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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-10-2018

Sobre la aprobacin de la Ley de Regularizacin Dominial para la Integracin Socio Urbana de los Barrios Populares
La tierra es de quin la habita

Jonatan Emanuel Baldiviezo
Rebelin


1. El da diez (10) de octubre de 2018, se aprob en Senado (ya contando con la aprobacin de la Cmara de Diputados) el proyecto de Ley sobre "Rgimen de Regularizacin Dominial para la Integracin Socio Urbana".

Esta Ley reconoce el derecho a la tierra de 930.000 familias a nivel pas, cuatro (4) millones de personas que viven en 4.416 Barrios populares.

1.1. En un contexto dnde el Pro tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Buenos Aires est llevando adelante una monarqua inmobiliaria y un plan sistemtico de venta y privatizacin de tierras pblicas, esquivando la autoridad del Congreso, con el nico objeto de alimentar un salvaje mercado inmobiliario absolutamente desregulado y especulativo, los Movimientos Sociales (CTEP -Mov. Popular la Dignidad, Mov. Evita y MTE-, Barrios de Pie, CCC, TECHO, Caritas, entre otros), con trabajo colectivo y un norte comn, lograron instalar que la relacin de las familias con el suelo, con su hbitat, tambin es un derecho humano.

En 1907 la ciudad fue el epicentro de la larga Huelga de las Escobas, llamada as porque las mujeres y los/as nios/as portaban una escoba para barrer la injusticia de los alquileres de los conventillos. A pesar de que este histrico conflicto urbano se produjo a principios del siglo pasado, la cuestin urbana y habitacional no logr traducirse en un cmulo de nuevos derechos humanos urbanos.

1.2. Las graves violaciones de derechos humanos cometidos en la ltima dictadura (1976-1983) inocul en la conciencia jurdica de los argentinos el valor de las libertades y garantas. La relacin vertical del Estado y sus habitantes tiene su correlato en el reconocimiento de derechos civiles y polticos que protegen a la poblacin en dicha relacin de poder. As tambin, los derechos econmicos, sociales y culturales reconocidos alrededor de la cuestin social y del vnculo de dependencia laboral entre el empleador y el empleado tienen races muy profundas en la conciencia colectiva argentina. Cualquier retroceso en el ejercicio o reconocimientos de ambos grupos de derechos genera una reaccin muy profunda y generalizada de la ciudadana. Muestras de que el avasallamiento de estos derechos tocan fibras muy sensibles en la sociedad fueron las grandes manifestaciones a fines del ao 2017 en defensa del monto de las jubilaciones que el Gobierno Nacional pretenda disminuir y las concentraciones masivas por la sentencia de la Corte Suprema que decidi extender la posibilidad de contabilizar por dos los aos detenidos en prisin preventiva a los detenidos por crmenes de Lesa Humanidad cometidos en la ltima dictadura.

En cambio, la cuestin de la tierra y la vivienda no logr calar al mismo nivel que los derechos precedentes. Cuando las topadoras del Pro desalojaron el Barrio Papa Francisco en la Ciudad de Buenos Aires fue un hecho ms para la gran mayora de la poblacin. Los desalojos de barrios populares enteros, el aumento de los alquileres exponencialmente, el sacrificio de cientos de hectreas de espacios verdes o el padecimiento de miles de familias por la falta de servicios pblicos o una deficiente prestacin, no son fuente de manifestaciones sociales transversales y generalizadas de la sociedad.

En el pensamiento jurdico el derecho a la educacin o los derechos laborales son reconocidos como "verdaderos" derechos en contraposicin al derecho a una vivienda o a un hbitat adecuado que socialmente se lo entiende como algo aspiracional o "programtico". Se piensa que el Estado no tiene la obligacin de garantizar a cada habitante el acceso a una vivienda digna. Pero no se duda que el Estado tiene que garantizar a todo habitante la educacin o la salud. Esto a pesar que cada uno de dichos derechos tienen la misma jerarqua constitucional.

1.3. Los Movimientos Sociales y las Asambleas en los ltimos aos estn logrando transformar esta cultura jurdica desfavorable que no otorga igual valor jurdico a la relacin de los ciudadanos con la tierra y el espacio urbano.

La Ley de Regularizacin Dominial para la Integracin Socio Urbana de los Barrios Populares que se acaba de aprobar constituye un hito trascendental para la lucha urbana como lo fue la huelga de las escobas .

Reconocer que la tierra cumple su fin social cuando est en manos de quines la habitan implica:

a) enraizar una dimensin ms (el territorio y el espacio urbano) en nuestra cultura de derechos humanos;

b) iniciar un camino para que cientos de miles de familias dejen de vivir con necesidades extremas y con el peso de la constante amenaza de expulsin; y,

c) repensar las reglas de concentracin de la tierra y establecer los cimientos para una profunda Reforma Urbana.

2. Los Movimientos Sociales, hace ms de dos aos, ya haban logrado que el Estado Nacional decidiera iniciar un relevamiento de Barrios Populares y un relevamiento de las familias que los habitaban. De all surgi el Registro Nacional de Barrio Populares (RENABAP) aprobado por el Decreto N 358/2017 en mayo de 2017.

Desde ese momento ya se dejaba en claro que no era una mera cuestin de conocer cuntos Barrios Populares existan en el pas o la realidad que viven cotidianamente millones de familias. Este era el primer escaln hacia el reconocimiento del derecho a la re-urbanizacin de dichos Barrios (tcnicamente, el derecho a la integracin social y urbana). Se estipulaba en el decreto que el Registro Nacional era de Barrios Populares "en Proceso de Integracin Urbana". Actualmente, se encuentran registrados y, por lo tanto, reconocidos por el Estado Nacional, alrededor de 4.400 Barrios Populares en todo el pas.

