planetario.

Quedan aparte las continuidades neo-desarrollistas anunciadas por AMLO, que, de profundizarse, seran antitticas al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrs. Estos siguen constituyendo la plataforma programtica para los procesos autonmicos y un referente necesario para la lucha de resistencia contra el capitalismo.

Fuente: http://www.jornada.com.mx/2018/09/07/opinion/025a2pol

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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