Portada :: Argentina
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-10-2018

Guerra territorial en Rosario y un ministro de seguridad que dice que no es una pelea narco

Miguel Angel Barrios y Norberto Emmerich
Rebelin


Desde los megaoperativos de Sergio Berni en 2014 hasta las disputas territoriales de la actualidad, poco ha cambiado en Rosario, donde se han cometido 148 homicidios en lo que va del ao 2018. En medio de esta escalada "la Iglesia sale a disputarle territorio a la violencia", dice el ttulo del diario La Capital del 2 de octubre de 2018, una afirmacin que slo obedece a la creatividad entusiasta del periodista. La parroquia Reina Mara del barrio Larrea, donde funcionaba un Centro de Vida, fue atacada a balazos el 23 de septiembre. El amenazado cura Juan Pablo Nez recibi el apoyo del barrio en una misa oficiada por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martn, mientras dos patrulleros de Gendarmera custodiaban la entrada junto con un mvil de la polica provincial.

Si bien ese centro de vida no se reabri y no est por hacerlo, la Iglesia abrir otros cuatro a los siete que la Comunidad Padre Misericordioso tiene en la ciudad.

Fabin Belay, referente de la Pastoral de Drogadependencia de la arquidicesis de Rosario, sostuvo que la Iglesia trabaja en conjunto con distintas agrupaciones buscando que los nios y nias no caigan en adicciones. Lgicamente la Iglesia entiende que institucionalmente no tiene capacidad ni incumbencia en disputas territoriales con las bandas narcos y su nfasis est puesto en alejar a los jvenes del consumo de drogas, no en "disputar territorio". Entre esas agrupaciones estn el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Dignidad, agrupaciones polticas con intencionalidad social en una doble aproximacin apreciable pero dbil. Uno de estos espacios funcionaba en la rbita de la parroquia Mara Reina y cerr por la presin de las bandas narco del barrio.

Por el lado del gobierno se instal en el barrio Municipal un Centro Territorial de Denuncias. En su inauguracin estuvieron presentes la intendenta Mnica Fein y el ministro provincial de Seguridad, Maximiliano Pullaro. "Ocupamos un territorio donde la violencia impeda que el Estado estuviera presente. Es una manifestacin de las bandas que no quieren que el Estado est ah", dijo la intendenta Mnica Fein. A los dos das el Centro fue baleado, explicando en palabras de plomo que el Estado ya se retir hace tres dcadas sin que nadie lo expulsara.

Sobre la muy compleja situacin que vive la ciudad de Rosario el ministro Pullaro manifest que "lo que est sucediendo en Rosario no es una pelea narco... Lo que sucede en esta ciudad dista de ser una pelea entre bandas de narcotraficantes. Ac hay dos grupos no muy numerosos que arrastran problemas interpersonales de vieja data y que los dirimen con una violencia letal". El gobierno y los funcionarios no quieren hacerse cargo de la cuestin territorial, ni siquiera la asumen.

Las bandas en disputa estn integradas por miembros de dos familias, Funes y Caminos, que arrastran viejas rencillas. "Estamos hablando de dos grupos criminales que se financian, entre otras actividades, con lo que recaudan por el narcomenudeo. Pero se trata de grupos de marginales con escasa organizacin y cuyos lderes se legitiman con violencia, que sin dudas es muy letal", comparndolos con la banda de Los Monos "que s tena una organizacin". Ni territorio, ni narcos, ni bandas organizadas; para el gobierno el problema literalmente no existe.

El problema del narcotrfico en Rosario no es de carteles sino de grupos familiares de narcomenudeo, muy violentos pero poco organizados, lo cual vuelve an ms preocupante la desidia oficial prolongada cuando se piensa en el mediano plazo. Adems la institucionalizacin judicial coloca al narcomenudeo en el mbito de la justicia local, desfederalizando el mercado de consumo, como si fueran pequeos actos individuales de escasa organicidad. Es llamativo que un problema considerado tan "simple" no encuentre solucin ao tras ao.

Al igual que muchos de los funcionarios con cargos en el rea de seguridad, el ministro Pullaro subray que "siempre es bienvenida la llegada de ms gendarmes" y destac que una mayor presencia de fuerzas federales "permite trabajar sobre ms puntos conflictivos y con mayor efectividad". Sin precisar las caractersticas, desmereciendo las dimensiones y desfederalizando el narcomenudeo, la solucin siempre es la misma: mayor presencia armada aunque se ignore para qu.

"Ms mujeres presas, una robustecida facultad policial para detener a pibes pobres y estadsticas montadas sobre el eslabn ms dbil de la cadena del narcotrfico " son los efectos de la desfederalizacin del narcomenudeo segn el especialista Mariano Fusero.

Algunos actores (la Iglesia y los grupos militantes) hacen lo que pueden; otros actores (gobierno municipal, gobierno provincial) no hacen lo que deben. En ningn caso se aborda la problemtica territorial del narcotrfico.

Sin organizaciones de la sociedad civil que hagan de contrapeso, el narcotrfico puede pactar acuerdos de reparto territorial (y de ganancias) con los detentores legitimados del control territorial (la polica); por eso persigue en primer lugar a las organizaciones de la sociedad civil que pueden dificultar ese control y el poder simblico que ste otorga. Las amenazas o persecucin de militantes sociales o polticos no es un error en trminos de la geopoltica del narcotrfico, sino una tarea de amesetamiento social.

El trfico de drogas por la Hidrova, los puertos privados, la exportacin de soja por las terminales rosarinas, el capital lquido derivado, el apoyo en las barras bravas, la cooptacin de sicarios, la desfederalizacin del narcomenudeo y finalmente el gerenciamiento de la seguridad son elementos que construyen una territorialidad criminal por ms que la realidad apenas muestre un enfrentamiento no organizado entre familias. En los barrios pobres donde el Estado ha desaparecido hace mucho, las escasas y dbiles organizaciones de la sociedad civil se enfrentan solitariamente a un conflicto al que van con razn pero sin armas. El narcotrfico advierte esa soledad y festeja la transformacin de una sociedad cuyas polticas pblicas obligan a luchar por recursos y no por derechos.

Cuando las policas entran en la dinmica de control local de los grupos delincuenciales, lo que habitualmente se llama gerenciamiento de la seguridad, la impunidad y la corrupcin se vuelven el principal insumo de supervivencia de las organizaciones del crimen organizado. La generacin de economas de escala crea cadenas productivas que le dan valor agregado a las drogas y la ilegalidad se vuelve el velo perfecto para la constante produccin y reproduccin de la corrupcin y la negligencia de las autoridades encargadas de hacer valer el Estado de Derecho.

Cul es la conexin real entre la corrupcin y la poltica en un contexto de expansin del narcotrfico? En aquellas geografas donde el narcotrfico se asienta con fuerza, trabaja como si fuera una institucin y la sociedad, para poder subsistir, se adapta a las condiciones impuestas por l.

El origen del narcotrfico se encuentra en la debilidad del Estado de Derecho, no al revs como afirma Mnica Fein. A partir de all las caractersticas perniciosas del trfico de drogas echan races y comienzan a transformar las instituciones en favor de sus objetivos organizacionales. Estos vacos de estatalidad o de territorialidad estatal son ocupados por el crimen organizado.

Siempre la reaccin de los gobiernos es ignorar al narcotrfico para que no se evidencie la relacin siamesa de corrupcin entre las grandes esferas de la poltica y las sucias esferas del crimen organizado.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter