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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-09-2018

El retorno a la doctrina de seguridad nacionaly las masacres

Camilo Rengifo Marn
Rebelin


Las declaraciones del actual ministro colombiano de Defensa Guillermo Botero contra la protesta social, no son sorpresa alguna ni un desmn verborrgico del empresario, sino corresponden a una bien diseada estrategia en el marco de la poltica de seguridad nacional, una de cuyas lneas es la estigmatizacin, la satanizacin y la persecucin de los movimientos sociales y la protesta ciudadana.

Durante el Congreso de la central empresarial Confecmaras, en Cartagena, Botero se desboc contra la protesta social al decir que los grupos armados organizados -como disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros- son responsables de financiar la protesta social () Con los dineros ilcitos corrompen y financian la protesta social, tras afirmar, sin sonrojarse, que las mafias han sido las que han creado la mala fama del glifosato.

Son meras peroratas u rdenes de ataque?, se preguntan los analistas. Al afirmar que la protesta social la financian los grupos ilegales, las mafias organizadas, en los que mete en una sola bolsa a narcotraficantes, paramilitares, bandas delictivas, tiene como meta agudizar la ilegalizacin y criminalizacin de la movilizacin social. Lo cierto es que este gobierno no trata la protesta social como un derecho legtimo, sino como una actividad de carcter delincuencial, ilegal y judicializable.

La paz de los sepulcros

Los colombianos que han nacido en los ltimos 60 aos lo han hecho en un pas en guerra. Son pocos los que pueden afirmar que recuerdan a una Colombia sin violencia. La guerra ha dejado 262.197 muertos: 215 mil eran civiles y 46.813 combatientes. 95 mil muertes son atribuidas a paramilitares y casi 10 mil a agentes de seguridad del Estado.

Tambin dej 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 an siguen desaparecidos), 37.094 vctimas de secuestro, 15.687 vctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 aos reclutados. En los primeros seis meses del ao, 25 mil personas fueron expulsadas por la fuerza de sus lugares de vida, sumndose a ms de seis millones de personas desplazadas en los ltimos aos.

La paz avanza en Colombia a punta de pistola, ya que cerca de 500 lderes sociales han sido asesinados desde que el anterior presidente, Juan Manuel Santos, alcanzase el acuerdo de la Paz con las FARC en noviembre de 2016, cuyo implementacin bombarde permanentemente.

Mientras se reactivan las masacres de paramilitares y narcotraficantes, el desplazamiento forzado significaba el despojo de ocho millones de hectreas de pequeos y medianos productores agrarios. Los paramilitares, el grupo armado ilegal que ms muertes y expoliacin ha causado, en lugar de ser desmantelados por el Estado resurge con trgicas y repetidas consecuencias.

El anterior presidente Juan Manuel Santos venda una concepcin de la paz centrada en los beneficios que le traera a la inversin extranjera y al gran empresariado multinacional, el cual podra explotar los recursos naturales, principalmente los minero-energticos, sin el temor a ataques o extorsiones de grupos insurgentes, seal el sacerdote jesuita Javier Giraldo.

Hoy, sin el freno que suponan las fuerzas de las FARC, la presencia de multinacionales y el cultivo de coca y la produccin de cocana se ha incrementado.

No se trata del pensamiento slo de Uribe, de Santos o del nuevo presidente Ivn Duque, es el pensamiento de la ultraderecha, hoy al frente del gobierno y que durante dos perodo constitucionales fueron puestos en prctica desde la presidencia del genocida y paramilitar lvaro Uribe, quien luego comand la oposicin a los procesos de paz con las FARC y a cualquier otra opcin que avanzara en la democracia y la participacin real de la sociedad.

Ahora, con Duque, se reafirma la prctica histrica de la utilizacin de la violencia con la que durante seis dcadas lucraron las lites colombianas- que se materializa en las masacres en curso contra los lderes sociales. Para el establishment, la paz no es un buen negocio.

Si el propsito en un acuerdo de paz es sacar la violencia de la poltica, esto rige para las dos partes: para el rgimen y para los de abajo. No slo para unos. De lo contrario no avanzaremos hacia la paz, sino hacia el engao, hacia nuevas frustraciones y nuevas guerras, seal el comando poltico del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN).

En das pasados el gobierno de Duque oficializ su negativa a nombrar el equipo negociador de paz , que lo represente en la Mesa de conversaciones con el ELN, negativa que se suma a las mltiples declaraciones que hace en contra del proceso de paz en curso en Colombia desde hace seis aos.

EEUU, Colombia, Guyana, la coca y Venezuela

Ralph Emanuel, exjefe de gabinete de Barack Obama y actual alcalde de Chicago advirti en entevista con la cadena CNBC que el presidente Donald Trump podra intervenir en Venezuela durante el prximo mes de octubre para desviar la atencin de importantes problemas de su administracin y obtener beneficios polticos que le garanticen la victoria en las elecciones del congreso que se celebrarn el 6 de noviembre.

Nosotros tenemos una frase en este pas: la sorpresa de octubre () creo que en estos momentos l (Trump) est buscando hacer cualquier cosa y har cualquier cosa, fue una de las frases pronunciadas por Emanuel para denunciar la inminencia de la intervencin imperial en Venezuela.

Colombia siempre ha ambicionado una salida al mar Caribe a travs del Lago de Maracaibo, que le permitiese un acceso ms competitivo de sus productos, tanto los legales como los ilegales, a los mercados de Europa y Norteamrica. Hoy, convertido en el mayor productor de coca del mundo, necesita el corredor venezolano para poder llegar con su droga a su principal mercado, el estadounidense.

Adems, Colombia debe enfrentar de aqu al 2021- un agotamiento total de sus reservas petroleras que impactar negativamente la elaboracin de la cocana, y por eso necesita el control sobre las reservas de hidrocarburos en el occidente venezolano, y para dejarlas en manos de empresas trasnacionales debe destruir el estado- nacin vecino.

Por otra parte, Guyana, que desde su nacimiento como estado independiente en 1966 se neg a respetar el Acuerdo de Ginebra que le prohben la explotacin de recursos mineros y hasta las actividades de exploracin en la zona en reclamacin, ha otorgado concesiones de exploracin y explotacin costa afuera, en mar territorial en reclamacin por Venezuela, a las empresas petroleras trasnacionales CGX Energy, Exxon Mobil, Shell y Anadarko.

La duda de los analistas es si Duque estn en condiciones de mantener al unsono dos conflictos: el interno y el externo. Las amenazas permanentes de intervencin en Venezuela -tratando de insuflar un nacionalismo xenfobo-, como mano de obra de los designios de Estados Unidos, su presidente Donald Trump y los intereses de las trasnacionales en especial las petroleras- y el narcotrfico.


Camilo Rengifo Marn, Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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