3. Este decreto reconoci a la integracin social y urbana como un derecho colectivo de los Barrios Populares . En el Considerando del decreto se expresa: "Que se reconoce a la integracin urbana como un proceso indispensable para la superacin de situaciones de segregacin, que propende a la inclusin de las personas y la ampliacin de sus niveles de ciudadana, respetando las idiosincrasias y garantizando una urbanidad plena de derechos".

4. Ahora, el Proyecto de Ley aprobado en el Senado finaliza el camino parlamentario para la consolidacin legal de este derecho. El derecho de todo Barrio Popular a ser integrado social y urbanamente, que implica principalmente el derecho a la radicacin definitiva en el lugar que actualmente habitan, la seguridad de no ser desalojados por la fuerza y la igualacin en el acceso a los servicios pblicos y equipamiento urbano al resto de la ciudad respetando la identidad social y cultural construida comunitariamente.

5. El art. 1 del Proyecto de Ley aprobado declara de inters pblico el rgimen de integracin socio urbana de los Barrios Populares registrados en el RENABAP. Define qu debe entenderse por integracin social y urbana para que ningn gobierno adopte un modelo de re-urbanizacin en forma arbitraria y parcial como ha sucedido, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires cuando adopt el modelo Medelln o el peruano que consista solamente en entregar ttulos de propiedad despreocupndose de la situacin de precariedad de las viviendas y la ausencia de servicios pblicos formalizados. Para definir la integracin socio urbana se adopt el criterio que durante dcadas han impulsado los movimientos villeros y territoriales. Esta integracin debe alcanzar a cada una de las dimensiones de la vida urbana: "al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliacin del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y pblicos, la eliminacin de barreras urbanas, la mejora en el accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigacin ambiental, el fortalecimiento de las actividades econmicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularizacin dominial".

6. El art. 15 suspende los desalojos por el plazo de cuatro (4) aos y se establece que dicha norma es de orden pblico. Es decir, al da siguiente de la entrada en vigencia de esta ley, en todo el pas, deben suspenderse las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los barrios populares incluidos en el RENABAP.

La suspensin de los desalojos y el reconocimiento del derecho a la integracin social y urbana constituye un punto de inflexin en el abordaje de la cuestin de los Barrios Populares a nivel nacional. Una vez promulgada y publicada esta ley, cientos de miles de familias que habitan en Barrios Populares dejarn de vivir entre la incertidumbre del desalojo y la permanencia en sus casas. En cambio, los Barrios Populares empezarn a destinar sus tiempos y esfuerzos a pensar y llevar adelante, conjuntamente con los estados, los procesos de integracin social y urbana, y de esta forma empezar a solucionar las actuales necesidades de las familias, actual violacin sistemtica de derechos humanos.

7.   Para lograr este objetivo, el art. 2 ordena la expropiacin de la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares, principalmente, los que se encuentren en manos privadas. La Agencia de Administracin de Bienes del Estado (AABE) tendr a su cargo operativizar las expropiaciones. Existen otros mecanismos alternativos a la expropiacin, quizs menos onerosos, para adquirir derechos sobre los suelos que pertenecen a privados y que se encuentran ocupados por los Barrios Populares. Pero la gran ventaja del mecanismo de expropiacin es que el Barrio y el Gobierno adquieren la posesin casi en forma inmediata si se deposita el valor fijado por tasacin oficial para el inmueble, y la propiedad del terreno, sin tener que esperar la finalizacin de largos juicios. Es una herramienta que permite avanzar sin dilaciones prolongadas con los procesos de integracin social y urbana.

El Tribunal de Tasaciones deber realizar la tasacin para el impulso del proceso expropiatorio dentro de los dos (2) aos posteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley (Art. 7). El Estado tiene un plazo de 10 aos para iniciar el juicio de expropiacin en caso de que no haya acuerdo (avenimiento) con el propietario (Art. 18).

8. La integracin social y urbana se ejecutar a travs de planes de desarrollo y convenios especficos firmados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones locales. Se establece un marco regulatorio especial para la regularizacin dominial de las viviendas fijando un lmite para las cuotas mensuales que no podrn superar el 20% del ingreso familiar (Art. 7).

9. Otro elemento destacable es que las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integracin socio-urbana debern adjudicarse en un 25% como mnimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economa popular integradas por los habitantes de los Barrios Populares (Art. 12).

10. Tendrn prioridad para la expropiacin, los inmuebles respecto de los cuales se celebren los convenios establecidos entre el Estado Nacional y las provincias, municipios o la Ciudad de Buenos Aires (Art. 3).

11.   Luego de la promulgacin y publicacin de la Ley, el paso siguientes es su reglamentacin que estar a cargo de la Agencia de Administracin de Bienes del Estado (AABE) y del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 5).

12. El Ministerio de Desarrollo Social tambin deber promover acciones con los organismos competentes con el objeto de facilitar el acceso a los servicios pblicos bsicos para los habitantes de los Barrio Populares (Art. 6).  

13. Los derechos que se reconocen en esta Ley sern operativos inmediatamente con posterioridad a su publicacin, con independencia de la adhesin de las provincias o los municipios. Esta Ley constituye una ley de presupuestos mnimos en materia de hbitat y vivienda para todo el pas en relacin a los Barrios Populares. Derechos fundamentales para la vida de millones de personas que tardaron dcadas en ser reconocidos y que abrirn las puertas para nuevos debates tambin impostergables como la regulacin del mercado inmobiliario y el ordenamiento territorial, para evitar que sigan surgiendo barrios populares y para que disminuya la crisis habitacional de nuestro pas.  

Jonatan Emanuel Baldiviezo. Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Integrante del Movimiento Popular La Dignidad.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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