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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-09-2018

El gobierno tiene la obligacin legal de prohibir la exportacin de cualquier tipo de armamento a pases como Arabia Saud
El falso dilema

Isidoro Moreno
Rebelin


De nuevo, la falsa polmica entre la tica y el comer, entre ser fieles a los Derechos Humanos o a las necesidades del estmago. Me estoy refiriendo, claro, a la reaccin de los trabajadores de Navantia (y a las rpidas y oportunistas declaraciones, colmadas de populismo electoralista, de doa Susana, del alcalde de Cdiz y de otros pol[email protected]) ante la posible suspensin del contrato para la construccin de barcos de guerra para Arabia Saud que pareca garantizar sus empleos durante varios aos. El que miles de trabajadores se crean en la encrucijada de elegir entre aceptar ser fabricantes de muerte, cerrando los ojos al uso criminal de lo que producen, o verse abocados al desempleo con todo lo que ello supone en un pas, como Andaluca, y una provincia, la de Cdiz, con altsimas tasas de paro, es una realidad dramtica que no debera ser excusa para demagogias, oportunismos y simplificaciones.

Pienso que no se trata de condenar, sin ms, a esos trabajadores -abocados a una eleccin diablica- pero tampoco, o menos an, de defender que los puestos de trabajo puedan justificar cualquier cosa incluso la violacin de los ms elementales derechos humanos, empezando por el derecho a la vida.

Est fuera de toda duda que el rgimen cuasi medieval, corrupto y sanguinario de Arabia Saud (con cuyos jerarcas tan buena relacin tienen nuestros borbones) utiliza las armas que les vendemos (no slo el Reino de Espaa sino tambin USA, Reino Unido o Francia) para masacrar nios, bombardear mercados, centros mdicos y hasta celebraciones de bodas y funerales en esa guerra casi silenciada de Yemen. Y habra que recordar que la vigente legalidad espaola seala la prohibicin de autorizar las exportaciones "cuando existan indicios racionales" de que las armas puedan "ser empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un mbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represin interna o en situaciones de violacin de derechos humanos o tengan como destino pases con evidencia de desvos de materiales transferidos". La ley es bien clara: el gobierno tiene la obligacin legal de prohibir la exportacin de cualquier tipo de armamento a pases como Arabia Saud. A pesar de ello, el gobierno que presida Rajoy, despreciando la ley, autoriz el ao pasado ventas por valor de unos 300 millones de euros. Y en la actualidad se siguen vendiendo y fabricando para el pas saudita.

Desde una perspectiva legal, el que esa prohibicin (que es obligatoria) ponga en riesgo puestos de trabajo en la industria militar (en la industria de la muerte) no afecta a su obligatoriedad. Ahora bien, como el cumplimiento de la ley afectara , a nivel inmediato, a miles de familias de la Baha de Cdiz y de otros lugares del estado (Ferrol, Cartagena...), las Administraciones pblicas (el gobierno y la Junta de Andaluca, en nuestro caso) estn obligadas, poltica y moralmente, a garantizar que las posibles consecuencias de su cumplimiento no afecten negativamente a su situacin econmica y social. Cmo lograr esto, qu medidas tomar a corto y medio plazo (dentro del proceso, tan cacareado como vaco de contenidos hasta ahora, del "cambio del modelo productivo") es lo que tendran que estar planteando y debatiendo "nuestros" polticos, y exigindolo los sindicatos, en lugar de dedicarse irresponsablemente a echar lea al fuego y a hacer demagogia barata para aprovecharse electoralmente de la angustia de tantos trabajadores.

Difcilmente estaramos en esta situacin, ni tantos miles de andaluces se veran abocados hoy a ese (falso) dilema, si Andaluca no sufriera de dependencia econmica, subalternidad poltica y alienacin cultural. Si tantos andaluces no hubieran sido convencidos, anestesiando sus mentes, de que no hay alternativas a lo que existe y que cualquier cambio sera a peor (que es el mensaje implcito en toda la propaganda del rgimen psosta que sufrimos en los casi cuarenta ltimos aos). Claro que hay soluciones para romper el (falso) dilema: desde una reconversin y pluralizacin productiva a medio plazo a la implantacin a corto de una Renta Bsica Universal e Incondicional que no haga depender al cien por cien la supervivencia a tener un empleo (cualquier empleo, sin poder analizar sus condiciones, contenido y consecuencias).

Es este un tema que nadie que se considere andalucista o se piense de izquierda puede soslayar, estn cerca o lejos las convocatorias electorales. Analizar cmo hemos llegado a esta aparentemente insoluble contradiccin entre tica y derechos humanos, por una parte, y necesidad de supervivencia, por otra, es algo imprescindible si no queremos seguir caminando hacia un futuro terrorfico en el que desapareceran, incluso, los mejores valores culturales de nuestra propia cultura y hasta podramos desaparecer como pueblo, disueltos en la alienacin ms total. Y tras analizar, intervenir, evidentemente, ejerciendo el derecho a decidir qu queremos ser en el futuro.

Isidoro Moreno es Catedrtico de Antropologa Miembro del colectivo Asamblea de Andaluca

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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