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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-10-2018

Y despus de la discusin y aprobacin: qu hacemos con la Constitucin?

Mylai Burgos Matamoros
Cuba Posible


Las constituciones son documentos que establecen principios y reglas generales que prescriben los pactos sociales generados por la ciudadana en un Estado determinado. Si bien es relevante la forma en que se generan estos consensos/disensos (donde habr mayores o menores acuerdos en dependencia de la participacin y deliberacin de la ciudadana), una de las cuestiones ms importantes para cualquier orden constitucional es su posterior cumplimiento. Por tanto, despus de las dinmicas participativas-deliberativas, y de haber establecido todos los principios, reglas y postulados sobre de cmo deberamos organizarnos como sociedad (poltica, econmica y culturalmente), tambin tendra que haber quedado regulado los diversos mecanismos de exigibilidad para velar por la legalidad de todo el orden jurdico constitucional. Es decir, ante cualquier vulneracin constitucional, necesitamos poder acudir a un tercero que dirima estos conflictos.

En este contexto sera importante regular un rgano de control constitucional (Tribunal Constitucional) para velar por el cumplimiento de la Constitucin. Debera estar garantizada su supremaca ante los actos legislativos de cualquier nivel inferior (Leyes, Decretos leyes, Decretos presidenciales, regulaciones administrativas de todo tipo y a todos los niveles) y la defensa de violaciones del Estado socialista de derecho en materia de derechos humanos.

La propuesta de reforma constitucional establece que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) ejerce el control constitucional (Art. 103), tal y como est establecido en la actual Constitucin (1976). Sin embargo, es harto conocido que nunca se ha ejercido esta accin durante estos poco ms de 40 aos. Uno de los motivos de esta inaccin del rgano legislativo est relacionado con el hecho de que la Asamblea Nacional se constituye en juez y parte, al ser ella la que aprueba las leyes y ratifica los decretos-leyes del Consejo de Estado. Otra razn es la necesidad de gestionar con rapidez problemticas sociales, econmicas y polticas; por lo que todas las entidades estatales con prerrogativas para crear legislacin han aprobado, durante todos estos aos, normativas de rango inferior que vulneran la Constitucin, haciendo preponderante la practicidad social contra la norma suprema. Es necesario, entonces, un Tribunal Constitucional que vele de manera independiente la propia supremaca constitucional (Art. 7), que justamente sea electo por el propio rgano supremo del poder estatal (ANPP), y que rinda cuentas ante ella; pero que tenga autonoma en el ejercicio de sus funciones.

Igualmente sera relevante poder establecer, especficamente dentro de la Constitucin, los tipos de procesos jurisdiccionales y semi-jurisdiccionales en materia de defensa de los derechos humanos de manera general; donde las personas que se sientan afectadas (ciudadano o no) puedan acudir a diferentes mecanismos de garantas para resolver la accin u omisin estatal violatoria de sus derechos humanos. Se ha propuesto un proceso jurisdiccional para defender los derechos (Art. 94), lo cual es un gran avance en el modelo constitucional en discusin, pero en mi criterio tiene falencias.

Los procesos a establecer deben defender derechos humanos y no derechos; pues no son lo mismo los primeros que los segundos. Los derechos humanos (universales, interdependientes, integrales, indivisibles e indisponibles, inherentes a la personalidad humana) son diferentes a los derechos patrimoniales (por ser exclusivos, excluyentes, disponibles, divisibles, y detentados por todo tipo de personalidad natural o jurdica). En este sentido, se genera una similitud en la defensa de los derechos humanos y de los derechos en general, que incluira a los patrimoniales (esto puede resultar muy confuso y afectar la prctica judicial o semi-judicial del mecanismo de garanta).

Primero, por la prioridad de los bienes jurdicos que se protegen: no es lo mismo defender situaciones que impliquen la vida, las libertades, las necesidades bsicas como la salud, la educacin, el trabajo (con todos sus derechos afines), la vivienda, el agua, la cultura, el ambiente, la alimentacin, entre otros, que son imprescindibles para la vida y debe responderse con una defensa de forma expedita y efectiva, que problemticas donde los conflictos son entre particulares por un acto jurdico de compraventa, arrendamiento, prstamo, de ndole patrimonial, que no afecte directamente a los derechos humanos. Los derechos patrimoniales tienen sus instancias ante las cuales deben defenderse (juicios civiles), pero no tienen el mismo rango de interpretacin que los derechos humanos (principio pro persona, interpretacin conforme a los tratados internacionales de derechos humanos), ante las violaciones de los mismos.

Habra que aclarar que no todo lo referente a lo econmico es patrimonial; por ejemplo, los derechos laborales todos son econmicos y son derechos humanos (salario digno, jornada laboral de ocho horas, descanso retribuido, asistencia social, seguridad social); la tierra para los campesinos es un derecho humano porque es su medio fundamental para el trabajo; el acceso a la propiedad y a recursos para vivir dignamente, como es lo recogido en el derecho de propiedad personal, al ser bienes obtenidos desde el trabajo y no mediante la explotacin de medios de produccin, tambin se pueden interpretar como parte de los derechos humanos.

