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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-09-2018

Mujer & Discapacidad
Pacto de Estado contra la Violencia de Gnero: una urgencia para las mujeres con discapacidad

Lara Cuenca Gmez
Pkara magazine

El Ejecutivo de Pedro Snchez ha comenzado a desempolvar este acuerdo poltico, que lleva casi un ao durmiendo en un cajn, poniendo en circulacin los fondos y las primeras medidas que ha calificado como ms urgentes. Las asociaciones de mujeres con discapacidad exigen el cumplimiento ntegro del Pacto con especial intensidad, porque confan en que sea la llave para eliminar las barreras materiales y simblicas que las alejan de la justicia.


Las mujeres con discapacidad fueron especialmente activas en los grupos de trabajo que se pusieron en marcha para confeccionar el Pacto de Estado contra la Violencia de Gnero, firmado el 28 de septiembre de 2017. Tambin lo estn siendo en la exigencia de su cumplimiento, sumndose a los manifiestos y marchas de mujeres que reivindicaban la aprobacin del presupuesto asignado para su efectiva aplicacin, reclamando al Estado espaol que realice las reformas legales necesarias que todava siguen pendientes para que verdaderamente se d cumplimiento al Convenio de Estambul y que los recursos que se pongan en marcha sean accesibles para todas las mujeres independientemente del tipo de discapacidad que presenten.

El hecho de tener una discapacidad da lugar a formas especficas de violencia machista (que no sufren las mujeres sin discapacidad) y a formas agravadas (de aquellas que nos son comunes). Algo en lo que, hasta hace bien poco, no se fijaba ni el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, ni el movimiento feminista. En la actualidad, persiste una resistencia a considerar a las mujeres con discapacidad como vctimas potenciales de la violencia de gnero. Esto, por un lado, obedece, como seala Mara del Carmen Barranco, profesora de Filosofa del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolom de las Casas (IDHBC), al concepto que en Espaa manejamos sobre violencia de gnero, el recogido en Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, que solo contempla como tal la ejercida por parejas o exparejas.

Si esto dej hace tiempo de ser suficiente para las mujeres en general, lo es an menos para las mujeres con discapacidad: Pensemos, por ejemplo -seala Irene Vicente Echevarra, investigadora tambin del IDHBC- en aquellas formas de violencia en las que el agresor no es la pareja o expareja, sino su familia, sus tutores legales, o en aquellas que tienen lugar en residencias o centros de internamiento y son producidas por sus cuidadores.

Izaskun Jimnez Gmez, tcnica de igualdad de la Federacin Coordinadora de Personas con Discapacidad Fsica y Orgnica de Bizkaia (FEKOOR), coincide en que su organizacin lleva aos machacando con que el trmino violencia de gnero no es inclusivo. Hay otros agresores que no tienen nexo o lazo de unin con nosotras, que esa ley no recoge y con lo cual nosotras no podemos acceder a todos los recursos, prestaciones y las ayudas que de ella caen. Porque, qu pasa, por ejemplo, con la violencia por omisin de cuidados (abandono) o la violencia institucional?

El 68% de las mujeres con discapacidad vive en instituciones y la mayora estn expuestas a la violencia de personas de su entorno, ya sea personal sanitario, de servicio o cuidadores. La institucionalizacin -sealan desde Fundacin CERMI Mujeres- es una forma especfica de violencia ejercida hacia mujeres y nias con discapacidad, que se ven obligadas a vivir en entornos cerrados y segregados como resultado de la nica respuesta a su atencin y exclusin de la comunidad, lo que supone la negacin de sus derechos de plena ciudadana. Hay poco espacio para la intimidad en estos lugares. El cuerpo de las mujeres es ms accesible, de dominio pblico para el personal del centro.

