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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-10-2018

Ejecuciones extrajudiciales
Ejecuciones extrajudiciales: Terminar con la impunidad del Estado

Bladimir Ramrez
Prensa Rural


Qu existe ms all de los mal llamados falsos positivos? La ejecucin extrajudicial, la ejecucin arbitraria y la ejecucin sumaria son los crmenes que han cometido miembros del Estado, los cuales han quedado en la impunidad. Este artculo aborda esta cuestin definiendo qu son y las implicaciones de los crmenes.

Vengo a incomodar. Y lo digo porque el acto de mirar por el retrovisor en un pas como Colombia se torna fastidioso para algunos al momento de hablar de nuestras guerras. Tal como lo dira el escritor Juan Gabriel Vsquez recordar cansa, esto es algo que no nos ensean, la memoria es una actividad agotadora, drena las energas y desgasta los msculos. No obstante, no queda otro camino que insistir en el asunto.

La memoria esa estrategia selectiva sobre qu recordamos y qu olvidamos, totalmente dialctica, mltiple y multiplicada, sometida a extensas latencias y sbitas resurrecciones es la herramienta que permite interpelar la verdad y definir las percepciones fundamentales de una sociedad respecto a tres preguntas: quines, cmo y por qu. Y hoy, en la actual coyuntura, la memoria y la verdad se debaten en torno a un acontecimiento que tiene como centro el derecho a la vida: los casos de ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdiccin Especial para la Paz, sobre todo cuando en das pasados el general en retiro Mario Montoya acudi a la misma para demostrar su inocencia frente a la comisin de aquellas.

Total, en este asunto de relatos mltiples que se imbrican, superponen y contradicen sobre lo que han sido nuestras formas de tramitar los conflictos mediante la guerra o dicho de otro modo, el encuentro hacia una convergencia homicida se proponen lecturas y se especifican enfoques sobre hechos, responsabilidades y modos de operar. Pues bien, dije al comienzo que vena a incomodar, y lo hago insistiendo en algo bsico para poder hablar de verdad y paz: el tema de la responsabilidad del Estado en la violacin del derecho a la vida mediante la comisin de ejecuciones. Repito, a algunos, en determinados sectores e instituciones, les fastidia, siguen considerando el tema como algo aislado, episodios colmados de incertidumbre, manifestaciones muy locales y dispersas de una falla en el servicio; tal vez sea porque los cuestionan o terminan en poner en evidencia algo que los seala. En otras palabras, les huele a mierda.

Encuentro pertinente insistir en ello por tres razones. La primera de ellas es porque se trata del derecho a la vida, y aunque parezca hasta insultante la obviedad del mismo, se debe dejar en claro que sin l no son posibles los dems derechos. Segundo, por lo nocivo que resulta en estos casos los lugares comunes, el lenguaje reducido y los eufemismos; no podemos seguir denominando a una conducta violatoria del derecho a la vida como falsos positivos, donde despus de todo, no deja de ser un positivo en los partes de guerra por ms falso que sea; la conducta tiene su tipificacin particular, y es ejecucin. Y tercero, porque la violacin del derecho a la vida por parte del Estado en el marco del conflicto va ms all del alarmante nmero de civiles asesinados y expuestos ante la opinin pblica como bajas en combate. El asunto es mucho ms complejo, y considero necesario proponer una mnima distincin.

El derecho a la vida como derecho fundamental es prerrequisito para el goce y disfrute pleno de todos los dems derechos, siendo inadmisible apuestas restrictivas del mismo. La normativa internacional ha recordado una y otra vez a los Estados la obligacin que tienen de garantizar la creacin de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones a este derecho, as como el deber de impedir que sus agentes, o particulares con la anuencia estatal, atenten contra l. En ese orden de ideas, el Derecho Internacional diferencia tres modalidades de privacin arbitraria del derecho a la vida: la ejecucin extrajudicial, la ejecucin arbitraria y la ejecucin sumaria, las cuales paso a describir brevemente.

