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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-09-2018

Libertad para Jhiery Fernndez

Cynthia Cisneros Fajardo
Rebelin


El caso de Jhiery Fernandez es un caso que lacera a la sociedad boliviana, no slo por la impunidad que se ejerce desde la institucionalidad del rgano judicial, sino tambin por el silencio cmplice de instituciones que deberan ser las responsables de defender los derechos humanos de los ciudadanos, adems de la inercia burocrtica institucional del aparato estatal que permite este accionar. El problema sin embargo no se limita a las mismas instituciones per se si no que lamentablemente involucra al gobierno actual, an cuando stas instituciones son autnomas segn la constitucin, es una verdad de Perogrullo que obedecen a un sistema poltico de gobierno. Sin embargo que sucede cuando se pretende echarle la culpa a un gobierno de una cultura clientelar y corrupta que ha deslegitimado el rgano Judicial no solamente los ltimos aos sino que casi podra decirse, viene desde la misma fundacin de la Repblica? y que adems el sistema judicial y penal tradicional ha sido cuestionada desde los ltimos aos no slo a nivel nacional sino tambin a nivel mundial? .

Reconocer que es una poltica de gobierno que viene mostrando falencias, es necesario cuando se trata de hablar de la construccin de un proyecto pas que lamentablemente an debe aprender a construir una nueva institucionalidad que permita sostener en la prctica lo que se dice en el discurso. Sin embargo implicar tambin reconocer que estas falencias no son exclusivas de este gobierno sino que arrastran toda una tradicin y cultura clientelar tradicional del aparato estatal.

El caso de Jhiery Fernandez es slo uno de los tantos casos denunciados ante la Defensora del Pueblo sobre consorcios que involucran a importantes autoridades del sistema judicial y ante los cuales la poca eficiencia o la inercia burocrtica institucional de sta y otras instituciones que forman parte del aparato estatal ha permitido acrecentar los niveles de impunidad bajo el cual se ampararon fiscales y otros operadores de justicia que ahora apelan a innumerables razones para no slo demostrar la decadencia de una dinmica institucional sobre la cual el rgano judicial se habra anquilosado, sino que adems justifica en los hechos la subversin del discurso del Vivir Bien bajo la misma dinmica institucional en el rgano Judicial cada vez ms deslegitimada.

Por lo tanto si bien el actual gobierno deber reconocer esta debilidad del aparato estatal para poder seguir avanzando y construyendo la nueva institucionalidad, tambin el pueblo debe entender que esta dinmica institucional no slo se remite al gobierno del MAS sino que deviene de una larga tradicin de manejo del aparato estatal. El no hacerlo, desde el gobierno, ser permitir a la oposicin seguir creciendo y encontrando razones para culpar a su gestin de toda una cultura y dinmica institucional que se ha mantenido desde la fundacin de la Repblica y que llev al pas a figurar como el subcampen de la corrupcin a nivel mundial en 1997. Desde el pueblo, significar caer en el juego del discurso de la oposicin contra el gobierno, aunque con implicancias de un anlisis subjetivo emocional, moral, tal y como sucedi en el caso Zapata, slo que a diferencia de ste, el caso del Beb Alexander cuenta con elementos reales de impunidad judicial.

Reconocer esta falencia implica sin embargo, revisar algunos elementos de anlisis para entender el objetivo detrs del caso Jhiery Fernndez, que actualmente es enarbolado por el Colegio Mdico de Bolivia, y que es considerado por los mismos como una injusticia contra los profesionales de la salud, pero tambin contra la poblacin misma y a la que pretenden sumar a sus medidas de presin, a pesar de que el ejercicio de sus medidas de presin, va contra la misma poblacin; al impedir a los pacientes recibir la debida atencin mdica con la convocatoria del paro mdico a nivel nacional. Todo este accionar va dirigido a detonar su violencia contra el gobierno y contra el sector social ms vulnerable, para motivarlo indirectamente tambin contra el gobierno y as legitimar sus demandas ante el pueblo, as como su ausencia en los encuentros por la salud que impulsa la poblacin a travs de las organizaciones sociales, para demandar una justa sancin a la negligencia mdica que hoy le toca padecer a la poblacin en su conjunto.

Este fungir como vctimas de un sistema judicial que responde a un gobierno y no como un problema estructural que por aos ha mantenido al pas en una impunidad total, justificando al mismo tiempo, un accionar institucional totalmente arbitrario; legitimara as cualquier violencia contra el gobierno y la poblacin. Pero adems se debe considerar que el caso es tambin enarbolado por sectores de oposicin que acusan al gobierno de dictadura o fascismo y ahora de corrupcin o de ausencia de moral, ante el respaldo que ste tiene por un rgano judicial donde campea la impunidad.

Con ello el caso Jhiery Fernndez nos muestra las nuevas estrategias de desestabilizacin que se vienen ejerciendo ya no slo contra el gobierno, sino tambin sobre la poblacin boliviana en tanto los medios de comunicacin exacerban el morbo con la revictimizacin de un menor, adems que la poblacin debe escuchar la defensa de lo injustificable por parte de la fiscala como si de una novela se tratara, y debe tolerar las movilizaciones no exentas de violencia que resulten del paro mdico tal cual lo vivimos en das posteriores a la aprobacin del cdigo penal que sancionaba la negligencia mdica.

Todo esto sumado a la intromisin de grupos de jvenes formados en ongs que reciben financiamiento de organizaciones por la democracia bajo una capacitacin de liderazgo y democracia cuyo nico objetivo es formar para sembrar violencia y terror que contribuya a la desestabilizacin del gobierno que va contra los intereses de la poltica exterior de EEUU. Nuevamente se siembra el caldo de cultivo para generar confrontacin entre los bolivianos y deslegitimacin contra el gobierno del MAS y el proceso de cambios que ha permitido a Bolivia tener uno de los ms altos crecimientos econmicos de la regin.

