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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-10-2018

Los pobladores han denunciado ms de 300 asesinatos desde la constitucin de la Comunidad en 1997
La Comunidad de Paz de San Jos de Apartad resiste a la violencia paramilitar

Enric Llopis
Rebelin


Estamos sufriendo lo mismo que antes de los Acuerdos de Paz de La Habana de 2016; en las veredas hay un paramilitarismo muy fuerte y bien armado; adems de las amenazas, los paramilitares han obligado a campesinos con tierras y ganado a participar en reuniones; a quienes no asisten se les castiga con elevadas multas, afirma Levis Johanis Florez Ramos, responsable de la verificacin de veredas en el Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad (subregin de Urab, departamento de Antioqua).

Es un paramilitarismo refinado y moderno, utilizado por las empresas para tomar los territorios pero tambin por los gobiernos locales; a veces te dicen: si usted no me vende la tierra, me la vender su viuda, apunta Jos Roviro Lpez, encargado de comunicacin y comercio en el Consejo Interno, rgano de representacin y consulta de la Comunidad. Es muy importante la autoorganizacin, no salir nunca solos a las veredas y el acompaamiento internacional, aade. Los dos lderes comunitarios han participado en un acto organizado por la Coordinacin Valenciana de Solidaridad con Colombia, dentro de la gira realizada entre el 15 de septiembre y el 20 de octubre por Europa y Estados Unidos.

Cerca de 500 campesinos impulsaron -en marzo de 1997- la construccin de la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad, con un punto central en el reglamento: la neutralidad ante la guerra, no ser parte directa ni indirecta en un conflicto armado que, desde 1958 hasta el pasado mes de julio arroja un saldo de 262.197 vctimas mortales, segn el Centro Nacional de Memoria Histrica (las muertes se atribuyen de manera muy mayoritaria- a los grupos paramilitares y agentes del estado). Ya no son las armas las que deciden, sino los campesinos que hemos sido golpeados por la violencia y obligados a desplazarnos, establece la declaracin de principios de la Comunidad de Paz. Por ejemplo, el reglamento interno seala que no se portarn armas ni suministrarn artculos a los actores armados.

De la importancia actual del paramilitarismo en Urab da cuenta la Alerta Temprana emitida en febrero por la Defensora del Pueblo de Colombia. As, el informe observa un fuerte proceso de expansin de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la regin. Entre las 12 organizaciones de derechos humanos en riesgo en Urab, la defensora menciona la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad. Adems el documento seala que 15 lderes comunitarios y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Urab durante 2017, principalmente en los municipios de Riosucio y El Carmen del Darin (Choc); la mayora de las vctimas fueron afrodescendientes y reclamantes de tierras. Asimismo se documentaron 70 casos de amenazas.

La Comunidad de Paz se halla en uno de los corregimientos -San Jos de Apartad- del municipio antioqueo de Apartad (190.000 habitantes, incluida el rea rural). El Ayuntamiento destaca en su pgina Web la relevancia de la Industria bananera y de los cultivos de pltano, maz, yuca y cacao. Entre los principios de la Comunidad figura la resolucin de conflictos mediante el dilogo y de manera colectiva, el trabajo en grupos y por veredas, la organizacin en comits (salud, educacin, trabajo, cultura y mujeres, entre otros) y la eleccin del Consejo Interno para el autogobierno, integrado por ocho miembros. Anteponen la idea de nosotros al individualismo. En la memoria fundacional todava golpea el retn paramilitar instalado durante nueve meses en la va Apartad-San Jos: All ellos detenan los carros y bajaban a quien queran para llevrselo y asesinarlo.

Pero en medio de la guerra, a los seis meses de constituirse la Comunidad de Paz hace ya 21 aos, 330 personas recogieron la primera cosecha de maz comunitario. En un contexto de crmenes, bloqueos, amenazas y robos, reactivaron el cultivo del cacao, del banano pequeo, se embarcaron en iniciativas para el mejoramiento de tierras, construyeron el centro de salud, el parque y el centro de formacin Anbal Jimnez (por el nombre del lder comunitario, asesinado en 1999 durante una incursin paramilitar).

Hoy el centro de la Comunidad lo componen dos fincas, la Cooperativa Balsamar o finca La Holandita y La Roncona, resaltan en un comunicado; el pasado 12 de septiembre la Comunidad de Paz denunci la invasin ilegal de una de las fincas del asentamiento La Roncona por un grupo de 70 personas, en concreto mucha gente motorizada, que acab destruyendo cultivos de cacao, pltano, yuca y frutales con el fin de construir casas. Esa misma semana sealaron la entrada de grupos paramilitares en la vereda La Esperanza donde radica un asentamiento de la Comunidad- y en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, en la vereda Mulatos Medios. Los comunitarios han identificado en la zona a mandos paramilitares como Aquiles o Cementerio, que amenazaron con la ejecucin de campesinos.