La Ejecucin extrajudicial se refiere a los homicidios perpetrados intencionalmente por fuerzas de seguridad del Estado o por estructuras paramilitares u otro grupo de naturaleza privada que sea tolerado por el Estado o coopere con l. En igual sentido, constituyen ejecuciones extrajudiciales los homicidios deliberados y dolosos de civiles y combatientes en estado de indefensin o puestos fuera de combate, o de toda aquella muerte que sea resultado de la orden de batalla de no dejar sobrevivientes, estrategia esta conocida como guerra sin cuartel. En resumidas cuentas, se trata de la muerte de personas que han sido detenidas por las autoridades y sobre quienes se ha hecho premeditadamente uso letal de la fuerza.

Si bien desde 1989 se reportan por parte de Naciones Unidas casos de ejecuciones extrajudiciales imputados a la Fuerza Pblica colombiana, es a partir de la vigencia de la Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica en 2002 del gobierno de lvaro Uribe Vlez que los casos se tornan masivos, sistemticos y generalizados a lo largo de la geografa nacional. La Corporacin Jurdica Libertad afirma que entre 2002 y 2010 se presentaron 5.763 casos de ejecuciones extrajudiciales, de los cuales 1.440 se dieron en Antioquia, aunque la Fiscala insiste en su informe presentado a la JEP que la cifra es menor, registrando 2.248 vctimas.

Sin embargo, hay que llamar la atencin en dos cosas que escapan a las cifras. En primer lugar muchos de los casos se encuentran en una especie de limbo jurdico denominado conflicto positivo de competencias entre la jurisdiccin militar y la Fiscala General de la Nacin, escenario en el cual se debaten si los casos de homicidios llevados a cabo presuntamente por agentes estatales se consideran fallas en el servicio o efectivamente violacin de derechos y garantas fundamentales. Segn la Coordinacin Colombia Europa Estados Unidas quien ha emitido varios informes y documentos temticos sobre la sistematicidad, los patrones de conducta y el modus operandi de batallones y brigadas del ejrcito colombiano sealados de cometer ejecuciones extrajudiciales expresa que all anida gran parte de la impunidad de los casos denunciados, sin mencionar la ausencia reiterada de organismos de control como la Procuradura. En segundo lugar, existe un subregistro de casos de ejecuciones extrajudiciales, ya sea porque no fueron denunciados bajo dicha calidad, por desconocimiento o intimidacin de los familiares de las vctimas, o porque no se contemplan homicidios perpetrados por particulares con el apoyo o tolerancia del Estado y se registran como casos de delincuencia comn.

La Ejecucin arbitraria hace alusin a las muertes producidas por el uso excesivo, desproporcionado o ilegtimo de la fuerza por los funcionarios competentes de hacer cumplir la ley. En un Estado de Derecho el poder no es ilimitado; por el contrario, es propio de su naturaleza ser un poder regido por reglas y procedimientos que preserven tanto el bien jurdico de la seguridad pblica como los derechos fundamentales de las personas, por lo tanto, la prohibicin expresa de que alguien sea privado arbitrariamente de su vida, significa que la ley debe establecer y controlar rigurosamente las circunstancias bajo las cuales las autoridades del Estado pueden despojar a una persona de su vida.

Segn la normativa internacional, especficamente los principios bsicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por lo funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los empleados pblicos en el desempeo de sus funciones utilizarn en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrn utilizarlas solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto (Principio 4). As mismo, en caso tal de que el empleo de armas de fuego fuese inevitable, los funcionarios: a) Ejercern moderacin y actuarn en proporcin a la gravedad del delito; b) Reducirn al mnimo los daos y lesiones, al tiempo que debern proteger la vida humana; c) Procedern de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios mdicos a las personas heridas o afectadas; procurarn notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos ntimos de las personas heridas o afectadas.

