Portada :: Cuba
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-10-2018

Qu esperar del cambio constitucional convocado para Cuba en 2018?
Todo o casi todo, que no es lo mismo ni es igual

Karel Luis Pachot Zambrana
Cubainformacin


El pasado mes de junio la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en sesin extraordinaria convocada por su Consejo de Estado (CE), convoc e inici un proceso de profundo cambio de la Constitucin de 1976 (reformada en 1978, en 1992 y 2002), propuesta para derogarse y sustituirse por una nueva carta magna. Este proceso, cuyo epicentro en estos momentos es la consulta popular del Proyecto de Constitucin de la Repblica de Cuba aprobado por la ANPP, activ un debate pblico en la toda la sociedad cubana, incluso abierto para los cubanos radicados fuera del pas, siendo la primera oportunidad de este tipo al que accede una considerable parte de la poblacin cubana desde los aos 1975 y 1976 (cuando fue aprobada la vigente Constitucin). Por ello, y en mi condicin de constitucionalista, estim necesario ofrecer algunas observaciones (casi de urgencia) a propsito de este proceso, y en el que, por supuesto, no pretendo agotar todo lo que implique ello, sino ms bien me propongo brindar un acercamiento de las nociones generales y, en particular, al Proyecto que se discute (no despojado de visiones particulares, obviamente). Espero que sean oportunas y contribuyan a la comprensin del alcance del proceso de cambio constitucional al que hemos sido convocados.

Qu podemos entender por una Constitucin de un Estado contemporneo? Cmo se aplica ello para Cuba y para el proceso de cambio constitucional convocado a propsito del Proyecto de Constitucin de la Repblica de Cuba?

Tradicionalmente desde las aulas de Derecho hemos entendido, enseado y/o comprendido a la Constitucin de un Estado como la norma (que es, ms bien, el sistema de normas) jurdica y poltica fundamental y fundamentadora de una sociedad, sobre la que se erigen sus rdenes poltico, econmico, social, cultural e ideolgico, por slo mencionar algunos de ellos. Ya en los ltimos aos, en una comprensin mucho ms integradora y multidimensional del Derecho, comenzamos a identificar a la Constitucin ya no slo como una norma (pretendindose rebasar, necesariamente, la anquilosada visin reduccionista del Derecho que nos brind el positivismo kelseniano), sino adems como un conjunto de valores y principios fundamentales o superiores (en trminos empleados por el constituyente espaol), aportando una necesaria e imprescindible visin axiolgica, as como se ha revelado a la Constitucin como el sistema de instituciones, organizaciones, organismos, etc., que conformaran, en su conjunto, las sociedades poltica y civil.

Todas estas comprensiones o visiones, sin embargo, no han dejado de apreciar a la Constitucin como un nico cuerpo normativo codificado, comprensin reduccionista del alcance objetivo o material de una Constitucin poltica para toda sociedad contempornea. Tal es as que llega a afirmarse que donde no hay Constitucin codificada no existe Constitucin escrita, ignorndose que no es posible concebir nunca as el Derecho pblico, no escrito (aquel Derecho precisamente donde la Constitucin ocupa el centro gravitacional). Es entonces que debe advertirse que s existe siempre Constitucin escrita, si bien ello no implica per se que est codificada en un nico texto legal (como en los casos de Reino Unido, Israel, entre otros, donde no existe un texto codificado identificado como Constitucin formal). Incluso, debemos comprender que la Constitucin contempornea no puede constreirse nicamente a slo un texto codificado. La Constitucin material de estos tiempos se desborda en otras normas jurdicas reconocidas con valor constitucional, incluso ms all de las declaraciones explcitas y/o implcitas que contenga la misma. Entindase las normas complementarias, reconocidas bloques de constitucionalidad, y que materializan polticamente al Estado (en algunos ordenamientos jurdicos amparadas en las denominadas leyes orgnicas, que solo pueden aprobarse o modificarse mediante procedimientos especiales y no ordinarios, y que se consideran forman parte del cdigo constitucional de esos pases).

