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(defendiendo el libre mercado)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-10-2018

Por qu deberamos cerrar los CIE: Aluche y la violencia de Estado

Youssef Ouled
esracismo


Badara tiene 42 aos, es senegals y lleg a Espaa en 1992, contaba con tan solo 16 aos. Lo hizo mediante visado Schengen, despus decidi instalarse en las Islas Canarias. Siete aos antes de su llegada se haban creado los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), fue bajo el gobierno socialista de Felipe Gonzlez, por mandato de la primera Ley de Extranjera, pero l acabara conocindolos mejor que quienes los haba creado.

La ley estableci la posibilidad de acordar judicialmente el ingreso en centros que no tengan carcter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsin mientras se sustancia el expediente. Para Badara, entre la crcel y el CIE, preferira la crcel, al menos all poda hablar, en el CIE solo obedeces y ms te vale callar, no eres persona, ellos deciden, comenta por telfono. Su paso por prisin en 2015 estaba relacionado, segn explica, con el acoso por parte de la polica local que acabara en una ocasin con l en comisara, lleno de golpes y con un informe mdico que le diagnostic siete infartos cerebrales. Tras ao y medio, con su puesta en libertad, sera conducido automticamente al CIE de Aluche. Algo que ya se esperaba, te vamos a mandar a tu pas, me dijo la polica en prisin, un pas que haba dejado atrs haca 24 aos.

En total permaneci 43 das en el CIE de Aluche, ubicado en la antigua crcel de Carabanchel en Madrid con el que se haba reemplazado en 2005 el Centro de Moratalaz. Las reformas permitieron pasar de las 60 plazas de Moratalaz a las 280 en Aluche, 40 reservadas a mujeres. A pesar de no tener carcter penitenciario, estos centros se asemejan a una crcel. El de Aluche consta de cinco mdulos que encierran en espacios estancos diferenciados; habitaciones con forma de celda dispuestas a ambos lados de extensos pasillos; ventanas ocultas tras planchas metlicas que apenas permiten visin exterior y el paso de la luz; rejas; patios con fuerte vigilancia policial; la zona de visita de abogados y familiares sin privacidad y vigilada, etc. Las habitaciones, con dimensiones de entre 21 y 40m2, se configuraron para albergar entre cuatro y seis personas, aunque segn internos, no bajan de los seis u ocho. Ya en 2005, el Fiscal General del Estado seal que el de Aluche, cada vez se parece ms a un centro penitenciario pero sin contar con las infraestructura [y personal cualificado] de los mismos.

Entre 2008 y 2009 los informes del Defensor del Pueblo sobre Aluche denuncian la falta de transparencia, el hacinamiento, las malas condiciones de salubridad, la ausencia regular de un mdico, la separacin de menores de sus padres, la forma inhumana de las visitas (vigilancia extrema y sin contacto fsico) y tambin la falta de protocolo en las sanciones que conlleva a la arbitrariedad e indefensin. Un ao antes se hacan pblicas las condiciones de los centros en Espaa: falta de calefaccin, hambre, comida con pelos, gusanos, atencin mdica deficiente, casos de maltrato y vejaciones y maltratos a internos a altas horas de la madrugada y amenazas con expulsin si hay denuncias. A da de hoy, las quejas de los internos se formulan en los mismos trminos. Badara lo sabe bien, comamos solo para no morirnos de hambre. Disponan de un bao cuya cisterna no funcionaba, por lo que tenan que esperar horas para acceder al bao general compartido por centenares de internos, aquello es inhumano, repite.

Ms all de la frontera de lo humano La informacin arriba descrita ha sido extrada del informe elaborado gracias a las visitas por activistas de la organizacin SOS Racismo Madrid al CIE de Aluche entre 2014 y 2017 que han servido para recabar datos y estadsticas que complementan con informes de esta y otras entidades pblicas. Su finalidad es, documentar las vulneraciones de derechos humanos e incidir en la necesidad de cerrar estos centros. Porque, su existencia, sealan , es parte de un engranaje racista que es la antesala de las expulsiones y las devoluciones de migrantes: Los CIE representan una maquinaria que impone la violencia en la vida de miles de personas al ao y su existencia busca legitimar un sistema excluyente, racista y desgarrador.