Tambin denunciaron que efectivos del ejrcito les fotografiaron el verano pasado en la vereda Buenos Aires. Es ms, los campesinos subrayan la fuerte complicidad entre los paramilitares que controlan las veredas y batallones de la Brigada XVII del ejrcito, con sede en el municipio antioqueo de Carepa. As, las amenazas de muerte alcanzaron a finales de mayo al delegado de la Defensora del Pueblo en San Jos de Apartad, Marco Fidel Hernndez, y a la dirigente de Unin Patritica en Apartad, Esneda Lpez. A primeros de junio la Comunidad de Paz hizo pblico el asesinato con armas blancas del campesino Johny Manuel Martnez, de 52 aos; el uso de machetes en el crimen fue relevante, segn los comunitarios, ya que trata de ocultar la autora paramilitar para imponer la versin de (supuestas) querellas personales entre los pobladores. Los grupos paramilitares cooptan a jvenes campesinos y reclutan a menores de edad para cometer delitos de trfico de armas y drogas; o entran en las viviendas y roban pertenencias a los campesinos, denuncia la Comunidad de Paz.

En julio de 2017 la Defensora del Pueblo seal, en una visita a San Jos de Apartad, que al menos 6.000 habitantes de la zona se hallan en riesgo por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); adems en los territorios en los que operan las AGC se constata un incremento de la violencia sexual. Entre los hechos ms graves, destaca el intento de asesinato el pasado 29 de diciembre del representante legal de la Comunidad de Paz, Germn Graciano Posso, y de otros lderes tras la incursin de cinco paramilitares en la bodega de comercio de cacao; varios comunitarios resultaron heridos, dos de los paramilitares retenidos por los vecinos mientras que otros tres lograron escapar. En una nota informativa posterior a los hechos, titulada Paramilitarismo estructurado, protegido y en busca de venganza, la Comunidad denunci la impunidad de estos grupos. Reconocido con el Premio Nacional a los Derechos Humanos en Colombia (2018) que otorgan la ONG Diakonia y la iglesia sueca, Germn Graciano fue objeto hace menos de un mes de amenazas telefnicas, al igual que su familia.

El pasado cinco de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti una resolucin en la que reitera al Estado de Colombia que proteja la vida e integridad fsica de los miembros de la Comunidad de Paz, y adopte medidas -de manera especfica- a favor de siete personas amenazadas; el texto se remite a una decena de resoluciones anteriores, desde octubre de 2000, con el mismo fin. Dos dcadas despus de la declaratoria fundacional de la Comunidad, cul es el balance hasta hoy? El sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien ha acompaado a la Comunidad en resistencia y documentado la barbarie, contabiliza ms de 300 asesinatos, un centenar de casos de tortura y ms de 50 desplazamientos colectivos.

En la memoria permanecen masacres como la del 21 febrero de 2005 en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medios, donde fueron asesinadas ocho personas, entre ellas tres menores y dos lderes comunitarios: Luis Eduardo Guerra y Alfonso Bolvar Tuberquia; en la escabechina, que incluy descuartizamientos, participaron miembros del bloque paramilitar Hroes de Tolov y la Brigada XVII del ejrcito de Colombia. Un mes despus de los hechos, el entonces presidente de Colombia, Uribe Vlez, acus a dirigentes comunitarios de colaborar con la guerrilla de las FARC.

Los tribunales colombianos condenaron a paramilitares por esta masacre, pero la impunidad en relacin con los actos de los agentes del Estado ha sido de aproximadamente el 99,4% de los victimarios, explica el abogado y defensor de derechos humanos, Jorge Molano, en una entrevista (marzo 2017) de la que informa la ONG Brigadas Internacionales de Paz; la investigacin se ha centrado en mirar la responsabilidad de los ejecutores materiales, en particular de los bajos mandos, aade Molano. Otra matanza que dej huella en San Jos de Apartad (cinco campesinos muertos) sucedi en febrero de 2000; la autora remite al bloque paramilitar Bananero, en colaboracin con el ejrcito.

En octubre de 2007 la Corte Constitucional emiti una sentencia que abra la puerta a la esperanza; orden al Ministerio de Defensa que aportara nombres de oficiales, soldados y policas -as como las unidades a las estaban adscritos y la lnea de mandos- en relacin con vulneraciones de los derechos humanos (durante 2005) en San Jos de Apartad; asimismo ordenaba a la Fiscala General de la Nacin que impulsara las investigaciones estancadas para sancionar a los criminales. Sin embargo Javier Giraldo, quien present la accin de tutela ante la Corte Constitucional en representacin de la Comunidad, asegur una dcada despus que los militares estaban desacatando el mandato judicial de acceso a la informacin. El estudio Ruptura con el Estado como resistencia a la guerra, realizado en 2017 por el Movimiento Regional por la Tierra, se refiere a la casi totalidad impunidad en la que hasta ahora han quedado la mayora de asesinatos, masacres y desplazamientos que ha sufrido la Comunidad de Paz.

En la sede de CEDSALA-Valencia se proyect el documental Chocolate de paz. El cacao desafiando a la violencia, producido en 2016 por Gwen Burnyeat y Pablo Meja Trujillo. El audiovisual, premiado por el Centro Nacional de la Memoria Histrica y la Muestra Internacional Documental de Bogot en 2016, narra las luchas de la Comunidad de San Jos de Apartad en paralelo a la produccin del cacao. La Comunidad de Paz produce un chocolate orgnico denominado Chocopaz, que puede adquirirse en Bogot y se exporta a Europa por ejemplo a Inglaterra- segn las reglas del comercio justo y criterios de soberana alimentaria. El punto de partida fue el deseo de reactivar las cacaoteras, ya que el cacao ha sido histricamente el principal producto en la zona y est muy arraigado en nuestra cultura, afirman.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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