Por ltimo, en cuanto a la distincin entre estos derechos, las personas como sujetos activos que podemos reclamar vulneraciones de nuestros derechos humanos somos todos y todas como personas naturales individuales o colectivas; pero no las entidades empresariales que no tienen derechos humanos, ni deberan tener inters jurdico ante estos mecanismos de garantas; ellos deben tener otras vas de proteccin. Esta aclaracin sobre los sujetos de derechos humanos no excluye que podamos proteger a los animales (sobre todo a los mamferos), a la tierra, la flora y la fauna mediante mecanismos establecidos vinculados al ambiente.

Otro elemento crucial es que la Constitucin debe prever el tipo de proceso jurisdiccional para la defensa de los derechos humanos. Este no tendra que ser uno solo, podran regularse varios. En cuanto a sistemas jurisdiccionales puede establecerse el juicio de amparo, con niveles ordinarios de apelacin, hasta llegar al Tribunal Constitucional (en algunos casos con facultad de atraccin para la investigacin en caso de violaciones graves en materia de derechos humanos). Existen otros mecanismos como la tutela, el habeas data, adems del habeas corpus ya propuesto, los cuales pueden constituir todo un capitulado constitucional con muchos ms detalles acerca de sus principios, tipos de procesos, instancias, etc., detallando los esquemas de sus funcionamientos procesales en una ley ordinaria.

Respecto a los sistemas no jurisdiccionales podramos prever la existencia de defensoras de derechos humanos, a niveles nacional y provinciales (competencia), donde los procedimientos son ms flexibles, buscan la mediacin y/o conciliacin para reparar la violacin de los derechos humanos en cuestin. Sus resoluciones podran tener carcter de recomendacin no vinculante, pero con la fuerza poltica suficiente en cuanto a autonoma para sealar las vulneraciones existentes y sus respectivas reparaciones, si estas han existido, teniendo la instancia estatal que aceptarlas.

Otra entidad no jurisdiccional especfica que se debera regular es una que defienda, en especfico, el Principio de no Discriminacin; pues este, como eje transversal de todos los derechos humanos, puede ser violado no solo por el Estado, sino por particulares (personas naturales o jurdicas); ante lo que deberan responder por actos de discriminacin de cualquier tipo, bien con reparacin del dao moral y material, como sealar y canalizar ante la va penal la comisin de un delito en esta materia si existiese.

Respecto a las actuaciones estatales que deben ser supervisadas por el Tribunal Constitucional y las instancias judiciales y semi-judiciales descritas previamente se debe interpretar que todo el Estado socialista de Derecho est compuesto por toda entidad reconocida por la Constitucin; por tanto, abarcaran las instituciones estatales, pero tambin al Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unin de Jvenes Comunistas (UJC), las organizaciones sociales y de masas, las entidades empresariales estatales y mixtas (con participacin estatal), a todos los niveles. Todas ellas estaran sujetas a este tipo de supervisin de control constitucional, pues deben estar sometidos a lo que la Constitucin y el orden jurdico en conjunto establece. Adems, ante cualquier vulneracin en materia de derechos humanos, mediante sus actos pueden ser sometidas al proceso judicial y semi-jurisdiccional propuesto como sujeto demandado, conteniendo y visibilizando cualquier tipo de arbitrariedad que desde las entidades se cometan. En este sentido, debe regularse en la propuesta de reforma que todas las entidades comprendidas en nuestro tipo de Estado socialista de derecho se subordinan al ordenamiento jurdico constitucional.

Debe aclararse en la Propuesta de reforma que las personas naturales y jurdicas, como entidades privadas, pueden ser imputadas de violaciones de derechos humanos siempre y cuando estn involucradas en actos de discriminacin de cualquier tipo, como clusula abierta, cmo est propuesto. Adems, debemos tener en cuenta que, si las actuaciones de cualquier persona jurdica privada han sido autorizadas por el Estado, a este puede imputrsele responsabilidad a partir de sus correspondientes autorizaciones y respectivas supervisiones a las entidades privadas (por ejemplo: laborales, ambientales, derechos al consumidor), de las cuales se podran derivar otro tipo de medidas legales administrativas y penales. La relevancia de esta regulacin es darle mayor nfasis al principio de no discriminacin en el mbito de apertura del mercado privado, donde ya se estn dando procesos discriminatorios muy marcados por edad, color de la piel, identidad sexual y de gnero, por ejemplo.

Debera establecerse una instancia estatal (nacional y local) que responda por el acceso a la informacin veraz, adecuada y oportuna (Art. 56), mediante un procedimiento donde las personas podamos pedir las informaciones respectivas de todo tipo de actuacin estatal y entidad privada respecto a sus relaciones con entidades estatales; lo mismo sea econmica, social, jurdica, siempre y cuando se respeten los datos personales. Esta debe tener vas expeditas, de acceso fcil, donde existan trminos para las respuestas, y recurso de revisin si la respuesta emitida no satisface el pedido de la persona que est ejerciendo su derecho de informacin. Si bien la propuesta de reforma tiene el derecho de queja y peticin regulado (Art. 64), la Constitucin debera establecer una instancia especfica, estatal, donde se puede ejercer todo lo referente al acceso a la informacin. Estas vas seran de gran importancia para tener elementos de visibilizacin de la actuacin estatal, pero tambin de la privada vinculada al Estado en cuanto a temas econmicos, laborales, ambientales, referentes a derechos humanos, donde la ciudadana puede ejercer como mecanismo de control ante situaciones que considere anmalas.