Para la elaboracin del informe, SOS Racismo Madrid acompa a 843 internos de Aluche. De las cuales un 8,3% eran mujeres y un 4,9% (41 personas), manifestaban ser menores. Una vulneracin del principio de proteccin de la infancia y del inters superior del menor. Ya en 2016, el Ministerio del Interior reconoca la privacin de libertad de 51 menores en los diferentes CIE del Estado. De los contabilizadas por SOS Racismo, al menos 5 fueron expulsados. Y, slo a 10 se les reconoci la minora.

Esto evidencia un fallo en los procedimientos de identificacin de personas en situacin de vulnerabilidad desde que llegan a territorio y son detenidas. Entre las diferentes barreras de los menores, est el hecho de ser declarados mayores de edad por las pruebas forenses, como le ocurri a 16 de esos 41. Es alarmante el margen de error de estas pruebas. El mtodo de Greulich y Pyle, por el cual se determina la edad a travs de pruebas radiolgicas de la mueca, tiene un margen de error de aproximadamente 1,7 aos. Segn un informe del Sindic de Greuges , no distingue edades superiores a 19 aos, dificultando la determinacin de la edad de los menores que se acercan a la mayora. Tambin se han dado casos de personas que manifestaban ser menores y fueron expulsadas de forma rpida, antes expresar su situacin.

Cerca de la mitad de los internos visitados por SOS Racismo llevaban ms de tres aos en Espaa, contaban con un alto nivel de arraigo y el 86% no vivan en Madrid en el momento de la detencin. Este desplazamiento es parte de una misma maquinaria que desarraiga, cuando una persona es detenida en un territorio para ser encerrada en un CIE de otro territorio se la aleja de su familia, amistades o de cualquier tipo de red de apoyo. Esto tiene un impacto psicosocial muy fuerte en las personas que se encuentran encerradas ya que aumentan el aislamiento que ya se genera en el CIE.

Adems, la mayora de los autos de internamiento de estas personas fueron dictados en Andaluca. Un aumento relacionado con el incremento de las llegadas a las costas. La poltica migratoria centrada en la detencin/expulsin de cuerpos migrantes. La mayora de personas detenidas en frontera, inmediatamente son trasladadas al CIE, configurndose estos como una extensin de las fronteras y una prolongacin de la violencia institucional.

Hasta 2017, ao en el que se da un repunte en las personas visitadas detenidas en frontera, el mayor porcentaje, con diferencia, corresponde a aquellas personas que llevan viviendo en Espaa ms de seis aos. Las personas con ms arraigo son tanto las ms encerradas como las ms expulsadas. El encierro en el CIE supone arrancar a estas personas de su cotidianidad. Puede suponer tambin la prdida de trabajo dado que el internamiento se puede prolongar hasta dos meses. Badara, llevaba en Espaa 23 aos y se haba dedicado a la mecnica y a la construccin, careca de un situacin administrativa regular, una situacin que le impeda acceder a sus derechos ms bsicos a pesar del tiempo que llevaba en territorio espaol.

La resistencia frente a la violencia institucional

Durante el tiempo analizado, las vas de resistencia de los internos han sido diversas, desde cartas y quejas colectivas a los Juzgados de Control a protestas en el CIE. Adems, SOS Racismo contabiliz 15 huelgas de hambre en seal de protesta por el internamiento, las condiciones de ste y/o la posible deportacin. En este periodo se produjeron tres protestas colectivas que han incluido la participacin de un gran nmero de personas internadas.

Durante la poca en la que las ONG tenan vetado el acceso al centro -hasta el 20010-, hubo al menos un mnimo de dos huelgas de hambre. Los internos del Centro se declararon en huelga para denunciar las condiciones inhumanas de su reclusin. La extralimitacin policial como las penas de calabozo sin dar comida para el que proteste. Un Sistema de absoluta indefensin judicial (muchos abogados no van) o un encierro que supera el mximo de das estipulados. Otra vulneracin se produce en la limitacin del derecho a la comunicacin. En este sentido, no solo se producen incumplimientos en los horario de visitas de forma habitual, tambin se restringen visitas en momentos de tensin. Sin olvidar el derecho de ser asistido por un intrprete. La correcta comprensin y comunicacin por parte del interno en el CIE es fundamental. Eso lo supo con el paso de las semanas nuestro entrevistado, que despus de unos das interno comenz a ayudar a los jvenes que llegaban nuevos, haca de traductor y les hablaba de sus derechos, pero la polica me quitaba mis pertenencias y me decan que dejara de hacer eso.