Y es esa, quizs, una de las primeras advertencias con que nos recibe el constitucionalismo contemporneo de los siglos XX y XXI: la Constitucin de un Estado no puede entenderse nica e inequvocamente como un solo texto normativo o dispositivo, sino que implica todas las normas, instituciones, valores y principios fundamentales de una sociedad (que no nicamente tampoco el Estado, que en definitiva ser uno de los elementos institucionales destinatarios de las disposiciones constitucionales, como lo son todos los que componen el las sociedades poltica y civil). En nuestro constitucionalismo histrico cubano, debemos recordar a las primeras leyes revolucionarias, las que se les reconoci rango y valor constitucional, al incorporarse a la Ley Fundamental de 1959. Es necesario entenderlo as, en el sentido de tutelar y proteger debidamente contenidos constitucionales que constituyen en sus fundamentos al Estado socialista cubano, cuestin que queda pendiente an en el Proyecto de Constitucin de la Repblica sometido a consulta popular. Y ello es imprescindible para garantizar que el o los rganos que posteriormente se les atribuya el control de la constitucionalidad del resto de las normas jurdicas pueda determinar su conformidad o no con la Constitucin que finalmente resulte aprobada. Ello garantizar, o prever, entonces la constitucionalidad en su integridad del ordenamiento jurdico cubano.

Por ello, ante la posibilidad de cambio constitucional deberemos entender que ste no se agotar nunca con la modificacin del texto nico codificado vigente (es decir, la Constitucin de 1976) o su sustitucin por uno nuevo (o sea, lo que resulte aprobado definitivamente del Proyecto de Constitucin). El cambio constitucional tiene un punto de partida en ello, pero no se detiene all. El Estado y la sociedad toda demandan la posterior adecuacin de todas sus normas e instituciones a lo dispuesto en el nuevo texto constitucional, y, as, todo el ordenamiento jurdico e institucional deber someterse a un profundo cambio consecuente con el tenor constitucional que finalmente resulte.

Podr modificarse o derogarse, incluso, la Constitucin de 1976? En caso positivo, qu vas o procedimientos pueden emplearse para tales efectos?

Por supuesto, la Constitucin cubana de 1976 podr modificarse o derogarse en cualquier momento (siempre que lo exijan o demanden el Estado y/o la sociedad, como es el caso concreto que nos convoca en estos momentos). Incluso podr ser modificada en toda su extensin material (es decir, podrn ser modificables todas las clusulas o disposiciones constitucionales). Y ello es vlido para todo texto constitucional vigente en la actualidad.

Debe entenderse que la modificacin (o cambio) constitucional podr darse en dos coordenadas convencionales: una primera, convocndose al poder constituyente originario o proceso de cambio originario (en virtud del principio de soberana popular, constitucionalmente reconocido en el artculo 3 vigente), y, otra, convocndose la aplicacin de un proceso de cambio derivado (invocndose, en este caso, la aplicacin de la clusula de reforma o revisin constitucional, contenida en el actual artculo 137).

En el primero de los supuestos, afirmado en la titularidad de la soberana popular y cuya expresin ms genuina quizs ser, precisamente, un proceso constituyente originario, no debern entenderse lmites materiales (incluso, los contenidos especialmente protegidos reconocidos constitucionalmente en el artculo 137, tanto los de carcter relativos integracin y facultades de la ANPP o de su Consejo de Estado o derechos y deberes constitucionalmente reconocidos como los absolutos el socialismo y el sistema poltico y social revolucionario , podrn ser modificables). Tampoco podrn suponerse lmites formales en aquellos procedimientos de reforma constitucional previamente juridificados (y reconocidos expresamente en el mismo artculo 137). Entonces, podr derogarse el texto vigente y sustituirlo por uno completamente nuevo.

