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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-10-2018

Nicaragua
Una nueva transicin en puerta?

Elvira Cuadra Lira
Nueva Sociedad


La revuelta social contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciada en abril pasado refleja diversas capas de descontento y articula desde campesinos hasta empresarios, pasando por parte de la Iglesia catlica. Iniciada hace cinco meses contra una reforma en la seguridad social, la ola de protestas deriv en un movimiento ciudadano que puso en primer lugar las demandas democrticas y abri la puerta a una nueva transicin poltica, todava incierta.

La revolucin, el proyecto de las esperanzas truncadas

El derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza y el triunfo de la Revolucin Sandinista en 1979 abrieron la puerta a un desborde de emociones y expectativas en Nicaragua y ms all de sus fronteras. Los ojos del mundo se volcaron sobre el pas centroamericano por el intenso proceso poltico en el que la sociedad nicaragense pensaba materializar sus ansias de libertad y democracia. La revolucin, encabezada por el Frente Sandinista de Liberacin Nacional ( fsln ), se transform tempranamente en un proyecto poltico en el que se entremezclaban de manera hbrida perspectivas socialistas en el mbito poltico y social, y capitalistas en el mbito econmico. Y una gran parte de la poblacin se reconoca en ese proyecto.

Mientras la revolucin se empeaba en llevar adelante proyectos sociales y econmicos como la reforma agraria, ampliar la cobertura de polticas sociales en el campo de la educacin, la salud y la seguridad social, extender la presencia del Estado y generar empleos, a la vez que promova amplios tejidos de organizacin y participacin social, la guerra lleg como expresin de las grandes tensiones internas. Pero la guerra tambin fue la expresin de un mundo bipolar que convirti a Nicaragua en escenario de la contienda geopoltica entre las dos potencias de la poca de la Guerra Fra: Estados Unidos y la Unin Sovitica. La participacin de los eeuu de Ronald Reagan en el apoyo a la Contra fue la ms ntida expresin de esos tiempos.

Un Estado con grandes contradicciones, deficiencias y equvocos, los altos costos polticos, econmicos, sociales y humanitarios de la guerra, la miopa poltica de la dirigencia sandinista y una enorme presin internacional dieron lugar a una transicin inesperada cuando el sandinismo, con Daniel Ortega a la cabeza del gobierno y como candidato presidencial, perdi las elecciones en 1990. En ese momento se cerr una poca que condens emociones, deseos, esfuerzos, sacrificios, dolor y enojo para quienes apoyaban la revolucin en distintas partes del mundo, y tambin para quienes se oponan a ella.

Transicin y democracia imperfecta

La transicin, que se inici en abril de 1990, se convirti en un proceso complejo en el que coincidieron en el tiempo el cambio del proyecto poltico de la revolucin por una democracia liberal, la pacificacin y reconstruccin despus de la guerra y cambios en el mbito econmico que significaron el establecimiento de un modelo neoliberal y la rpida insercin del pas en los procesos de la globalizacin econmica. La primera mitad de los aos 90 se caracteriz por los intensos conflictos sociales asociados a la transicin, muchos de ellos encabezados por ex-combatientes que exigan el cumplimiento de los acuerdos de pacificacin y simpatizantes sandinistas que reclamaban su derecho a gobernar desde abajo, como afirm Ortega en una plaza pblica poco despus de la derrota electoral.