Otras formas de violencia especfica contra las mujeres y nias con discapacidad son los abortos coercitivos, las esterilizaciones forzosas o las modificaciones de la capacidad de obrar (antes, incapacitaciones legales), prcticas que afectan a ms mujeres con discapacidad que a hombres con discapacidad y que tienen componentes y/o efectos distintos en ellas que en ellos. Por ejemplo, en el caso de la modificacin de la capacidad de obrar, los estereotipos que pesan sobre las mujeres con discapacidad propician que sus familias, como mecanismo de seguridad, soliciten su incapacidad para someterlas a esterilizaciones y privarlas de sus derechos sexuales y reproductivos. Adems, la cultura patriarcal considera a las mujeres con discapacidad ms desvalidas y en absoluto capacitadas para tomar decisiones relacionadas con su salud, su patrimonio o cuidar a sus hijos e hijas. Bajo ese supuesto manto protector, algunos juzgados las incapacitan y las matan civilmente, sealaba Laura Seara en la presentacin del informe Las mujeres con discapacidad en las sentencias de los tribunales espaoles. En el caso de los hombres con discapacidad, la incapacitacin suele ser por motivos de manejo de su patrimonio. Adems, las esterilizaciones forzosas, que sufren especialmente las mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, pueden agravar la situacin de indefensin y vulnerabilidad ante los abusos sexuales, porque el agresor no corre el riesgo de que un embarazo se convierta en evidencia del abuso.

El otro motivo de resistencia a considerar a las mujeres con discapacidad como potenciales vctimas de la violencia de gnero lo encontramos en los estereotipos que presentan a estas mujeres como seres asexuados, infantilizados, percibidos como incapaces de generar deseo sexual y de tener una pareja.

Sin embargo, se estima que aproximadamente un 13% de las mujeres que son asesinadas por sus parejas y/o exparejas cada ao en Espaa son mujeres con discapacidad. Y segn el informe Violencia de gnero hacia las mujeres con discapacidad, elaborado por la Fundacin CERMI Mujeres, el 31% de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia machista en algn momento de su vida, ms del doble que las mujeres sin discapacidad (12,5%). El informe se basa en una macroencuesta que no contempla violencias contra mujeres incapacitadas e institucionalizadas, por lo que las cifras reales apuntaran a una incidencia an mayor. En cuanto a violencia sexual, se registran cifras que triplican, e incluso cuadruplican, la media. Fundacin CERMI Mujeres reclama una macroencuesta especfica sobre violencia de gnero contra mujeres con discapacidad, as como que se tenga en cuenta la variable de discapacidad en todos los estudios que en materia de violencia de gnero se hagan en Espaa.

Un sistema de justicia vetado

El Pacto de Estado vendra, en parte, a acabar con la invisibilizacin de estas agresiones. Entre sus medidas, incluye una reforma de la definicin incluida en la L.O. 1/2004 para extenderla a todas las formas de violencia contra las mujeres (las incluidas en el Convenio de Estambul), que tambin surgen de una sociedad patriarcal y que se ejercen sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es decir, adems de la fsica, psicolgica y sexual, incluira la violacin, la mutilacin genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso sexual y el acoso por razones de gnero, las esterilizaciones forzadas o los abortos coercitivos. Es un buen punto de partida para contribuir a visibilizar el fenmeno, subraya la profesora Barranco.

Sin embargo, en el paquete de medidas urgentes que han iniciado su trmite parlamentario -entre las que se encuentran devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia de gnero, permitir que los menores puedan recibir asistencia psicolgica con el consentimiento materno o que sea suficiente un informe de los servicios sociales o especializados para que se reconozca a las mujeres como vctimas de violencia de gnero, sin que medie denuncia- no se incluye la ampliacin del concepto de violencia de gnero. La ministra de Igualdad ha emplazado a los grupos a que de aqu a final de ao se completen todas las medidas de modificacin legal que conlleva el Pacto.