Pero lo ms importante, el cambio constitucional convocado o resultante de un proceso constituyente originario demandar la verificacin o escrutinio permanente del titular soberano: el pueblo (o mejor, jurdicamente, el cuerpo electoral). Siguiendo ello, se postula el que debe concurrir el pueblo en varios momentos o etapas perfectamente identificables del proceso constituyente, permitiendo legitimar el producto resultante del proceso: la nueva Constitucin. Entre estos momentos podemos identificar, en primera instancia, la convocatoria a la voluntad popular para iniciar un proceso de este tipo, donde siempre la transformacin profunda del Estado constituir el eje fundamental (ello, desde la experiencia histrica, se ha conducido a travs de consultas populares o plebiscitos). Posteriormente se deber conformar un rgano especial o ad hoc, como se le ha dado en denominar en la experiencia comparada a las asambleas constituyentes, encargadas de elaborar y aprobar finalmente el nuevo texto, y cuya conformacin se debe someter al sufragio universal, directo, libre, igual y secreto. Este paso es exigible, desde quienes lo demandan, a propsito de garantizar que el constituyente no coincida con algn rgano constituido, siempre sometible a voluntad constituyente originaria del pueblo. Posteriormente el conocimiento y participacin de los ciudadanos, individual o colectivamente, en la elaboracin de lo que vendr a ser el magno texto, constituir otro momento ideal en la legitimacin sin ambigedades del cambio constitucional. Y, finalmente, la ratificacin del proyecto de texto constitucional en un momento jurdicamente vinculante y definitorio, como bien se traduce en la realizacin de un referndum popular constituyente, validar plenamente la voluntad poltica del titular soberano.

Partiendo de las experiencias histricas forneas e incluso nacional, ha sido excepcional la realizacin de un proceso constituyente originario cumpliendo todos estos momentos o etapas, y garantizando que en todos ellos participe activamente el titular de la soberana (el pueblo, concretado finalmente en cuerpo electoral). Sin embargo, ello no puede desmerecerse a los propsitos de ningn proceso de cambio constitucional que se convoque en el siglo XXI. As nos lo han legado las experiencias ms recientes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que nos permiten asegurar, siguiendo el criterio de algunos constitucionalistas contemporneos, la construccin de un nuevo constitucionalismo latinoamericano, signado por la afirmacin y respeto de la soberana popular en todas sus dimensiones (poltica, econmica y social).

La otra posibilidad que nos permite entender cmo es posible modificar o cambiar el orden constitucional cubano es mediante un proceso de cambio derivado contenido en la clusula de reforma constitucional expresada en el artculo 137. La misma, en mi opinin y a partir de cmo est concebido actualmente este mecanismo de cambio constitucional en la Constitucin de 1976, deber posibilitar solamente un cambio o revisin parcial de la misma.

Finalmente, ms all de cualquier disquisicin o exigencia formal, lo que s no podr ser mutable u obviable en el proceso de cambio constitucional convocado en Cuba en estos momentos deber ser la plena participacin de todos los ciudadanos, expresados individual o socialmente. En ese rumbo, debo reconocer, se ha dirigido el debate y aprobacin del Proyecto de Constitucin de la Repblica que hiciera pblico en su momento la ANPP (aunque constreido en el tiempo al tratarse solamente de una sesin ordinaria celebrada en dos das) y la consulta a la que se ha sometido el mismo a toda la sociedad cubana (pudindose proponer en los debates que se celebren adiciones, modificaciones, supresiones, incluso plantendose dudas que existan con relacin al texto propuesto). Pero esa participacin debe traducirse en efectiva jurdica y polticamente en todo momento. As, por ejemplo, los ciudadanos cubanos que no residen permanentemente en el territorio nacional (al menos por dos aos con anterioridad a cualquier proceso electoral o de referendo convocado, requisito exigible por la Ley No. 72 de 1992, Ley Electoral, en su artculo 6, para el ejercicio del sufragio activo) y que han sido convocados a participar en la consulta del Proyecto de Constitucin, deben ser habilitados legalmente para participar en el futuro referndum aprobatorio, cuando este sea convocado. La participacin de ellos debe ser efectiva, no slo para discutir, debatir o proponer, sino que debe tener un efecto vinculante o comprometido, para que resulte para ellos, en realidad, su Constitucin nacional.

Entonces estamos en presencia de un procedimiento de reforma constitucional, a la usanza de lo estipulado en el actual artculo 137, o nos encontramos ante un proceso de cambio constitucional originario, es decir de elaboracin de una nueva Constitucin, amparado en la potestad constituyente reconocida en el artculo 70 a la ANPP?