En esa poca, a la par que se produca un restablecimiento de las libertades ciudadanas, se ampliaban y fortalecan los tejidos organizativos locales y nacionales y se construa una nueva cultura poltica de valores cvicos y democrticos, se acumulaban tambin enormes dficits a causa de las grandes desigualdades econmicas y sociales del pas, acentuadas por las polticas econmicas de reforma y ajuste estructural aplicadas desde inicios de los aos 90 y mantenidas a lo largo de los tres gobiernos siguientes. El modelo de gobernanza adoptado por las elites polticas y econmicas en esa poca combin negociaciones y pactos excluyentes que dieron como resultado varias reformas a la Constitucin Poltica entre 1995 y 2007. El ms importante de ellos es el denominado Pacto Alemn-Ortega, firmado entre el entonces presidente y lder del Partido Liberal Constitucionalista ( plc ) Arnoldo Alemn y Daniel Ortega, principal lder del fsln . El pacto se concret en el ao 2000, cuando Alemn todava funga como presidente y Ortega se encontraba en la oposicin. De ese momento ha quedado como evidencia una fotografa en la que ambos aparecen sonrientes, rodeados de sus ms cercanos seguidores y operadores polticos.

El pacto forz un cierre del sistema poltico, que qued reducido en la prctica a un bipartidismo que limit sensiblemente la competencia electoral. Signific, adems, la distribucin de magistraturas de otros poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, de acuerdo con la conveniencia de ambos caudillos, y una reforma a la ley electoral que redujo a 35% el porcentaje de votos necesario para acceder a la Presidencia en primera vuelta.

El fsln , el partido de la revolucin, sufri un desgrane de reconocidos cuadros polticos y militantes en esa poca, principalmente por la negativa a analizar en el mbito interno las razones de la derrota electoral de 1990 y el posicionamiento desde la oposicin. De esos desgajamientos surgieron el Movimiento de Renovacin Sandinista ( mrs ) y otros grupos que no lograron constituirse como partidos. El fsln qued bajo el control de Ortega y sus colaboradores ms cercanos, entre ellos, Rosario Murillo, convertida en la segunda figura del partido.

Cristiana, socialista y solidaria

En 2007, Ortega regres a la Presidencia de Nicaragua, ya no como el joven revolucionario que representaba un novedoso proyecto poltico ante el mundo, sino como un antiguo caudillo con poca credibilidad y confianza. Desde el inicio intent establecer un vnculo de continuidad poltico-simblico con el proyecto revolucionario original, definiendo su gobierno como una segunda fase de la Revolucin, ahora cristiana, socialista y solidaria. Ortega prolong su estada en la Presidencia por tres periodos consecutivos, a pesar de que la Constitucin Poltica se lo impeda. En ese tiempo, transform el rgimen de democracia liberal en construccin desde 1990 en uno de rasgos autoritarios. Un elemento clave en esa transformacin ha sido el control sobre los dems poderes del Estado, especialmente el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral. El control de la Asamblea Nacional le permiti modificar el marco jurdico del pas mediante reformas a la Constitucin que redefinieron el modelo de Estado y rgimen poltico; adems, se aprobaron nuevas leyes en el mbito de la defensa y seguridad que aseguraron una relacin de subordinacin directa de las fuerzas armadas y policiales a la figura del presidente, la controversial ley que le concede los derechos de construccin de un canal interocenico y otros subproyectos a una compaa china1 y la aprobacin del Cdigo de Familia, entre otras.

El control sobre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral ( cse ) le permiti eliminar las barreras que le impedan competir como candidato presidencial en 2011, antes de las reformas constitucionales introducidas en 2014 que borraron definitivamente ese obstculo. Mientras tanto, el cse ha sido acusado de permitir irregularidades en los procesos electorales generales, municipales y regionales para favorecer a Ortega. Al tiempo que haca los ajustes polticos necesarios para asegurar su continuidad en el poder, Ortega tambin promovi el surgimiento de un nuevo grupo de poder econmico alrededor de su familia y un grupo de allegados, utilizando los recursos del Estado, la apropiacin privada de los fondos de cooperacin provenientes de Venezuela y una alianza con el gran capital nacional que valid las decisiones ms importantes en poltica econmica.Consciente de sus bajos niveles de confianza y legitimidad, desde 2007 Ortega decidi contener las expresiones de descontento e insatisfaccin con una estrategia de control social, vigilancia poltica y represin; as, todas las manifestaciones y acciones sociales de protesta han sido impedidas o reprimidas independientemente de su motivacin o propsito. Derechos y libertades fundamentales como la libre organizacin y movilizacin, la libertad de expresin y la libertad de prensa tambin han sufrido fuertes restricciones desde 2007.

