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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-10-2018

Una lectura comprometida
Buen Vivir, Plurinacionalidad y Derechos de la Naturaleza en el debate constituyente

Alberto Acosta
Rebelin


El ejercicio de la autoridad, responsable con quienes le designan, respetuosa del mandato encomendado, ennoblece. Lo contrario, el ejercicio del poder por el poder, embrutece. Ese riesgo no me lo correr, prefiero seguir siendo fiel a mis principios, aun cuando mi renuncia pudiera no ser adecuadamente comprendida.

Alberto Acosta, en su renuncia la Presidencia de la Asamblea Constituyente Junio 24, 2008

 

Este texto lo dedico a todos/as quienes me acompaaron activamente en esta minga democrtica,

en especial a mis asesoras/es, as como a la maravillosa gente de Montecristi.

 

 

Al integrar la cosmovisin indgena del sumak kawsay, o buen vivir, las propuestas de plurinacionalidad e interculturalidad, pero sobre todo los Derechos de la Naturaleza en la Constitucin de la Repblica del Ecuador en 2008, se marc un hito histrico para el pas y el constitucionalismo mundial. La gnesis y alcances de este proceso merecen al menos una primera y comprometida lectura al cumplirse 10 aos de que la mayora del pueblo -por primera vez luego de un proceso constituyente- aprobara la Constitucin de Montecristi aquel domingo 28 de septiembre de 2008 [2] .

A pesar de su contundente aprobacin, la vigencia de la Constitucin no es nada satisfactoria. Falta mucho para que sus principios fundamentales se enracen en la sociedad y emerjan nuevas instituciones sociales, econmicas y polticas prefiguradas en la Constitucin. La sociedad, por diversas razones, an no se empodera de lo que realmente representa esta carta magna: un proyecto de vida en comn. Los gobernantes en estos ltimos diez aos sobre todo Rafael Correa- han irrespetado sistemticamente la Constitucin que juraron defender: los que deban ser sus principales defensores terminaron siendo los violadores ms contumaces. Pero incluso ante esa cruda realidad, muchos elementos raizales de la Constitucin han sido y son motivo de discusin dentro y an ms fuera del pas, como son los ya mencionados principios de plurinacionalidad, Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza, temas que merecen nuestra reflexin permanente.

1. La Constitucin: un proyecto de vida en comn

 

Una constitucin no es solo una norma jurdica sino un proceso social,

un sistema de derechos imbuido en la conciencia de los ciudadanos,

la constitucin es una cultura.

Agustn Grijalva [3]

Toda Constitucin refleja un momento histrico, cristaliza procesos sociales acumulados y plasma una determinada forma de entender la vida; no es el mero resultado de un ejercicio jurdico de avanzada (como lo ven algunos entendidos en materia constitucional). Tampoco resulta del esfuerzo de un individuo inspirado o de varios iluminados. Una Constitucin, ms all de su indudable trascendencia jurdica, es siempre un proyecto poltico; en el caso de la Constitucin de Montecristi se trata de un proyecto poltico de vida en comn, con elementos que auguran un cambio civilizatorio.

Es ms, esta Constitucin es un proyecto elaborado y puesto en vigencia con el concurso activo de la sociedad misma, rompiendo con la larga y conflictiva vida constitucional del Ecuador. La participacin ciudadana dentro y fuera de Montecristi fue una de sus ms notables caractersticas. Esta Constitucin de 2008 intent reconocer las demandas y expectativas acumuladas, sintonizarse con los problemas globales y volverse un medio que ayude a impulsar cambios estructurales. Su contenido intent recoger mltiples alternativas y propuestas de transformaciones de fondo, planteadas al calor de dcadas de resistencias y de luchas sociales que tanto dolor le costaron al pueblo ecuatoriano.

El debate fue una verdadera minga democrtica indita en la compleja historia constitucional del Ecuador (que tiene en su haber veintin constituciones desde 1830 y un nmero elevado de asambleas constituyentes). Ms que la labor de los asamblestas, fue crucial el concurso de muchas organizaciones sociales que apoyaron y propiciaron en un debate democrtico y plural alentado desde Montecristi, enfrentando posiciones conservadoras y retardatorias hasta desde el propio Rafael Correa y su gobierno.

De tales luchas, resistencias, debates y propuestas surgieron alternativas de desarrollo y luego -ms avanzado el proceso- alternativas al desarrollo como el Buen Vivir o sumak kawsay. Desde el incorporar temas trascendentales como los Derechos de la Naturaleza, hasta el poner en entredicho al caduco Estado nacin declarndolo plurinacional e intercultural, los debates constituyentes dejaron enseanzas diversas.

La Constitucin, con sus 444 artculos rompi, adems, la visin clsica que prioriza unos derechos sobre otros al reconocer a los derechos como interdependientes y de igual jerarqua (Art. 11, numeral 6). Esta Constitucin clasifica a los derechos de forma distinta a la tradicional y colonizadora inspiracin europea (con generaciones de derechos que priorizan los derechos de libertad, de propiedad y los derechos polticos propios de una democracia representativa). Ahora todos los derechos tienen igual jerarqua, pero siempre aceptando la necesidad de proteger a grupos de atencin prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, incluyendo a la Naturaleza. A su vez, todos estos derechos tienen un correlato en una seccin dedicada a las responsabilidades.

Seguidamente la Constitucin indica dos regmenes con igual jerarqua: el del Buen Vivir y el de desarrollo, aflorando la tensin de dos conceptos enfrentados en su esencia. Es ms, la Constitucin plantea hasta confusiones y contradicciones al decir que:

el rgimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinmico de los sistemas econmicos, polticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realizacin del Buen Vivir, del sumak kawsay (artculo 275).

En la Constitucin, el rgimen de desarrollo exige una planificacin participativa y que debe expresarse en las reas del trabajo, tanto como de soberanas alimentaria, econmica y energtica. En paralelo, el rgimen del Buen Vivir recoge cuestiones de inclusin y equidad (educacin, salud, vivienda, cultura, etc.), biodiversidad y recursos naturales. Paradjicamente, en el caso ecuatoriano la conquista del Buen Vivir se vincula con varios derechos que, para cristalizarse, exigen superar conceptual y estructuralmente las estrategias de desarrollo. Otra tensin notable es la Naturaleza vista en dos dimensiones: o como sujeto de derechos , con seres que no pueden ser apropiados y cuyo manejo es un derecho de los pueblos indgenas (dimensin dogmtica segn algunos); o como mera proveedora de recursos naturales y cuya propiedad corresponde al Estado.

A pesar de estas tensiones, en la Constitucin quedaron impregnados principios y directrices del Buen Vivir como resultado de una disputa del sentido histrico para superar al desarrollo. Es ms, desde varios planteamientos constitucionales se podra ver al Buen Vivir como una opcin post-desarrollista por construirse.

Cabe aclarar que el Buen Vivir no es una novelera de Montecristi ni de sus participantes. El Buen Vivir emerge de una larga bsqueda de alternativas de vida fraguadas en el calor de las luchas populares - en particular indgenas (Acosta 2018e) - mucho antes de que Rafael Correa acceda al poder poltico; una bsqueda que recoge prcticas y formas de vida de muchos pueblos y nacionalidades del Ecuador. Dichas conquistas constitucionales, que intentaron sintetizar los anhelos populares, obviamente son difciles o imposibles de aceptar (e incluso de entender) para los constitucionalistas tradicionales y para los conservadores de todo cuo.

Quienes ven amenazados sus privilegios con la Constitucin de Montecristi o se asumen como nicos portadores de la verdad acotada a la Modernidad, no descansan en combatirla. As, en estos aos han convergido diversas posiciones conservadoras desde mltiples ideologas -de liberales a socialistas- opuestas a las esencias de la Constitucin como, por ejemplo, la plurinacionalidad o los Derechos de la Naturaleza.

Sintetizando, la Constitucin solo establece bases para desarrollar leyes, polticas y acciones a construirse desde las experiencias de cada persona y grupo implicado. Es la sociedad quien escribe la Constitucin, no al revs; hecho que no minimiza el potencial transformador de una Constitucin, siempre que se la aplique de manera adecuada.

Esta cuestin an posee enormes y continuadas deudas: la Constitucin es la meta al reflejar los objetivos de las luchas de resistencia y de construccin de nuevas visiones de vida, pero es apenas un punto de partida cuando se trata de cristalizar la sociedad prefigurada en el texto constituyente. Una Constitucin transformadora, como la de Montecristi, no es un instrumento para mantener el status quo. Es, en suma, una meta y un inicio para construir, en democracia, una sociedad democrtica.

2. La compleja construccin de un Estado plurinacional

 

El paso del Estado-nacin al Estado plurinacional, comunitario y autonmico es todo un desafo. Se trata de dejar la modernidad, la historia de la soberana en la modernidad, la historia del Estado en la modernidad, la historia de la relacin entre Estado y sociedad, una historia que define la separacin entre gobernantes y gobernados Dejamos atrs una historia de la colonizacin y dominaciones polimorfas dejamos atrs entonces la ilusin que provocaron los Estados nacin subalternos.

 

-Ral Prada Alcoreza (2010)

La crisis de representacin poltica que afectaba a las instituciones democrticas en parte resultado de la profunda crisis social del tornasiglo- implic tambin una crisis del derecho constitucional. La soberana popular estaba sometida a varios apetitos privados. Y, de hecho, incluso luego de aprobarse la Constitucin en 2008, ese sometimiento continu de la mano de viejos y nuevos grupos de poder burgus que tuvieron como principal artfice a Rafael Correa, erigido como el caudillo del siglo XXI, irrespetando los elementos ms democratizadores de la propia Constitucin.

