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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-09-2018

Un derecho penal mximo para el procs

Isabel Elbal
La Marea

Estamos asistiendo al sacrificio de nuestro sistema garantista contenido en la Constitucin a fin de salvar la indisoluble unidad del territorio espaol


El Derecho penal mnimo, segn el jurista Luigi Ferrajoli, ha de estar regido por los principios de estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad. Por eso, solo es delito aquello que est expresamente dispuesto en la ley de forma clara y taxativa as como que los jueces habrn de atenerse a la ley y solo a esta.

El principio de estricta jurisdiccionalidad, dirigido a los jueces, permite cierto margen discrecional o aplicacin equitativa del Derecho al caso particular. La equidad viene configurada como un criterio de favorecimiento al investigado o enjuiciado, bajo el prisma de las circunstancias concretas que pudieran beneficiarle. Lo contrario, es decir, que los jueces interpreten extensivamente la ley para perjudicar al reo o que, apartndose de la interpretacin literal de la norma se inventen un sentido diverso a lo querido por el legislador, supone una actuacin arbitraria no amparada en el derecho.

El Derecho penal mnimo est compuesto de garantas penales y procesales. Todas estas garantas informan la mayora de las Constituciones de las democracias de nuestro entorno: principio de legalidad, presuncin de inocencia, derecho de defensa, derecho al juez natural e imparcial, derecho a la igualdad de armas entre acusacin y defensa, derecho a la refutacin confutacin de la tesis de acusacinEst concebido, por tanto, como un Sistema Garantista que protege al ciudadano la parte dbil frente al poder monopolio estatal de la violencia.

Otra consecuencia del Derecho Penal Mnimo es la exigencia de la criminalizacin de lo estrictamente criminalizable: esto es, la no invasin del Derecho penal en todas las conductas humanas que nos parezcan reprobables. Este principio establece que una conducta aparentemente ilegal no tiene que ser delictiva: el Derecho penal como ltima ratio.

Cuando un sistema se aparta del Derecho Penal Mnimo a la vez se va acercando peligrosamente a un sistema policial, autoritario e, incluso, tribal. Cuando se abandonan los parmetros de la justicia penal garantista, tomando atajos, con criterios ajenos a la Justicia y asumiendo finalidades revanchistas, con claro olvido de las garantas penales y procesales, estamos ante una insoportable expansin del Derecho penal a capricho de quienes lo interpretan y lo aplican. Cuando en la defensa de un determinado valor de Estado razn de Estado se ignoran los derechos fundamentales y se asume como bandera la persecucin de un objetivo de carcter poltico, econmico o de otra ndole, ya no estamos ante un sistema garantista sino ante un sistema maquiavlico que justifica los medios desproporcionados, violentos e ilegtimos del Estado para una finalidad concreta. En este sistema de abandono del garantismo las personas perseguidas o investigadas perderan su estatus de ciudadana para ser un mero instrumento o enemigo a abatir.

Llegados a este punto, es preocupante que en la persecucin de quienes se han atrevido a desafiar el artculo 2 de nuestra Constitucin la indisoluble unidad de Espaa los jueces encargados del denominado procs se han ido dejando por el camino todos los derechos fundamentales habidos y por haber.

En una investigacin no registrada, no trasladada a las partes investigadas, secreta, en suma, el Fiscal General del Estado de entonces ya buscaba prospectivamente delitos cometidos por los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament. Antes incluso de que se realizaran las manifestaciones del da 20 de septiembre de 2017, antes del referndum del 1 de octubre de 2017. En ese marco de investigacin prospectiva no extrae no solo la bsqueda de sucesos an no transcurridos, sino que se debi gestar un mecanismo para atraer la competencia hacia el juez no natural el rgano no competente territorialmente.

Se abandon el principio de estricta jurisdiccionalidad y se sustituy por la arbitrariedad en su estado ms puro, interpretando el delito de rebelin de forma extensiva y opuesta a lo querido por el legislador, incluyendo el elemento violento ausente tanto en las manifestaciones como en las diadas as como en el hecho de votar en la consulta del 1-O y en el de votar en el Parlament una supuesta declaracin de independencia. No olvidemos la desproporcionada e injustificada prisin provisional de 7 polticos vulneracin del derecho de representacin poltica, vulneracin de la inmunidad parlamentaria y dos activistas vulneracin del derecho a la libertad de expresin, del derecho de manifestacin.

La misma Sala que admiti hace nueve meses la querella presentada por la Fiscala General del Estado porque entendi que los hechos revestan carcter de delito, es la misma que enjuiciar a los encausados, quienes se defendern en el juicio alegando, precisamente, que los hechos no revisten carcter de delito vulneracin del juez imparcial.

Estamos asistiendo al sacrificio de nuestro sistema garantista contenido en la Constitucin a fin de salvar la indisoluble unidad del territorio espaol. Se han tomado atajos y, sin duda, este procedimiento no se encapsular solo para lo que tenga que ver con el independentismo ni para una sola regin, sino que tendr vocacin de expansin: ese es el riesgo de claudicar en favor del Derecho Penal Mximo.

Isabel Elbal es miembro del equipo jurdico que defiende a los exconsellers de la Generalitat Toni Comn y Meritxell Serret.

Fuente: http://www.lamarea.com/2018/09/22/un-derecho-penal-maximo-para-el-proces/



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