La represin y contencin de la accin social han descansado en la polica y en un dispositivo conformado por civiles simpatizantes del gobierno organizados en grupos de choque que se encargan de impedir, casi siempre por la fuerza, las marchas y movilizaciones de protesta. La vigilancia y el control social estn a cargo de organizaciones promovidas por el propio gobierno, como los Consejos del Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida, Comits de Liderazgo Sandinista, la Juventud Sandinista y organizaciones gremiales, entre otras. En este marco, el gobierno de Ortega ha intentado imponer su propio discurso a travs de mensajes en los que apela a viejas consignas maquilladas de modernidad, sentimientos religiosos y vnculos afectivos con la pasada Revolucin Sandinista.

En estos diez aos, la base partidaria del fsln se transform significativamente. Primero, con la salida de los grupos disidentes en los aos 90 y despus con la decisin de la actual vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, de poner en pie su propio grupo de apoyo conformado por funcionarios pblicos jvenes y leales, la mayora de ellos fidelizados a travs de la entrega de beneficios y prebendas. Con una personalidad excntrica, Murillo, conocida como La Chayo, pobl Managua de gigantescas estructuras metlicas, los rboles de la Vida, inspiradas en imgenes del pintor Gustav Klimt. Aparece a diario en los medios para dar las buenas noticias del gobierno y ha sido la artfice del uso del discurso religioso una mezcla de cristianismo y espiritualismo como forma de legitimar el poder del orteguismo.

La militancia histrica, aquella que particip en el derrocamiento de la dictadura somocista y en la guerra de los 80, fue relegada, apartada e ignorada. Uno de los casos ms conocidos fue la confrontacin pblica entre Murillo y Lenn Cerna, un ex-compaero de celda de Ortega en la poca de la dictadura, colaborador cercano, hombre de confianza y secretario de organizacin del fsln. Tras las discrepancias, Cerna fue apartado y sustituido por personas cercanas a Murillo, tal como les sucedi a muchos otros militantes histricos.

El binomio Ortega-Murillo pens que lograr la captura del Estado, el control sobre las fuerzas armadas y policiales y la colaboracin del gran capital era suficiente para afianzar su rgimen autoritario y dinstico. Tambin pens que renovando y construyendo parques, promoviendo el acceso gratuito a internet en sitios pblicos y organizando fiestas y celebraciones deportivas poda contener a los jvenes, la mayora de la poblacin y el actor histrico de los cambios en el pas. Lo cierto es que, por ms que la superficie pareca lisa y tranquila, el germen del descontento y la insatisfaccin aumentaba cada da de manera subterrnea, toda vez que las expectativas de mejora econmica y mayor cobertura de las polticas sociales se vieron frustradas por la continuidad de las polticas econmicas de corte neoliberal, la agudizacin de la desigualdad y exclusin social, el clientelismo y el cierre de los espacios polticos. Dos expresiones tempranas de ese descontento e insatisfaccin fueron los altos porcentajes de abstencin en las elecciones de 2016 y 2017, en medio de una guerra de cifras entre oficialistas y opositores. En el mbito internacional, la Nicaragua de Ortega se ali con el gobierno venezolano y recibi ingentes recursos petroleros, al tiempo que negoci con eeuu polticas y programas en materia de migracin y seguridad2.

Por otra parte, un nuevo ciclo de accin social se abri en 2013 alrededor de reivindicaciones vinculadas a la oposicin ciudadana al canal interocenico, los conflictos por concesiones para explotaciones mineras, los procesos de saneamiento y titulacin de las tierras propiedad de comunidades indgenas, el acceso al agua, la proteccin de recursos naturales y los derechos ciudadanos. Al frente de estas acciones estaban un renovado y fortalecido movimiento campesino, el movimiento de mujeres y organizaciones sociales. A inicios de 2018, en el pas se podan identificar al menos 20 focos de conflictos en diferentes localidades, casi todas ellas de las zonas rurales del pas.

