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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-09-2018

La Coordinadora para la Prevencin de la Tortura y el audiovisual La cifra negra documentan malos tratos y vejaciones en el estado espaol
Hemos visto zarandear, agredir y golpear con violencia desmedida

Enric Llopis
Rebelin


Alerta Solidria, organizacin antirrepresiva de la izquierda independentista dels Pasos Catalans, y el Proyecto SIRECOVI contra la violencia institucional, gestionado por el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universidad Barcelona, convocaron el 10 de septiembre una concentracin contra la impunidad policial ante los juzgados de lHospitalet de Llobregat para exigir la inhabilitacin permanente de Malamadre. As es conocido el agente 9088 de los Mossos dEsquadra de lHospitalet, a quien la Campaa Malamadre Inhabilitaci atribuye numerosas actuaciones negligentes y desproporcionadas.

El polica acudi a declarar el 10 de septiembre, en calidad de investigado, al juzgado de Instruccin Nmero dos de LHospitalet por las presuntas agresiones a un vecino durante el desalojo -sin orden judicial- de un inmueble okupado. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de mayo en la ciudad barcelonesa. Los activistas denunciaron que el mosso desquadra le clav (a Ramn Gmez) una porra extensible en la cara causndole una perforacin ocular; a pesar de las dos intervenciones quirrgicas, el vecino perdi la visin en un ojo.

El caso figura en la pgina de Facebook de La cifra negra de la violencia institucional, documental de 84 minutos producido por Empatik Films con el apoyo de Amnista Internacional y la Coordinadora para la Prevencin y la Denuncia de la Tortura. Dirigido por Ales Pay y estrenado el uno de marzo en Madrid, el audiovisual incluye 30 relatos en primera persona, como los de Cristina Garca y Carles Mestre, agredidos en octubre de 2005 por agentes de la Guardia Urbana de Badalona en la estacin de RENFE; Jordi Vilaseca, detenido en 2003 junto a otros dos jvenes por los Mossos dEsquadra en Tor (Lleida), en aplicacin de la Ley Antiterrorista; Unai Romano, quien denunci presuntas torturas de la Guardia Civil tras su detencin, en septiembre de 2001, en Vitoria; o Chelo Baudn, quien estuvo 90 das en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por el impacto de una pelota de goma durante la Marcha Minera de 2012 en Madrid.

El trabajo de Empatik Films gan el premio a la mejor pelcula en el Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastin-2018. Autor del guin y montaje junto a Cristina Gars, Pay destaca las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado espaol; en febrero de 2018, el tribunal de Estrasburgo conden al Reino de Espaa a indemnizar con 30.000 euros a Igor Portu y con 20.000 euros a Martn Sarasola por considerar que sufrieron un trato inhumano y degradante durante su detencin por agentes de la guardia civil, en enero de 2008 (por este caso el Tribunal Supremo espaol absolvi, en 2011, a cuatro agentes de un delito de torturas). Ya en 2015, el Comit contra la Tortura de Naciones Unidas mostr su preocupacin por las denuncias de impunidad y ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces ante las presuntas torturas policiales en Espaa. El documental, aade Ales Pay, incluye reconstrucciones fieles de escenas vividas por los afectados, por ejemplo las torturas a Jos Sols tras el motn de 2004 en la prisin barcelonesa de Quatre Camins.

El filme se ha proyectado en ms de 30 ciudades del estado espaol; en Valencia, en un acto pblico organizado por la Coordinadora para la Prevencin y Denuncia de la Tortura (CPDT) y la asociacin Obra Mercedaria de Valencia. Durante el acto se present asimismo el ltimo informe de la CPDT sobre denuncias por torturas, violencia institucional y tratos inhumanos, crueles o degradantes recogidos durante 2017 en el estado espaol. Integrada por 40 asociaciones en defensa de los derechos humanos, la Coordinadora ha realizado el informe por decimocuarto ao consecutivo. El documento da cuenta de 224 situaciones de agresin, torturas y/o malos tratos durante el pasado ao, en las que resultaron afectadas 1.014 personas que se hallaban en comisaras, prisiones, cuarteles u otros centros de privacin de libertad; tambin se incluyen las vctimas de intervenciones policiales como la represin de manifestaciones. En trminos comparativos, en el ao 2017 se multiplicaron por dos las situaciones de agresin y tortura respecto a 2016 y por cuatro el nmero de afectados.

El informe aclara que no recoge todas las situaciones de torturas o malos tratos, ya que en muchos casos no se produce una denuncia pblica o ante los tribunales. Algunas de las razones son, segn la Coordinadora, el temor de los afectados a las contradenuncias por parte de los agentes de la autoridad y la desconfianza hacia los rganos encargados de investigar las agresiones. En el apartado de la impunidad, el documento cita ejemplos como el de Hctor Moreno Garca, designado jefe de la Polica Nacional de Cantabria en abril de 2017 por el ejecutivo de Rajoy; La Audiencia Provincial de Madrid conden en 1994 a Moreno Garca y otros cuatro policas a 48 aos de inhabilitacin especial y cinco meses de arresto por un delito de torturas y detencin ilegal; en 1998 el gobierno de Aznar le conmut la pena.

