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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-10-2018

El engao a la opinion publica nacional e internacional

Carlos Meneses Reyes
Rebelin


A 23 de enero de 2018. Rebelion.org public mi artculo EL CONTRA DE LA INSTITUCIONALIDAD COLOMBIANA A LA JUSTICIA TRANSICIONAL en el que intento explicar que el Sistema Integral de Justicia Transicional Verdad, Justicia, Reparacin y No Repeticin (S.I.V.J.R.N.R), fue acordado por los plenipotenciarios del Estado colombiano y los plenipotenciarios de la fuerza insurgente y beligerante Farc-ep, bajo la inspiracin del Derecho Internacional y los Acuerdos celebrados entre un Estado parte y un sujeto de derecho internacional como taxativamente se seala a Los movimientos de liberacin nacional con sus fuerzas beligerantes y por ende los principios fundamentales de Justicia Transicional , que en Colombia encarna la Jurisdiccin Especial de Paz (JEP) y su Tribunal para la Paz, quedaron inmersos dentro del llamado bloque de constitucionalidad; sin requerirse del sonajero del plebiscito, como tampoco de la intromisin del ejercicio del rgano de la funcin legislativa y el papel de la Corte Constitucional.

El tema acordado lo fue sobre la creacin de una jurisdiccin especial para tratar los delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra ocurridos con ocasin del conflicto y por parte de las fuerzas en confrontacin: fuerzas armadas de la Republica de Colombia y fuerza insurgente de las Farc-ep. Temas lgidos como lo del narcotrfico y el secuestro hacen parte de la conexidad del delito poltico de la rebelin. As dicho, puesto que el secuestro no es delito de lesa humanidad, s lo es la toma de rehenes como corresponde explicarlo a la opinin pblica, como quiera que los delitos de lesa humanidad, tomando como fuente el derecho internacional y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, citando como ejemplo el enrolamiento de menores en la guerra y/o la violencia de sexo, obedece a calificaciones que le corresponde definir al juez natural ( en el caso nuestro a la JEP) y no a la fiscala , ni mucho menos a la meditica dictatorial.

Esa categora de conflicto entre un Estado y una fuerza insurgente est reglamentada en el sistema universal del derecho internacional y por ende lo rigen los Principios Fundamentales de ese sistema. Mencionando algunos: el principio res inter alius acto; por medio del cual lo acordado solo crea obligaciones entre las partes. Por ello los vinculados a la justicia transicional pactada son aforados. El principio de la Bone fide (Buena fe) y que del consentimiento- ex consensu advienent vinculum- deviene la obligacin de responsabilidad internacional, por parte del Estado y la institucionalidad colombiana, al no implementar en su totalidad y sin modificacin alguna lo Acordado entre esas dos partes

Es sobre este elemental enunciado, que desde entonces me propongo explicar y sustentar, cmo la Institucionalidad colombiana ha quebrantado sus responsabilidades internacionales al no implementar, en su totalidad, y sin modificacin alguna lo Acordado entre esas dos partes.

En el interregno de dos aos de implementacin resalta el que la contraparte insurgente de las FARC-EP, ha cumplido con lo Acordado, destacando la entrega definitiva de las armas. La contraparte estatal, por el contrario no ha implementado conforme a lo Acordado y contrario al espritu de ese a Acuerdo, no aplic la armona o colaboracin armnica en el ejercicio de los poderes, sino que acudiendo a lo denominado en nuestro foro jurdico, la concepcin santanderista de la legalidad, monto la enredadera jurdica del desconocimiento del bloque de constitucionalidad; habilit el ejercicio legislativo y la competencia de la Corte Constitucional, erigindolos como si fueren plenipotenciarios; optando por modificar lo Acordado en contrava al mandato constitucional de bsqueda de la paz y el desarrollo armonioso de las ramas del poder pblico, en torno a lo Acordado.