Incluso la soberana nacional, que tanto retumbaba en los discursos de Correa, en la prctica se deterior gravemente. En el neoliberalismo se consider a la soberana nacional como una antigualla, un concepto en disolucin e intil; visin que termin golpeando tambin a la soberana popular. Estas limitaciones crearon conflictos en el sistema de legitimacin, y volvieron al derecho constitucional una letra muerta; realidad lacerante del corresmo (y tambin del morenismo), pues el rgimen de Correa -que despert tantos sueos y expectativas- ahond la dependencia externa del pas y sus extractivismos petrolero, minero y agrario- entregando enormes concesiones a capitales transnacionales, endeud al pas sobre todo con China, hipotec gran parte de las polticas nacionales al firmar un TLC con la Unin Europea entre otras acciones que, a la postre, limitaron la soberana e hicieron que -con Correa- el pas regrese al neoliberalismo : fue, quin lo duda, una dcada desperdiciada (Acosta y Cajas-Guijarro 2018) .

As, el corresmo traicion la tarea encomendada desde Montecristi -pueblo del general Eloy Alfaro, lder de la nica revolucin de la historia ecuatoriana en el cambio del siglo XIX al siglo XX-: en el corto plazo superar al neoliberalismo (y su Constitucin de 1998) y a largo plazo la transformacin estructural y la construccin del Buen Vivir.

Mientras que la Constitucin de Montecristi busc terminar con las normas neoliberales (emanadas desde el Consenso de Washington, intereses privados e incluso desde el FMI, la OMC o el Banco Mundial), en los hechos el corresmo se volvi funcional a viejos y nuevos intereses transnacionales -particularmente chinos-. Correa llev al pas a una suerte de neoliberalismo transgnico (Acosta Cajas Guijarro 2016) : un neoliberalismo donde el propio Estado fortalecido y disciplinador de la sociedad, sirvi para poder modernizar autoritariamente al capitalismo, al tiempo que transnacionalizaba la economa.

Pero ms all de la felona corresta, la Constitucin de Montecristi intent combatir la desvalorizacin del derecho constitucional de la poca neoliberal, recuperar la soberana popular y plantear una visin de la soberana en plural (Acosta Martnez, editores 2012) . Clara muestra es la declaracin de un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrtico, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Tan amplia definicin buscaba un pacto de convivencia de mltiples entradas. En particular la plurinacionalidad lleva a repensar el Estado (Boaventura de Souza Santos 2010) como la unidad de mltiples pueblos y nacionalidades indgenas, afroecuatorianas, montubios, cholos y muchas otras comunidades nacionales: un salto cualitativo respecto al monoculturalismo eurocntrico del Estado-nacin, funcional a la visin de una sociedad homognea til para el neoliberalismo y, sobre todo, para el capitalismo.

La plurinacionalidad exige reformular las relaciones de poder entre Estado y ciudadanas/os -en tanto individuos siempre viviendo en comunidad- para que sean stos los autnticos poseedores de soberana. Esto demanda, de entrada, consolidar los Derechos Humanos (individuales y colectivos), enriquecidos con los Derechos de la Naturaleza para construir el Buen Vivir.

El Prembulo de la Constitucin de 2008 es claro al respecto, cuando propugna:

una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armona con la Naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.

Al plantearse un nuevo Estado debe incorporarse al Buen Vivir y a los Derechos de la Naturaleza como pilares para consolidar y ampliar los derechos colectivos o comunitarios. Esto no se opone a la participacin ciudadana. Al contrario, se plantea una democracia abierta no solo a una ciudadana individual/liberal.

Desde la lgica de los derechos colectivos se abre espacio a ciudadanas colectivas, comunitarias, interculturales. Por igual, los Derechos de la Naturaleza necesitan -y originan- otra definicin de ciudadana, individual, colectiva, pero tambin ecolgica. Por igual acoge una justicia ecolgica que supera a la justicia tradicional: meta-ciudadanas ecolgicas en palabras de Eduardo Gudynas (2009) . Tal visin de ciudadanas es siempre plural, pues depende de las historias sociales, territoriales y de los ambientes. Para alcanzarlas hay que consolidar y ampliar el pluralismo jurdico, as como una gestin pblica plurinacional e intercultural, que asegure una mayor y efectiva participacin ciudadana y comunitaria.

Para superar la colonialidad del poder-saber-ser se necesita una descolonizacin profunda con prcticas interculturales permanentes en toda dimensin vital en colectividad siguiendo a Catherine Walsh (2009). Todos estos son temas de discusin del neoconstitucionalismo transformador y descolonizador (ver el valioso aporte de Ramiro vila Santamara, 2011). Esto exige crear esquemas horizontales que redistribuyan riqueza y poder creando equidades en plural, pues a ms de superar al capital urge dejar atrs otras taras como aquellas nacidas del concepto de raza y del racismo como el configurador ms crudo de estas sociedades. Asimismo, es crucial entender que el capitalismo es patriarcal, otra tara atvica de tantas civilizaciones que debe superarse.

As, la propia discusin sobre la plurinacionalidad es un resarcimiento histrico para pueblos y nacionalidades. A su vez, es una oportunidad para que nuestras sociedades aprendan de el otro en un importante ejercicio de alteridad, asumiendo una convivencia democrtica y equitativa, en donde la armona rija las relaciones humanas y con la Naturaleza. Es decir, la interculturalidad como fundamento de la plurinacionalidad. Tal propuesta se sintetiza, adems, en el reconocimiento diario de las diversidades. Se trata de una vida en comn e inclusiva, sin cabida a la exclusin ni la inclusin subordinada como ejecutan/ron los progresismos-caudillescos de Ecuador y Bolivia (Luis Tapia 2011), que aceptaron la plurinacionalidad en sus constituciones, pero no en sus prcticas.

En suma, este neoconstitucionalismo transformador, fundamental para crear otro Estado, es eminentemente emancipatorio. Es un punto de partida para construir alternativas al desarrollo y superar las aberraciones antropocntricas que arriesgan gravemente la existencia de su propio centro: la Humanidad.

La tarea es aprender, desaprender y reaprender a la vez (Nina Pacari, 2010). Algo complejo que exigir siempre ms democracia, nunca menos. La consolidacin constitucional, en consecuencia, depende de profundizar la democracia en sociedades pluriculturales, que incluyan a las poblaciones histricamente marginadas.

Concluyamos aceptando que el desafo es complejo, mas no imposible. Para enfrentarlo se requiere claridad sobre los horizontes del Estado plurinacional. Horizontes sintetizados por Ral Prada Alcoreza (2010) al sealar que:

El paso del Estado-nacin al Estado plurinacional, comunitario y autonmico es todo un desafo. Se trata de dejar la modernidad, la historia de la soberana en la modernidad, la historia del Estado en la modernidad, la historia de una relacin entre Estado y sociedad, una historia que define la separacin entre gobernantes y gobernados, entre sociedad poltica y sociedad civil, en un contexto matricial donde se demarc la relacin entre dominantes y dominados, a partir de mecanismos de dominacin y diagramas de poder que atraviesan los cuerpos y los territorios, incidiendo en las conductas y comportamientos, en la administracin de la tierra y los territorios, en la explotacin de la fuerza de trabajo. Dejamos atrs una historia de colonizacin y dominaciones polimorfas desplegadas en el mundo, donde la geopoltica de la economa-mundo y del sistema-mundo capitalista divide el planeta entre centro y periferia, racializando la explotacin de la fuerza de trabajo y controlando las reservas y recursos naturales, estableciendo una divisin del trabajo planetaria, convirtiendo a los pases perifricos en exportadores de materias primas y reservas de mano de obra barata, transfirindoles ms tarde, a algunos de estos pases que ingresan tardamente a la revolucin industrial, tecnologa obsoleta, desplazando la industria pesada, considerada de alta y masiva inversin de capital, pero con bajos rendimientos a mediano y largo plazo, prefiriendo optar por eso por la circulacin y la inversin del capital financiero, que rinde grandes beneficios a corto plazo. Dejamos atrs entonces la ilusin que provocaron los Estado-nacin subalternos, una vez concluidas las guerras de independencia y las luchas de liberacin nacional, la ilusin de nuestra independencia e igualdad en el concierto de las naciones, en el marco jerrquico de las Naciones Unidas.  

 

En consecuencia, urge construir sobre la marcha una nueva historia, una nueva democracia pensada y sentida desde los aportes culturales de los pueblos originarios. Una democracia incluyente, armnica y respetuosa de lo diverso (Nina Pacari, 2010). Todo esto como parte de propuestas de transformaciones profundas, civilizatorias, que enfaticen simultneamente pluralidad y radicalidad. Una tarea que requerir de sucesivas aproximaciones que enfrenten todas aquellas maquinarias de muerte que amenazan a la Humanidad y al planeta. Un esfuerzo que libere las fuerzas sociales hoy atrapadas en diversas institucionalidades del poder estatal, potenciando sus capacidades de autosuficiencia, autogestin y autogobierno. Todo esto demanda inteligencia en la crtica, profundidad en las alternativas y, sobre todo, la accin de las fuerzas polticas que lideren y viabilicen estos procesos emancipatorios.

