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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-10-2018

Demandan normas que atentan contra la independencia de la JEP y restringen derechos de las vctimas

Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo
Prensa Rural


El Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo -Cajar, la Fundacin Comit de Solidaridad con los Presos Polticos -Fcspp, el Movimiento de Vctimas de Crmenes de Estado -Movice, la Coordinacin Colombia Europa Estados Unidos -Cceeu, la Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -Codhes, Humanidad Vigente Corporacin Jurdica, el Colectivo Socio-Jurdico Orlando Fals Borda -OFB y los Congresistas ngela Mara Robledo e Ivn Cepeda Castro presentaron demanda contra los artculos 2, 3, 7, 11, 20 y 27 de las Reglas de Procedimiento de la JEP, Ley 1922 de 2018.

Preocupa especialmente a las Organizaciones de DDHH y los congresistas esta nueva vulneracin a la independencia de la JEP, esta vez desde el estamento militar, expresado en el Artculo 7 por medio del cual se faculta al Ministerio de Defensa Nacional que intervenga a favor de los miembros de la fuerza pblica.

La JEP debe contar con plena independencia y autonoma para el desarrollo de sus funciones. No es claro si esta es una defensa poltica o jurdica, ni tampoco por qu debe el Ministerio de Defensa interceder directamente por los miembros de la Fuerza Pblica, si ellos ya cuentan con amplias garantas para su defensa tcnica dentro de la JEP. Con esta disposicin, seala la demanda, se discrimina a las vctimas de crmenes de Estado y se rompe con el principio de separacin de poderes e igualdad de armas, al inclinar la balanza a favor de los comparecientes.

Por otra parte, los artculos demandados hacen parte de las modificaciones que el Congreso hizo a la naturaleza de la JEP a travs de la Ley de procedimiento y que discriminan a las vctimas, especialmente a las de Crmenes de Estado, por lo que se espera que con el pronunciamiento de la Corte Constitucional se resuelvan tambin algunos vacos jurdicos o contradicciones con la Constitucin en los arts. 2, 3, 11, 20 y 27 que han ocasionado que en las actuaciones que hasta ahora se han llevado en la JEP, como la Audiencia del General Mario Montoya, no se les notifique en debida forma a las vctimas, se les facilite el acceso a archivos a la JEP y se reconozca adecuadamente su calidad de vctimas dentro de los procesos.

En su conjunto, estos artculos vulneran los derechos de las vctimas y su centralidad en el proceso de justicia transicional, el principio de separacin de poderes, la obligacin estatal de sancionar graves violaciones en contra de los derechos humanos y el principio de igualdad ante la ley. A continuacin se expondrn brevemente los argumentos expuestos en la demanda:

El artculo 2 establece la forma de participacin de las vctimas y sus representantes. Sin embargo omite la manera en que un apoderado va a representar a varias vctimas. En igual sentido, el artculo tampoco menciona cmo se va a anunciar o comunicar a las vctimas de hechos masivos y sus representantes que se va a realizar una audiencia pblica.

El artculo 3 establece el procedimiento para acreditar la calidad de vctima. Aunque menciona que las vctimas indeterminadas pueden acudir al proceso, no especifica el medio en que estas sern notificadas para que acudan. Esto vulnera el derecho de las vctimas indeterminadas en el derecho de acceso a la justicia puesto que no tendran posibilidad de involucrarse en el proceso.

El artculo 7 menciona que en aquellos casos en los que estn involucrados miembros de la fuerza pblica, el Ministerio de Defensa podr intervenir en su defensa afectando as el derecho a la igualdad pues se crean beneficios injustificados a una de las partes del proceso. De cualquier forma, si la intervencin a la que hace referencia el artculo le da la posibilidad al Ministerio de interponer recursos, se vulnera el principio de separacin de poderes, pues un rgano que hace parte del ejecutivo, no debera tener participacin en procedimientos judiciales, ms an si no tiene reconocida la calidad de parte o interviniente.

El artculo 11 de la ley regula las investigaciones que podr realizar la JEP. El pargrafo 1 del artculo regula lo relativo a las personas que se sometan voluntariamente a la jurisdiccin: Agentes de Estado no integrantes de la fuerza pblica y terceros. No obstante, el pargrafo limita la investigacin de la JEP sobre estas personas solo a financiamiento o promocin de grupos criminales, ignorando la posible comisin de otros delitos como crmenes de guerra, crmenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras.

El artculo 20 menciona que los magistrados de la JEP y los fiscales de la UIA pueden acceder a informacin de otras fuentes en el desarrollo de sus funciones. En los fundamentos legales se mencion el decreto que reglamenta la Comisin para el Esclarecimiento de la Verdad pero no el Decreto que reglamenta la Unidad de Bsqueda de Personas Desaparecidas. Esta omisin de una de las instituciones que hace parte del sistema integral y la redaccin del artculo da lugar a una restriccin al acceso a archivos de la JEP que no es compatible con la Constitucin.

El artculo 27 de la ley menciona que las salas y secciones podrn adoptar medidas de construccin dialgica de la verdad. Sin embargo, esta expresin desconoce que la participacin de las vctimas no debe ser potestativa sino obligatoria. En efecto, el Sistema Integral establece que se debe respetar la centralidad de las vctimas en el marco del sistema de verdad, la justicia, la reparacin y garantas de no repeticin. Toda decisin que garantice medidas de justicia restaurativa debe contar con la participacin efectiva de las vctimas.

Fuente original:https://prensarural.org/spip/spip.php?article23581



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