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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-10-2018

La responsabilidad politica del Partido Centro Democrtico

Carlos Meneses Reyes
Rebelin


Una verdadera carrera de criminalidad se ha ensaado a lo largo y ancho del pas y lo ocurrido en la Provincia de Ocaa- Nororiente colombiano - sacudida por el secuestro de un nio de cinco aos, hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander) no es extraa a esa sintomatologa. De los habitantes de El Carmen se pregona: los del Centro del casco urbano son decentes. Los del extremo de Guamalito, vinculados al arribismo consumista del traqueteo narco paramilitar. El comportamiento anmalo en el manejo de una sociedad trasciende a la funcin estatal, ms all de la gobernalidad de un pas. Al cuerpo de nacin le afecta lo de un Estado fallido.

Lo acaecido en los ultimo sesenta aos en Colombia lo catalogan como un pas en guerra (internacionalmente, como un pas asolado por un conflicto armado interno). Esa guerra interna ha dejado 262.197 muertos. 80.514 desaparecidos. 37.094 victimas de secuestros. 15.867 vctimas de violencia sexual, 17.804 menores reclutados. Pese haberse firmado un Acuerdo de fin del conflicto con las Farc-ep, 25.000 personas fueron expulsadas de sus lugares de origen. A ms de seis millones asciende la poblacin desplazada durante los ltimos aos. Ya son cerca de 500 los lideres sociales asesinados, desde ese supuesto fin del conflicto con el anterior presidente Santos, titular del opaco Premio Nobel que no signific emblema, ni represent la Paz.

La finalidad del acuerdo y un despropsito de paz

El Estado colombiano  no ha demostrado un firme propsito en la obtencin del fin del conflicto armado interno. La no cooperacin armnica de los poderes pblicos constitucionales as lo demostr. La injerencia de los rganos de control, la Procuradura y en especial la Fiscala, constituyndose en una talanquera en la noria de la implementacin de los Acuerdos. Los partidos polticos, cual conmilitones en el ejercicio de la guerra, gracias al ejercicio de un sistema electoral corrupto e ilegitimo, echaron a perder la finalidad de la salida poltica al conflicto armado interno en Colombia. Todos a uno y en particular el partido fascista denominado Centro Democrtico (CD), dieron al traste con la finalidad que un Acuerdo de Paz o fin del conflicto con una insurgencia no derrotada militarmente. No acatan el significado de erradicar o sacar la violencia de la practica poltica. Ese propsito lo desconocieron. Generaron la polarizacin de las figuras Santos-Uribe, siendo la misma cara de la moneda del Bloque Oligrquico Anti insurgente dominante. Bombardearon la implementacin de los acuerdos, desde todos los ngulos. No permitieron el fin del conflicto; sino que por el contrario enfilaron toda actividad hacia el engao, la felona, la traicin y la frustracin de un pueblo, generando el enfilamiento del conflicto a manifestaciones de una nueva guerra, an no esclarecida en la realizacin de sus propsitos. Implantaron en el escenario nacional la paz de los sepulcros!

Que esta pasando con el estado, con las fuerzas armadas, con la polica, con los partidos polticos

El panorama nacional y regional es claro oscuro. Paramilitarismo se asimila a terror estatal. Para el mes de mayo de 2018 un estudio difundido por el peridico The Guardian, indica que el ejrcito colombiano ejecut, a 10.000 civiles en los falsos positivos, para truncar las estadsticas, hace ver que estaban ganando la guerra y aumentar la ayuda militar estadounidense. Los investigadores Omar Rojas Bolaos y Fabian Leonardo Rodrguez (Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios). Corresponde a un ejercicio frio y calculado, durante dcadas de conflicto. Las ejecuciones extrajudiciales fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos. Rojas asegura que se atac especialmente a menores con discapacidad funcional Para los Juristas del Mundo que han participado en Caravanas de Juristas en Colombia. (La VI Caravana Internacional de Juristas se realiz en el pasado mes de agosto, con visitas a escenarios como El Catatumbo): Nos ha sido muy difcil confrontar la bondad de los colombianos con unas tragedias humanas insospechadas. la violencia y la falta de esclarecimiento es lo que nos mantiene mas preocupados. Concluyen que luego de tantas denuncias y conocimientos de causas nada hacia el futuro.