En el planteamiento jurdico expuesto, los principios de autonoma y de inescindibilidad en la justicia transaccional (JEP) son tpicos inmodificables por el legislador y la corte constitucional. Por ende, las modificaciones unilaterales al sistema acordado no son vinculantes para los Magistrados de la JEP. El sistema de hermenutica jurdica abarca no solo los aspectos y aplicacin de las normas como tambin la comprensin de un sistema jurdico determinado y en el entendido que la justicia transicional es una justicia diferente a la justicia ordinaria.

La Justicia transicional es resultado de la aplicacin de un sistema de justicia que supera o deja atrs al sistema judicial convencional. En el caso colombiano, el sistema judicial ordinario fue incapaz de dar una respuesta eficaz al problema de las vctimas y las violaciones de los derechos humanos. Superando el aspecto simplemente descriptivo, la Justicia Transicional aplica y usa mecanismos totalmente distintos a los del sistema judicial ordinario. No es que se trate de una justicia blanda. Obedece a una justicia restaurativa y a una justicia prospectiva, a futuro, a favor de las vctimas. Justicia aplicada a casos como el colombiano, en que un conflicto armado interno, a la luz del Derecho Internacional, al no ser derrotada ninguna de las contrapartes en conflicto, ni sometidas militarmente; para garantizar la no impunidad ante delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra ocurridos durante el conflicto, aplica esa justicia alternativa.

La vinculacion a la convencion de Viena sobre el derecho de los tratados.

En esa Convencin, en tratndose de Tratados alude a los Estados soberanos e igual terminologa como la de Estado negociador, Estado contratante, Estado parte, aplica a lo convenido bajo la denominacin de Acuerdos celebrados entre un Estado parte y un sujeto de derecho internacional; que como en el caso de las Farc-ep asume ese rol desde el momento que el Estado parte le reconoce el status de beligerancia. Siendo un Acuerdo lo pactado para el fin del conflicto armado con una de las insurgencias colombianas; corresponde dilucidar el soporte jurdico internacional que explica la aplicacin del bloque de constitucionalidad. Invocamos el Artculo 3, de la Convencin de Ginebra, explicando que tomamos en ello una interpretacin extensiva de validez en la hermenutica jurdica. Artculo 3.- Acuerdos internacionales no comprendidos en el mbito de la presente convencin. El hecho de que la presente Convencin no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectar: a) Al valor jurdico de tales acuerdos; b) A la aplicacin a los mismos de cualquiera de las normas enunciadas en la presente Convencin a que estuvieren sometidos en virtud del derecho internacional independientemente de esta Convencin; c) A la aplicacin de la Convencin a las relaciones de los Estados entre s en virtud de acuerdos internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de derecho internacional.

Para los Acuerdos de La Habana y Teatro Coln los plenipotenciarios del Estado colombiano actuaron con plenos poderes y funciones de representacin. Bajo el mandato del artculo 22 de la Constitucin Poltica (CP): La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y el presidente, como cabeza visible de la unidad nacional (Articulo 188 CP) al firmar el Acuerdo de Paz lo hizo a nombre de todos(as) los colombianos(as). Conforme a esa representacin ejerci la soberana, que reside en el pueblo colombiano y del cual emana el poder pblico (Articulo 3 CP). No firm como poder ejecutivo, sino como ejercicio soberano y popular. Las otras Ramas del Poder Pblico (Legislativo y Judicial) al no hacer parte de las conversaciones, ni de las negociaciones, ni firmar el Acuerdo Definitivo, saban que colaboraban armnicamente para la realizacin de sus fines (Articulo 113 CP).

De la no exigibilidad de otra conducta a los miembros de las antiguas FARC-EP.

La Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP), es una jurisdiccin especial que ejerce funciones judiciales de manera autnoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. Entr en vigor en los trminos establecidos en el Acuerdo Final, 24 de noviembre de 2016 del Teatro Colon

