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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-09-2018

La Cmara rechaz Acusacin Constitucional contra Jueces de la Impunidad
Triunfo del "Estado de derecha"

Francisco Herreros
Red Digital


En una votacin estrecha, por 64 votos a favor y 73 en contra, la Sala de la Cmara de Diputados rechaz la admisibilidad de la acusacin constitucional contra los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Knsemller.

Habida cuenta el motivo de la acusacin; esto es, fallos favorables a violadores de derechos humanos en desafiante contravencin del derecho internacional, y la composicin de la sala, con mayora de la(s) oposicin(es), el resultado constituye una victoria del partido de la impunidad y un retroceso en la larga lucha por la prevalencia de los derechos humanos, en cuanto a verdad, justicia y castigo a los responsables de los crmenes de la dictadura.

Eso no es posible negarlo.

Arsenal de maniobras

No fue un resultado sorpresivo, toda vez que haba suficientes seales de que las bancadas de la Democracia Cristiana y el Partido Radical, o al menos parte de ellas, votaran en contra. En tal sentido, sera errneo apelar a la falta de unidad opositora, puesto que a esta altura es un hecho de la causa que hay sectores conservadores y/o neoliberales en partidos de la antigua concertacin, que se sienten componentes del partido del orden y por tanto, estn muy dispuestos a pactar con la derecha y el Gobierno, en cuestiones de orden estratgico. Y la impunidad lo es. Por sus votos los conoceris. Desde ese punto de vista, cabe saludar la votacin favorable de los diputados DC Gabriel Ascencio, Vctor Torres y Mario Venegas y los radicales Cosme Mellado y Marcela Hernando.

La importancia de la impunidad para el partido del orden puede medirse en funcin del arsenal de maniobras y argumentos desplegados para desacreditar la acusacin constitucional.

Entre ellas, la grosera intromisin en la independencia de uno de los poderes del Estado, el Poder Legislativo; perpetrada por los otros dos poderes, en la inslita reunin entre Piera y el Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el pasado 4 de septiembre, en La Moneda; o el infructuoso intento de diputados de la UDI, de inhabilitar a la diputada Carmen Hertz, bajo la absurda premisa de que su condicin de vctima de violaciones a los derechos humanos la inhabilitaba "por tener un inters directo".

No diga ignorancias, lea bien la Ley Orgnica de Congreso Nacional y la Constitucin, es lo menos que se le puede pedir a un diputado, respondi Carmen Hertz a Javier Macaya, uno de los autores de la msera maniobra.

Discurso del terror

Y qu decir de la nauseabunda campaa de desinformacin del sistema meditico. Si se aprobaba la acusacin constitucional, sobrevendra punto menos que acabo de mundo.

Que supondra el fin de la independencia del Poder Judicial, que alterara el balance de la convivencia entre los tres poderes del Estado, que acarreara el trmino del Estado de Derecho, que la Cmara de Diputados se transformaba en tercera instancia judicial y que era la antesala del caos que conduce a Venezuela, es lo menos que se dijo.

La tpica fraseologa del Estado de Derecha, para, en funcin de la forma, esconder el fondo de las materias concernidas.

Es el caso de la pretendida independencia del Poder Judicial. Sin ir ms lejos, el Presidente de la Corte Suprema, manifest, una vez conocido el resultado de la votacin en la Cmara de Diputados:

"La Corte Suprema ha sealado desde el primer da que lo que aqu se encontraba en juego era la prdida de una de las caractersticas fundamentales para el funcionamiento del Estado, como lo es una absoluta separacin de poderes, no obstante los mecanismos de control a las actividades de uno y otro que establece la Constitucin".

Al Presidente de la Corte Suprema, as como al partido del orden, parecen importarle ms la separacin de los poderes del Estado y el funcionamiento de las instituciones, que el sentido ltimo de la propia existencia del Poder Judicial; a saber, darle a cada cual lo que corresponde, o sea, impartir justicia.

El presidente de la Corte Suprema parece ignorar el cuarto precepto del declogo del abogado, elaborado por el prestigioso jurista uruguayo, considerado como el procesalista ms influyente del Derecho Continental en el siglo XX, Eduardo Couture:

"Tu deber es luchar por la ley, pero si la ley entra en conflicto con el derecho, lucha por el derecho. Y si el derecho entra en conflicto con la justicia, lucha por la justicia".