De lo anterior surgen varias interrogantes: Servirn estas reflexiones para configurar Estados que ya no sean herramientas de dominacin (si es que eso es posible)? Es viable descolonizar, despatriarcalizar, emancipar, sin el instrumento estatal? Ser posible configurar Estados profundamente democrticos que impulsen transiciones civilizatorias? Podran transformarse los Estados subalternos y dependientes del poder del capital transnacional en actores que superen el crculo vicioso que alimenta a dicho poder? Sern viables estas transformaciones dada la condicin dominante del capitalismo mundial? Son posibles otras organizaciones internacionales que no reproduzcan -desde lo global- las estructuras de dominacin? Sern estas reflexiones vlidas para la Humanidad o ser mejor empezar a despedirnos del Estado?

El no comprender ni asumir las verdaderas races de Latinoamrica ha llevado a crear Estados (casi) fallidos o naciones en ciernes permanente. La propia inviabilidad histrica de estos Estados nacionales se explica en gran parte por no incorporar a pueblos y nacionalidades indgenas. Sin embargo, an queda la duda de si la incorporacin y no marginacin de esos grupos basta para crear otra estructura estatal que nos lleve a la gran transformacin civilizatoria post-capitalista urgente para que la Humanidad tenga algn futuro (algo complejo si vemos que, en una sociedad dividida en clases, el Estado apunta a la clase que logra hacerse de su manejo). Es ms, quizs la propuesta de Estado plurinacional sirva ms como herramienta para descolonizar, antes que como un aporte concreto de cmo debera ser el nuevo Estado, si es que tiene sentido insistir en buscarlo.

Algo sin duda es claro: para que las grandes transformaciones no se queden en los discursos urge descolonizar y despatriarcalizar (tareas cruciales para superar la explotacin del ser humano y de la Naturaleza por parte del capital); urge rebasar los Estados-Nacin capitalistas, coloniales, oligrquicos... De todas formas, nada cuesta pensar en que quiz la mayor utopa a la que podra aspirar la Humanidad es la vigencia del Buen Vivir y de todas aquellas formas de vida en armona en un mundo sin Estados .

En Nuestra Amrica, el Estado es matizado por una ambigedad fundacional en la construccin de la nacin. Tal matiz, sustentado en la colonialidad del poder, result excluyente y limitante para el avance cultural, productivo y social en general. Ms an, al decir de Ral Prada, en el mundo subalterno los Estado-nacin son funcionales al sistema-mundo pues dependen de la lgica de acumulacin capitalista global. A pesar de eso, los debates sobre el Estado muchas veces se limitaron a coyunturas importantes, pero menores en esencia. As, sin agotar los temas tratados, recordemos que en ocasiones la discusin gir sobre el Estado unitario o federal o sobre el tamao del Estado [4] , pero muy pocas veces se profundiz sobre la esencia misma de la ideologa estatal y sus distintas pretensiones paradigmticas. Y estas discusiones a la postre, una y otra vez, se diluyeron en la compulsin de conservar el poder por el poder.

3. Otro mundo posible desde el Buen Vivir

 

El Buen Vivir, un concepto en construccin, tiene, todava, un largo camino que recorrer como concepto y como gua de un gobierno que tiene como precepto constitucional garantizar el Sumak Kawsay. No es fcil, en efecto, encontrar una buena definicin del mismo ni parece disponible el conjunto de indicadores que podra permitir saber si el gobierno est en la direccin correcta marcada por la Constitucin o se aleja en la direccin opuesta. () sea en trminos de desarrollo alternativo que es la ms benvola interpretacin del SENPLADES, de alternativa al desarrollo que es lo que afirman los indgenas y algunos intelectuales () o simple retrica que es lo que acaba diciendo el presidente Correa y que es quien tiene y controla el poder. Parece que la respuesta sigue abierta.

-Jos Mara Tortosa (2012)

 

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, un debate medular fue el cuestionamiento al rgimen de desarrollo imperante. La discusin se enriqueci con propuestas diversas y plurales desde dentro e incluso fuera del pas.

En especial se rescat la visin de los marginados de la historia por ms de 500 aos, al plantearse al Buen Vivir o sumak kausay (en kichwa) como oportunidad para construir otra sociedad de convivencia ciudadana en diversidad -multiplicidad cultural- y en armona con la Naturaleza. Con tal declaracin, una Constitucin ecuatoriana por primera vez toma un concepto de tradiciones indgenas como base para el ordenamiento y legitimacin de la vida poltica (Cortez 2009) . Al asumir el Buen Vivir desde la cosmovisin indgena, como el sentido de un objetivo general hacia el cual se orienta la vida econmica, poltica, social y cultural se pretenda desmontar el poder colonial (Cortez 2009). O eso se crea al aprobarse la Constitucin.

Incorporar en la Constitucin al Buen Vivir anticip una severa y profunda crtica al desarrollo, entelequia creada para embobar a gran parte de la Humanidad a la que ni siquiera le es posible alcanzarla. El Buen Vivir justamente desnuda los errores de las teoras del desarrollo (Unceta 2014) . Incluso, desde ste podemos preguntar: hasta cundo el fantasma del desarrollo (Acosta 2018c) -guiado por un mandato imperialista- seguir atormentando y robando una vida en armona?, se podr crear un ordenamiento social donde realmente rijan los Derechos Humanos (en sus mltiples dimensiones sociales: polticos, culturales, econmicos, ambientales) y los Derechos de la Naturaleza? La respuesta a estas preguntas es crucial para el Ecuador y la Humanidad.

La propuesta -en construccin- del Buen Vivir, que atraviesa transversalmente a toda la Constitucin, motiv varias interpretaciones en la Asamblea Constituyente y en la sociedad, primando el desconocimiento y el temor en ciertos sectores. Algunos asamblestas, secundados por alguna prensa interesada en el fracaso de la Constituyente -y acostumbrados a verdades indiscutibles- clamaban concreciones definitivas. Para otros, que entendan al Buen Vivir ingenuamente como una despreocupada y pasiva dolce vita, les resultaba inaceptable. No faltaron quienes, temerosos de perder privilegios, no dudaron en anticipar que el Buen Vivir implicaba retornar a las cavernas. Incluso algunos que apoyaron con su voto este principio fundacional de la Constitucin, al parecer no tenan clara la trascendencia de esa decisin Y unos cuantos, opuestos desde una izquierda autista, se aferraron a tradicionales -pero huecos- conceptos de cambio, carentes de trascendencia al no haberse cristalizado en la prctica de las luchas sociales.

Para entender al Buen Vivir -muy diferente del bienestar occidental- se debe recuperar la cosmovisin indgena, cuestin que intent cristalizarse tanto en la Constitucin de Ecuador como en la de Bolivia. Tal recuperacin, de plano, no significa dejar de aprovechar, por ejemplo, muchos y valiosos avances tecnolgicos que podran combinarse con el Buen Vivir. Combinacin posible con un dilogo permanente, constructivo y respetuoso entre saberes y conocimientos ancestrales y lo ms emancipador del pensamiento universal, siempre desde la descolonizacin y despatriarcalizacin permanentes.

Adems, urge reconocer -desde la realidad y complejidad social ecuatoriana- la necesidad de aceptar instituciones que sirvan de transicin o que podran ser el pivote para pensar estructuras diferentes a las actuales estructuras capitalistas. Eso s, sin copiar simplonamente experiencias forneas, pues algo crucial para satisfacer las demandas sociales es reconocer y apropiarse del mbito cultural propio de cada sociedad.

Dicho esto, entendamos que en el mundo indgena no exista el concepto de desarrollo. Eso se ve al confrontar tal concepto occidental con el Buen Vivir, recuperando experiencias concretas de comunidades indgenas. En la cosmovisin indgena no existe un proceso lineal que delimite un estado anterior o posterior. No hay ni la visin de un subdesarrollo a superarse, ni la de un desarrollo a alcanzarse (corolario de la visin de progreso tpica del mundo occidental). Para los pueblos indgenas tampoco existe la pobreza, vista como carencia de bienes materiales o la riqueza vista como su abundancia.

Para la cosmovisin indgena la mejora social est en permanente construccin y reproduccin. De ella depende la vida misma, pero desde el holismo, donde diversos elementos condicionan las acciones humanas que propician el Buen Vivir, y en donde los bienes materiales no son los determinantes. Hay otros valores en juego: conocimiento, reconocimiento social y cultural, cdigos de conductas ticas -e incluso espirituales- en la relacin con la sociedad y la Naturaleza, valores humanos, visin de futuro El Buen Vivir aparece como una categora en la filosofa de vida indgena ancestral, pero que ha perdido terreno por el implacable avance de la modernidad occidental. Sin embargo, su aporte invita a asumir otros saberes y otras prcticas, sin llegar a una equivocada idealizacin de la vida indgena.

