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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-10-2018

Reflexiones mnimas en torno a lo constitucional

Martha Prieto Valds
Cubainformacin


brase la repblica, a todas las ideas, al debate franco y plural...[i]


1. Qu pro y contra pueden tener los estudios comparativos para el anlisis de las instituciones poltico-jurdicas en cada sociedad?

Abocados a una reforma constitucional, en cualquier lugar es una tendencia mirar hacia el mundo[ii]: cmo se regulan las instituciones jurdicas, qu rganos de poder deben definirse para dirigir y organizar la vida en la sociedad?, sobre qu principios y reglas se debe asentar la vida comn, qu derechos son los ms comnmente reconocidos?; cules son los mecanismos de defensa de los derechos y la Constitucin? Entonces, empieza la comparacin de jurdico-poltica.

Esos estudios, ya sean para la comparacin de sistemas jurdicos a fin de identificar principios y fuentes formales rectoras; o puramente normativos y contrastar regulaciones sobre una o varias instituciones de Derecho; para identificar los entes polticos y rganos de poder, los elementos definidores de su esencia, sus caracteres generales o adecuaciones introducidas en uno o varios pases para darle mayor funcionalidad de acuerdo con exigencias territoriales concretas y como es lgico, respecto a la tutela de los derechos y sus garantas jurdicas, as como los mecanismos de justicia constitucional. El resultado es la identificacin de lo singular, lo particular y la regla general.

Ahora bien, desde cualquier perspectiva, ya en un mismo sistema jurdico o entre los diferentes sistemas reconocidos; ya sea en un Estado o en un mbito territorial-estatal plural, o entre diseos polticos diversos, la comparacin no puede ser solo una tarea descriptiva positivista, ni aun como ejercicio acadmico ilustrativo[iii]. Tal labor ha de ser analtica, contrastando aquello que sea comparable y teniendo muy claro cules son los objetivos que con ella se persiguen, a fin de que sea factible determinar la funcionalidad de la institucin estudiada en el espacio local/nacional, as como los pro y contra de su asuncin y, en consecuencia, poder adoptar las medidas pertinentes para propiciar su introduccin con eficacia y efectividad; de lo contrario no tiene sentido este estudio y la copia no arrojar buenos resultados.

En otras palabras, es importante la deteccin de las caractersticas generales de una institucin, en pos del anlisis de su esencia y expresin social; pero nunca de manera acrtica, sin precisar fundamentos culturales, histricos, socioeconmicos, polticos y de tradicin jurdica; tampoco tiene sentido para justificar la introduccin de estructuras de poder, porque las condiciones materiales de cada sociedad difieren, porque las tradiciones histrico-constitucionales no son iguales, como tampoco lo son las fuerzas polticas dominantes, aunque la esencia ideolgica coincida. De eso tenemos experiencia en el texto de 1976, cuando se cambi la estructura del aparato de poder y los principios de organizacin y funcionamiento.

De igual manera, los diseos econmicos en su trasformacin requieren mirada atenta, porque el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de produccin, distribucin, cambio y consumo, no estn al mismo nivel y no tienen los mismos antecedentes en su conformacin en todos los lugares.

Por ello, si eficacia y legitimidad de las instituciones que se introducen es lo que se pretende, su formulacin jurdica, constitucional u ordinaria, en las dismiles esferas de la vida social, debe asentarse en los elementos propios y posibles de conformidad con la cultura jurdico-poltica de cada pueblo, su sistema de Derecho y sus principios, as como sus propias limitaciones.