Para las vctimas de la violacin de derechos humanos y sus familiares, tanto los fallos que motivaron la acusacin, como la vocera del Presidente de la Corte Suprema durante su preparacin y discusin, suponen un nuevo agravio que se suma a la nutrida deuda que para con ellos detenta el Estado de Chile en su conjunto, principalmente el Poder Judicial.

El mito de la independencia

En la insoportable levedad de su argumentacin, el Sr. Brito evade el fondo de la acusacin: los fallos cuestionados transgreden el derecho humanitario y el derecho internacional, a los que Chile est obligado por haber suscrito sus pactos y convenciones.

Fundados en formalismos de segundo orden, dichos fallos tuvieron como consecuencia la liberacin de condenados por los delitos ms crueles y deleznables en la historia del pas, con su correspondiente efecto de demostracin y acicate a la emulacin.

A propsito de la "independencia" del Poder Judicial, el Sr. Brito se hace el desentendido sobre otro de los aspectos de fondo en el debate sobre la acusacin constitucional.

Las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas durante la dictadura, perodo en el cual la cacareada independencia no slo brill por su ausencia; sino que esa ausencia coadyuv la perpetracin de los crmenes. Realmente cuesta entender los motivos de la actual cpula judicial para encenagarse y regresar al perodo ms oscuro de la historia institucional. Y hacerlo en nombre de la independencia, resulta francamente pattico.

El concepto mismo de "independencia" en el sentido en que lo usa Haroldo Brito debe ser cuestionado.

En primer lugar, si la acusacin constitucional es un recurso previsto en el actual ordenamiento jurdico, no es el Poder Judicial el llamado a opinar, ni menos a intervenir, acerca del momento, el motivo y la oportunidad en que haga uso de ese recurso el Poder Legislativo.

Al rechazar la cuestin previa, por un empate a 69 votos, la Cmara de Diputados logr, si bien de modo bien precario, reivindicar el rol controlador de Poder Judicial.

En ese orden de ideas, las vacuas invocaciones a los fueros de los poderes del Estado constituyen un debate carente de sentido, como habitualmente sucede en el discurso del Estado de Derecha, que es el que consume la ciudadana, por la dudosa virtud de su alucinante repeticin en el sistema meditico.

En esta ocasin, la lucha secular por la vigencia irrestricta del derecho humanitario perdi por unos pocos votos, tanto de francotiradores emboscados, como de aquellos que se venden por un plato de lentejas, o los que se tragan la monserga del orden o el caos. Pero de la mera tramitacin del recurso fluye una relevante conclusin.

Un nuevo Poder Judicial

En una nueva Constitucin, que habr de llegar ms tarde o ms temprano, se hace necesaria una modificacin de fondo del Poder Judicial.

La pretensin de la Corte Suprema, de estar exenta de control alguno, no slo carece de sustento y justificacin, sino contraviene principios elementales de un Estado democrtico. Ms an en el caso del Poder Judicial de Chile, que no la merece ni por su obsecuencia en dictadura, ni por sus caractersticas particulares, que lo ubican entre los de peor desempeo entre sus iguales, en el continente.

Condicionado por una doctrina positivista en grado de fundamentalismo, y una legislacin erigida en funcin de la defensa del derecho de propiedad, el Poder Judicial chileno ha sido un aliado histrico y estratgico del bando conservador, las fuerzas del estatus quo, los partidos de derecha, los gremios empresariales, las cpulas uniformadas, los prelados religiosos, los poderes fcticos, la academia neoliberal y el sistema meditico.

La asimetra entre fallos extremadamente duros en casos de delito comn, particularmente abusivos contra el pueblo mapuche, y la delicada benevolencia dispensada a los delincuentes de cuello y corbata, lo delatan en lo que es: un dispositivo disciplinar del orden fundado en clases.

Cualquier anlisis honesto, debe admitir que, en los tribunales chilenos, afloran diversas condiciones, prcticas, hbitos y subterfugios que anulan en los hechos el principio de igualdad ante la ley.

De compleja estructura tcnica y conceptual, y con un ancho campo de interpretacin subjetiva, es evidente que en, el mbito judicial, salen favorecidos los litigantes de mayores recursos, que pueden pagar los mejores abogados y especialistas, pre constituir pruebas, sobornar testigos, comprar imagen favorable, aceitar periodistas e incluso corromper policas y funcionarios del Poder Judicial.