Pero la visin andina no es la nica fuente que impulsa al Buen Vivir. Este tipo de propuestas -similares en muchos aspectos- estn presentes en otras partes del mundo, con varios nombres y caractersticas. Se trata de valores, experiencias y prcticas de diferentes perodos y regiones de la Madre Tierra. Cabra destacar el ubuntu (sentido comunitario: una persona es solo a travs de las dems personas y dems seres vivos) en frica o el eco-swaraj (democracia ecolgica radical) en la India (Kothari, Demaria, Acosta 2015) . Las repercusiones internacionales de estos debates sobre el Buen Vivir (Ecuador) o Vivir Bien (Bolivia), emparentadas con muchas otras visiones similares (no necesariamente iguales) en el mundo, son cada vez mayores: propuestas transformadoras, reflexiones polticas, estudios acadmicos e iniciativas se expanden cual efecto de crculos concntricos de una piedra lanzada en un lago. [5]

Incluso desde la propia cultura occidental hay cada vez ms voces que podran sintonizar con el debate planteado desde las visiones de la indigenidad y viceversa. En el mundo se comprende, paulatinamente, cun inviable es el capitalist way of life. As, el Buen Vivir no solo tiene un anclaje histrico en la visin indgena, sino que puede y debe nutrirse de muchos otros principios filosficos (marxistas, ecologistas, feministas, decrecentistas, postextractivistas, cooperativistas, humanistas...).

El Buen Vivir pensmoslo siempre en plural: Buenos Convivires, para no reeditar al desarrollo en tanto perverso mandato global nico- asoma, adems, como plataforma para discutir respuestas urgentes frente a los devastadores efectos de los cambios climticos (Acosta, Viale 2017) . Hay cada vez ms conciencia sobre la necesidad imperiosa de transformaciones profundas que permitan a la Humanidad escapar con vida de los graves riesgos ecolgicos y sociales en ciernes, y que la misma Humanidad ha creado durante su desvaro capitalista. Apenas un ejemplo es el crecimiento material sin fin que podra culminar en un suicidio colectivo.

Incluso a escala global, la (equivocada!) concepcin del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un supuesto mercado capaz de absorberlo todo, no conduce al desarrollo. Lo que se observa -como seala Jos Mara Tortosa (2011), un notable socilogo europeo-, es un maldesarrollo generalizado , existente inclusive en el supuesto mundo desarrollado. Tortosa va ms all, afirmando que:

El funcionamiento del sistema mundial contemporneo es maldesarrollador porque es un sistema basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulacin incesante de capital. sa es la regla de juego que para nada es atemperada por la mano invisible de los sentimientos morales de que hablaba Adam Smith, es decir, por el sentido de la responsabilidad. Si todo vale, el problema son las mismas reglas del juego dictadas y cambiadas coyunturalmente desde arriba para satisfacer aquellos intereses que pueden ser cambiantes. En otras palabras, el sistema mundial est maldesarrollado por su propia lgica y es a esa lgica a donde hay que dirigir la atencin (Tortosa 2011).

Eso no es todo. A ms de que la mayora de la poblacin mundial est lejos de obtener el bienestar material, se estn afectando su seguridad, libertad y hasta su identidad. Ese maldesarrollo generado desde arriba (sea por gobiernos, transnacionales, o lites nacionales o mundiales), tan propio del capitalismo, genera complejidades mltiples inexplicables desde versiones monocausales. Por ello tambin se debe cuestionar la propia divisin del mundo entre desarrollo y subdesarrollo.

Tampoco se puede caer en la trampa del desarrollo sustentable o capitalismo verde pues estos solo son otras herramientas para la revalorizacin del capital (el mercantilismo ambiental, vigente desde hace dcadas, no ha mejorado la situacin; solo la ha maquillado y mercantilizado). Y tampoco podemos tener una confianza desmedida en la ciencia y la tcnica. En definitiva, est en cuestin el mandato tradicional del progreso material acumulativo e indefinido. Y para superarlo hay que dar paso al pluriverso , un mundo en donde quepan todos los mundos, asegurando para todos los seres humanos (y no humanos) la justicia social y ecolgica (Acosta 2018b) .

En suma, es inaceptable un estilo de vida fcil para un grupo reducido de gente, mientras que la mayora sufre para sostener a los privilegiados, y hasta opresores. Esta es la realidad del rgimen de desarrollo actual, un rgimen que siempre fue capitalista.

El capitalismo muestra una gran capacidad productiva. Ha generado progresos tecnolgicos sustanciales y sin precedentes. Ha reducido la pobreza en varios pases. Pero tambin crea procesos sociales desiguales entre pases y dentro de ellos. S, se crea riqueza, pero tambin demasiadas personas no participan de sta. La riqueza, como aseguraba el mismsimo Adam Smith en 1776, solo se explica por una masiva pobreza:

Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres, y la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos .

La construccin del Buen Vivir conduce o debera conducir, por cierto, a una distribucin profunda de esas cosas acumuladas en muy pocas manos. Hay quienes no participan ni de lo mnimo necesario para una vida digna. En oposicin al mal vivir imperante, el Buen Vivir busca una convivencia sin miseria ni discriminacin, asegurando siempre un mnimo de cosas necesarias, pero sin que stas sean la meta. Esto exige construir nuevos patrones de consumo que satisfagan necesidades fundamentales que son siempre iguales en todo tiempo y lugar (axiolgicas y existenciales, como plantean los chilenos Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn 1986) .

El Buen Vivir, entonces, rebasa a la satisfaccin de necesidades y acceso a servicios y bienes materiales. Es ms, para el Buen Vivir la acumulacin material permanente no tiene ni sentido ni futuro; hasta impide alcanzar una vida en armona a los seres humanos entre s y con la Pachamama: la Madre Tierra.

La tarea es clara, pero en extremo compleja. En vez de mantener el divorcio Naturaleza-Humanidad, se debe propiciar su reencuentro, algo as como atar el nudo gordiano roto por una concepcin de vida depredadora e intolerable (pero en extremo atractiva gracias al mundo de los fetiches, piezas clave en la construccin de hegemona).

Desde esa lectura, el Buen Vivir plantea una transformacin civilizatoria al ser -al menos- biocntrica, ya no ms antropocntrica (aunque es mejor verla como una trama de relaciones armoniosas vacas de todo centro); comunitaria, pero sin rechazar al individuo; plural y diversa, no unidimensional, ni monocultural.

Tal transformacin civilizatoria implica necesariamente desmercantilizar la Naturaleza: el agua, en tanto Derecho Humano fundamental (Acosta y Martnez editores 2012) , por ejemplo, no puede privatizarse, como manda la Constitucin de Montecristi (mandato que tampoco cumpli Correa). Los objetivos econmicos deben subordinarse a las leyes de los sistemas naturales y siempre respetando la dignidad humana; tarea en donde el crecimiento econmico quiz puede ser un medio, pero no un fin.

Lo que interesa, ms all de las contradicciones y problemas en su cristalizacin en Ecuador, es que muchos de estos derechos se sembraron en el planeta, basta ver lo que sucede con los Derechos de la Naturaleza...

4. Los Derechos de la Naturaleza: del Ecuador al mundo

 

La idea de considerar a la Naturaleza como un sujeto revestido de derechos ha dejado de ser una rareza. Se cumplen en 2018 diez aos del primer paso en esa direccin, que ocurri con el reconocimiento constitucional otorgado en Ecuador. All se utiliz una frmula novedosa no slo por entenderla como un sujeto, sino por ser intercultural, asociando las ideas de Naturaleza con la de Pachamama.

Aquella formulacin gener tanto crticas como escepticismos, y su aplicacin padece debilidades, pero sirvi como ejemplo. Y es as que en la ltima dcada no han dejado de sumarse otros ensayos, tanto en Amrica Latina, como en otros continentes.

-Eduardo Gudynas (2018)

 

Una primera lectura, realizada desde la aplicacin real de los Derechos de la Naturaleza en la vida jurdica cotidiana, podra ser muy desalentadora. Sin embargo, hay cabida para el optimismo. Ms an si notamos que la vigencia constitucional es reciente y que est rompiendo con visiones conservadoras, al tiempo que estos derechos proponen salidas civilizatorias. Solo pensemos: cunto tiempo ha tomado hasta que se acepten los Derechos Humanos, cuyo cumplimiento en muchas partes es ms que deficitario.

Los Derechos de la Naturaleza (Acosta y Martnez editores 2011) , cuya aceptacin en la Asamblea y fuera de ella no fue fcil [6] , paulatinamente han permeado cada vez ms en los procesos sociales, en las agendas de muchos movimientos, en algunos anlisis desde la academia. En general han provocado sensibilidad social.

A nivel del Ecuador, el colectivo Yasunidos (Colectivo de Investigacin y Accin Psicosocial Ecuador 2015) evidenci cun importante es para la sociedad la Naturaleza en su propuesta de una consulta popular para dejar el crudo del Yasun ITT en el subsuelo (Acosta 2014) , luego de que esta iniciativa fallar en manos del gobierno corresta. De hecho, para muchas organizaciones de la sociedad civil los Derechos de la Naturaleza representan un cambio de visin importante, son una herramienta de trabajo, adems de un hecho simblico bsico para la transformacin.

Esto no sorprende pues ciertos movimientos sociales, sobre todo indgenas y campesinos, desde mucho antes de la expedicin constitucional de estos derechos, han defendido la Naturaleza en las luchas por los territorios o en contra de las diferentes formas de despojo. Sus luchas por los territorios, en contextos de presin por nuevos proyectos extractivos (petroleros, mineros, agronegocios, forestales, etc.) alcanzan su mxima expresin. Actualmente los Derechos de la Naturaleza son clave, no slo por la defensa de los territorios, sino porque destacan el papel de los/as defensores/as que estn siendo criminalizados por sus luchas. Hablar de los Derechos de la Naturaleza es hablar al mismo tiempo de los derechos de sus defensores y sus defensoras, es decir, de los Derechos Humanos.