Entonces si bien el 2007 - 2008 el caballito de batalla era una demanda poltica en medio de una espiral de violencia y especulacin, autonoma, capitala, para impedir la aprobacin de la Carta Magna, hoy en da se utiliza el mismo caballito de batalla, como antesala a una eleccin del Fiscal General y en vsperas de las elecciones primarias de los candidatos a la presidencia, slo que esta vez la desestabilizacin es orientada a evidenciar las debilidades de la gestin de gobierno en el manejo del aparato estatal, como si debiera atribuirse toda la culpa al gobierno de cmo ha funcionado el sistema judicial durante todos estos aos, y como ha funcionado el sistema penitenciario sin considerar que este ha sido un problema ampliamente discutido no slo a nivel nacional sino a nivel mundial. Sin ir muy lejos EEUU ha debido repensar su poltica penitenciaria hacia una justicia restaurativa antes que nicamente punitiva, luego que sta hubiera quadriplicado el nmero de privados de libertad adems del presupuesto destinado a sta rea durante los ltimos 10 aos, lo cual habra mermado el presupuesto para otras reas vinculadas al desarrollo del pas, tales como educacin y salud entre otras.

El caso Jhiery Fernndez enarbolado as por sectores de oposicin interpela no slo al rgano judicial, sino en el trasfondo poltico toda una gestin de gobierno que debe ser embarrada por la justicia que no es otra cosa que la moral sobre la cual se sostiene. Entender desde el gobierno este problema tan sensible a la ciudadana pasar por reorganizar la institucionalidad estatal que lo acompaa bajo nuevas dinmicas que permitan construir un mayor control social desde el pueblo, pero tambin desde las autoridades que debern dar una solucin a sus demandas en los niveles intermedios y de direccin transparentando la gestin estatal y disminuyendo los niveles de autoridad absoluta que se habran fortalecido, permitiendo estos niveles de impunidad y/o inoperatividad institucional que hoy nos toca presenciar en el rgano Judicial.

Ciertamente es necesario que las autoridades que no cumplieron con su trabajo por omisin o permisin sean sancionadas y que de una vez se d solucin inmediata al caso Jhiery Fernndez que a todas luces deja en evidencia estos visos de corrupcin y de podredumbre institucional en el rgano Judicial, adems de los otros casos que no reciben tanto eco meditico. Asimismo es necesario que la institucionalidad estatal recupere su legitimidad haciendo eco de las denuncias presentadas sobre los casos de corrupcin y de consorcios que involucran a importantes autoridades del sistema judicial para que la ciudadana vuelva a creer en su institucionalidad y el proceso de cambios recupere su legitimidad ante el pueblo, pero adems para que realmente se efecte un proceso de cambios en este nivel.

En este sentido tampoco estara dems reflexionar no slo en una cumbre para el sistema de salud sino tambin en otra para el rgano Judicial que permita rearticular la institucionalidad judicial en un sistema donde el ejercicio de la justicia se realice con la mayor transparencia posible y donde la poblacin y los funcionarios tenga la certeza de que existen los medios necesarios para sancionar cualquier conducta institucional arbitraria o que no se ajuste a la normativa vigente.

De lo contrario la percepcin del pueblo hacia el gobierno va a ser construida sobre la base de nuevas razones que refuercen la idea de un gobierno dictatorial presidencialista, inoperante y corrupto adems de tener una moral ampliamente cuestionada debido a la falta de cambio efectivo a nivel institucional no slo en el rgano judicial, sino tambin en un aparato estatal en el que ste debera tener una mayor incidencia de forma articulada. Por lo mismo urge la construccin de una nueva institucionalidad que permita niveles de control social e institucional que disminuyan la cultura de impunidad y corrupcin, que si bien antecede a este proceso de cambios, en lugar de haberse erradicado por completo, se habra venido desarrollando como parte de la burocracia institucional.

El no ver el caballito de batalla al que hoy apela la oposicin y la construccin de razones que viene tejindose bajo un sofisticado manejo de la tecnologa meditica adems del componente moral y emocional que se le viene dando a las demandas legtimas del pueblo, va a generar una miopa poltica del gobierno, efectivamente utilizada por estas grandes corporaciones tecnolgicas de la comunicacin, en la desestabilizacin de regmenes y en la construccin de la nueva dictadura perfecta meditica que vive Latinoamrica y que viene desestabilizando a los denominados gobiernos progresistas de la regin.

Por ello es importante darle al pueblo las herramientas necesarias para que entienda como lidiar con estas nuevas tecnologas de manipulacin de las conciencias y desestabilizacin poltica, y no caiga en el juego de las consignas sin fundamento o de rumores que solo reafirman viejos prejuicios y confrontan a los mismos bolivianos en favor de los viejos partidos polticos convencionales; sino tambin para que no se siga justificando un sistema judicial y penal tradicional que ha demostrado su fracaso a todo nivel nacional e internacional y que justifica una cultura punitiva e impune sobre la que reproduce una injusticia social que actualmente padecen los sectores ms vulnerables de la poblacin y que por lo mismo la deslegitima ante el pueblo. Por eso tambin creemos necesario que el caso del beb Alexander que involucra al doctor Jhiery Fernndez debera resolverse no slo bajo parmetros convencionales judiciales y penales sino tambin a partir de una nueva visin del sistema judicial y penal en la que el rgano judicial se constituya en el pilar moral fundamental del proceso de cambios que hoy vivimos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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