Entre 2013 e inicios de 2018, el movimiento campesino realiz ms de 100 marchas. Las ms importantes, como la de octubre de 2015, fueron amenazadas y obstaculizadas por la polica y simpatizantes del gobierno. En 2013 tambin se produjo la protesta conocida como Ocupa inss, que se inici cuando adultos mayores reclamaban pensiones al seguro social y se instalaron frente al edificio de la institucin demandando una respuesta. Grupos de jvenes autoconvocados llegaron a acompaarlos por varios das e instalaron puestos mdicos, hasta que el 22 de junio de ese ao, ancianos y jvenes fueron atacados por los grupos de choque del gobierno, que los golpearon, les robaron sus pertenencias y los expulsaron del lugar a la vista de la polica, que no actu para detener la violencia. Ese acontecimiento marc un hito en la memoria de las generaciones jvenes, tal como se ve en los acontecimientos que transcurren desde abril de 2018. Recurrentemente, las fuerzas de la polica y los grupos de choque se encargaron de impedir y reprimir las acciones sociales, especialmente aquellas organizadas por el movimiento campesino anticanal y por los grupos ciudadanos que demandaban el restablecimiento de la democracia.

La rebelin cvica de abril

Los catalizadores de la rebelin cvica de abril fueron las protestas por la actitud negligente del gobierno para atender el incendio en la reserva biolgica de Indio Maz, una de las ms importantes del pas y de la regin centroamericana, y luego por la reforma del sistema de seguridad social a mediados del mismo mes3. Las dos protestas fueron encabezadas por jvenes autoconvocados y reprimidas abiertamente por la polica y los grupos de choque del gobierno. En el caso de las reformas a la seguridad social, el 18 de abril los grupos de choque atacaron e hirieron a personas de la tercera edad que reclamaban por los efectos que tendran sobre sus precarias pensiones y periodistas que cubran los acontecimientos. La imagen de los ancianos vapuleados, heridos y tirados en el suelo fue suficiente para que miles de personas se lanzaran a las calles a protestar en diferentes ciudades, a pesar de que los equipos antimotines de la polica intentaron detenerlas. Al da siguiente, los jvenes de las universidades se sumaron a la protesta ocupando los recintos y las calles aledaas, y se convirtieron en los principales protagonistas de las protestas. La respuesta del gobierno fue ms represin y violencia. La ciudad de Masaya, antiguo bastin de la lucha sandinista contra Somoza, se declar Territorio libre del dictador y despus de varias semanas de resistencia, finalmente fue ocupada por grupos parapoliciales movilizados en camionetas y fuertemente armados, que pusieron en marcha la llamada Operacin Limpieza, una terminologa con resonancias somocistas, precisamente cuando combatan a las guerrillas sandinistas4.

A partir de ese momento la espiral de movilizacin social, represin y violencia estatal ascendi de manera acelerada e insospechada y provoc una profunda crisis poltica y de derechos humanos por las graves violaciones cometidas por las fuerzas policiales, los grupos de choque y los grupos paramilitares. La Comisin Interamericana de Derechos Humanos (cidh), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnudh) y Amnista Internacional han documentado en sus informes la gravedad de la situacin. Hasta la fecha, se contabilizan ms de 300 personas fallecidas, miles de heridos y de detenidos y varias decenas de desaparecidos; y a eso se suman ms de 20.000 personas que han salido del pas huyendo de la violencia y la represin estatal. Otras violaciones incluyen las desapariciones forzadas y los secuestros de lderes sociales ejecutados por policas y grupos paramilitares, maltratos, torturas y violencia sexual a detenidos, procesos judiciales espurios, ataques, intimidacin y amenazas a personas y periodistas, censuras a la prensa y ataques armados a manifestaciones cvicas.