El aprendizaje y desarrollo de mecanismos de exigibilidad de los Derechos de la Naturaleza (Martnez, Acosta 2017) se observa tambin en las denuncias legales presentadas por los movimientos sociales. En muchos casos se exige respeto y se desarrollan argumentos sobre las relaciones de interdependencia y las amenazas a los ecosistemas, la destruccin de la biodiversidad y la ruptura de los ciclos de la Naturaleza sobre todo en los casos de varios megaproyectos, as como la falta de garantas para la restauracin de los ecosistemas.

En el mbito de la justicia ecuatoriana, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza no resolvi el conflicto entre la naturaleza-objeto y la naturaleza-sujeto. Eso no es novedad. Una Constitucin no cambia la realidad, pero s abre el camino hacia cambios indispensables siempre que la sociedad se empodere de ella.

A pesar del avance constitucional, los conceptos de recursos naturales, bienes naturales o servicios ambientales, utilizados en diferentes leyes, mantienen el sello naturaleza-objeto. Basta ver los cuerpos legales expedidos luego de la aprobacin de la Constitucin en 2008: la Ley de Minera, la Ley de Soberana Alimentaria, la Ley Orgnica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la Ley Orgnica de Recursos Hdricos Usos y Aprovechamiento de Agua, la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecolgico. Inclusive en el Cdigo Orgnico Ambiental hay retrocesos en temas relacionados al sujeto-Naturaleza, pues se afecta la integridad de ecosistemas considerados de extrema fragilidad como las reas protegidas.

Veamos simplemente cmo se finaliz jurdicamente la Iniciativa-Yasuni-ITT. El Decreto Ejecutivo No. 74, del 15 de agosto de 2013, firmado por el presidente Rafael Correa, al que le qued muy grande dicha Iniciativa (Martnez Alier 2013) y la Constitucin misma, autoriz actividades que afectarn territorios de Pueblos en Aislamiento Voluntario, irrespetando olmpicamente los mandatos constitucionales. Como corolario de esta lamentable situacin, el presidente Correa dira demostrando que no entendi los Derechos de la Naturaleza- el 15 de agosto de 2013 que el mayor atentado a los Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar esos Derechos Humanos a supuestos Derechos de la Naturaleza (Gudynas 2013) .

Hay situaciones an ms aberrantes. Los jueces han sido ms abiertos al calificar demandas en contra de detractores del gobierno central que a aceptar demandas en contra de ste ltimo. Por ejemplo, no se acepta un caso referente a los Derechos de la Naturaleza para proteger el Yasun, uno de los ltimos espacios, refugio del jaguar y de dos pueblos indgenas en aislamiento (Tagaeri y Taromenani); pero s se acepta y se condena a un campesino que mat a un jaguar. No se acepta el caso de minera a gran escala en la Cordillera de El Cndor (Proyecto Mirador), pero s un caso de minera artesanal... pero para abrir la puerta a la gran minera tal como lo hizo el gobierno del presidente Rafael Correa: en clara manipulacin de los Derechos de la Naturaleza.

Es complejo superar el pasado de dominacin y opresin a la Naturaleza. sta ha sido histricamente discriminada, y lo sigue siendo en la actualidad, a pesar de ser sujeto de derechos. De hecho, la economa y el desarrollo desde sus visiones convencionales, aspiran perpetuamente a dominar y subordinar la Naturaleza.

Veamos la otra cara de la medalla. De igual forma como ha sido discriminada la Naturaleza, hay causas histricas de desigualdad asociadas a un orden poltico, econmico y social injusto. Un orden que ha constituido estereotipos o prejuicios sociales que pretenden castigar a los ms pobres, o que ocultan la responsabilidad de empresas o grupos poderosos asumiendo que para ellos no existen los permisos.

Un caso emblemtico en donde emerge una jurisprudencia sobre Derechos de la Naturaleza es el de Vilcabamba (Surez 2013) , aunque se perdi en la siguiente instancia, pero que estableci al Ro Vilcabamba como sujeto de derechos: un hecho histrico que tendra repercusiones internacionales. En ese caso se apel al ejercicio del Principio de Jurisdiccin Universal y se present una accin de proteccin constitucional a favor de la Naturaleza, particularmente a favor del Ro Vilcabamba, en la provincia de Loja, Ecuador. Y en la decisin de primera instancia seal que dada la indiscutible, elemental e irrenunciable importancia que tiene la Naturaleza, y teniendo en cuenta como hecho notorio o evidente su proceso de degradacin, la accin de proteccin resulta la nica va idnea y eficaz para poner fin y remediar de manera inmediata un dao ambiental focalizado. Por cierto, este caso -como otros muchos- no prosper.

Casi a diez aos de aprobada la Constitucin se alcanz un logro notable. La decisin de la Corte Provincial de Justicia de Azuay de suspender en segunda instancia la minera en Ro Blanco, tomada el 3 de agosto del presente ao, fue histrica (Acosta 2018g). La larga lucha de las comunidades de la zona, en particular de Molleturo en la provincia del Azuay, va dando frutos. Poco a poco la resistencia de los comuneros fue creando conciencia en la provincia y especialmente en su capital, provocando una potente reaccin en la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua y los Pramos de Cuenca. Fue un triunfo histrico en contra de la avalancha extractivista encabezada por la ministra de Minera y por el entonces ministro del Ambiente, algo que no sorprende si se considera su campaa a favor del extractivismo responsable, sea minero o petrolero . [7]

La sentencia ratificatoria reconoce la importancia de la zona al destacar la declaratoria d el Macizo del Cajas como parte de la red mundial de Reservas de Bisfera de la UNESCO , desde 2013. Esta inclusin - como reconoce la sentencia - se debi a que el rea tiene las condiciones fsicas, biolgicas y socioeconmicas que un espacio geogrfico debe tener para acceder a dicha declaratoria y, por tanto, requiere proteccin. Esta Reserva de la Biosfera abarca las vertientes pacfica y atlntica de la Cordillera de los Andes y est conformada por las zonas ncleo, de amortiguamiento y de transicin. Con una extensin total de casi un milln de hectreas incluye territorio de las provincias de Azuay, Caar, El Oro y Guayas. Es decir, posee pramos, humedales, manglares y ecosistemas marinos. Debido a sus condiciones geogrficas y climticas, en este territorio existe una exuberante diversidad biolgica: en la zona ncleo se halla el Parque Nacional Cajas que posee 71 especies endmicas, de la cuales 16 son nicas de la zona. Adems, hay una gran dinmica econmica, incluyendo cultivos, plantaciones y actividades manufactureras. Se trata de una regin con aproximadamente un milln de pobladores.

Esta ratificacin sienta un precedente jurdico histrico al defender varios derechos constitucionales: Buen Vivir / sumak kawsay, Derechos Humanos, derechos territoriales y comunitarios, Derechos de la Naturaleza. Se reconoce que el Estado no garantiz el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indgenas y menos an el consentimiento expreso en una regin que resiste a la minera por ms de 20 aos; un hecho repetido en la mayora de proyectos mineros del pas.

Incluso se rescata el resultado del referndum del 4 de febrero de 2018, cuando en la quinta pregunta se consult si Est usted de acuerdo con enmendar la Constitucin de la Repblica del Ecuador para que se prohba sin excepcin la minera metlica en todas sus etapas, en reas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? El pronunciamiento favorable a esta pregunta fue contundente tanto a nivel nacional como en Molleturo (donde cerca del 70% de la poblacin respondi SI). Un resultado que, segn la sentencia, prohbe sin excepcin la minera metlica en las reas protegidas. Y, como indica la misma sentencia, el Parque Nacional Cajas es un rea protegida.

La sentencia avanza ms en su razonamiento y establece la necesidad de superar el utilitarismo antropocntrico y pasar a visiones biocntricas, que constituyen la base de los Derechos de la Naturaleza . Desde su aprobacin constitucional, la cristalizacin de estos derechos ha sido compleja, pero avanza, notando que estos derechos constituyen una puerta de entrada a otro mundo posible . As, en dicho documento se establece que:

Los derechos humanos reconocidos en distintos instrumentos internacionales e incluso dentro de las legislaciones internas de cada pas, tuvieron en un momento determinado una visin completamente antropocntrica del derecho ambiental. Pero hoy en da, se habla de otro tipo de posicin del derecho ambiental con la denominada biocntrica o ecocntrica, la cual considera que el ser humano, no constituye el nico ser que necesita proteccin y es importante. Todo ser vivo e incluso la propia tierra o naturaleza, son entidades que merecen respeto y proteccin por parte del sistema jurdico de un pas. En este sentido se dice que el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano no tiene como nico objetivo, otorgar al ser humano sus condiciones necesarias para su desarrollo de vida; sino que tambin a travs de este reconocimiento lo que se busca es la conservacin y proteccin del medio ambiente. La naturaleza debe ser vista como un conjunto en donde cohabitan distintos ecosistemas, seres vivos, recursos naturales, y el ser humano; quien es tambin parte de ese sistema y por lo tanto al ser parte de un todo, debe proteger el lugar donde vive; esta posicin biocntrica o ecocntrica lo reconoce nuestra Constitucin al otorgarle derechos a la naturaleza y al considerarlo al ser humano como parte de ella.