Desde mi punto de vista, de la actual redaccin del artculo 137 se deduce que solamente es posible efectuar tcnicamente la revisin o reforma parcial de la Constitucin. Con la modificacin a que se sometiera el mismo con la reforma constitucional de 2002, suprimindose en su primer prrafo las palabras: (...) total o parcialmente (...) y en el segundo prrafo las palabras: (...) es total o (...) (segn los propios trminos empleados en el Dictamen elaborado por la Comisin de Asuntos Constitucionales y Jurdicos de la ANPP) qued restringida la posibilidad de reforma constitucional a una revisin parcial. Personalmente, no me caben dudas de que el constituyente entonces concluy en que por este procedimiento no podra reformarse totalmente la Constitucin, por lo que debera convocarse un proceso constituyente originario (bien, convocndose una asamblea nacional constituyente o, quizs, invocndose la potestad constituyente de la ANPP reconocida, en nuestras claves polticas y jurdicas, a la misma a partir del artculo 70).

O sea, la reforma o revisin constitucional contenida en el artculo 137 actual no implicar nunca la sustitucin del texto vigente por otro, mediante el acto jurdico de la derogacin (como bien se dispone en el Proyecto de Constitucin en su Disposicin Final Primera). Ello slo ser posible mediante un proceso constituyente originario o, bien en los trminos planteados por la actual Constitucin, invocando la potestad constituyente de la ANPP (reconocida en el artculo 70), toda vez que lo que se efectuara, incluso en una reforma total admitiendo la tesis de su posibilidad, es la revisin del actual texto, pero permaneciendo vigente el mismo a posteriori del cambio constitucional, no derogndose.

Nos encontramos en presencia, entonces, de un proceso de elaboracin de una nueva Constitucin, que no se remite a modificar artculos y mantener una sistemtica y coherencia constitucional con el actual texto, sino que se propone elaborar uno nuevo, perdurando algunas esencias, pero diferente, que, incluso, se propone expresamente derogar el anterior. No hay reforma, sino sustitucin por una nueva carta magna. En este sentido, sgase, por ejemplo, los casos de las Constituciones vigentes en Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde adecuadamente se ha concebido la reforma constitucional para cambios parciales (como debe entenderse, en mi opinin), previendo la convocatoria a un proceso de cambio constitucional originario cuando se trate de elaboracin de un nuevo texto con el propsito de transformar profundamente las bases del Estado y de la sociedad.

Tendr lmites formales y materiales el proceso de cambio constitucional convocado?

Por supuesto que tambin tendr lmites, como todo cambio constitucional convocado en cualquier sociedad.

En la clave de haberse convocado un proceso constituyente originario (declarado o reconocido plenamente como tal), incluso y tal como alert antes, difcilmente sostenible sera que el mismo actuara sin lmites algunos pretendidamente escudado en una soberana popular ilimitada. A toda comunidad polticamente organizada, y la cubana lo es, siempre se le debern entender unos lmites mnimos (siempre materiales) en cualquier actuacin poltica. Esos, que se han identificado como una suerte de lmites metajurdicos, tratndose de valores esenciales para cualquier organizacin poltica y/o social, en sentido general, podrn ser fehacientes ejemplos. Entindase como tal el respeto y garanta de la dignidad humana, y con ello de todos los derechos humanos que gravitan en torno a la misma, el respeto a las minoras todas (no podr en ninguna circunstancia imponerse las mayoras sino en base al resto de los grupos minoritarios identificados en toda sociedad), entre otros.

Para un proceso de cambio constitucional derivado en Cuba, como el que en definitiva asumi la ANPP en estos momentos, deben tenerse en cuenta los lmites procedimentales explicitados en el artculo 137 (mnimamente, aprobacin de la reforma propuesta por la ANPP mediante acuerdo adoptado, en votacin nominal, por una mayora no inferior a las dos terceras partes del nmero total de sus integrantes), que se agravan cuando se trata de los contenidos especialmente protegidos de carcter relativo (si la reforma se refiere a la integracin y facultades de la ANPP o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados constitucionalmente, requerir, adems, la ratificacin por el voto favorable de la mayora de los ciudadanos con derecho electoral en referendo convocado al efecto pro la propia ANPP).