Alrededor de las 21 horas de la noche del 18 de octubre de 2016, un grupo de unas 60 personas permanecieron en el comedor tras la cena en lugar de volver a la celda. La situacin de tensin producida por las condiciones descritas era generalizada y la no obtencin de respuesta les haba llevado al lmite, decidiendo por ello elevar sus quejas por otros medios. Finalmente, 39 se movilizaron y consiguieron alcanzar la azotea del CIE. SOS Racismo Madrid pudo acceder a testimonios que relataron cmo tras finalizar esta protesta numerosos internos habran sido sometidos a malos tratos por parte de la polica que habran incluido las agresiones fsicas. Adems, no slo habran sido dirigidas a los participantes en la protesta sino a otros de forma indiscriminada. Posteriormente, el 19 de octubre se activ un dispositivo de opacidad a cargo del entonces ministro de Interior, del Partido Popular, Jorge Fernndez Daz.

La noche del lunes 31 de julio de 2017, se produca una nueva protesta multitudinaria. En todas las situaciones nombradas, y otras que por extensin no se nombran, han estado presentes agentes de la Unidad de Intervencin Policial (UIP). Adems, se dificulta la investigacin de los hechos denunciados en cuanto a la desproporcin y vulneracin de los derechos de los internos que se manifiesta mediante la expulsin de testigos.

Desde SOS Racismo Madrid sealan, adems, los intentos desesperados de los internos por ser escuchados y reacciones arriesgadas ante el sufrimiento extremo como han sido los 7 intentos de suicidio y los 11 intentos de fuga. No obstante, algunas personas han informado haber sufrido malos tratos pero temiendo represalias al denunciar no han querido formalizarla.

Denuncias por torturas, muertes

Toda esta violencia no solo genera sufrimiento, tambin muerte. En nuestra memoria estn Osamuyi Aikpitanyi de Nigeria (2007), Jonathan Sizalima de Ecuador (2009), Mohamed Abagui de Marruecos (2010), Samba Martine de Congo (2011), Idrissa Diallo de Guinea-Conakry (2012), Aramis Malukyan de Armenia (2013) y Mohammed Bouderbala de Argelia (2017).

Osamuyi, de 23 aos, mora asfixiado en pleno vuelo en un avin de la compaa Iberia, esposado y amordazado mientras se ejecutaba su deportacin. Su muerte sac a la luz las expulsiones con uso de medios de contencin mecnica y protocolos de sedacin con frmacos psiquitricos en el traslado desde el CIE al aeropuerto. De haber recibido la asistencia mdica recogida por la normativa de los CIE, Samba Martine, procedente de Repblica Democrtica del Congo y registrada con el nmero 3106 en Aluche, no habra fallecido aquel 19 de diciembre de 2011. La joven no fue atendida ni diagnosticada a tiempo, hasta que finalmente muri en el hospital.

Badara sufra depresin y ansiedad, pero tampoco fue atendido correctamente. Les pidi que le llevarn al hospital para hacerle pruebas mdicas, pero se limitaban a darme frmacos. Tampoco faltaron las palizas, recuerda a un chico en particular al que el personal policial sac de su celda, estaba temblando de la paliza, comenta que el joven tena el cuerpo magullado y la cara roja, era el pan de cada da.

En Abril 2008 se hacen pblicas denuncias de malos tratos y vejaciones a travs de comunicaciones con los internos por parte de la organizacin Ferrocarril Clandestino. En agosto de 2009 atendiendo el encargo del Servicio Jesuita a Refugiados a CEAR un grupo de personas acceden a los CIE de Aluche, Mlaga y Valencia. Tras entrevistar a decenas de internos y funcionarios se estructura el Informe Situacin de los centros de internamiento para extranjeros. Durante el proceso de entrevistas se da una huelga de hambre en Aluche sofocada por antidisturbios. En dicho Informe se denuncia no solo la violacin de las propias leyes de extranjera en los tres centros, tambin las torturas policiales a las personas migrantes. La reiteracin de la represin quedar recogida en otro informe posterior firmado por Ferrocarril Clandestino, Mdicos Mundo Madrid y SOS Racismo. En l se muestran las denuncias de malos tratos por parte del personal policial, que constituyen medidas represivas y la falta de una fiscalizacin que pueda vigilar los sucesos.

Deportaciones

No todas las personas son expulsables, dice el informe de la organizacin. Una persona puede ser expulsada en el momento en el que exista un acuerdo de readmisin entre Espaa y su pas de origen. Los acuerdos en materia migratoria a menudo aparecen camuflados bajo la lgica de cooperacin entre estados y estn dotados de gran opacidad y controversia, producindose stos con terceros estados pero tambin entre estados de la propia UE.