Pero no es slo un problema de conceptos. El acceso a la justicia est vetado para las mujeres con discapacidad. Barreras simblicas y de accesibilidad fsica, cognitiva y sensorial- se interponen entre ellas y la obtencin de proteccin y reparacin cuando tratan de hacer valer sus derechos en sede judicial.

Esto, advierte la Fundacin CERMI Mujeres, vulnera claramente el artculo 24.1 de la Constitucin, que establece que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legtimos sin que en ningn caso pueda producirse indefensin. Y, tambin los consensos internacionales: la Convencin sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer (art.15) y la Convencin sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (art.13).

Estereotipos que pesan

Si nos atenemos al nmero de denuncias presentadas por violencia machista por parte de las mujeres con discapacidad o al nmero de sentencias relacionadas con mujeres con discapacidad, podramos llegar a pensar que esta violencia como tal no existe, que no es estructural, que se trata, a lo sumo, de casos aislados.

Para Barranco, el primer obstculo es que en el caso de mujeres socialmente consideradas dependientes, se tiende a justificar y naturalizar la relacin de poder con personas de su entorno. En la medida en que se considera una situacin natural, no se reacciona frente a ella, sostiene.

Otras veces, el problema es el desconocimiento: Las mujeres con discapacidad intelectual no solemos denunciar porque no sabemos que estamos sufriendo violencia de gnero o porque no sabemos cmo hacerlo y a quin pedir ayuda, apunta Blanca Torres, integrante del grupo de mujeres de la Asociacin para la Atencin de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Lmite (Adisli) y experta en violencia de gnero. De nuevo, los prejuicios hacen que no se trabaje la educacin sexual y afectiva con ellas. Torres considera fundamental que puedan realizar formaciones especficas sobre prevencin y empoderamiento ante la violencia de gnero, como las que ella ha realizado en la UNED.

A eso se aade la desconfianza que existe en muchas ocasiones acerca de los testimonios de las vctimas con discapacidad de la violencia machista, especialmente si se trata de mujeres sordociegas o con discapacidad intelectual o psicosocial. Como apunta la investigadora Vicente, si una mujer sin discapacidad necesita probar que no miente, exagera o se ha buscado la agresin, en el caso de las mujeres con discapacidad esto cobra un nuevo y ms profundo sentido. As que cuando estas mujeres, que tienen la consideracin social de nias eternas, verbalizan que estn sufriendo violencia de gnero, su entorno habitual suele quitarle importancia. Y si consiguen superar esa incredulidad inicial, ser el sistema de justicia el que vuelva a poner en duda su testimonio. Marian Andrs Acha, integrante de la Comisin de Igualdad de Fekoor, coincide en que en las pruebas periciales y durante la instruccin del juicio hay muy pocos profesionales que pongan en valor el testimonio de la vctima.

Mencin especial, afirma la profesora Barranco, requieren las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial a las que se les modifica la capacidad de obrar y que, como consecuencia, pueden estar privadas de la posibilidad de acceder a la justicia por s mismas, si no es a travs de una persona intermediaria (tutora o curadora), lo que las sita en una situacin de especial vulnerabilidad.

Los prejuicios y estereotipos en torno al gnero y la discapacidad impregnan la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado, la Abogaca, la Fiscala y la Magistratura, levantando unas barreras actitudinales que impiden el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

La inaccesibilidad de los recursos

Existen otras barreras: las puramente materiales relacionadas con el entorno fsico y la comunicacin e informacin, que hacen, como seala Barranco, que la justicia, a veces, no sea accesible para mujeres con discapacidad sensorial o fsica y que casi nunca lo sea en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual.