Entonces, durante cualquier proceso de reforma constitucional y de creacin de las normativas hay que pensar primero en las condiciones nacionales existentes en tanto mbito de recepcin, lo que ya existe y se mantendr al lado de lo que se trae, las posibles relaciones entre lo viejo y lo nuevo, el impacto de la introduccin de esas regulaciones con las consecuencias posibles, para luego entonces- adoptar las medidas respecto a la introduccin y los posibles efectos generales de su asuncin. La incorporacin de instituciones del otro debe estar asentada en la idea de que ...la poltica cientfica no est en aplicar a un pueblo, siquiera sea con buena voluntad, instituciones nacidas de otros antecedentes y naturaleza, y desacreditadas por ineficaces donde parecan ms salvadoras; sino en dirigir hacia lo posible el pas con sus elementos reales."[iv]

2. Cules son los lmites que impone el socialismo a la reforma constitucional para la Cuba del s. XXI?

Las adecuaciones, cambios o supresiones de contenidos constitucionales tienen lmites de conformidad con la definicin que en su momento hizo el soberano. Un texto prev los derechos, la tutela de las relaciones sociales o el margen de actuacin de los rganos de poder como resultado de la voluntad del constituyente; y para asegurar la preservacin de tales contenidos importantes se imponen lmites a la reforma. Ahora bien, la supervivencia o no a travs del tiempo de un texto depende de la voluntad poltica predominante de conformidad con la del constituyente, que es la que tiene que decidir y determinar si se preservan contenidos, relaciones, instituciones que han existido, o se incorporan otras nuevas que se entiendan necesarias para el desarrollo de la sociedad en las nuevas condiciones.

En cuanto a Cuba[v], los lmites a la reforma no los impone el socialismo, los impone la voluntad del pueblo que quiere conservar el diseo. Socialismo no puede ser una expresin vaca, sino con referencia concreta a la primaca de la propiedad estatal sobre los medios fundamentales de produccin a fin de que se aseguren los derechos socioeconmicos y culturales y la seguridad ciudadana que el pueblo ha conquistado y defendido durante aos, sin desconocer la insercin de otros entes econmicos. Ha de definir una sociedad armnica, no exenta de contradicciones y diferencias, pero una en la que no desaparezca la solidaridad humana, y se conjugue el aseguramiento del bienestar individual con el colectivo.

3. Qu reformas son necesarias para propiciar la armonizacin de lo pblico con lo privado?

La relacin individuo-sociedad-Estado sugiere una estrecha interconexin entre todos los actores sociales, y as tiene que ser si se pretende armona social, no sin contradicciones y diferencias, pero necesarias en pos del desarrollo de la sociedad. Pero tambin tiene que haber un respeto a lo individual, a los intereses particulares de cada persona, del colectivo o regin, los que debern poder realizarse sin necesidad de afectar lo general o comn.

En las pautas anteriores debe erigirse la regulacin constitucional y ordinaria en todas las esferas de la vida social, y no solo deben tutelarse las otras formas de organizacin de la propiedad social y privada con la finalidad de asegurar el bienestar individual y colectivo de los cubanos, sino que se han de insertar todas en la consecucin del desarrollo y la sostenibilidad del modelo; as como tambin han de preverse las obligaciones de la Administracin, de las entidades gestoras y del propietario, en lo general y para con los trabajadores.

Asimismo, la regulacin de la actividad econmica privada y su contribucin social debe ser coherente en s misma, redistribuyndose lo recaudado de manera transparente en toda la sociedad, integrando la caja central y la local, sin desconocer los posibles beneficios al titular privado por su aporte voluntario para con las necesidades sociales del rea de desarrollo.

Igualmente, la formulacin del presupuesto estatal ha de ser participativo, acompaado por un efectivo control popular directo sobre la gestin de las finanzas pblicas a todos los niveles y la obligacin de transparentar las decisiones y actuaciones en la esfera a todos los niveles. De igual manera, urge la realizacin de la unificacin monetaria, el ajuste de los precios de los productos de conformidad con los salarios de los trabajadores de los centros presupuestados para el cual requiere incrementarse de conformidad a como se manifiesta el crecimiento del producto interno bruto y la valoracin del cambio monetario; y la relacin trabajador estatal-salario debe ser lo suficiente prspera que estimule la estabilidad laboral y disminuya la migracin tanto interna como hacia el exterior. De lo contrario, las afectaciones a los derechos y las garantas pervivirn, sentando bases de una deslegitimacin del actuar del poder.