Una especie de deja vu de que todos somos iguales ante la ley, pero hay algunos ms iguales que otros, Orwell dixit.

Basta para demostrarlo la escandalosa impunidad en los casos Penta y SQM, donde hasta el Ministerio Pblico prest la colaboracin necesaria para garantizar la impunidad de esos delitos de cuello y corbata, acaso entre los ms graves y escandalosos de nuestra historia republicana.

Desde el momento en que arbitra el derecho de propiedad, trabaja en los hechos para la clase poseedora, lo cual tambin anula su supuesta independencia.

En el mayor desafo institucional de su historia, cuando tena al frente la dictadura de Pinochet, claudic vergonzosamente de su obligacin constitucional de defender derechos tan fundamentales como la propia vida, y mostr la fragilidad de su independencia.

An hoy, la anarqua tcnica del Poder Judicial, permiti que jueces superiores concedan beneficios carcelarios a criminales de lesa humanidad, en abierto desafo al derecho internacional.

Desde el punto de vista tcnico, el hecho de que la doctrina judicial chilena desconozca, y en todo caso relativice, el principio de la jurisprudencia, salvo los auto acordados de la Corte Suprema, abre amplios espacios al abuso, la arbitrariedad y la corrupcin.

Esto se traduce en resultados absurdos, a menudo injustos, en que iguales antecedentes pueden conducir a fallos distintos.

Por principio, en una nueva Constitucin, ninguna institucin del Estado puede quedar exenta del control democrtico, verdadera expresin de la soberana popular; menos an el Poder Judicial chileno.

Estn por verse los efectos prcticos de la acusacin constitucional.

Si en el futuro inmediato inhibe fallos como los que la motivaron, se inscribir entre los episodios distinguidos de la prolongada lucha por la defensa de los derechos humanos. Pero tambin podra dar pbulo a iniciativas por la impunidad gestadas en el Gobierno, calibradas por la correlacin en la votacin de la acusacin constitucional.

Desenlace

Para efectos de registro, la admisibilidad de la acusacin fue rechazada por 73 votos contra 64.

Por el rechazo, vot la derecha en bloque, ms los diputados demcrata cristianos Miguel Calisto, Ivn Flores, Manuel Matta, Jos Miguel Ortiz, Jorge Sabag, Gabriel Silber, Daniel Verdessi y Patricio Walker; y los radicales Jos Prez y Fernando Meza.

La diputada Carmen Hertz, principal patrocinante de la acusacin constitucional, valor que haya tenido parte:

"La lucha contra la impunidad es un proceso en que se van obteniendo resultados muy de poco a poco".

En su opinin, queda con la satisfaccin del deber cumplido, puesto que "la cuestin previa fue rechazada", y por otro lado, "la desazn de que la acusacin constitucional no prosperara":

"Aqu no es el tema cun buena o mala persona es un ministro u otro. El tema son objetivos, fallos. Estos siete fallos. de libertades condicionales, a nuestro juicio, vulneraron gravemente el derecho a la justicia inalienable que tienen las vctimas porque aqu lo que hay es una grieta de impunidad y lo que se pretende hoy da es la solucin final al tema de los crmenes de exterminio y la justicia transicional".

Por su parte, el Presidente del Partido Comunista, dfiputado Guillermo Teillier, tambin salud la tramitacin de la acusacin constitucional como un triunfo en s:

"Hemos logrado avanzar en la lucha contra la impunidad de manera indita en la Cmara de Dip. La acusacin constitucional tuvo el efecto de destrabar la propuesta legislativa que aumenta los requisitos para las libertades condicionales en los casos de crmenes de lesa humanidad. La acusacin abri el camino para que el pas fije la mirada en los derechos humanos y sopese quin es quin en la lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia".

El 13 de septiembre de 2018 se inscribir en el largo calendario de tristezas de las vctimas de violacin de derechos humanos durante la dictadura y sus familiares.

Quin sabe qu conflictos sociales est incubando el partido del orden, con su arrogante pretensin de independencia e impunidad.

Muchos ejemplos de insurreccin en la historia se iniciaron por indignacin popular ante notoria falta de justicia.

http://reddigital.cl/2018/09/14/acusacion-jueces-impunidad/



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