Por ahora el gobierno colombiano no reanuda la implementacin de los Acuerdos. El partido Farc ha pedido reactivacin de los Acuerdos. Los integrantes de la desmovilizada guerrilla de las Far-ep, comparecieron ante la Comisin de la Verdad para exponer las razones histricas que motivaron sus acciones durante el conflicto armado. Indudablemente todos se han acogido a la JEP. El enunciado que el primer delito que ventilara la JEP y que a los 32 miembros del Secretariado de las Farc-ep recibiran un listado de secuestrados cuyo paradero se desconoce desde hace aos, es falso. Tambin lo es lo de la obligacin de rendicin de cuentas a los de las ex Farc-ep sobre su reincorporacin. Cumplieron con la cita a la audiencia del 13 de julio de 2016, a las 2.30 pm. Ninguno de los aforados por la JEP tiene procesos en curso en la jurisdiccin ordinaria, por sustraccin de materia. Los aforados de las antiguas Farc-ep, que no han disfrutado de la amnista y permanecen como presos polticos les ha sido incumplido lo Acordado. Todos los acogidos se pueden mover por todo el territorio nacional y es falso que en caso de citacin por la JEP tuvieren que presentarse personalmente y no por intermedio de sus apoderados; salvo que ante un llamado de calificacin por un delito de lesa humanidad y/o crimen de guerra sean citados; situacin jurdica an no presentada. Se registra que ex jefes de las Far-ep acuden a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puesto que no les han resuelto su situacin jurdica, con actuacin del Dr. Gabriel Parra como su apoderado judicial, solicitando Medidas Cautelares. Censuran con prohibicin de salida al aire de entrevista a un miembro del antiguo Secretariado, realizado por la directora del programa Mimbre, emitido en el canal institucional, bajo el prurito que el programa que debe estar al aire durante dos aos no puede consistir en que una parte acuse a otra parte de incumplimientos ante millones de colombianos Amenazan con reiniciar las fumigaciones areas con glifosato; decisin que violara, una vez ms, el espritu del Acuerdo en lo de sustitucin de cultivos con los cultivadores en las zonas de sembrados de la planta de coca, ni proyectos econmicos alternativos. En Carta al Senado el Ex Negociador Mrquez dice que el Acuerdo de Paz fue traicionado, que ello sucedi despus de la entrega de las armas y afirma eso es perfidia, trampa, conejo; lamentando que Nunca se debera haber entregado las armas sin haber asegurado nada a la guerrillerada. Manifiestan que si bien no se declaran por fuera de los Acuerdos si estn ante un proceso fallido.

Conforme a los anteriores enunciados corresponde calificar jurdicamente que a ninguno de los aforados de la antigua fuerza insurgente se les puede exigir el cumplimiento de una conducta diferente a la de no cumplir si no les cumplen.

La clusula Rebus Sic Stantibus , alude a estando as las cosas. Al darse circunstancias nuevas, conforme a alteraciones enunciadas respecto a lo Acordado, se generan difciles asimetras entre los derechos vulnerados y alteraciones en las relaciones entre las partes. Conforme al Pacta Sunt Servanda: lo pactado obligado la contraparte al Estado colombiano no est obligada a cumplir mientras no se le cumpla lo pactado que se traduce en la implementacin de lo Acordado conforme fue Acordado, sin majaderas de leguleyadas santanderistas. La Exceptio non ad impleti Contractus , se predica sobre la excepcin al contrato no cumplido. Esto conforma aspectos y efectos de tipo jurdico universales. Digamos de sancin universal y efectos pecuniarios e indemnizatorios. Mas el sistema de lo Acordado implica la No Repeticin y esta sabia definicin de tipo poltico implica la No retoma de las armas por la contraparte afligida; sin eludir la responsabilidad estatal a esa No Repeticin que en forma descarda el Bloque de Poder Oligrquico Contrainsurgente no aplica, al no erradicar el paramilitarismo, sabiendo por donde va el agua al molino. No obstante, el antecedente signado genera efectos negativos para los desmovilizados insurgentes farianos, individualmente considerados. Genera desconcierto para las Insurgencias an activas en el territorio nacional como el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN), con una Mesa de Conversaciones suspendida y expresiones regionales del Ejrcito Popular de Liberacin (EPL), que manifiesta el inters en un trato especial para la bsqueda de la salida poltica al conflicto armado existente en Colombia. Queda la confianza puesta en la JEP que conforme al criterio de sus integrantes se juegan el no ser inferiores a las circunstancias.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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