Tales medidas han de asentarse en una lgica sistmica que transversalice la toma de decisiones y nunca con medidas sectoriales o focalizadas, pues son estas las que crean desigualdades sociales. En otras palabras, las polticas que establecen discriminacin afirmativa son para asegurar la inclusin social de determinados sectores sociales desprotegidos o afectados por alguna medida empresarial o estato-administrativa, y siempre de carcter temporal; la igualdad de derechos o de acceso a ellos, no debe suponer la afectacin de los derechos de otros.

Deben destinarse a los municipios beneficios de los impuestos y contribuciones que se realicen en la localidad, pero en cantidad suficiente para que puedan ser atendidas descentralizadamente las necesidades locales como prev la vigente Constitucin[vi], y asegurar la autonoma que el proyecto prev.

Esencial es perfeccionar las formas y medios de participacin popular y de expresin de las ideas, a fin de asegurar derechos bsicos, potenciar la inclusin de todos en el debate y la preservacin de las conquistas. Por ello, es dable tambin que las organizaciones sociales y de masas logren impregnarse de mayor dinamismo en la localidad, en vnculo directo mucho ms estrecho con sus integrantes, a fin de promover esa representatividad de intereses personales y organizacionales, a partir del reconocimiento de las necesidades de todos y de la diversidad.

Asimismo, debe insistirse en la urgencia del perfeccionamiento del conjunto de regulaciones jurdicas, y en particular de aquellas dictadas para la proteccin de los derechos en todos los mbitos, en especial los sociales porque son los que permiten existir, se requieren en ascenso, sin retrocesos que los lesionen o restrinjan respecto a lo ya conquistado. En materia de derechos cualquier restriccin supone una vulneracin de la Constitucin y del ideal porque lucha el soberano, y la aceptacin de la heterogeneidad es ms que multiplicidad, es asegurar el equilibrio social.

Junto a todo lo anterior, en primera lnea tambin est la coherencia normativa y poltico-social, estimulada a travs de la transparencia en la actuacin de los entes polticos, estatal-administrativos y econmicos-empresariales, de la publicidad de las decisiones y normativas generales y locales en todo momento, y por el control en su multiplicidad de formas, momento y de promoventes.

Ante una sociedad ms diversa en lo econmico, en lo social y poltico-ideolgico, la primaca de lo individual sin tener en cuenta lo general necesario, desajusta la sociedad; y si se potencia solo lo colectivo sin la salvaguarda de lo propio, se disuelve el ser.

Como es lgico, se requieren de frmulas viables, respetadas por todos, que aseguren el cumplimiento de las competencias de los rganos del aparato estatal en su conjunto y de los lmites para el ejercicio de las mismas. Se recaba, asimismo, que la labor de representacin se desarrolle conforme a los intereses de los representados concretos y no solo con visin de lo general, porque eso desconoce la realizacin del inters particular o local que fue el que vot por el representante. Deben tomarse todas las medidas necesarias para que se instrumente lo dispuesto en aras de la salvaguarda de los bienes superiores y, a la vez, contribuir a la eficacia y validez de la disposicin constitucional.

Si "pensar es abrir surcos, levantar cimientos y dar el santo y sea de los corazones[vii], estas ideas se aportan con el objetivo contribuir a la salvaguarda de los derechos constitucionales y ordinarios, y de la supremaca de aquello que resulta de la voluntad popular soberana.

4. Qu se puede tomar del pasado constitucional cubano en pos del perfeccionamiento del proyecto?

Igual que en los comentarios anteriores, tener de fuente al pasado no es copiar lo que antes tenamos. Mirar lo que tuvimos es otra forma de estudio jurdico comparativo, pero en lo vertical, pues se debe analizar la evolucin de una institucin a travs del tiempo en un mismo pas, o sistema, identificando hechos, decisiones y reglas que han contribuido a la existencia de uno u otro molde o diseo, sus logros y limitaciones, teniendo como base la historicidad del fenmeno, las condiciones sobre las que se desarroll a los efectos de valorar influencias y contribuir a su preservacin, o reintroduccin. Lo anterior es muy necesario, asimismo, para apreciar los cambios en los sistemas polticos estatales y normativos, sus frenos o impulsos, los principios rectores que han pervivido o los que aparecen en precisos momentos histricos.