Segn los informes peridicos del Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura (MNPT), el internamiento en el CIE de Aluche ha presentado una tendencia a la disminucin entre 2014 y 2016 pero se observa una ruptura de la tendencia con un importante aumento en el ao 2017. Adems, la disminucin que se produjo de las expulsiones entre 2014 y 2016 fue acompaada de un incremento masivo de las deportaciones exprs. Una prctica que permite ejecutar expulsiones en menos de 72 horas, sin apenas tiempo de formalizar recursos jurdicos, dado que en el plazo de 3 das deben aportar la documentacin. Adems, estas expulsiones se llevan a cabo, por sus caractersticas, con un control judicial dificultado. La opacidad en torno a sta modalidad de deportacin dificulta el acceso a los datos sobre las mismas.

Paradas racistas

La mayora de personas de origen marroqu fueron detenidas tras la solicitud de documentacin en espacios pblicos, ocurre lo mismo con las personas procedentes de Senegal, en el perodo analizado por SOS Racismo hubo 286 personas senegalesas encerradas en los distintos CIE del Estado espaol. El 75% de las personas de esta nacionalidad visitadas en 2014, haban sido detenidas a raz de que la polica les haba pedido la documentacin en un lugar pblico. Se llevan a cabo identificaciones policiales por perfil racial con el objetivo de llenar los vuelos colectivos de deportacin, denuncia la organizacin, que seala el gran negocio que suponen los vuelos colectivos de deportacin para muchas empresas.

Entre 2014 y 2017, un 31% de las personas acompaadas afirmaban haber sido detenidas tras la solicitud de documentacin en espacios pblicos. sta prctica sigue sealando en las calles, a personas que son o se les presupone origen migrante, contribuyendo a la criminalizacin racial. Esto pone de manifiesto cmo las identificaciones racistas permanecen al servicio del sistema de expulsin y las llamadas para que acudan a comisara alegando otros motivos, se siguen empleando como un mecanismo para expulsar, incluso despus de que sta prctica fuera declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No obstante, se observa que estos internamientos han disminuido paulatinamente a la inversa que los internamientos producidos tras la detencin en frontera. La evolucin de los internamientos tras la detencin en frontera corresponda en 2014 al 11%, en 2015 al 13%, aumentando en 2016 hasta el 40%, y llegando ya al 55% en 2017. Esto no significa que las identificaciones racistas disminuyan, sino que es posible que estn ms relacionadas en la actualidad con la prctica de las deportaciones exprs que con el internamiento. Se observa que un 9% de las personas visitadas fueron internadas, como Badara, tras la detencin producida a su salida de prisin y tras el cumplimiento de la pena. Este tipo de detencin supone una triple condena, las personas que son condenadas a prisin, cumplen su condena pero en el transcurso del cumplimiento, no pueden renovar su permiso de residencia. Al salir de prisin, son internadas en el CIE (doble condena) y despus, incluso llegan a ser expulsadas (triple condena).

Despus del CIE, lejos de la creencia de que las personas que son liberadas del CIE pueden automticamente regularizar su situacin, la realidad es que estas personas quedan libres pero su libertad de movimiento no existe. La regularizacin se dificulta al ligarla a la existencia de un contrato laboral formal y al cumplimiento de diversos requisitos. Por ello una de las exigencias de la organizacin es sta desvinculacin del contrato de trabajo al permiso de residencia. Pues lo contrario, condena al crculo de sta violencia institucional.

Segn SOS Racismo, no se trata de mejorar ni abrir nuevos CIE, sino de un cambio en los paradigmas en la poltica migratoria donde no se de el encierro a personas por una situacin administrativa irregular, una poltica que provea de derechos a las personas y que no les prive de ellos. La problemtica no es el tipo de CIE sino su mera existencia. La nica alternativa respetuosa con la dignidad y los Derechos Humanos es su cierre.

Una opinin que comparte Badara. Ningn pas que se precie democrtico debera tener centro de internamiento hechos simple y llanamente para hacer dao a personas que solo buscan un futuro mejor, seala. Los inmigrantes llegan a Espaa despus de un camino de aos donde soportan una infinidad de violencias y cmo son recibidos, mediante la criminalizacin y encierro entre rejas a lo largo de todo el territorio.

Fuente: http://esracismo.com/2018/09/18/por-que-deberiamos-cerrar-los-cie-aluche-y-la-violencia-de-estado/



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