Precisamente, estos contenidos especialmente protegidos, los relativos (modificables siempre por el procedimiento de reforma constitucional, cual proceso de cambio derivado) y los de carcter absoluto, identificados en la doctrina comparada como clusulas ptreas o clusulas de intangibilidad (el socialismo y el sistema poltico y social revolucionario, y cuyo carcter irrevocable lo establece el artculo 3 del actual Captulo I, y la prohibicin de negociar bajo agresin, amenaza o coercin de una potencia extranjera), implicarn los lmites materiales a la reforma constitucional en Cuba. Estos ltimos no podrn ser modificados ni alterados nunca invocndose este procedimiento de reforma dirigido a los rganos constituidos, siendo solamente atendibles frente a un procedimiento constituyente originario.

Ms all de todo ello, la salvaguarda del socialismo en Cuba, constitucional y jurdicamente hablando, exigir, ante el carcter jurdicamente ambiguo que entraa la nocin, que se determinen los lmites concretos de su contenido esencial, identificando lo intangible o invariable materialmente (en el sentido de ofrecer mayores seguridades constitucional y jurdica al propsito de garantizar la irreversibilidad del socialismo). Y ello, en cierta medida no lo garantiza absolutamente el actual Proyecto de Constitucin, en el sentido de identificar que ser, inequvocamente el socialismo cubano, ni mucho menos lo garantiza a futuro al no determinar una jurisdiccin constitucional extraordinaria (bien una Sala Constitucional como parte del Tribunal Supremo Popular, o bien mediante un Tribunal Constitucional autnomo), encargada de consolidar una dogmtica constitucional al respecto.

 

En fin, qu esperar del cambio constitucional convocado actualmente a propsito del Proyecto de Constitucin de la Repblica?

En principio, el Proyecto de Constitucin de la Repblica se propone salvaguardar unos mnimos vitales para el Estado y la sociedad cubanos actuales, y que estn contenidos en la vigente Constitucin. Ello es percebible en los fundamentos polticos (forma de gobierno republicana, forma de estado unitaria, sistema de gobierno asambleario, aunque con una modificacin tangible en el nivel provincial donde se proponen desaparecer las asambleas provinciales del poder popular, rganos democrticamente electos y en su lugar designar los consejos provinciales, cual ligero retroceso en el carcter gensicamente democrtico que deben caracterizar este tipo de rgano, soberana popular, irrevocabilidad del socialismo, smbolos nacionales, ratificacin del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, por solo mencionar algunos), los fundamentos econmicos (sistema de economa basado en la preminencia de la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de produccin, coexistencia de otras formas de propiedad), los derechos econmicos, sociales y culturales que soportan la propuesta socialista cubana (el trabajo, la salud, la educacin, el deporte, la educacin fsica y la recreacin, entre otros), la organizacin bsica del Estado cubano (por destacar: los principios de organizacin y funcionamiento de los rganos del Estado, la ANPP como rgano supremo del poder del Estado, nico con potestad constituyente y legislativa).

Entre las novedades que ofrece el Proyecto de Constitucin, deben destacarse entre los fundamentos polticos: el reconocimiento del Estado socialista de derecho (apelndose a una de las categoras atribuidas por los marxistas al pensamiento burgus e histricamente menospreciada, desconocida o, en el peor de los casos, vilipendiada en nuestro pas por sectores ideolgicos e, incluso, acadmicos: Estado de Derecho), la consagracin del pensamiento del Comandanta en Jefe Fidel Castro Ruz, reconocido lder histrico de la Revolucin cubana, como fundamento del Partido Comunista de Cuba, y el reconocimiento de la Constitucin como norma suprema del Estado (debindose reconocer an que toda la sociedad, en su conjunto, y en particular todas las organizacin polticas, de masas y sociales, vinculan jurdicamente su actuacin con apego irrestricto a la Constitucin, no slo de los directivos y funcionarios del Estado). Con relacin a los fundamentos econmicos, el reconocimiento de la propiedad privada ha sido, quizs, el ms relevante de lo que se propone en este punto el Proyecto de Constitucin. Otras cuestiones relevantes para el vigente orden constitucional que aparecen en el Proyecto de Constitucin de la Repblica, sin pretender agotar todas, son: la consagracin de la ciudadana efectiva, que exige que en el territorio nacional los ciudadanos cubanos se rigen nicamente por esta condicin, no pudiendo hacer uso una ciudadana extranjera; la ampliacin del catlogo de derechos, deberes y garantas (cuyo ttulo elimina el trmino de fundamentales), el rescate de las figuras del Presidente de la Repblica y del Primer Ministro (los que antao fueron reconocidos en Cuba), la constitucionalizacin de la Contralora General de la Repblica y el reconocimiento con carcter permanente del Consejo Electoral Nacional.

