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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-10-2018

Armas versus derechos humanos

Sabino Cuadra Lasarte
Rebelin


Ha tenido que estallar el caso Khashoggi para que el debate sobre la venta de armas a Arabia Saudi haya ocupado espacios principales en prensa, tertulias e instituciones espaolas y europeas. Ha sido preciso que un conocido periodista haya sido detenido, torturado, asesinado y descuartizado en sede oficial saud, y posteriormente desaparecido, para que esto suceda. El caso lo mereca, sin duda alguna. Pero cuando hace tan solo dos meses treinta nios yemenes murieron en un bombardeo saud contra un autobs escolar, el Gobierno y la Unin Europea apenas si parpadearon. Menos an EEUU. Los crmenes saudes, como los israeles, necesitan contar con altos niveles de crueldad para merecer la atencin de nuestras instituciones. Matar palestinos de cinco en cinco o yemenes de veinte en veinte apenas es noticia.

En su Informe 2017-2018, Amnista Internacional dice sobre Arabia Saud: Se detuvo a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas crticas con el gobierno y algunos fueron condenados a largas penas de crcel en juicios sin las debidas garantas. Varios activistas chies fueron ejecutados y muchos ms fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos. La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo prctica habitual. Pese a limitadas reformas, las mujeres sufran una discriminacin sistmica en la ley y en la prctica y no reciban proteccin adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Las autoridades hicieron amplio uso de la pena de muerte y llevaron a cabo decenas de ejecuciones. Algo similar ha afirmado la ONU, situando a este pas en la cola del siniestro ranking de pases violadores de derechos humanos.

En los ltimos diez aos el Estado espaol ha sido el cuarto vendedor de armas a esta satrapa criminal y misgina. La ley espaola sobre control del comercio exterior de stas prohbe claramente su venta a pases respecto a los cuales existan indicios racionales de violacin de derechos humanos. Pero se ve que los detectores espaoles de este tipo de delitos como los de la prctica de malos tratos y torturas en comisaras y cuartelillos-, llevan sin actualizarse desde los aos cincuenta. Eran otros tiempos.

La modificacin del artculo 135 de la Constitucin espaola, impulsada por el Gobierno del PSOE en 2011 y acordada con el PP, situ el inters de la Banca y los grandes inversores por encima de las necesidades de las grandes mayoras sociales. Desde entonces es, no solo legal, sino tambin obligado, poner en primer lugar los presupuestos pblicos a disposicin de los Al-Bab de las finanzas y, solo despus de esto, tras saciar todas sus usuras, dedicar los restos, lo que queda, las sobras, a atender la sanidad y la educacin.

Algo similar ocurre con los derechos humanos. Los recortes en materia de libertades democrticas, el reforzamiento del estado policial y la conversin del cdigo penal en una mquina de guerra al servicio arbitrario del poder, tienen que ver con lo anterior. Negar derechos democrticos bsicos y combatir al disidente poltico exige hoy poner al da el manual de estilo de Torquemada. Eso y no otra cosa son los nuevos delitos de odio, sedicin, rebelin y la poltica penitenciaria de potro, humillacin y venganza.

Con los de fuera es peor. Millones de personas son hoy un cero a la izquierda para el sistema, pues son gentes que no producen (lo hacen para el autoconsumo propio, no para el mercado; es decir, para el PIB no existen) y tampoco consumen, pues carecen de ingreso alguno (nuevamente el mercado no se entera de su existencia). Si estas personas desaparecieran, el actual sistema capitalista no se resentira. A fin de cuentas, los derechos humanos no cotizan en Bolsa. No solo eso, sino que las grandes multinacionales podran explotar mucho ms libremente sus apetecidos pases. Todo seran ventajas.

En el debate actual sobre venta de armas a la criminal monarqua saud, los derechos humanos de las poblaciones agredidas por este rgimen (Yemen) apenas son considerados. Se trata, en el fondo, de la poltica del primero nosotros de Trump y toda la ultraderecha europea. Es la poltica que construye muros cada vez ms altos, ms largos y ms anchos por todo el planeta y convierte el Mediterrneo en la tumba ms grande jams conocida en la historia. En definitiva, la poltica sempiterna de Occidente que envuelve sus intereses imperiales y guerras bajo cnicos mantos civilizatorios y de progreso e, incluso, siempre que haga falta, de defensa de la libertad y la democracia.

La defensa de los puestos de trabajo no puede abstraerse del modelo productivo y marco poltico en el que stos se dan. No hablo solo de la industria militar. Tambin en la construccin de la central nuclear de Lemoiz trabajaban miles de personas y no por ello la exitosa lucha contra la misma se supedit a los chantajes sociales del PNV, la UCD y el PSOE. Porque, curiosamente, los mismos gobiernos que destruyen y precarizan el empleo sin consideracin social alguna, son a la vez los mayores defensores de la creacin de puestos de trabajo...., siempre que esto sea en lneas de TAV, incineradoras, cementerios nucleares, corbetas inmaculadas y bombas inteligentes que nunca matan poblacin civil. Y tampoco es casual que de todos los grandes astilleros espaoles existentes en los aos setenta (Vigo, Ferrol, Bilbao, Sestao, Alicante, Asturias, Sevilla, Cdiz,...), que hicieron del Estado espaol el cuarto productor naval mundial, ahora ya solo quede el de Cdiz, destinado a fines militares. El abandono, privatizacin y cierre del resto (La Naval, de Sestao, est siendo el ltimo) no ha importado nada a los distintos Gobiernos de turno. Los puestos de trabajo ligados a la industria militar, s. Lagarto, lagarto!

La exigencia del cese inmediato en la venta de armas a Arabia Saud y la produccin militar en general -lo mismo que el cierre de las centrales nucleares-, no puede contraponerse con el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector. Frente a este chantaje de los gobiernos, las elctricas y la parasitaria casta militar que hablan, al alimn, de la defensa de los intereses de Espaa y el trabajo en sectores estratgicos Pedro Snchez, dixit-, la alternativa a levantar deber ser la reconversin civil de esas industrias y la aprobacin de planes de reindustrializacin y regeneracin social de las zonas afectadas. Y termino. Afirmar, como se ha dicho, que si no vendemos nosotros esas armas lo harn otros, es, adems de burdo, obsceno.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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