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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-09-2018

La soberana nacional versus Chevron y los Tratados Bilaterales de Inversin

Juan J. Paz y Mio Cepeda
Rebelin


Existe amplia informacin sobre los Tratados Bilaterales de Inversin (TBI) (vase: https://goo.gl/images/bVWZnv). Pero cabe destacar el estudio que realiz CAITISA, publicado en mayo 2017 por el IAEN (https://bit.ly/2oTQWzy), algunos de cuyos datos centrales voy a utilizar.

Es conocido que durante las dcadas finales del siglo XX se afirmaron en Ecuador el modelo empresarial y la ideologa neoliberal. Bajo esas condiciones, mientras los intereses privados y de las cmaras de la produccin fueron privilegiados, no solo que se achic el tamao del Estado, sino que fueron recortadas las inversiones estatales, colapsaron los servicios pblicos, se consolidaron las privatizaciones y se debilit la institucionalidad nacional.

En ese marco, entre 1990 y 2002 Ecuador suscribi 28 TBI y, por cierto, 16 de ellos se suscribieron durante el gobierno de Sixto Durn Balln (1992-1996), quien, adems, expidi decretos, logr reformas legales, sancion leyes y adopt regulaciones administrativas encaminadas a buscar el ingreso de inversiones extranjeras directas (IED) y tambin a favorecer a las transnacionales petroleras y a los bancos. El gobierno de Durn Ballen es uno de los mayores responsables histricos en otorgar privilegios a los intereses privados frente a los intereses nacionales.

Pero esa situacin no se modific en los aos posteriores, pues los gobernantes entre 1996 y 2006 nada hicieron por denunciar los TBI, exigir responsabilidades a las petroleras que destruyeron medios ambientales en la Amazona y perseguir a las autoridades responsables de perjudicar al Estado. Todo lo contrario, entre 1983 hasta 2003 incluso se acordaron 16 Cartas de Intencin con el FMI, de modo que durante la poca de gobiernos constitucionales ms larga en la historia nacional, el modelo econmico empresarial, ocasion perjuicios al Estado y grandes atracos privados, como la sucretizacin de las deudas (1983), la resucretizacin (1987), los salvatajes bancarios (desde 1996), el feriado bancario (1999) y la dolarizacin (2000).

Los TBI son acuerdos entre Estados para proteger a las inversiones extranjeras y someter las controversias ante rbitros internacionales. En las condiciones latinoamericanas de la dcada de 1990, cuando se debilitaron las capacidades estatales e institucionales, todos los TBI que suscribi el Ecuador tuvieron una serie de limitaciones para el Estado y la sociedad: no se sujetaron estrictamente a las leyes y sus procedimientos, algunos chocaron abiertamente con la Constitucin, otorgaron trato preferencial a las empresas extranjeras, exclusivamente responsabilizaban al Estado sin contemplar perjuicios que podran ocasionar las mismas empresas, y sometieron las controversias al CIADI y a rbitros internacionales, que notoriamente actan con inclinacin, sesgo y favoritismo a las corporaciones transnacionales.

Fue el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el que, por primera vez en la historia contempornea del Ecuador y en concordancia con lo que en materia econmica dispone la Constitucin de 2008, decidi encarar tanto el problema de la deuda externa, como el de los TBI. Plante la auditora de la deuda externa, que sirvi para determinar los tramos de la deuda ilegtima que Ecuador, por tanto, no reconocera; y, adems, cre la CAITISA, una comisin ciudadana especial y tcnica, para examinar lo relativo a los TBI y los arbitrajes, heredados de los gobiernos anteriores.

Pero Ecuador no fue el nico que cuestion los TBI. Otros pases tanto latinoamericanos como de otros continentes, revisaron esos convenios. Adems, en estudios realizados por la UNCTAD y la Cepal qued en claro que la IED no creca a pesar de los TBI y que era necesario revisar los sistemas de proteccin privilegiada a esas inversiones. Las demandas empresariales igualmente podan someterse al centro de solucin de controversias de UNASUR. Durante la pasada dcada, por tanto, existi un ambiente nacional, latinoamericanista e internacional favorable a la restauracin de las capacidades estatales, al papel soberano de las legislaciones nacionales y a la necesidad de acabar con los privilegios empresariales que los gobiernos neoliberales del pasado crearon en perjuicio del Estado.

Desde luego, a partir de la posicin asumida por el gobierno de Correa, segn el informe de la CAITISA se han sucedido las demandas contra el Ecuador. El 50% de ellas corresponde al rea petrolera, 19% a electricidad y 12% a minera. De los 26 casos en conflicto vigentes, 16 han concluido y quedan 10 pendientes, por un valor reclamado contra el pas que asciende a U$ 11.188966.571. Hasta abril de 2017 Ecuador ha tenido que pagar U$ 1.342115.969 por los litigios concluidos, ante rbitros que hicieron interpretaciones legales extensivas y parcializadas contra el Estado. Adems, se ha gastado U$ 155929.417 en abogados internacionales, para la defensa nacional.

El informe de CAITISA tambin dice lo siguiente:

"La excompaa Texaco, adquirida por Chevron, procedi con irresponsabilidad e irrespeto, con tecnologas anticuadas, provocando derrames de ms de 26,000 barriles de crudo hacia importantes ros: Aguarico, Quijos y Shiripuno, y a numerosos esteros, tambin vertí 18,000 galones de agua de formacin, ms txica que el mismo crudo, provocando todo ello la muerte de peces, ganado y animales salvajes. Texaco abri 916 piscinas, cuyas filtraciones han causado la toxicidad de tierras y la contaminacin del agua y del aire. En comunicacin escrita entre ejecutivos de la empresa, se dispone que los derrames sern informados slo cuando atraigan la atencin de la prensa y/o de las autoridades regulatorias.... Por el alto nivel de contaminacin, la salud de la poblacin se vio muy afectada. En una encuesta realizada a 1064 familias se encontraron 306 casos de cncer, pero se presume un dao mayor, en vista de que no se registraba esta causa de muerte, por desconocimiento de la enfermedad".

El caso Chevron se inici en 1993, cuando las comunidades amaznicas demandaron a esa compaa (que adquiri los activos de Texaco, que operaba en Ecuador desde 1964) el pago de U$ 9.500 millones por los daos ambientales en su territorio. La Corte de Lago Agrio sentenci contra la compaa y a favor de los pobladores; sin embargo, en el marco de los TBI, Chevron acudi a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. El pasado 7 de septiembre se conoci la sentencia de La Haya, que desconoce el fallo de la Corte ecuatoriana y obliga al Estado a pagar a Chevron, por haber denegado justicia a la petrolera y porque la sentencia en Ecuador fue obtenida a travs de fraude, sobornos y corrupcin (https://bit.ly/2NYdslR).

La sentencia de La Haya llega en una coyuntura nacional distinta a la de la ltima dcada, pues se ha revivido el modelo empresarial, las elites econmicas recuperaron influencia y poder en el Estado, se reorienta el pas a favor de las IED, se privilegia al alto empresariado con inditas regulaciones y perdones tributarios, se restan capacidades estatales e institucionales, y se convierte a la descorreizacin en justificativo para todo.

En esas condiciones, la primera reaccin en esferas gubernamentales ha sido la de sostener que hay un posible perjuicio al Estado, que el gobierno anterior contrat por 6.4 millones con la empresa MQ Square para pagar a celebridades internacionales como Mia Farrow (U$ 188.000) o Danny Glover (U$ 330.000 dlares), para la campaa La mano sucia de Chevron con la cual, dicen, se manipul a la opinin pblica nacional e internacional; que las empresas para la defensa de los derechos del pas, no estuvieron a la altura que el caso requera, a sabiendas que este tipo de arbitrajes podran desencadenar en sentencias contrarias; y que, por tanto, se ha solicitado al Procurador General del Estado para que ejerza el derecho de repeticin contra los funcionarios del anterior rgimen (https://bit.ly/2COxBd9). En definitiva, se culpa a Correa de no haber defendido los intereses nacionales y se podr interponer contra l y sus funcionarios, la accin de cobro del dinero que el Estado tendra que cancelar a Chevron.

Al parecer, no ha habido alguien que sugiriera que lo primero que haba que hacer es referirse a los gobiernos que, contrariando el inters nacional, suscribieron los TBI para favorecer a las empresas extranjeras; que por lo menos deba sealarse al gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) y a sus funcionarios por no haber exigido las remediaciones ambientales necesarias a la compaa petrolera que destruy territorios amaznicos; que algn pronunciamiento haba que tener frente al Tribunal Arbitral Internacional de La Haya por su fallo a favor de Chevron; que haba que salir en defensa de las comunidades indgenas afectadas; que, aunque sea en palabras, deba decirse que el pas llevara adelante todas las acciones internacionales que correspondan para defender al Estado ecuatoriano; y que la soberana patria, la dignidad nacional, la seguridad de nuestro territorio, son los valores que, de acuerdo con la Constitucin de 2008, orientan las polticas gubernamentales.

Alguien debi decir al interior del gobierno que el tema de fondo son los TBI; que existe un informe de la CAITISA al respecto; y que, si no se quera creer en l, se contaba con los amplios estudios de la Cepal sobre esos tratados (https://bit.ly/2x1BFQO). Que, adems, sobre la destruccin del medio ambiente amaznico poda tenerse como base para la defensa del Ecuador a la tesis doctoral de Fander Falcon, actual ministro de Educacin, quien orgullosamente sostiene (https://bit.ly/2CLdKeS): Los graves daos de Chevron en contra de nuestra poblacin y ecosistemas son evidentes. Mi tesis doctoral (2001) documenta los daos sociales y ambientales. Debemos condenar el laudo arbitral y a los responsables, su contenido atenta contra los derechos de los habitantes Amazona.

Cabe esperar, por tanto, que el presidente Lenn Moreno ofrezca al Ecuador una posicin nacional y soberana. Porque lo que a los ecuatorianos nos interesa es que en materia internacional se defienda el decoro nacional, el inters pblico, los derechos de los ciudadanos, contra los intereses privados y de cualquier empresa extranjera capaz de burlarse del Ecuador a travs de aquellos TBI que se amaaron para defender el inters empresarial contra el inters del Estado.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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