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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-10-2018

La traicin al acuerdo de paz y la regulacin de la protesta social

Camilo Rengifo Marn
Rebelin


La denuncia de Ivn Mrquez, ex jefe negociador de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, convertidas hoy en partido poltico), sobre la traicin al acuerdo de paz, puso en el tapete quiz el problema ms grave que afronta el gobierno de Ivn Duque y, a la vez, los diferentes cursos de accin de los exguerrileros.

Mrquez, cuyo paradero se desconoce desde hace varias semanas, denunci en una Carta Abierta a la Comisin de Paz del Senado, la traicin a lo esencial del acuerdo de paz de La Habana, firmado en 2016 por el expresidente Juan Manuel Santos, y lament su ingenuidad al haber dejado las armas sin haber concretado antes los compromisos. "El proceso de implementacin se ha caracterizado por avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos", seala la carta.

Sus excompaeros y hoy parlamentarios por el partido FARC le salieron al paso a la carta y aseguraron que las reflexiones que hacen los excombatientes en la carta corresponden a una visin personal de los firmantes.

"Estn equivocados totalmente, mal pudiera yo salir a decir que no hay condiciones ni garantas y estar sentado en la sala de prensa del Senado dirigiendo una rueda de prensa. El proceso tiene dificultades, la implementacin no ha sido consecuente por parte del Estado, pero hay unos espacios que se han ganado, los valoramos y son muy importantes para lograr avanzar en la implementacin de los acuerdos de paz", manifest Carlos Antonio Lozada.

Un episodio similar se desencaden hace algunas semanas cuando se hizo pblica la carta que Joaqun Gmez poniendo en tela de juicio el liderazgo de Timochenko y en duda algunos procesos dentro del naciente partido.

Mrquez y El Paisa agregaron que el acuerdo tuvo una falla estructural que fue haber firmado, primero, la dejacin de las armas, sin haber acordado antes los trminos de la reincorporacin econmica y social de los guerrilleros. Ingenuamente cremos en la palabra y la buena fe del gobierno, a pesar de que Manuel Marulanda Vlez (fallecido fundador de las FARC) siempre nos advirti que las armas eran la nica garanta segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos, afirmaron.

Entre las trampas, denunciaron modificaciones en el Congreso a lo pactado en el sistema de justicia para juzgar a ex guerrilleros y miembros de la fuerza pblica por crmenes cometidos durante los enfrentamientos, y alertaron sobre incumplimientos en la reinsercin e inseguridad jurdica de los siete mil excombatientes que dejaron las armas, entre ellos el lder rebelde Jess Santrich, detenido y pedido en extradicin sin pruba alguna- por Estados Unidos por narcotrfico, en un (otro) montaje judicial.

Mientras, Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, reiter que el gobierno de Ivn Duque modificar apartados del acuerdo con las FARC por considerarlos indulgentes con los rebeldes.

"No son posibles an dictmenes definitivos a la luz de los balances sobre los resultados arrojados por la fase de implementacin temprana; y que hay espacio poltico y tiempo histrico para continuar la brega por la materializacin efectiva de lo acordado", se lee en uno de los ocho puntos fijados en la carta. La pelea intestina que se libra al interior del partido versa sobre el camino que debe seguir el nuevo movimiento para encarar los incumplimientos del Estado.

Para la Farc "la implementacin es un campo en disputa, cuya orientacin no est predeterminada por el deseo o la voluntad; se encuentra ms bien ntimamente relacionada con la correlacin poltica y social de fuerzas que se logre conformar a su favor".

Para complir con el propsito fijado desde La Habana, el partido le hizo un llamado a los excombatientes para "que se recupere el poder transformador del acuerdo conjugando la accin parlamentaria con la necesaria accin de masas, la actividad diplomtica, el uso de la va gubernativa y judicial, y el acompaamiento internacional".

"Coincidimos en su principal preocupacin: Cmo sacar adelante la paz de Colombia; con la que de paso se desmiente la matriz de opinin sobre su presunta salida del Acuerdo", agreg Carlos Antonio Lozada durante su intervencin, donde tambin fustig al fiscal Nstor Humberto Martnez, "que se ha dedicado todo el tiempo a tratar de desarticular la paz del pas.

Losada seal que se podra hablar toda la tarde de los desafueros del fiscal contra la paz. Estn los montajes de Mercandrea que terminaron en unos disturbios por los que nadie responde. Con bombos y platillos tambin anunci que tena pruebas irrefutables de la responsabilidad de Jess Santrich y ahora tranquilamente dice que l no tiene pruebas, que estn en EEUU. Cualquier comentario que uno haga sobre las palabras necias del fiscal, sobran el solo se va autodestruyendo en su credibilidad", aadi.

Quieren regular la protesta social

El Senado tambin debati sobre el proyecto del ministro de Defensa Guillermo Botero Gil de regular la protesta social que, dijo, es financiada por los dineros ilcitos. Botero dio un paso atrs diciendo que no est contra la protesta social p orque es un derecho consagrado en la Constitucin de 1991, pero que su materializacin no puede atropellar los derechos de las mayoras, que se ven afectadas por las movilizaciones que pueden llegar a bloquear la va pblica, estropear la infraestructura, reportar heridos y, en algunos casos, muertes a los ciudadanos o a integrantes de la Fuerza Pblica

Dijo que a eso hay que sumar que durante 2016, 2017 y lo que va de 2018 se registraron 624 procesos judiciales por conductas punibles dentro de las protestas.

Pero en el Senado, adems del tema central del debate, el asesinato de lderes sociales fue un asunto por el que cuestionaron al ministro Botero. El funcionario ratific su postura de que no se pueden catalogar como sistemticos , mismo discurso que ha sostenido el Ejecutivo desde la administracin de Juan Manuel Santos.

Mientras, la Fundacin Ideas para la Paz denunci que 93 lderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de ao, lo que convierte este periodo en el ms violento desde 2010. Ocho de los 32 departamentos de Colombia concentraron 77.5 por ciento de los homicidios, en 58 por ciento de los casos no se ha encontrado al culpable, y en 35 por ciento la responsabilidad recae sobre las facciones criminales y grupos armados ilegales.

Las agresiones a lderes sociales tambin estn determinas por el tipo de labor que ejercen, pues el 52 % de los que perdieron la vida en los ocho primeros meses de este ao eran comunitarios, seguidos de indgenas y campesinos. La Fundacin recomend reconocer pblicamente las afectaciones de derechos humanos como una accin simblica reparadora y protectora de la labor del lder social, crear mecanismos rpidos y efectivos para responder a las amenazas contra las vctimas y superar la cultura de estigmatizacin, entre otros.


Camilo Rengifo Marn, Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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