Queda pendiente en el texto propuesto a consulta popular, en el sentido de garantizar indefectiblemente el carcter normativo y supremo de la Constitucin, institucionalizar definitivamente un necesario e imprescindible sistema mltiple de control de constitucionalidad, donde la garanta jurisdiccional (a partir de un recurso de inconstitucionalidad, que podra interponerse ante un Tribunal Constitucional o, al menos, ante una Sala Constitucional adscripta al Tribunal Supremo Popular no slo por los sujetos polticos sino por los ciudadanos mediante la accin popular individual y colectiva) de conjunto con las vas polticas y otras de control constitucional (donde juegan un rol fundamental los medios de comunicacin social) cobren el protagonismo que merece en todo ordenamiento jurdico, poltico y social.

Con relacin a los derechos fundamentales, deber reconocerse expresamente una clusula de progresividad o carta blanca, donde se reconozca que el enunciado en la Constitucin de los derechos y garantas no podr entenderse como negacin o desconocimiento de otros que, siendo inherentes a la persona, no se reconozcan expresamente en el texto constitucional, mucho ms cuando han sido objeto de regulacin en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado cubano (urgidos los tratados relativos a derechos humanos firmados por el Estado cubano y an no ratificados, de serlos, tal y como sucede con los Pactos Internacionales firmados ya desde 2003 pero an no ratificados). Sobre la eficacia de los derechos fundamentales, en al escenario actual donde la expansin de las relaciones sociales, econmicas y/o de produccin se entroniza en el mbito de las relaciones entre los particulares, deber consignarse y garantizarse el principio de eficacia horizontal de los derechos, de modo que las personas, titulares de ellos, no queden desamparados ante presuntas violaciones o menoscabo a su disfrute por parte de los privados o particulares.

Con sincero optimismo, creo que esta ser una oportunidad histrica inigualable que tendremos todos los cubanos de superar definitivamente un nihilismo jurdico enclaustrado en nuestra sociedad, esperando que la nueva Constitucin que resulte de este proceso de cambio nos permita construir una nueva sociedad, no slo prspera y sostenible social y econmicamente (incluso, cvicamente), sino una sociedad donde la constitucionalizacin definitiva de todo el ordenamiento jurdico, de la actuacin de todos sus componentes, en especial los sujetos polticos (entendiendo como tales no slo al Estado, sino a todas las organizaciones polticas, de masas y sociales), sea imprescriptible. Ello siempre en el marco de que todo o casi todo, que no es lo mismo ni es igual, podr ser cambiado, siempre reafirmando los ms genuinos valores democrticos y revolucionarios. Pero ello, en ltima instancia, lo decidiremos los cubanos.

Karel Luis Pachot Zambrana. Doctor en Ciencias Jurdicas (Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2007). Profesor Titular de Teora General del Estado y de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente (donde actualmente se desempea como Jefe del Departamento de Colaboracin en su Direccin de Relaciones Internacionales). Miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Mxico) y de la Red Acadmica Iberoamericana de Derecho Constitucional, DERECONS (Espaa).

Fuente: http://www.cubainformacion.tv/index.php/politica/78751-dossier-sobre-el-anteproyecto-de-constitucion-cubana-tres-textos-para-un-debate-abierto-plural-y-transparente



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter