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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-10-2018

Ortega declara marchas ilegales e impone un Estado policial

Arlen Cerda
Confidencial


Despus de reprimir, asesinar, perseguir y encarcelar a centenares de ciudadanos, el rgimen orteguista pretende callar la protesta cvica alzada contra el Gobierno de Daniel Ortega, a travs de una orden policial que amenaza con procesar a las personas y organismos que convoquen a las manifestaciones de protesta cvica, que ahora son declaradas ilegales.

Sern responsables y respondern ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales, indica la Polica en una nota de prensa difundida a travs de los medios oficialistas.

La prohibicin se produce en la vspera de una nueva marcha de protesta cvica convocada en Managua este sbado a las dos de la tarde, bajo el lema: Marcha de la rebelda, no tenemos presidente.

Expertos en Derecho Constitucional, defensores de derechos humanos y activistas opositores rechzan la amenaza policial, porque atenta contra la Constitucin de la Repblica y le atribuye a la Polica facultades que no le corresponden.

Es un acto gubernamental de criminalizacin de la protesta ciudadana. Se quiere convertir en delito un derecho fundamental, asegura la jurista experta en Derecho Constitucional y miembro de la Alianza Cvica por la Justicia y la Democracia, Azahlea Sols.

La sociloga e investigadora en temas de seguridad ciudadana y tambin expolica, Elvira Cuadra, asegura que en Nicaragua se est instalando un estado de excepcin con esa prohibicin.

El jurista y exdiputado opositor, Jos Pallais, opina que con su amenaza la Polica est afectando derechos fundamentales de aplicacin directa que para su ejercicio no requieren de ninguna autorizacin administrativa por considerarse restrictivas a un derecho constitucional bsico, como el derecho a manifestarse.

Estamos viviendo una total radicalizacin, olvidando que el pueblo nicaragense es persistente y ha sobrevivido a todo tipo de represin, afirma Pallais.

En su nota de prensa, la Polica responsabiliza de los incidentes violentos de este mes a las diferentes convocatorias ciudadanas, promovidas principalmente para exigir la libertad de los presos polticos del rgimen y por la justicia para los ms de 300 muertos confirmados desde el pasado 19 de abril.

Dichas manifestaciones han sido reprimidas de forma brutal por bandas paramilitares, que cuentan con la proteccin de las autoridades, sin embargo, la Polica acusa sin pruebas a los manifestantes de los hechos de violencia, incluso de la muerte del menor de 16 aos Matt Andrs Romero, ocurrida el pasado domingo 23 de septiembre.

La Polica Nacional ha investigado, investiga, y acusar formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daos materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravsimos delitos contra la seguridad, la vida, y el orden pblico, asegura la Polica.

Sin mencionar nombres o identidades, la Polica responsabiliza a los organismos y personas que han convocado y convocan a estas actividades ilegales, y nada pacficas, de cualquier amenaza, dao, o riesgo, a la vida, a la dignidad de la persona, o dao a bienes particulares o estatales.

Los convocantes aade la nota son responsables y respondern ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades.

Adems, agrega que sern responsables y respondern ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales, sostiene la Polica.

La institucin a cargo del consuegro de Ortega y Murillo, el primer comisionado Francisco Daz, calla una vez ms sobre los muertos que han provocado los grupos paramilitares, protegidos por la Polica.

La Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la OEA reaccion a la amenaza policial con un mensaje en su cuenta oficial de twitter que dice: CIDH recibe con preocupacin nota de prensa de Polica Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estndares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrtica.

Viola la Constitucin

El abogado y experto en Derecho Constitucional, Gabriel lvarez, coincide en que la Polica Nacional atenta contra la Constitucin Poltica y se arroga funciones que no le corresponden.

Los derechos constitucionales contra los cuales atenta directamente la nueva orden policial son los derechos a la movilizacin y la reunin pacfica, contemplados en los artculos 53 y 54 de la Constitucin Poltica.

Ninguna autoridad tiene ms atribuciones que las expresamente sealadas por la ley y nada en el marco jurdico le da atribuciones a la Polica para anular derechos legtimos de la ciudadana, agrega Sols.

La amenaza policial tambin es violatoria de los derechos constitucionales de concentracin, manifestacin y movilizacin pblica, y del derecho de reunin pacifica, que no requiere permiso previo.

La jurista tambin reitera que ya era violatoria la actuacin contra el derecho de movilizacin y expresin, y ahora se incrementa con una disposicin que violenta el principio de constitucionalidad y de legalidad.

Cuadra, adems, aade que declarar el estado de excepcin significara negar su discurso de que todo est normal y quedar en peor posicin frente a la comunidad internacional.

La Articulacin de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, asegur en un comunicado que la anunciada criminalizacin de las marchas muestra cun desesperada y frustrada se encuentra la dictadura de los Ortega-Murillo.

Fuente: https://confidencial.com.ni/


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