La importancia de estos derechos rebasa nuestras fronteras. Y la sentencia sobre Ro Blanco da un paso ms que -sin duda- aumenta su significado histrico, al defender el derecho al Buen Vivir (Acosta 2018c) afirmando que

no podemos pasar por alto que el Ecuador mediante la vigencia de la nueva Constitucin decidi constituir una nueva forma de convivencia ciudadana en la diversidad pero en armona, en la bsqueda del buen vivir (sumak kawsay), definido como: Sumak.- significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realizacin; y kawsay.- es la vida, en referencia a una vida digna, en armona y equilibrio con el universo y el ser humano, en sntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida .

Cabra aadir que este proyecto minero tampoco cumpli con el Mandato Constituyente nmero 6 , conocido como mandato minero, expedido en Montecristi el 18 de abril de 2008, y desde entonces arranc el festn minero del siglo XXI (Acosta y Hurtado 2016) . En ese Mandato Constituyente -entre otros puntos irrespetados por el corresmo y el morenismo- se prohbe toda minera que afecte fuentes y nacimientos de agua. Es decir, no puede haber minera en pramos, ros, lagos y lagunas, humedales, manglares, selvas y bosques primarios Algo vital pues, pues si se afecta agua y biodiversidad, se pone en peligro la vida de las comunidades.

Realmente ste es un triunfo importante. Es una forma potente de reconocer la fuerza del espritu de Montecristi, el cual ha sido cuestionado desde sus inicios por conservadores de todo tinte ideolgico. Conservadores que desde hace algunos aos claman por una nueva constituyente; reclamo al que se suma el corresmo en retirada.

La sentencia de Ro Blanco sumada al lento proceso de descriminalizacin de los defensores de los Derechos Humanos y de la Pachamama, como sucede con los perseguidos en Saraguro- est en lnea con otros triunfos de similar trascendencia registrados en este mismo tiempo. [8]

En sntesis, vivimos una hora histrica.

Ms all de los resultados de los procesos en los 25 casos registrados hasta la fecha que demandan los Derechos de la Naturaleza ante las cortes, el ejercicio que hace la sociedad es importante, pues plantea nuevos horizontes y geografas.

Algo ms. Cabe destacar la visin de los Derechos de la Naturaleza como derechos universales, as fue la demanda planteada en Ecuador contra la empresa BP (British Petroleum), por la explosin e incendi en la plataforma Macondo y el posterior derrame sobre el Golfo de Mxico (Acosta 2010) . Una empresa que no opera en el Ecuador y un Golfo que tampoco pertenece a su delimitacin nacional, sin embargo, la argumentacin presentada fue que la Naturaleza es una sola, tiene derechos y debe protegerse. A pesar de que se desech la demanda, su solo planteamiento provoc importantes reflexiones.

Nuestro ejemplo se expande por el mundo.

En noviembre de 2016 al Ro Atrato y su cuenca en Colombia ( Benhr y Gonzlez Astorga 2017 ) se le reconoci similares derechos por la Corte Constitucional: la sentencia dictada por la Sala Sexta de la Corte Constitucional de Colombia es significativa porque proviene del mximo rgano de control constitucional del pas sudamericano; que, adems, goza de alto prestigio, resalta el jurista Hugo Echeverra; igual sucedi ms tarde en 2018 con la Amazonia colombiana; dos acciones realmente notables en un pas en donde estos Derechos de la Naturaleza se conquistan con respuestas creativas de mbito ciudadano. En 2016 la Corte Suprema de Uttarakhand en Naintal, al norte de la India, sentenci declarando que los ros Ganges y Yumana son entidades vivientes. En marzo de 2017 el Ro Whanganui en Nueva Zelanda fue reconocido como sujeto de derechos para que pueda presentarse en los estrados judiciales a travs de sus representantes: el pueblo Whanganui iwi. En 2013, el Parque Nacional Te Urewera, tambin de ese pas, fue reconocido como entidad legal con los derechos de una persona; si bien la tierra no tiene dueo, es manejada en conjunto por los pueblos Crown y Tuhoe. En Argentina, el senador Fernando Pino Solanas ha propuesto un proyecto de ley sobre los Derechos de la Naturaleza. Y as por el estilo, este tema se difunde por el mundo con creciente velocidad e intensidad.

Las luchas inspiradas en los Derechos de la Naturaleza, sobre todo luego de su adopcin constitucional en Ecuador, se multiplican. Adems, los Derechos de la Naturaleza de la Constitucin ecuatoriana actan como elemento para defender territorios indgenas fuera del pas, como es el caso de la accin pblica para impedir la construccin de la Hidroelctrica en Bello Monte, Brasil. La demanda seal que, teniendo como referente la Constitucin de Ecuador, poda ser ms didctico claro y oportuno aplicar los Derechos de la Naturaleza por la destruccin del territorio de Xingu. [9]

A nivel subnacional, el condado de Tamaqua, Pennsylvania fue el primer municipio de EEUU en aprobar una ordenanza local reconociendo los derechos de la Naturaleza de existir, prosperar y evolucionar en 2006. Desde entonces ms de 36 comunidades en los estados de Pennsylvania, Ohio, New Mexico, New York, Maryland, New Hampshire y Maine aprobaron ordenanzas similares que codifican los Derechos de la Naturaleza. En Nepal est en proceso una iniciativa para reconocer los derechos de la Naturaleza a travs de una enmienda constitucional. De otro lado un grupo de ciudadanos norteamericanos present una demanda para que las Montaas Rocosas o el desierto de Nevada puedan demandar legalmente a individuos, corporaciones o gobiernos en EEUU.

Hay muchas propuestas emparentadas con este objetivo. Por ejemplo, estn la Carta de la Tierra como intento de carta magna o constitucin del planeta , promovida en el entorno de las Naciones Unidas y de sus organizaciones desde el ao 2000; o la Declaracin Universal de los Derechos de la Tierra, impulsada por EnAct International: organizacin impulsada por Comac Cullinam, que ha trabajado por aos sobre esta materia y tiene varios aportes al respecto. Tambin la UICN reconoce la importancia de los Derechos de la Naturaleza en su resolucin La incorporacin de los Derechos de la Naturaleza como punto focal de organizacin en la toma de decisiones de la UICN adoptada en el Congreso Mundial de la Naturaleza 2012 de la UICN en Jeju. La Resolucin invita a la UICN y a sus miembros a promover una Declaracin Universal de los Derechos de la Naturaleza para reconciliarnos como seres humanos con la Tierra.

Tambin aqu se puede destacar los avances y retrocesos bolivianos. Bolivia -en cuya Constitucin no constan los Derechos de la Naturaleza- asumi un importante liderazgo, al menos en el discurso internacional. Desde el fracaso de la Cumbre (COP) de Copenhague en diciembre de 2009, el presidente Evo Morales convoc a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climtico y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Tikipaya, cerca de Cochabamba, en abril de 2010.

All, a ms de adoptar la Declaracin Universal de los Derechos de la Madre Tierra (2010) , se plante crear un tribunal internacional que sancione delitos ambientales. Ms adelante, en julio del mismo ao, Bolivia consigui otro logro al declararse al agua como derecho humano fundamental en Naciones Unidas; algo ya conseguido en la Asamblea Constituyente ecuatoriana de 2007-2008. Como se ve, tal declaracin universal sobre el agua, aunque no es de obligatorio cumplimiento, puede ser otro punto de referencia.

Debemos entender que las relaciones emancipatorias con la Naturaleza, entre la sociedad, gneros y generaciones, se construyen desde las prcticas sociales. Son patrimonio de las sociedades y, en su relacin con el Estado, deben ser fortalecidas, protegidas y reconocidas para que no sean reprimidas. Las relaciones de armona con la Naturaleza son ejercidas por muchos pueblos y personas. Son un proceso en construccin, que marca las pautas para asegurar otras formas de reproduccin social, respetuosas de la Naturaleza y de las culturas, destinadas a formular demandas y crear otros imperativos.

El trnsito de objeto a sujeto de la Naturaleza ha empezado. Si en un pequeo pas andino como Ecuador se dio un paso de trascendencia planetaria, motiva que en otras latitudes se comienza a debatir sobre el tema. Esta es una cuestin global, a todas luces.

Entonces, si estamos frente a una cuestin global, es hora de impulsar a nivel de Naciones Unidas la Declaracin Universal de los Derechos de la Naturaleza (Acosta 2010) . Igualmente urgente es establecer un tribunal internacional para sancionar los delitos ambientales, contra las personas y la Naturaleza (Acosta 2014) .

En sntesis, la tarea pendiente es ardua. Hay que vencer tanto visiones miopes como resistencias conservadoras y prepotentes que esconden y protegen varios privilegios, a la vez que se construyen diversas y plurales estrategias de accin. La vigencia de los Derechos de la Naturaleza y de los inseparables Derechos Humanos exige la existencia de marcos jurdicos locales, nacionales e internacionales adecuados, considerando que estos temas ataen a la Humanidad en su conjunto; tambin ataen a otras teoras del derecho, que desafen la propiedad privada, la gobernanza de una solo especie, a un sistema organizado para explotar la Naturaleza, y a todo lo que nos ha llevado a crisis ecolgicas sin precedentes, en el marco de lo que se conoce como antropoceno, que en realidad debera considerarse como capitaloceno, sustentado en el faloceno y racismoceno (Acosta 2018d) .

La recepcin de los Derechos de la Naturaleza, ms all de su incumplimiento en Ecuador, ha sido una suerte de advertencia y simultneamente un mensaje que abre la puerta a respuestas de alcance civilizatorio.