A finales de abril, Ortega convoc a un dilogo con la mediacin de la Conferencia Episcopal de la Iglesia catlica. El dilogo se inici el 16 de mayo y la sesin de apertura se convirti en un hito por la forma en que los jvenes representantes del movimiento estudiantil interpelaron pblicamente al matrimonio presidencial. En las semanas siguientes, el dilogo alcanz algunos acuerdos importantes, entre ellos que el gobierno permitira la entrada de una misin de observacin de la cidh y, posteriormente, la conformacin del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei) de la cidh, as como una misin de oacnudh . Sin embargo, cuando el gobierno no logr desmovilizar las acciones de protesta con la represin, los informes de los organismos internacionales de derechos humanos revelaron la gravedad de la situacin y se hizo inevitable abordar los temas relativos a la democratizacin, incluyendo la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021, el gobierno obstaculiz el dilogo hasta llevarlo a un impasse. Mientras tanto, la Alianza Cvica por la Justicia y la Democracia, la coalicin conformada por los representantes de los diferentes sectores que participan en el dilogo, incluidos los empresarios privados, han seguido trabajando en la elaboracin de propuestas, acciones de incidencia y coordinacin con otros grupos del movimiento ciudadano.

La crisis ha llegado hasta tal punto que los organismos internacionales de derechos humanos coinciden en sealar que se han producido tres fases en la represin y han urgido al gobierno para que la detenga; la comunidad internacional, especialmente el Consejo Permanente de la Organizacin de Estados Americanos (oea), el Parlamento Europeo y numerosos gobiernos han hecho llamados al gobierno de Nicaragua para que cese la represin, se reinicie el dilogo y se busque una salida pacfica a la situacin. Ortega ha optado por confrontar, movilizar a sus partidarios, atacar y tomar represalias contra la Conferencia Episcopal y los empresarios privados, esperando plegarlos a sus posiciones. Tambin ha ofrecido numerosas entrevistas a cadenas de televisin internacionales, luego de 11 aos de silencio, a fin de explicar su versin de la crisis a la comunidad global, denunciando un proceso de desestabilizacin en marcha. En los medios, el orteguismo ha lanzado el hashtag #NicaraguaQuierePaz para contrarrestar la fuerte actividad de la oposicin en las redes y denunciar lo que percibe como una conspiracin de delincuentes y poderes externos que ha sumergido a Nicaragua en la violencia.

Un apretado balance de la situacin muestra que el barco est haciendo agua para Ortega. Sus apoyos son escasos y se reducen a las agotadas fuerzas policiales, los grupos de choque y paramilitares, una parte de los empleados estatales y un ejrcito que ha optado por sustraerse convenientemente de la crisis. Hasta ahora no ha logrado desmovilizar al movimiento ciudadano y ha conseguido que la comunidad internacional vuelva sus ojos sobre el pas, especialmente desde la salida anticipada de la misin de oacnudh a peticin del mismo gobierno. La profundidad de la crisis es clara a ojos de todo el mundo y no admite soluciones paliativas o temporales. Lo sabe Ortega y lo sabe la sociedad nicaragense. Nicaragua est lista para una nueva transicin.

Notas:

1. Arturo Wallace: Nicaragua, un pas dividido por un canal que an no empieza a construirse en BBC Mundo, 23/12/2014.

2. Puede verse una cordial reunin entre Ortega, Murillo y representantes del Comando Sur de EEUU en Presidente Daniel se rene delegacin del Comando Sur de los Estados Unidos, video en El 19 Digital, 3/5/2016, www.youtube.com/watch?v=ccyd-y5azus

3. Qu ocurre en Nicaragua? Claves para entender la reforma del Seguro Social en CNN en espaol, 20/4/2018.

4. V. el reportaje de Jon Lee Anderson: Fake News and Unrest in Nicaragua en The New Yorker, 3/9/2018.

Fuente: http://nuso.org/articulo/nicaragua-una-nueva-transicion-en-puerta/


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