Por tanto, si ya se tienen de las Constituciones mambisas los principios rectores de la ciudadana cubana, y en especial con los postulados de la Constitucin de 1901[viii]; si del texto de 1940, en ocasin de la reforma de 1992, se tom la regulacin de los valores que se incorporaron al artculo 1[ix]; por qu no revalorar otras instituciones de la historia constitucional patria que son necesarias para asegurar la defensa de los derechos, as como para la preservacin de los contenidos, principios y valores constitucionales?

Del pasado constitucional debe tomarse un proceder especial en sede judicial para la defensa de los derechos consagrados en la Constitucin, un Recurso de inconstitucionalidad[x], que salvaguarde derechos y el orden superior, sin que sea posible limitar el acceso de la poblacin a la justicia; y que ante la ausencia de ley o disposicin de desarrollo de los derechos, o contradictoriedad de sta con la normativa superior se aplique directamente la constitucional, en tanto fuente formal fundamental del ordenamiento jurdico cubano que expresa la voluntad soberana del pueblo. Por qu un procedimiento especial judicial? Porque los derechos -si son fundamentales de conformidad con su esencialidad para la vida humana, resultados del reclamo y conquistas populares- exigen un grado de proteccin superior que los considerados ordinarios, y esa superioridad no se asegura con la suma de lo ordinario y los esfuerzos del Estado por garantizar materialmente los derechos; sino que requiere una proteccin especial. Si no hay medios para asegurar disfrute (garantas objetivas, efectivas y eficaces), rganos que con independencia e imparcialidad resuelvan y procedimiento evidentemente garantistas para las partes procesales, no se tiene el derecho aunque est previsto.

Igualmente, debe asumirse expresamente la Sala de Garantas[xi]; retomara el diseo de 1959 asentado en el texto de 1940[xii], a fin de realizar el control de constitucionalidad de las leyes y dems disposiciones generales de manera concreta (respecto al caso), concentrada y posterior. Un medio de apoyo al existente control poltico abstracto y general sin efectividad. Esta propuesta pudo instrumentarse, an sin previsin constitucional, empleando la Sala especial establecida en la Ley de los Tribunales[xiii]; aunque mayor garanta brindara la tutela constitucional expresa de esta sala, y su funcin especfica en la salvaguarda de los derechos de ese rango y de la supremaca jerrquica normativa de la Constitucin por encima de cualquier otra disposicin jurdica o decisin poltica y administrativa.

En esa misma lnea, el control jurdico de constitucionalidad es una urgencia, por eso, de no admitirse la nueva estructura, deben los tribunales ordinarios realizar un control difuso con la finalidad de asegurar la jerarquizacin de las disposiciones frente a normativas o decisiones inferiores restrictivas. Si el tribunal actuante advierte que la disposicin inferior vulneradora es evidentemente inconstitucional, que debi ser nula ab initio por restringir el alcance o contradecir a la normativa de mayor rango, resolver el caso inaplicando el precepto infraconstitucional y restituir/reconocer el derecho de conformidad con la ley superior. Sencillamente, resolver la antinomia. Si la advertencia proviene de la parte afectada y el tribunal de base tiene alguna duda al respecto, pudiera cursar consulta -por va incidental- al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para que emita criterios acerca de la constitucionalidad, en cuanto al caso que se evala, de la normativa presuntamente vulneradora, sin tener que esperar por solicitud de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado para pronunciarse al respecto, como s sucede hoy[xiv].

