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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-09-2018

Implosin de la institucionalidad y clausura democrtica: El Ecuador de Lenn Moreno

Pamela Aguirre
TeleSur

En la actualidad, no existe ninguna funcin del Estado cuyas autoridades no hayan sido cesadas o encargadas, mediante procesos que transgreden los marcos de legalidad establecidos.


Siempre supimos que Lenn Moreno era un personaje que tenda ms al centro y que estaba dispuesto a dialogar con actores diametralmente opuestos al proyecto progresista de la Revolucin Ciudadana. Lo que jams esperamos era que su gestin fuera a enfocarse en el desmantelamiento de los principios bsicos de la democracia. Tras 15 meses de su gobierno, en Ecuador, ya no solo vivimos un ajuste neoliberal con un pobre maquillaje progresista, sino un desmantelamiento frontal del Estado de derecho.

En la actualidad, no existe ninguna funcin del Estado cuyas autoridades no hayan sido cesadas o encargadas, mediante procesos que transgreden los marcos de legalidad establecidos. Las funciones electoral y judicial cuentan con autoridades encargadas, cuya designacin no ha cumplido los mnimos previstos en la Constitucin y la normativa vigente. Asimismo, la legitimidad de quienes hoy por hoy ocupan la Presidencia de la Asamblea Nacional y la Vicepresidencia de la Repblica no est exenta de reparos. Mientras que la Funcin de Transparencia y Control Social ha sido supeditada a un rgano transitorio que se ha extralimitado en el ejercicio de las funciones que le fueron conferidas va mandato popular. Puede una democracia funcionar cuando todas sus instituciones estn subordinadas a figuras cuya legalidad est en disputa?

El acto ms claro de alteracin del orden constitucional fue el llamado a consulta popular sin dictamen previo de la Corte Constitucional. Por decreto y enterrando cualquier pice de legitimidad, Moreno viol el principio de supremaca constitucional y abri la puerta a la desinstitucionalizacin del pas. La consulta popular dio paso a la conformacin de un Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-t) con la potestad de evaluar y cesar en funciones a todas las autoridades nombradas por sus antecesores, as como de designar a sus remplazos a travs de concursos de mritos y oposicin. Siempre advertimos que esto podra tener consecuencias nefastas para la separacin de poderes y que, de haber existido, no hubiera resistido el ms mnimo control constitucional. A tan solo seis meses de haberse posicionado, nuestras advertencias se han vuelto realidad, los miembros del CPCCS-t se han extralimitado en sus funciones y han actuado con altos mrgenes de discrecionalidad, atentando con la independencia de funciones.

El ejemplo ms claro de ello es la decisin de cesar en sus funciones a todos los jueces de la Corte Constitucional y dejar dichos cargos vacantes. Sin duda, el CPCCS-t excedi los lmites de su encargo al tomar esta resolucin, pues la Constitucin prev expresamente otros canales para destituir a dichos magistrados, a fin de preservar la independencia absoluta de este rgano. No obstante, los transitorios han sostenido en repetidas ocasiones que su mandato tiene rango constitucional e incluso lo excede. Estas pretensiones generan un quiebre institucional que no solo podra acarrear demandas de nulidad a todos los fallos de la Corte, sino que paraliza al mximo rgano de control constitucional durante dos meses. Por otro lado, incluso en cuanto a la organismos que si les corresponda evaluar, existen varias sospechas sobre la falta de rigor tcnico y la imparcialidad del CPCCS-t. Las mltiples inobservancias a la garanta del debido proceso podran acarrear en denuncias contra el Estado ecuatoriano en instancias internacionales, que seguramente nos obligarn a pagar indemnizaciones millonarias.

Adems, en lugar de atenerse a los procedimientos constitucionales y legales para la designacin de las nuevas autoridades, el Consejo transitorio ha normalizado la figura del encargo va resolucin, lo cual atenta contra el sistema jerrquico de normas jurdicas y tie la institucionalidad de un carcter temporal. En la actualidad existen 12 autoridades que cumplen su mandato tan solo con la venia del rgano transitorio, sin haber pasado por los concursos de mritos y oposicin pertinentes. Tal es el caso del Fiscal General, los miembros del Consejo de la Judicatura y los vocales del Consejo Nacional Electoral, entre otros. La discrecionalidad y la falta del cumplimiento de los procedimientos establecidos no solo comprometen el desempeo de la mximas autoridades de los rganos mencionados, sino que corro en todos los niveles de la institucionalidad.

En el caso de la Funcin Judicial es incuestionable que los procesos que nacen de un aparataje tan condicionado no pueden cumplir con los mnimos requisitos de imparcialidad. Las vas judiciales se vuelven entonces canales idneos para la persecucin poltica. Paradjicamente, los rganos que no estn sujetos a eleccin popular y que en este caso dependen del beneplcito de autoridades transitorias son los que acaban proscribiendo las vas democrticas de la oposicin. Asimismo, la arbitrariedad en la conformacin del Consejo Nacional Electoral encargado pone en riesgo los comicios del prximo ao, donde se eligen 5.670 autoridades. En definitiva, la judicializacin de la poltica y el secuestro de las instituciones clausuran la va democrtica en el Ecuador de Moreno.

El rgimen que ofreci pacificar al pas y suprimir populismos ha allanado el camino para aniquilar la institucionalidad democrtica liberal. Es as que, en una nota macondiana, hoy contamos con un Contralor subrongante -que fue grabado cuando entraba en clera y haca aicos la carta formal donde se le notificaba que haba sido destituido-, para das despus ser ratificado por la simple declaracin de una ministra, cuya Cartera de Estado ya ni siquiera existe. A esto se suma que tanto la Vicepresidencia de la Repblica como la Presidencia de la Asamblea Nacional han sido adjudicadas sin mayor respeto a la norma. En el primer caso se abus de un proceso penal carente de garantas para aplicar medidas cautelares desproporcionadas y alegar abandono del cargo; mientras en el segundo, se procedi sin causal de destitucin y se evadieron los mecanismos para la designacin del reemplazo. Estos ejemplos corresponden a las ms de 40 autoridades que han sido cesadas en Ecuador, en lo que va de este periodo.

Las inconsistencias en los procesos de salida y designacin de tantas autoridades pervierten la institucionalidad democrtica. No solo se vulneran los derechos de quienes en su momento ostentaron los cargos, sino que se condiciona el ejercicio del poder pblico a repartos polticos, en lugar de al Estado de derecho. Cuando la seguridad jurdica se diluye nadie est a salvo. Nos cost 10 aos reconstruir el Estado y generar canales institucionales adecuados para garantizar derechos. Frente a ello, resulta casi inverosmil que sea el gobierno del dilogo el que clausure transitoriamente las vas democrticas.

Fuente: http://www.telesurtv.net/opinion/Implosion-de-la-institucionalidad-y-clausura-democratica-El-Ecuador-de-Lenin-Moreno-20180905-0029.html



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