Es decir, estamos ante una ejecucin arbitraria cuando las muertes son ocasionadas por el uso de armas en manifestaciones, protestas y disturbios; las ocurridas durante la detencin policial, preventiva o administrativa; los decesos como consecuencia de la tortura u otros malos tratos; y las muertes causadas en operativos policiales o de mantenimiento del orden y la disciplina dentro de establecimientos penitenciarios y carcelarios. Aqu el ejemplo es claro: las muertes ocasionadas por el Escuadrn Mvil Antidisturbios (ESMAD) en protestas estudiantiles y movilizaciones indgenas y campesinas, as como los abusos de autoridad por agente policiales durante 2018 en algunas comunas de Medelln denunciados por lderes comunitarios y defensores de derechos humanos. El prontuario aqu es largo, desafortunadamente.

Por ltimo, la Ejecucin sumaria concierne a los hechos en los cuales se impone la pena capital como resultado de un proceso judicial que no recoge las condiciones y exigencias definidas por el Derecho Internacional para un adecuado debido proceso, desconociendo as, las garantas judiciales. As mismo, cuando para delitos que no son considerados los ms graves, o por delitos polticos o conexos a estos, se aplica la pena capital. Ahora bien, es sabido que por el artculo 11 constitucional, la pena de muerte est prohibida en Colombia, situacin que hasta el momento no ha sido modificada. No obstante, as le cueste reconocer a pesar de las evidencias, el Estado Colombiano ha empleado una justicia subterrnea, en la cual la ejecucin sumaria ha sido utilizada como una manera deliberada de aplicar dolor y castigo, esto es, como una pena. Ms an, esta modalidad tiene un trasfondo de legalidad que ha permitido que medidas tomadas bajo Estado de Sitio o Excepcin, se tornen de naturaleza permanente; tales son los casos de los decretos 3398 de 1965 (Estatuto de la Defensa Nacional) y el decreto 1923 de 1978 (Estatuto de Seguridad), que instalaron prcticas y discursos en lo ms capilar de las instituciones: La guerra deba ser conjurada, la sociedad debe ser inmunizada y el enemigo est por fuera de ella desprovisto de su calidad humana, por lo tanto es legtimo su neutralizacin, y el cuerpo torturado y asesinado de este deba enviar un mensaje ntido de cmo se resuelve aquello que es considerado oficialmente como una amenaza o algo ruin.

La distincin propuesta busca plantear tres elementos: 1) Ratificar la responsabilidad del Estado por accin, omisin o connivencia con particulares respecto de los casos de privacin arbitraria de la vida; si vamos a construir escenarios y caminos de verdad y reparacin, ello debe esclarecerse y se debe asumir que el Estado no fue ni es neutro, que no debe responder slo solidaria o subsidiariamente, y que debe haber verdad de todos sobre todo. En fin, una verdad de Perogrullo. 2) Comprender el asunto de la privacin arbitraria de la vida por agentes estatales, o con la anuencia de estos, en su complejidad con el fin de poder transitar de un nivel superficial del problema a uno profundo que ayude a esclarecer lo ocurrido; no en vano es la insistencia para que personas como el general en retiro, Mario Montoya y otros miembros de la Fuerza Pblica comparezcan a la JEP, no para demostrar su inocencia como han manifestado, sino para contribuir a la verdad y dar a conocer la informacin que disponen como hombres de primera lnea en la jerarqua castrense, que firmaron rdenes de batalla y condujeron divisiones y destacamentos de hombres que ejecutaron personas bajo la premisa de presentar resultados. 3) Finalmente, para rechazar una idea enquistada en el rgimen poltico colombiano: ese fetiche de resolver los problemas sociales con respuestas blico-militares, reafirmando el cierre del mbito pblico y llevndonos a una convergencia homicida. La paz deben ser cambios y uno de ellos es quitar de en medio la impunidad para abrir camino a la verdad.

Colombia Informa


Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article23539


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