Para el control concreto, los tribunales ordinarios si pueden y deben brindar solucin a las reclamaciones por vulneracin de los derechos regulados constitucionalmente y de la normativa superior[xv], pues el hecho de que estos rganos declaren que un acto cualquiera, legislativo o administrativo, sea nulo por oponerse a la Constitucin no implica un veto a otro [rgano o sus facultades], sino la determinacin de la norma aplicable al caso concreto, lo cual significa esencialmente administrar justicia.

Por consiguiente, la intervencin judicial, ya concentrada o difusa es siempre posible y vlida, pues al fallar un caso concreto estn en el deber de buscar la norma aplicable, y cuando desechan una para escoger otra, no estn derogando ni vetando la norma desechada, sino limitndose a declarar cual es el (D)erecho en el caso concreto sometido a su decisin[xvi], y con ello no se invade el espacio competencial de los rganos representativos, o de otros entes estatales.

En pos de estimular el control general y abstracto ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que se preserva en el Anteproyecto, sera muy prudente retomar las acciones individuales y colectivas ante la propia Asamblea como estaba establecido en el Reglamento de 1982[xvii], a los efectos de verificar la correspondencia de las normativas locales frente a las superiores, derogndose las restrictivas de las reglas, principios y valores superiores y aquellas que afectan derechos constitucionales y ordinarios.

Una modificacin importante se ha previsto en el Anteproyecto[xviii] de Constitucin para el cargo de Jefe de Estado, la figura de Presidente de Repblica, establecida en todas las Constituciones cubanas previas a la vigente pero diferenciado del Primer Ministro, siguiendo pautas del texto de 1940[xix]. Si no se pretende que coincida con el Secretario General del PCC, lo cual lo hara ms fuerte de lo previsto; debe ser electo mediante el voto popular directo de una candidatura plural, propuesta por la Asamblea Nacional del Poder Popular de entre sus miembros, lo que asegurara la legitimidad de tales candidatos.

En esta nueva situacin, se requiere de una Asamblea ms pequea y permanente, debiendo modificarse el estatus del Consejo de Estado[xx] a una comisin permanente de una Asamblea a fin de que coordine en el periodo intersesiones la labor de las Comisiones temporales y permanentes del legislativo, sin facultades normativas, a fin de que no sustituya funciones del rgano supremo.

La aorada autonoma municipal[xxi], requerir ms que de nuevas estructuras de una modificacin de la dinmica funcional de los entes nacionales y provinciales respecto a los municipales, muy diferente a lo que en lo cotidiano se manifiesta a pesar de la previsin constitucional. De la tutela actual[xxii], como consecuencia de la reforma de 1992, ya debera haberse desarrollado, pero el ente de base ha carecido de amplias facultades decisorias. Se requiere una amplia descentralizacin, transparencia en la toma de decisiones y un efectivo control popular cotidiano.

Una u otras ideas, pero todas vlidas pues lo cierto es que los diseos polticos no son solo estructuras y procederes, sino que se asientan sobre la vigencia de principios y valores esenciales, en especial aquellos que tributan al aseguramiento del bienestar del hombre y la justicia social, tal y como consagra en el art. 1 constitucional.

5. A partir de la relacin individuo-sociedad-Estado, cmo debe entenderse la interaccin entre derechos y deberes, y qu instituciones jurdico garantistas deben ser introducidos para propiciar el disfrute de los derechos constitucionales y ordinarios en la Cuba de hoy?

A fin de asegurar esa interaccin, se parte de que los derechos no son absolutos, sino que tienen lmites[xxiii], pero estos contornos de actuacin han de ser bien definidos constitucionalmente, para que tal regulacin se transforme en garanta para el ejercicio de los derechos de todos, as como la exigencia de deberes, y responsabilidades cuando proceda. De lo contrario, si los lmites los define el legislativo, o cualquier otro rgano inferior, se pueden mover los bordes garantistas y se pueden restringir los derechos. No hay derechos de disfrute sin deberes de respetarlos y asegurarlos.

