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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-09-2018

Gonzalo Rojas, el derecho de rebelin y el "pronunciamiento"

Renato Cristi
El Mostrador


En una columna publicada hace algunos das en El Mercurio, Gonzalo Rojas justifica el derrocamiento del gobierno de Allende apelando al derecho de rebelin ejercido por la ciudadana en razn de la carencia de legitimidad de ejercicio de ese gobierno. Para apoyar su afirmacin, menciona varias fuentes, la principal de las cuales es el Acuerdo de la Cmara de Diputados del 23 de agosto de 1973. Frente a esto habra que decir, en primer lugar, que ni el Acuerdo ni ninguna de las otras fuentes citadas por Rojas aduce como causal la ilegitimidad de ejercicio del gobierno del Presidente Allende.

El Acuerdo de la Cmara hace un llamado a los miembros de la fuerzas armadas, que ocupan cargos ministeriales, para que encaucen la accin gubernativa por las vas del Derecho y aseguren el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrtica entre los chilenos. Pero nada hay en l que expresamente niegue, o simplemente se refiera, a la legitimidad de ejercicio democrtico del gobierno. Ello es as porque las ilegalidades en que habra incurrido el gobierno de Allende en ningn caso destruyen su legitimidad democrtica. En segundo lugar, hay que observar que no tiene sentido afirmar que ese Acuerdo pudiese denegar la legitimidad de ejercicio al gobierno de Allende, si por legitimidad entendemos, como es natural, legitimidad democrtica. El hecho mismo que la Cmara se rena, delibere y logre este acuerdo demuestra que sta hace uso efectivo de su facultad democrtica. La legitimidad democrtica estaba en ejercicio en ese momento, y no tena sentido cuestionarla.

En tercer lugar, la referencia por parte de Rojas al derecho de rebelin, y el uso de esta idea en el contexto de la legitimidad de ejercicio, deja en evidencia el verdadero sentido del pronunciamiento militar de 1973. El llamado derecho de rebelin apunta a la doctrina carlista de la legitimidad y no tiene nada que ver con la idea de una legitimidad democrtica. Histricamente, los carlistas defienden la pretensin de Don Carlos, hermano de Fernando VII, al trono espaol. Se fundan en la legitimidad de origen dinstico de Don Carlos. Por ser Isabel, hija de Fernando VII, una reina dinsticamente ilegtima, los carlistas apelan al derecho de rebelin, y como resultado tenemos las tres guerras carlistas del siglo XIX, guerras que involucran una serie de golpes de Estado que los carlistas denominan pronunciamientos.

Durante el siglo XX la doctrina carlista se renueva con los aportes de Juan Vzquez de Mella y de Aniceto de Castro. Este ltimo publica El Derecho a la Rebelda en 1934, en que ataca el llamado accidentalismo de Herrera Oria, Gil Robles y la Iglesia oficial, y logra dividir a los catlicos en relacin al reconocimiento y convivencia con la Segunda Repblica. La radical intransigencia carlista se cita como un antecedente de la Guerra civil espaola que Blinckhorn ha denominado la cuarta guerra carlista.

Una muestra de esa feroz intransigencia se deja or en la conclusin del libro de Aniceto de Castro: Nada ms funesto para las naciones que una embustera paz. No suspiremos por ella. Y, sobre todo, no tratemos de comprarla a precio de cobardas. La paz no se compra; se la impone por la lucha. De Castro tambin cita a Vzquez de Mella: Cuando no se puede gobernar desde el Estado, con el deber, se gobierna desde fuera, desde la sociedad, con el derecho. Y cuando no se puede gobernar con el derecho, porque el poder no lo reconoce? Se apela a la fuerza para mantener el derecho y para imponerle.

El carlismo est representado en Chile por la revista Tizona, y por Osvaldo Lira y Jaime Guzmn, los autores que inspiran a Rojas. Guzmn fue atento y vido lector de Vzquez de Mella y de Aniceto de Castro. Es Guzmn quien esgrime las nociones de legitimidad de origen y ejercicio, y el txico derecho de rebelin, como armas en la guerra cvica e ideolgica que le declara al gobierno de Salvador Allende en una columna que publica en la revista PEC el 8 de enero de 1971. Y la estrategia que usa para subvertir a ese gobierno es precisamente la que sugiere Vzquez de Mella: gobernar desde fuera, desde la sociedad.

Esto define con precisin al gremialismo carlista: frente a la soberana del Estado, Guzmn alza la soberana de la sociedad, de los gremios, del poder social.

La sublevacin gremialista que culmina en Chile con el pronunciamiento militar de 1973 tiene poco que ver con las ilegalidades y violaciones a la Constitucin en que incurri el gobierno de Allende.

Como demuestra el argumento legitimista de Rojas, se trata ms bien de la porfiada intransigencia de carlistas que afirman una legitimidad de otro cuo, la legitimidad gremialista o corporativista, al mismo tiempo que le niegan legitimidad a la democracia, a la absurda superioridad del nmero, como la describe Lira. Prueba fehaciente de ello es que el pronunciamiento no restaura en plenitud la Constitucin del 25, supuestamente violada por Allende, y tampoco restaura la democracia, supuestamente violada por la Unidad Popular, sino que inmediatamente la junta anuncia la creacin de una nueva Constitucin. No suspende o viola la Constitucin del 25, sino que procede a destruirla.

El rgimen que celebra Rojas carece de legitimidad democrtica de origen, y en su ejercicio prueba ser decididamente anti-democrtico. Me parece claro que haber impuesto tal rgimen, y la derrota de la tirana democrtica, era el real propsito del pronunciamiento rebelde del 73 que apoya y celebra Rojas.

http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/09/23/gonzalo-rojas-el-derecho-de-rebelion-y-el-pronunciamiento/



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