Ese nada hacia el futuro martilla la conciencia nacional ante la impunidad. Rebosan los dossiers sobre investigaciones y conocimiento sobre el paramilitarismo. La Corte Penal Internacional (CPI) no da compas de espera. Pero corresponde colocar el dedo en la llaga en el papel de los partidos polticos en el incremento del conflicto armado interno en Colombia. El propsito de un Acuerdo del fin del conflicto con las antiguas Farc- ep era sacar la violencia de la poltica. Los partidos de la derecha militarista no lo han permitido. Corresponde a una imposicin de condiciones a regir para ambas partes: para el rgimen y para quienes los confrontan.

Asistimos al exterminio, en escala genocida, contra los lderes sociales. Pero existen relaciones de con causalidad entre los asesinatos selectivos y sistemticos a lderes en las diferentes regiones del pas y los postulados del partido fascista Centro Democrtico (CD). A manera de enunciado:

Todo lo relacionado con la mega minera, la defensa del agua y otros recursos ambientales corresponde a lo programtico neoliberal del partido CD. La defensa a ultranza de la invasin de la inversin extranjera sin lmite al cinturn de la soberana nacional es del ejercicio de poder hegemnico actual. Las manifestaciones contra los procedimientos para oponerse a tal fin las enarbolan los lderes sociales y dirigentes comunitarios, en defensa de lo autctono nacional y soberano. El indicio o seal de la actual ocurrencia es que esos contradictores son exterminados sistemticamente.

Se conoce como reclamantes de tierras, a sujetos activos de los diez millones de hectreas que, en un tiempo anterior y muy reciente de los periodos sanguinarios de Uribe en el poder, fueron desfoliados de sus tierras por la aplicacin de la reforma agraria blanca del paramilitarismo en los campos colombianos. Lo programtico del CD enfila contra la Ley de Vctimas y de Restitucin de tierras. Consagran el estatus quo de los juicios de pertenencia, en el sistema aberrante imperante en el Cdigo Civil colombiano  de la usucapin a los veinte aos sin justo titulo; es decir, por las vas de hecho y el embuchado de los terceros poseedores de buena fe. Hoy esas tierras no son de paramilitares en particular, ni de agentes del ejercito () son de multinacionales de los agrocombustibles, entre otros. La senadora del CD, Mara Fernanda Cabal, radica proyectos para el manejo de tierras, proteger a esa multinacionales y terratenientes particulares del latifundio improductivo, que criminalmente ocuparon esas tierras y persisten en los despojos a victimas campesinas. Ese proyecto busca no molestar a los que se quedaron con las tierras de los desplazados. En la usanza del vituperio, que es el modus operandi de ese partido fascista, el CD, esa flamante senadora, que cual ventrlocua seala a los reclamantes de tierras como vagos y bandidos que no les gusta trabajar, a sabiendas de sus consecuencias, ha llevado a considerar a Hernando Gmez Buenda: Este asunto es crucial para el CD y por eso ha sido cogestionado entre Duque y su bancada.

Buen nmero de los acribillados lideres sociales son voceros de los reclamantes de tierra; sacrificados por tener conocimiento de las situaciones de despojo y mantener los contactos con las victimas despojadas de esas tierras. El sicariato al servicio de los intereses programticos de un partido fascista como el CD. Todo, por cuanto impulsan la desigualdad econmica y social, bajo lo legal y la permanencia de despojo y de concentracin de tierras. Enfrentar la perversa y corrupta minera ilegal, pero no para salidas democrticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder gracias al sistema desbastador de lo extractivo en contra de los intereses de la nacin y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, a parecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economas informales.

Ese partido, CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio poltico de formas de modos de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarqua regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses econmicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupcin sistemtica de la economa subterrnea, en la suplantacin del Estado y en lo hegemnico social. Corresponde hacia el futuro desentraar o desenmaraar la simbiosis para beneficiarse mutuamente, como si existieren intereses y finalidades en comn, entre la existencia de la sistematicidad de los crmenes a lderes sociales y comunitarios (ya hoy no acusados de auxiliares de las gerillas) y el acumulado poltico para ese partido fascista, el CD.

El Partido CD, apoyados por el presidente electo, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crmenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se d el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisin de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementacin de los Acuerdos, proponiendo la congelacin de iniciativas al respecto y con engaifas al conocimiento jurdico universal, plantean la extincin de los delitos conexos al delito de Rebelin, como si ello fuera albur de cualquier perico de los palotes y no de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de esencial aplicacin del juez natural. La finalidad buscada apunta a entrabar y colocar talanqueras a la insoportable situacin de no continuidad de las conversaciones con el ELN y la actitud de avestruz, ante la inminente necesidad de acercamientos polticos con el Ejrcito Popular de Liberacin (EPL).