Asimismo, debe asegurarse el pleno acceso a la justicia de TODOS y en todo momento para reclamar el cumplimiento de los lmites constitucionalmente determinados cuando su desconocimiento lesione derechos, cuando cualquier disposicin o decisin vulnere o restrinja cualquier derecho o el orden constitucional. En aras de la observancia de las pretensiones que aqu se sealan, consgnese de manera expresa el pleno derecho de acceso inmediato y directo a la Justicia en todo caso y momento en el texto constitucional, para la defensa de cualquier derecho constitucional u ordinario- sin las vaguedades que en el proyecto se expresan: oportuno, adecuado, pertinentes, que correspondan a lo previsto en la ley, entre otros, pues estas expresiones lejos de brindar garanta, lesionan el ideal de seguridad y justicia por la falta de certeza que expresan.

El reconocimiento de la Supremaca constitucional en el proyecto debe suponer un mandato para todos los rganos de poder de que en caso de normativas que restrinjan derechos o que no se adopten las leyes para propiciar su ejercicio y disfrute, la prioridad ha de ser el cumplimiento de los preceptos constitucionales, con la exigencia poltica y judicial de su inmediato restablecimiento/adopcin so pena de sancin administrativa y penal si fuere necesario.

De tal suerte, se reafirma la necesidad de la aplicacin judicial directa de la normativa superior garantista frente a la inferior restrictiva o ausente, incluso ante derechos no tutelados constitucionalmente, pues los jueces al fallar un caso concreto estn en el deber de buscar la norma aplicable, y cuando desechan una para escoger a otra, no estn derogando ni vetando a la norma desechada, sino limitndose a declarar cual es el derecho en el caso concreto[xxiv] Asumir la aplicacin directa de la Constitucin para la defensa de los derechos consagrados en ella o no, y la realizacin plena de los postulados constitucionales, vendra a constituir una garanta superlativa ante la desregulacin, dudas en la aplicacin de normativas por vaguedades en su estipulacin, lagunas, o esas reiteradas antinomias por cuestiones de jerarqua o competencia, salvables, pero inexplicablemente presentes en el ordenamiento jurdico cubano.

6. Cmo asegurar la realizacin del texto constitucional cubano?

Cmo asegurar que lo dicho y lo hecho o por hacer coincidan? Cmo asegurar que la Constitucin jurdica se instrumente en la realidad sin cortapisas y para todos? Para asegurar la realizacin del texto constitucional cubano se requiere que su contenido no sea asumido como enunciados programticos o que estn a la espera, que no sea entendida slo como contentiva de principios y valores que deben ser desarrollados, ni tampoco como una Ley de mnimos solamente, como conjunto de preceptos que requieren de su concrecin por los aparatos decisores.

Para que lo dicho jurdicamente sea garanta de concrecin, debe entenderse que la Constitucin es un conjunto normativo, de valores y principios, que sus normas, adems de establecer las lneas y definiciones de las relaciones, conductas e instituciones ms importantes de la sociedad en un determinado tiempo, fijan el mbito de realizacin y los lmites de su desarrollo, como tambin las pautas para la adopcin de las polticas y las leyes necesarias para ello. Que la invocacin de sus postulados normativos debe tener como consecuencia un reclamo o exigencia de su instrumentacin por los rganos y mecanismos concebidos para el aseguramiento de su eficacia jurdica y social. Slo entonces Constitucin ser sinnimo de garanta.

La realizacin de la Constitucin clama por un control, previo o posterior que lo prevea y asegure. En tanto texto de superior fuerza y rango jurdico, pensando en presente y un futuro inmediato, debe con inmediatez reformularse el diseo de control poltico de constitucionalidad, dando entrada al aparato de justicia y a la intervencin popular directa, individual y colectiva, en su estimulacin y exigencia. Ms de 40 aos de experiencia de un control poltico concentrado previo y posterior no ha dado los frutos satisfactorios que se esperaban en la conjugacin del bienestar local y el nacional; individual y colectivo.