Los pasos vanguardistas dados en la Asamblea Constituyente de Montecristi indican por dnde debemos empezar a construir una nueva organizacin social, si realmente se busca una opcin de vida en respeto y convivencia dentro de la Naturaleza, garantizando una existencia digna a todo tipo de vida.

En la Constitucin ecuatoriana de 2008, al reconocer los Derechos de la Naturaleza, es decir entender a la Naturaleza como sujeto de derechos, y sumarle el derecho a ser restaurada integralmente cuando ha sido destruida, se estableci un hito. Igual de trascendente fue incorporar al trmino Pacha Mama, sinnimo de Naturaleza, en tanto reconocimiento de plurinacionalidad e interculturalidad (Tortosa 2009) .

A lo largo de la historia, cada ampliacin de derechos fue anteriormente impensable. La emancipacin de los esclavos o la extensin de derechos a afroamericanos, mujeres y nios y nias fueron una vez rechazadas por considerarse un absurdo. Se ha requerido que a lo largo de la historia se reconozca el derecho de tener derechos, lo cual se ha conseguido siempre con un esfuerzo poltico para cambiar las visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. Es curioso que muchas personas, opuestas a ampliar estos derechos, no tienen empacho en entregar derechos casi humanos a las personas jurdicas esa s, una de las mayores aberraciones del derecho.

Esta aceptacin de los Derechos de la Naturaleza es una fuente pedaggica potente, que supera el solo cumplimiento de normas constitucionales. Aunque, la compleja judicializacin de dichas normas provocar, a no dudarlo, mayores espacios de apertura para producir conocimientos desde nuevos marcos conceptuales.

La liberacin de la Naturaleza de la condicin de sujeto sin derechos o de mero objeto de propiedad, exigi y exige, un esfuerzo poltico que la reconozca como sujeto de derechos. Asimismo, dicho esfuerzo deber buscar la aceptacin de que toda vida tiene el mismo valor ontolgico en medio de la diversidad. Dotar de Derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar polticamente su paso de objeto a sujeto, dentro de un proceso centenario de ampliacin de los sujetos del derecho. En sntesis, visto incluso desde un simple egosmo ilustrado, la cuestin radica en rescatar el derecho a la existencia de la propia Humanidad. Aqu cabe la clebre frase de un gran filsofo racionalista del siglo XVII, el holands Baruch de Spinoza (1632-1677) quien, en oposicin con la actual postura terica sobre la racionalidad, reclamaba que

cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es tambin a la razn, y cualquier cosa que sea contraria a la razn es absurda.  

Lo que hacemos por la Naturaleza lo hacemos por nosotros mismos. Esa es la esencia de los Derechos de la Naturaleza desde una perspectiva de egosmo ilustrado. Insistamos hasta el cansancio que el ser humano no puede vivir al margen de sta, peor si la destruye. Somos Naturaleza, y siempre lo seremos. El Papa Francisco en su Encclica Laudato Si (2015) es categrico:

Nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo est constituido por los elementos del planeta () Cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relacin, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados.  

As, garantizar la vida de la Naturaleza es indispensable para asegurar la vida humana. Esta lucha de liberacin, en tanto esfuerzo poltico, empieza por reconocer que el capitalismo destruye sus propias condiciones biofsicas de existencia en su desesperada bsqueda por acumular bienes materiales, capital y poder.

Aprendiendo de la diplomtica boliviana para impulsar los Derechos de la Madre Tierra -que no tuvo una cristalizacin dentro de ese pas- y la declaracin sobre el agua en el seno de Naciones Unidas, con el fin de impulsar la Declaracin de los Derechos de la Naturaleza se debera constituir un bloque de pases comprometidos con el tema, que planteen estas luchas desde la colaboracin y complementacin internacional, considerando que tales acciones tomarn tiempo en cristalizarse. Y que, por tanto, estas acciones, con una diplomacia profundamente renovada y renovadora, deberan ser mltiples y plurales para sumar adeptos a la causa. Aunque, tambin es necesario que el compromiso de dicho bloque rebase los discursos y sea consistente con sus prcticas locales, incluso para motivar a la accin internacional. Basta ver que uno es el discurso del gobierno boliviano y otra muy diferente la prctica de un rgimen extractivista que arrasa con la Pacha Mama y las comunidades.

Es evidente que no se trata solo de acciones gubernamentales. Sabemos que en no pocas ocasiones los cambios de gobierno desvan el rumbo trazado inicialmente o inclusive en los pases proponentes puede declinar el inters por los proyectos iniciados. Eso exige que la sociedad civil, al liderar esta accin, proponga e incluso dirija actividades y campaas a nivel nacional e internacional. Este es un punto medular: la sociedad civil en concreto los movimientos sociales y ciudadanos- debe mantener siempre la presin y no perder nunca la iniciativa.

Es preciso estudiar todas las opciones internacionales, conscientes de que no se puede esperar que una Declaracin como la aqu propuesta d resultados inmediatos. Los Derechos Humanos no nacieron plenamente desarrollados. Desde la Revolucin Francesa en 1789, pasando por su Declaracin Universal en diciembre de 1948, hasta la creacin de mecanismos de exigibilidad internacional desde los aos sesenta en adelante con sistemas regionales y universales de exigibilidad de derechos, fueron muchas las luchas y frustraciones acumuladas. Su diseo y aplicacin implicaron e implican un esfuerzo sostenido. Y desde ah cada nuevo derecho exige una compleja accin y lucha poltica junto con redoblados pasos diplomticos. As, el Derecho Humano a la educacin y al trabajo, incorporado en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, exigi un largo debate. Algo similar fue con el Pacto Internacional sobre Derechos Econmicos, Sociales y Culturales o con la Declaracin sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

En consecuencia, tngase presente lo difcil que es aceptar y ampliar -en la prctica- los Derechos Humanos, asumidos formalmente como un mandato universal ya en 1948. Esto, sin embargo, no condujo ni debe conducir al desaliento cuando aspiramos a nuevas ampliaciones de derechos. Se debe superar tradiciones que consideran como sujetos de derechos solo a quienes pueden reconocer qu es un derecho y ejercerlo directamente (desconociendo incluso a personas incapacitadas por diversas razones de asumir directamente esos derechos, pero que no estn desprovistas de stos).

Para avanzar en este campo urge generar varias propuestas estratgicas de accin para traducir los avances constitucionales, por ejemplo, en leyes, normas, indicadores y polticas. Se precisan a nivel local, nacional, regional, global- respuestas especficas sobre agua, biodiversidad, patrimonio natural, ecosistemas, recursos naturales renovables y no renovables, as como sobre aspectos conceptuales de responsabilidad jurdica ambiental, tanto individual como colectiva.

Desde lo internacional la tarea es ms compleja an. La estricta vigencia de los Derechos de la Naturaleza exige crear marcos jurdicos e instancias internacionales adecuadas, como el ya mencionado tribunal internacional para sancionar delitos ambientales. Los problemas ecolgicos ataen a toda la Humanidad.

Es mucho lo que se puede hacer desde la sociedad civil. Aqu cabe mencionar las acciones desplegadas por diversas organizaciones y personas de todos los continentes para constituir el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra, cuyo empeo es profundizar la discusin de esta cuestin vital al tiempo que se prepara el terreno para construir un tribunal que haga realidad la sancin a las violaciones de estos derechos, seguramente afincado en el seno de Naciones Unidas. Este es un espacio tico que trabaja por hacer realidad dichos derechos y que cada vez repercute ms en el mbito internacional.

En definitiva, si la Naturaleza incluye a la Humanidad, sus derechos no estn aislados de los Derechos Humanos, aunque tampoco se reducen a estos. Inversamente, los Derechos Humanos como el derecho al trabajo, a la vivienda o a la salud deben entenderse en trminos ecolgicos. Esto exige reconceptualizar los Derechos Humanos de forma ecolgica profunda y transversal, pues la destruccin de la Naturaleza niega la existencia humana y, por tanto, los Derechos Humanos seran imposibles. As, la justicia ecolgica y la justicia social se complementan: la una no es posible sin la otra.

Los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza, que articulan una igualdad biocntrica, unos derechos bioculturales, un derecho salvaje (como lo denomina Cormac Cullinan), una propuesta desde lo comn, aun siendo analticamente diferenciables, se perfeccionan y conforman una suerte de derechos de y a la vida. Por eso, los Derechos de la Naturaleza, imbricados cada vez ms con los Derechos Humanos, conminan a construir democrticamente sociedades sustentables, a partir de ciudadanas plurales pensadas tambin desde lo ecolgico.

En suma, requerimos un mundo reencantado alrededor de la vida, abriendo dilogos y reencuentros entre los seres humanos, en tanto individuos y comunidades, y de todos con la Naturaleza, entendiendo que todos formamos un todo: en definitiva, hablar y defender la Naturaleza es hablar y defendernos a nosotros mismos.

4. Diez aos despus, hemos avanzado... pero la tarea est pendiente

 

Maana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados.

Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven as porque no nos animamos a pelear.