Los recursos existentes para vctimas de la violencia de gnero no cumplen los requisitos de accesibilidad debido a que manejan todava el modelo de una mujer estndar, sin ningn tipo de discapacidad, y no suelen estar disponibles en formato braille o en lectura fcil. Muchas veces las mujeres con discapacidad intelectual no respondemos a las preguntas y nos quedamos retradas y cohibidas, por el simple hecho de que la informacin no est adaptada a lectura fcil y por miedo a que piensen que preguntamos mucho, que tenemos muchas dudas, apunta Torres. Tambin tenemos miedo, inseguridad, nos sentimos ms vulnerables, nos da mucha miedo responder a las preguntas que nos hacen en el juzgado si no estamos acompaadas por alguien que nos d seguridad y confianza para realizar todos los trmites y papeleos que hay que hacer para poder denunciar.

Andrs Acha considera tremendamente horrible que no permitan a las mujeres con discapacidad acudir a la toma de declaracin con su asistente personal, con lo cual muchas veces se pierde informacin que la vctima nos intenta dar: por falta de medios o porque no la entendemos, expone

Que en estas condiciones una mujer con discapacidad consiga llevar a juicio su caso puede considerarse una proeza, afirman desde Fundacin CERMI Mujeres. Y las que llegan al recurso, cuentan con intrprete de lengua de signos en sus terapias, asesoramientos jurdicos y sociales?, las profesionales estn formadas para atenderlas o, por el contrario, se las est derivando a otros recursos, especializados, por as decir, en su discapacidad, como servicios sociales o residenciales disponibles, y no en violencia de gnero?, se pregunta la investigadora Vicente.

Pacto de Estado: el final de la revictimizacin y la impunidad de los agresores?

La suma de todas las barreras tiene dos consecuencias fundamentales: la revictimizacin de las mujeres con discapacidad y la impunidad de las agresiones. Las barreras no solo impiden que las mujeres vctimas de violencia accedan a la justicia, explica la profesora Barranco, sino que adems estn generando violencia institucional: Hay dos violencias: la que sufro y a la que me somete el sistema cuando voy a pedir amparo, afirma.

El Pacto de Estado puede ser una oportunidad para ponerles fin. Reconoce la necesidad de realizar campaas publicitarias de prevencin contra la violencia de gnero, acoso, agresiones sexuales, etc. incluyendo material accesible; la inclusin en las bases estadsticas oficiales de indicadores por tramos de edad y discapacidad; la progresiva adaptacin de los recursos de apoyo y atencin; la implementacin de medidas de asistencia personal para que las mujeres con discapacidad puedan tomar el control de sus propias vidas, para evitar la violencia familiar o de gnero y la institucionalizacin.

Las organizaciones de mujeres con discapacidad reclaman que la formacin a la que se alude en el Pacto no slo vaya dirigida a juristas, sino a todas las y los profesionales que trabajan con las vctimas de violencia machista, como el equipo de valoracin pericial, resalta Marian Andrs. Torres coincide: Hace falta ms personal especializado en discapacidad para que las mujeres que vayamos a denunciar estemos ms tranquilas y seguras.

Las mujeres con discapacidad deben participar en esa formacin, tanto en su diseo como, en la medida de lo posible, en su imparticin, as como en todas las decisiones polticas que se vayan adoptando, insisten las asociaciones. Como seala Mari Carmen Azkona, integrante de la Comisin de Mujer por la Igualdad de FEKOOR, las mujeres con diversidad funcional debemos estar en todos los foros, tambin en el mbito judicial. Porque nosotras somos las protagonistas de nuestra vida y tambin de lo que queremos reivindicar. Sin nosotras no se va a poder hacer, concluye.


Integrantes de la Fundacin CERMI Mujeres participan en una manifestacin contra la violencia machista./ Foto de archivo de CERMI



Sobre la autora:

Periodista. Especialista en Informacin Internacional y Pases del Sur y Experta en Coordinacin de Proyectos de Cooperacin al Desarrollo. Formada (y formndome) en periodismo con perspectiva de gnero y derechos. Interesada (y mucho) en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Trabajo con entidades y proyectos relacionados con los derechos humanos.

Fuente: http://www.pikaramagazine.com/2018/09/pacto-de-estado-violencia-de-genero-mujeres-con-discapacidad/



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