El balance 2004-2017 de la CPDT contabiliza 3.602 situaciones de agresin o malos tratos con 9.085 vctimas (2017 es el ao con ms personas afectadas de todo el periodo, debido principalmente a la accin represiva del pasado uno de octubre en Catalua, seala la Coordinadora). En cuanto a las circunstancias de los agredidos, el tem principal corresponde a movilizaciones sociales (86 situaciones y 618 vctimas), seguido de las personas migrantes (56 y 287) y las personas presas (58 y 59).

La Coordinadora tambin realiza un desglose de los funcionarios acusados en 2017 de infligir malos tratos y torturas; en primer lugar figura el Cuerpo Nacional de Polica (82 situaciones y 551 vctimas), seguido de la Guardia Civil (41 y 338), los funcionarios de prisiones (57 y 58), las policas locales (24 y 40) y las policas autonmicas (19 y 26). Se da la circunstancia que el 60% de las personas privadas de libertad que denunciaron agresiones eran internos de un CIE (incluida la prisin de Archidona en Mlaga, utilizada temporalmente como Centro de Internamiento de Extranjeros y donde muri en diciembre de 2017 un ciudadano argelino); por otra parte, en las prisiones se registra un 67% de los malos tratos producidos en espacios de privacin de libertad.

Otro dato significativo es el de las muertes bajo custodia o como consecuencia de una intervencin policial. As, el informe de la CPDT seala que 55 personas fallecieron en 2017 mientras estaban bajo la custodia de funcionarios de prisiones (la mitad de las vctimas mortales), de la Guardia Civil, las diferentes policas o en centros de menores. Entre enero de 2001 y finales de 2016, el nmero de muertes en estas circunstancias se elev a 705; muchas de ellas no merecen reproche penal y algunas responden a accidentes inevitables, pero otras implican negligencias, fallos en la salvaguarda del derecho a la salud y la integridad fsica o las condiciones higinico-sanitarias de la custodia, explica el documento. El pasado 22 de marzo el Gobierno de Espaa inform en una respuesta parlamentaria al senador de EH Bildu, Jon Iarritu, que en 2017 murieron 147 internos en las crceles espaolas.

La CPDT se hace eco de casos como el denunciado en enero de 2017 por la PAH Corredor del Henares y Stop Desahucios Alcal, durante la paralizacin del desahucio de un matrimonio con cuatro hijos (tres de ellos menores) que sobreviva con algo ms de 400 euros mensuales. La vivienda, informaron los activistas, haba pertenecido a Bankia y despus a un fondo buitre. La Coordinadora de Vivienda de Madrid critic en un comunicado la actuacin de la Polica Nacional: Una hora antes de la hora prevista para el desahucio (los agentes) han cargado contra las decenas de personas que se hallaban en el portal; hemos visto zarandear y agredir a compaeras, algunas de edad avanzada y tambin golpear con violencia desmedida. Dos activistas fueron detenidos, uno de ellos en una calle adyacente, cuando ya abandonaba el lugar.

La respuesta parlamentaria del Gobierno al senador Jon Iarritu detalla que 27 de las muertes en las crceles espaolas ocurridas durante 2017 tienen como origen el suicidio, 31 estn relacionadas con las drogas y dos con el VIH-SIDA; el poltico abertzale recuerda en su cuenta de Twitter que en las 79 muertes atribuidas a causas naturales se incluyen las generadas por enfermedades graves; se trata de personas que deberan haber sido liberadas para tener un final de vida digno, afirma.

En el acto celebrado en el Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de Valncia se ha presentado el informe Sanidad en prisin. La salud robada entre cuatro muros, publicado en 2016 por la Asociacin Pro Derechos Humanos de Andaluca (APDHA). El pasado cuatro de abril la APDHA pidi una investigacin por el fallecimiento de cuatro presos en crceles de la provincia de Cdiz, tres de ellos en el Centro Penitenciario de Puerto III; tambin en abril la APDHA denunci la muerte por sobredosis de tres presos en el penal granadino de Albolote, causadas entre otras razones por la falta de personal sanitario dentro de la crcel y las condiciones en las que sta se encuentra; la APDH reclam a la Subdelegacin del Gobierno en Granada una investigacin sobre el tratamiento de sustancias cuyo consumo est prohibido o restringido por prescripcin facultativa en prisin. Adems dos internos murieron en abril -en menos de una semana- en el Centro Penitenciario de Huelva.

Hay casos ms recientes. El pasado 31 de agosto el peridico La Opinin de Mlaga dio cuenta de la defuncin de un recluso en la crcel de Archidona, posiblemente por sobredosis segn fuentes de la investigacin. A mediados de ao, la prisin de Botafuegos en Algeciras sumaba cinco reclusos muertos, previsiblemente por el mismo motivo. Mientras, la asociacin de derechos humanos recuerda, a partir de datos facilitados por el Gobierno en diciembre, que en el periodo 2008-2017 slo se cubrieron 62 de las 123 bajas producidas en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. Las disfunciones en la atencin se aprecian, por otra parte, en la informacin facilitada por el Gobierno a la senadora de Podemos Maribel Mora, publicada por eldiario.es: 3.559 citas mdicas con los internos en hospitales externos no pudieron realizarse en 2017 por falta de custodia policial para el traslado. En muchas ocasiones una persona, por el hecho de estar en prisin, no puede acceder a un tratamiento del que s podra disponer si estuviera libre, concluye la APDH.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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