Cuando se habla de cules son los derechos humanos, si bien ya hicimos la distincin con los derechos patrimoniales, deberamos discutir varios temas. En primer lugar, cualquier bien jurdico que implique el disfrute de necesidades bsicas, culturales, espirituales de las personas (para todos y todas en estos momentos, pero tambin a futuro) pueden ser recogidos en nuestra Carta Magna, protegidas de antemano y que el propio actuar de las instituciones los vayan reconociendo. Por ejemplo: la proteccin de datos personales, el acceso y uso universal del espacio radioelectrnico para el Internet, el derecho a un transporte adecuado, el derecho a la ciudad, el derecho de grupos en situacin de riesgo y vulnerabilidad como son los campesinos. Son todos derechos humanos que se discuten hoy y no los tenemos previsto en la propuesta. Por tanto, una clusula abierta a futuro hara de la Constitucin un documento que protegera a las generaciones venideras tambin, y recogera las mltiples discusiones que se estn ya dando en el mundo jurdico actual.

Otro elemento es que los derechos humanos son la esfera de lo indecidible: nadie podra regular aspectos que los tornen regresivos en su actuar prctico, incluyendo mbitos para su privatizacin; ni podran ser sometidos a la decisin de mayoras. Por tanto, el artculo 83 y 84 sobre derecho a la salud y la educacin dejan panoramas abiertos en cunto a la privatizacin de servicios que implican la satisfaccin plena de estos derechos. En especfico, la apertura a patrimonializar los posgrados a nivel educativo es muy clara en su redaccin. Los ciudadanos cubanos deben seguir disfrutando de uno de los logros sociales ms importantes del sistema socialista cubano, no as cualquier ciudadano extranjero que desee disfrutar de los mismos, pero esto no implica una regulacin constitucional.

Otro ejemplo muy claro es la discusin sobre el derecho a formar una familia de manera libre, implicando el matrimonio como unin consensual entre dos personas. Todo esto es parte de los derechos humanos, es la esfera de lo indecidible: ni por rganos estatales, ni por las mayoras; por tanto, no debe someterse a mayor discusin, aunque existan miles de opiniones al respecto. Los derechos humanos son conquistas de las personas ante poderes econmicos, polticos, culturales, simblicos durante toda la historia de la humanidad, y nos protegen siempre ante las opresiones que estos generan, por su propia naturaleza de jerarqua en nuestras sociedades donde todos somos iguales, pero justamente solo como seres humanos, porque a la vez, todos y todas somos completamente diferentes.

Nuestra reforma constitucional debera regular, de manera clara y explcita en su articulado, un acpite donde el Estado se obliga en materia de derechos humanos a garantizar, proteger, respetar, cumplir, con acciones de hacer y no hacer, de manera progresiva y no regresiva, como est establecido y detallado en las legislaciones respectivas a nivel internacional. Pareciera que se tiene el temor de afirmar esto explcitamente, aunque estn algunos de estos trminos en los artculos sobre los derechos; recogerlos en uno solo no es reiterativo, solo expone con claridad su compromiso por el bienestar comn colectivo e individual de la ciudadana cubana. Adems de que cada tipo de obligacin enunciada aqu implica otras mltiples obligaciones ya muy claras a nivel internacional que seran exigibles tambin mediante los mecanismos de proteccin de los derechos humanos ante su incumplimiento.

Me he concentrado en exponer, de manera muy sucinta, los mecanismos de proteccin y exigibilidad bsicos de la Constitucin y los derechos humanos que deberamos discutir y regular en el Proyecto de reforma. Ningn derecho humano, ni mecanismo de proteccin sobra, siempre y cuando ampliemos estos rubros y sus mbitos de participacin, funcionaran como vas de control popular a favor del buen actuar de nuestras estructuras estatales, como las referimos anteriormente. El control popular no es menor, lo establece la propia Constitucin (Art. 9) y es una de las vas esenciales de la democratizacin del sistema socialista que se pretende seguir construyendo, con todos y para el bien de todos.

Mylai Burgos Matamoros. Es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, y Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Actualmente C. Doctora por el Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM trabajando temas de Filosofa del Derecho en Amrica Latina con perspectivas crticas y neomarxistas. Es profesora investigadora de la Academia de Derecho de la Universidad Autnoma de la Ciudad de Mxico e imparte clases en la Facultad de Derecho de la UNAM y en Programas de Posgrados y Especializacin desde 2007. http://mylaiburgos.org/, http://uacm.academia.edu/MylaiBurgosMatamoros.

Fuente: http://cubaposible.com/despues-la-discusion-la-aprobacion-hacemos-la-constitucion/



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