Lo de la injerencia en la Justicia, por parte del fatdico partido CD, ser tema de anlisis en otra oportunidad, destacndose la bsqueda de una Justicia de bolsillo, al no aplicar ni el eufemismo de cortesana y de limarle a la Constitucin del 91, el incisivo de la tutela: instrumento de mejor trato para servir de algo al sufrido pueblo. Sin olvidar la suerte de las ciudades, en el gobierno hegemnico de la derecha militarista, los pobres de los lugares apartados soportan la focalizacin de la violencia y son los sectores populares los que continan poniendo los muertos en esta guerra que no termina.

Quin los est matando?

Por todo ello a futuro surge la cuestin: Quin los est matando?. La actividad poltica de denuncia nacional e internacional no se detiene. La convocatoria a la audiencia publica Colombia por la Vida en Popayn, requiri la presencia de los cuadros de ese partido CD, Guillermo Botero, como ministro de la guerra. De la Nancy Patricia Gutirrez, como ministro del Interior. Ninguno de los dos asisti. La Fiscala General aplica falsos positivos judiciales a miembros del Movimiento Poltico de Masas Social y Popular del Centro Oriente y del Congreso de los Pueblos y luego del escarnio y la picota pblica son liberados.

Lo teleolgico o finalista del presente enunciado corresponde a analizar que est trazada una directriz con el propsito que cualquier manifestacin progresista, socialdemcrata, de la Colombia Humana y en especial consecuentemente revolucionaria, sea borrada de la faz del escenario poltico del pas. Resulta inocultable que el partido fascista CD, se propone eliminar de la contienda poltica a todo lder y practica poltica que proponga alternativas al modelo depredador de economa de casino neoliberal, que huela a defensa de los derechos humanos y la ecologa, de reclamacin y recuperacin de tierras, de educacin popular y defensa de la educacin pblica. No existe proclama poltica que reivindique el buen nombre de los lideres asesinados por parte de ese partido llamado e inscrito como Centro democrtico (CD). De manera que cada da que cae un lder social o un testigo de excepcin expresar: un buen muerto!

No puede resultar que con el cumulo de sintomatologas enunciadas, un actor poltico como el partido Centro Democrtico (CD) pueda eludir el peso de las investigaciones de la inteligencia del sistema estatal judicial y de la Corte Internacional de Justicia o Corte Penal Internacional (CPI).

Parecen los concilibulos de sus Directorios Regionales, mulos de los partidos liberal y conservador, con su canibalismo poltico en la poca de la violencia de los aos 1950, tan degradados como en el presente, en que el monstruo Laureano Gmez editorializaba en el diario El Siglo, lo difundan los pulpitos del clericalismo anticomunista y al da siguiente se produca la masacre de liberales, tipo El Carmen, en el Norte de Santander, en el ao de 1949.

La respuesta popular

El actual gobierno hegemnico de derecha en Colombia entreg al imperio estadounidense la poltica exterior frente al caso de la Republica Bolivariana de Venezuela. Ha confiado, a pie juntillas, su poltica de seguridad al Centro Democrtico. Su poltica corporativista y de especulacin financiera a los gremios econmicos. Semejando los sbados de Duque a los sbados de Uribe, el analista Manuel Humberto Restrepo Domnguez, en artculo publicado en el portal Rebelion.org. alude a los Talleres del Horror, enunciando que vuelven las masacres y la paz de los sepulcros. De otro lado, el lder popular Gustavo Petro ha roto el paradigma de la existencia de las tales guilas Negras o guilas Verdes, en la bsqueda de sustituir, dentro del contexto de investigacin y desmonte definitivo del paramilitarismo, los ejemplos o modelos de antao, superados y conocidos y centrarnos en los agentes de carne y hueso, criminales y desalmados de quienes estn de nuevo en el poder atribuyndose el derecho a matar e imponiendo el deber de dejarse matar.

Pero la Caravana de juristas Internacionales, en puntualizacin de la abogada britnica Sue William, que nos visit, plasm una recomendacin: Despus regresamos a nuestros pases y escribimos un informe para visibilizar la situacin del Catatumbo y el pas, y que espero que sea un pequeo paso para cambiar. Ese tambin sea el reto a futuro de y para los juristas colombianos!


PD. Al finalizar el presente escrito circula la noticia que el menor Cristo Jos, hijo del Alcalde de El Carmen Norte de Santander fue liberado, luego de siete das de desaparecido.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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