Pero, sin una cultura y conciencia jurdica de toda la sociedad, dirigentes y destinatarios de las normas, de respeto a la letra superior y del derecho-deber de todos en pos de ello, los contenidos del texto constitucional nunca sern realidad.

Tan cierto es lo anterior, que ya desde 1892, la emigracin cubana en Tampa adopt una resolucin, que todava debe seguir siendo gua: La accin comn ha de emprenderse con el acomodo a las realidades, derechos y el alma democrtica del pas que la justicia y la experiencia aconsejan; y la organizacin revolucionaria no ha de desconocer las necesidades prcticas derivadas de la constitucin e historia del pas, sino que ha de trabajar directamente por la agrupacin, conforme a mtodos democrticos de todas las fuerzas vivas de la patria; por la hermandad y accin comn de los cubanos, y por la creacin de una Repblica justa y abierta, una en el territorio, en el derecho, en el trabajo y en la cordialidad, levantada con todos y para bien de todos[xxv].

Notas:

[i] Mart, J. Los Clubes. Patria, N. York, 11 de junio de 1892. Obras Completas, Editorial Ciencias Sociales, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1973; T.1, p.16.

[ii] Como ejemplo de esa conducta, tngase el reciente trabajo publicado acerca del proceso de elaboracin de la Constitucin espaola, y ejemplos de tales procederes en otros pases. Ver AAVV. Encuesta. El mtodo comparado en derecho constitucional. Teora y Realidad Constitucional, UNED, nm. 41, 2018, pp. 15-56; https://dialnet.unirioja.es/descarga/ articulo/6438504.pdf

[iii] Al respecto, Carlos Azcrate Rosell, ex Magistrado de la Audiencia de La Habana, en fecha tan temprana como 1943, apunt: La ciencia del derecho comparado es por consecuencia, uno de los medios que utilizan los juristas, para reconciliar la razn con la historia, ampliando los estrechos horizontes del positivismo, pero huyendo de toda divagacin meramente intelectualista. Ver, Filosofa del derecho y Derecho comparado. (1), Revista Cubana de Derecho, Ao XVII (3 nueva serie) Abril-Junio 1943, nro. II (66), p. 165.

[iv] Mart Prez, Jos: Discurso en el Liceo cubano, Tampa, 26-11-1891, Obras Completas, T.4, ob. cit., p. 275.

[v] Ver Constitucin de 1976, ref., arts. 3 y 137.

[vi] Ver Constitucin de 1976, ref, art. 102, prr. 3.

[vii] Mart Prez, Jos: Discurso en conmemoracin del 10 de octubre de1868, Hardman Hall, NYork, 10-10-1890, O. C., T. 4, pp. 248.

[viii] La Constitucin de Jimaguay, de 1895, en su artculo 19 define pautas esenciales en la materia: Todos los cubanos estn obligados a servir a la Revolucin con su persona e intereses segn sus aptitudes; y el texto de 1901 estableci un principio que an se mantiene; la exclusividad de la ciudadana cubana. Ver art.7. La condicin de cubano se pierde: 1. Por adquirir ciudadana extranjera. 2. Por admitir empleo u honores de otro gobierno, sin licencia del Senado. 3. Por entrar al servicio de las armas de una nacin extranjera sin la misma licencia.

[ix] El texto de 1940, consagra en el art.1: Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como repblica unitaria y democrtica, para el disfrute de la libertad poltica, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana., mientras que la Constitucin de 1976, ref., en 1992 reconoce que: 1. Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como repblica unitaria y democrtica, para el disfrute de la libertad poltica, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana

[x] Ver lvarez Tabo, Fernando: El Recurso de Inconstitucionalidad. Editorial Librera Mart, La Habana, 1960, pp.8-9.

[xi] Propuesta que se ha venido defendiendo desde los aos 90; ver Prieto Valds, Martha. Garantas y Defensa de los Derechos fundamentales de la ciudadana cubana, Revista El Otro Derecho, ILSE, Colombia, Vol. 6, No. 2, 1994.

[xii] Si bien la Constitucin de 1940 estableci el Tribunal de Garantas Constitucionales y Sociales, para decidir en esta esfera (ver Art. 182. a) Los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones o actos que nieguen, disminuyan, restrinjan o adulteren los derechos y garantas consignados en esta Constitucin o que impidan el libre funcionamiento de los rganos del Estado. b) Las consultas de jueces y tribunales sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes y dems disposiciones que hayan de aplicar en juicio.); la Ley Fundamental de 1959 (ref) regul una Sala de Garantas Constitucionales y sociales para asumir las mismas funciones (ver art.160, a y b)

[xiii] Ver Ley nro. 82, De los Tribunales Populares, Titulo Segundo, art. 24.

[xiv] Ver Ley nro. 82, De los Tribunales Populares, Titulo Segundo, art. 19.1.b)

[xv] Expresin de esta ltima forma de intervencin del Tribunal supremo, sin la necesidad de creacin de sala especial, se tiene en la Constitucin de 1901; ver art. 83: Adems de las atribuciones que le estuvieren anteriormente sealadas y de las que en lo sucesivo le confieran las leyes, corresponden al Tribunal Supremo las siguientes: 4.Decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, cuando fuere objeto de controversia entre partes.

[xvi] lvarez Tabo, F.: El Recurso de inconstitucionalidad, ob. cit., pp. 8-9.

[xvii] Ver Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 1982, Disposicin Transitoria nica, a).

[xviii] Desde el punto de vista tcnico y de conformidad con el procedimiento previsto, el Proyecto de Constitucin en realidad es un Anteproyecto, pues esta versin debe ser enriquecida y modificada por los criterios de la ciudadana en las consultas que se estn realizando, con ellas se elaborar un nuevo documento que ser el que se someter al final, al voto popular secreto y directo.

[xix] Ver Constitucin de 1940, art.154. El Consejo de Ministros ser presidido por el Presidente de la Repblica. Cuando el Presidente no asista a las sesiones del Consejo, lo presidir el primer Ministro. El primer Ministro representar la poltica general del Gobierno y a ste ante el Congreso.

[xx] Ver Constitucin, cit., arts. 89. El Consejo de Estado es el rgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular que la representa entre uno y otro perodo de sesiones, ejecuta los acuerdos de sta y cumple las dems funciones que la Constitucin le atribuye. Tiene carcter colegiado y, a los fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema representacin del Estado cubano; y 90.Son atribuciones del Consejo de Estado: a) disponer la celebracin de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular; c) dictar decretos-leyes, entre uno y otro perodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular; ch) dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretacin general y obligatoria;

[xxi] Ver Constitucin de 1940, arts. 210-212 y 227 respecto a los medios de garanta de preservacin de la autonoma municipal.

[xxii] Ver Constitucin de 1976, ref., art. 102, prrafo 3. El municipio es la sociedad local, con personalidad jurdica a todos los efectos legales, organizada polticamente por la ley, en una extensin territorial determinada por necesarias relaciones econmicas y sociales de su poblacin y con capacidad para satisfacer las necesidades mnimas locales.

[xxiii] Ver Constitucin de la Repblica de 1976, ref., art. 62.

[xxiv] Ver lvarez-Tabo, Fernando: ob. cit., p. 9.

[xxv] Resoluciones tomadas por la emigracin cubana de Tampa el 28 de noviembre de 1891, apartados 2 y 3; en Mart Prez, Jos: Obras Completas, ob. cit., T. 1, p. 272.

Martha Prieto Valds. Profesora Titular de Derecho Constitucional y Teora del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Vicepresidenta de la Sociedad cubana de Derecho Constitucional y Administrativo y Coordinadora de la Seccin de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Cuba.

Fuente: http://www.cubainformacion.tv/index.php/politica/78751-dossier-sobre-el-anteproyecto-de-constitucion-cubana-tres-textos-para-un-debate-abierto-plural-y-transparente



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