-Mahatma Gandhi  

 

An falta hacer un balance crtico sobre la situacin actual y el impacto de la Constitucin en la sociedad ecuatoriana. Lo cierto es que -desde su aprobacin- sta ha sufrido y sufre reiteradas violaciones. Ejemplos claros son: la metida de mano a la justicia en mayo de 2011 impulsada por Correa, va una consulta inconstitucional; los tambin inconstitucionales cambios a la Constitucin en diciembre de 2015, retirados luego en 2018 a travs de la misma Corte Constitucional que acept los cambios de 2015 y que nunca estuvo a la altura del espritu de Montecristi; la gran cantidad de leyes y disposiciones atentatorias a la Constitucin, empezando por la ley de minera en enero de 2009... Como ya dijimos, el gobierno que impuls la Constitucin devino en su mayor transgresor.

A Rafael Correa, el caudillo del siglo XXI, la Constitucin de Montecristi le result una camisa de fuerza para sus apetencias de poder y una camisa de once varas ante su incapacidad para cumplir con los cambios profundos propuestos en esa carta magna, tal como pas con la cuestin de la Plurinacionalidad, el Buen Vivir y los mismos Derechos de la Naturaleza.

De hecho, hay muchos ms temas que merecen analizarse. Entre los que no puede faltar un debate sobre si la Constitucin es el origen del rgimen autoritario de Correa: hay varios puntos cuestionables en la Constitucin, incluyendo aquellos que consolidan tradicionales estructuras y prcticas presidencialistas, pero tampoco podemos ser ingenuos y explicar el autoritarismo del corresmo por el presidencialismo reforzado de la Constitucin la calentura no est en las sbanas. Tampoco podemos centrarnos solo en lecturas desde el populismo y el caudillismo, buscando explicaciones en la persona del caudillo del siglo XXI. Requerimos lecturas estructurales, como aquellas asociadas a la modalidad de acumulacin primario-exportadora: en dicha modalidad de acumulacin, de prcticas extractivistas, encontramos las races de una economa y un Estado rentsticos, una sociedad clientelar y profundos rasgos de autoritarismo y corrupcin ( Acosta, Cajas-Guijarro 2017 ) en la gestin del gobierno: A ms extractivismo, menos democracia!, es evidente.

Eso deja claro que una Constitucin garantista no asegura en la prctica que las instituciones y el gobierno sean consecuentes con los postulados constitucionales, ni tampoco que la Constitucin sea la herramienta clave para engendrar al autoritarismo. La realidad no se escribe con una Constitucin, sino al revs. Las personas no gozan de los derechos constitucionales solo por estar consagrados en el texto constitucional, ni tampoco ganan poderes especiales por el mero hecho de que stos se encuentren escritos en el papel. La vigencia de la Constitucin -para bien o para mal- es un aspecto que debe disputarse desde la lucha poltica concreta.

Si bien una Constitucin no cambia la realidad, su conocimiento y vigencia contribuyen a modelarla. Por eso, para que su cumplimiento genere confianza, cohesin social e institucionalidad se precisa una sociedad en marcha, empoderada de su Constitucin, que haga realidad el cumplimiento de sus derechos y garantas, y que cumpla con sus obligaciones. Y tambin, como parte de ese empoderamiento, se necesita que la misma sociedad cuestione a la Constitucin y vea todo aquello que necesite mejorarse y superarse. De nuevo, la sociedad debe disputar la vigencia y perfeccionamiento permanente de su Constitucin.

Justo a esa disputa aporta el Buen Vivir -en tanto filosofa de vida- como base para construir un proyecto liberador y tolerante, sin prejuicios ni dogmas. Y ah ya tenemos una primera tarea concreta: hacer que en la Constitucin ya no exista esa ambigedad entre Buen Vivir y desarrollo. Pues, reiteremos, el Buen Vivir es un proyecto que, al sumar muchas historias de resistencia y de propuestas de cambio, al nutrirse de experiencias diversas, se posiciona como inicio no del desarrollo sino de la construccin en democracia de una sociedad radicalmente democrtica.

Alberto Acosta es ex-Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi.

 

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[1]   Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ex-ministro de Energa y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la Repblica.

NOTA: El autor agradece los valiosos aportes y sugerencias del doctor Ramiro vila Santamara y del economista John Cajas-Guijarro.

[2] El S obtuvo 63,93% de los votos; el No 28,1%; los votos nulos fueron 7,23% y los blancos 0,75%. Se recomienda leer el Informe Final sobre el Referndum Constitucional Aprobatorio de Ecuador del 28 de septiembre de 2008, elaborado por el Centro Carter, 25 de octubre de ese ao .

[3] Del prlogo del libro Ramiro vila Santamara (2011); El neoconstitucionalismo transformador El estado y el derecho en la Constitucin de 2008.

[4] Basta ver la discusin propuesta por el autor de estas lneas en su libro El Estado como solucin , ILDIS, Quito (1998), tanto como la discusin posterior del tema en diversos textos: 2007, 2008, 2009, 2010 Sin tratar de negar las fallas de dichos textos, cabe anotar que hay que ubicarlos en los correspondientes momentos polticos, sobre todo al inicio de enfrentamiento al Estado mnimo de la ideologa neoliberal. Por cierto un paso sustantivo da el autor en el artculo: Repensando nuevamente el Estado Reconstruirlo u olvidarlo, varios autores, Amrica Latina: Expansin capitalista,   conflictos sociales y ecolgicos (2018a) , Universidad de Concepcin, Chile.

[5] La lista de textos existentes crece. Basta ver la enorme acogida por parte de autores/as y lectoras/as que tiene la Serie Debate Constituyente, que edito con Esperanza Martnez, y que ya tiene una veintena de ttulos como se aprecia en la bibliografa. Igualmente se podra mencionar, como ejemplo simblico de este creciente inters, la realizacin anual del Da del Buen Vivir (der Tag des Guten Lebens) instalado desde hace seis aos en la cuarta ciudad alemana: Colonia (Kln) y cuyo ejemplo se expande aceleradamente.

[6] Algn momento cabra recordar los detalles de algunos debates constituyentes donde se avanz con mecanismos y apoyos suigneris, como la misma aprobacin de los Derechos de la Naturaleza, proceso en el que intervino el gran pensador uruguayo Eduardo Galeano (2008) . Basta recordar ese clebre artculo La Naturaleza no es muda, del que podemos extraer, entre otras, la siguiente idea fuerza: La Naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos hacindonos los sordos. Y quizs hasta Dios escuche la llamada que suena desde este pas andino Ecuador-, y agregue el undcimo mandamiento que se le haba olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sina: Amars a la Naturaleza, de la que formas parte. (Sobre esta cuestin se puede consultar en Acosta 2015).

[7] Como en muchos otros emprendimientos mineros, el punto medular radica en que al proyecto aurfero Ro Blanco, uno de los cinco proyectos considerados estratgicos, se le impuls atropellando derechos a diestra y siniestra. Es decir, se impuso la minera en contra de las comunidades, sin importar las afectaciones a la Naturaleza (Sacher 2018). La violencia no es consecuencia, sino condicin necesaria para la minera. Estas son normalmente actividades impuestas sin considerar sus impactos nocivos, sean sociales, ambientales, polticos, culturales e incluso econmicos. Lo vemos en otros lugares del pas: Cordillera del Cndor en Morona Santiago y Zamora Chinchipe; Intag en Imbabura.

[8] Otro caso importante se registr tambin en la Amazona. El juez de la Unidad Multicompetente del cantn Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbos, fall en agosto de 2018 a favor de la comunidad Cofn Sinangoe y la Defensora del Pueblo de Sucumbos, que interpusieron una Accin de Proteccin para frenar la minera de oro en su territorio. El juez, como se puede leer en la respectiva sentencia , declar, entre otros puntos a ms de las afectaciones a la Naturaleza, la vulneracin del derecho a la consulta previa, libre e informada, disponiendo la inmediata suspensin de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha en ese territorio, adems de las que estn en trmite, y que ocupan ms de 31 mil hectreas aledaas al parque Nacional Cayambe Coca y al territorio de la comunidad Cofn. Otra resolucin judicial histrica es la de la Corte Constitucional del Ecuador , expedida el 27 de junio y dada a conocer el 10 de julio del ao 2018. La Corte rechaz la accin de proteccin interpuesta por la transnacional Chevron-Texaco ratificando la sentencia en su contra por daos sociales y ambientales ocasionados en la Amazona ecuatoriana ( Beristain, Rovira, Fernndez 2010) durante el tiempo que oper entre 1964 y 1992. La transnacional petrolera est obligada a pagar una indemnizacin de 9.500 millones de dlares. Con esta resolucin se cierra la batalla jurdica en las cortes ecuatorianas. Desde hace 25 aos las comunidades indgenas y de colonos afectadas por la transnacional vienen exigiendo justicia, en un proceso lleno de cortapisas por parte de la empresa en contubernio con gobiernos ecuatorianos , incluyendo el gobierno de Correa (Alerta Verde 170, 2014). Es una lucha que continua en instancias internacionales y que llegara, como habran afirmado los directivos de la empresa segn Pablo Fajardo, uno de los abogados histricos de los afectados-, hasta las fronteras del infierno . Con este proceso, ms all del fallo adverso en el Tribunal de Arbitrajes de la Corte de la Haya, se construye paso a paso lo que constituye como lo anot en 2011- un triunfo de la Humanidad .

[9] AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL com Pedido de Liminar em face de: Norte Energia S/A (NESA) concessionária de Uso de Bem Público para exploração da UHE Belo Monte, CNPJ/MF 12.300.288/0001-07, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco F, Lote 12, salas 706/708 (parte), Edifício Via Capital, Brasília/DF, CEP 70.041- 906.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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