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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-10-2018

La Universidad Publica se defiende en paz, aunque le ofrezcan guerra

Manuel Humberto Restrepo Domnguez
Rebelin


Desfinanciar constituye una violacin a derecho humano

La conclusin es contundente: La universidad publica, pensada como el medio para afianzar la paz, no le interesa al gobierno, los recursos que ofrece son para salir del paso, dividir, separar, acallar y evitar la movilizacin, que le genera incomodidad y no para atacar el problema de fondo o fortalecer su existencia publica. Los montos aplazan la fecha de vencimiento, pero no detienen el avance hacia su liquidacin total. La Desfinanciacin programada, es perfectamente asimilable a una violacin al derecho humano ya ganado, formulado en la Declaracin de los Derechos del hombre y del ciudadano de 1793, en el articulo 22, que la anuncia (educacin) como una necesidad para todos y llama a la sociedad a favorecer con todo su poder los progresos de la razn pblica y colocar la instruccin al alcance de todos y que fue reinventado con la Declaracin Universal de 1948, que en el articulo 26 afirma, que los estudios superiores sern igual para todos, en funcin de mritos (no de capacidades econmicas) porque se supone que todo derecho humano implica la obligatoria financiacin estatal.

El gobierno no puede desconocer que la educacin es un derecho fundamental, un bien publico y una condicin esencial para la paz del pas y la vida con dignidad, hacerlo es omitir su obligatorio cumplimiento y empujar a la sociedad para defenderla en resistencia. Mantener al sistema universitario de educacin publica desfinanciado y controlada su autonoma (que es otro derecho fundamental) indica sin lugar a objecin, que existe de facto, una violacin a derechos humanos, que podra y debera ser sancionada por las cortes de justicia local, atendiendo que s hay ante quien reclamar, s hay donde reclamar, cmo reclamar y suficiente material probatorio de la sistemtica vulneracin, que tambin puede ser atendida por el sistema interamericano de derechos humanos.

  • Antecedentes: Un plan estratgico para aniquilarlas

    Las enormes masas humanas, que protestan en las calles durante el mes de octubre estn lideradas por estudiantes, jvenes en rebelda, que las volvieron parte de la coreografa poltica y social del pas. El motivo es la legitima, justa y legal, defensa de la Universidad Pblica, a la que asisten especialmente jvenes procedentes de sectores populares, de regiones olvidadas y que son los hijos de trabajadores y empleados. La movilizacin es una respuesta a la sistemtica arremetida de polticas de estado surgidas de centros econmicos y de poder poltico, que la mantienen bajo la amenaza de una dictadura presupuestal y atadas a compromisos distintos a su naturaleza cientfica y cultural.

    Los ltimos 25 aos han sido azarosos para las 32 universidades publicas que atienden a la tercera parte de los estudiantes del pas, mientras mas de 200 privadas atienden al resto, a precios de libre mercado y baja calidad, en el quinto pas mas desigual del mundo, en el que las mafias compran la inocencia de quienes les resultan prescindibles. Las universidades publicas fueron premeditadamente debilitadas, vaciadas de su esencia, sus plantas de personal desmontadas, queda uno de cada tres en la nomina de profesores, los otros dos son contratados de manera precaria, la situacin se repite con los trabajadores pblicos y oficiales, que dieron paso a funciones contratadas con empresas privadas. La poltica social y el bienestar se tradujo a sistemas de compensacin selectiva; la produccin de la ciencia fue amarrada a voluminosos indicadores que miden todo menos los impactos reales en la transformacin de la sociedad y la creacin de bienestar; la extensin volvi a la universidad una contratista social, ajena, que dej de ser el puente que conectaba con la sociedad y se redujo a formula mercantil sin compromiso con el tejido social y; la Desfinanciacin la lleva a comportarse como empresa rebuscadora de recursos a como de lugar, sin tica, sin poltica. La autonoma fue usurpada por clientelas polticas regionales y la movilizacin acadmica y social tratada como factor de guerra, que deja desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de profesores y estudiantes, en la lucha por controlarlas, usar sus bienes, saquear sus presupuestos y eliminar las ideas libres de padrinazgos.

    La indiferencia estatal, es la directa responsable de que ocurra la movilizacin, entendida como recurso efectivo, ante el ataque sucesivo a su funcin esencial de creadoras de conciencia critica y pensamiento libre para forjar el desarrollo de la nacin, para lo cual debe ser totalmente financiada con recursos pblicos y protegida su capacidad de influencia intelectual. Al contrario el gobierno con la poltica estatal trata de mantenerlas relegadas cumpliendo tareas intiles por mandatos de poder y garantizado su sobrevivencia compitiendo en mercados desiguales, vendiendo programas y siguiendo el estricto trazado de la llamada apertura econmica (basada en el consenso de Washington) instalada en Colombia a comienzos de la ultima dcada del siglo XX, que entrego la venta del servicio educativo a inversionistas y negociantes de toda especie, que crearon decenas de universidades (de garaje) y miles de programas sin mayores exigencias de calidad, ni respeto por el saber y la universalidad del conocimiento y menos por la dignidad docente y de sus trabajadores. Algn sector de narcotraficantes de la poca entr al negocio y de la misma manera que crearon equipos de futbol, lo hicieron con universidades a las que despus les limpiaron el pasado y las llevaron a la legalidad.

  • Resultado: Movilizacin de Dignidad, ni espontanea, ni inmediata

    La movilizacin universitaria representa una lucha por la dignidad, por el saber y por la autonoma y el gobierno como respuesta reparte desprecio, hace enredados clculos econmicos que desorientan y seduce al sector mas dbil de la movilizacin (los rectores) con prricos presupuestos dirigidos a confundir a la sociedad y estigmatizar al movimiento, no a darle solucin a sus demandas que son tambin de autonoma, de dignidad. Detrs de las cifras esta el afn de perpetuar la guerra, enterrar los anhelos de paz y responder con violencia a las luchas por la justicia. En su actuar inmediato, el presidente mir a otro lado, con arrogancia se fue al vaticano a pedirle ayuda al papa para derrocar al gobierno vecino, como ya lo haba hecho en la asamblea de la ONU y de la OEA; luego fue a la OTAN a hablar de ciberseguridad y buscar consejo para mejorar los estndares de participacin de las mujeres en las fuerzas armadas y a su regreso anuncio con animo vengador el envi para la conflictiva zona campesina del Catatumbo de 2500 soldados de una fuerza especial (FUDRA) de la que un militar de alto rango dijera que esta es para atacar por que hay gente que solo entiende plomo y despus en palacio con guios dio apoyo a las trampas tendidas a la JEP y la Comisin de la verdad.

    La movilizacin, es de dignidad y supera la espontaneidad de otros movimientos de indignados. Es de largo aliento y tiende a convertirse en conciencia, para que la universidad publica no quede convertida definitivamente en otro modelo de centro de negocios. La movilizacin, en 10 das de presin social, alcanz como primera conquista la promesa de una adicin presupuestal suscrita y aceptada por los rectores y puso al descubierto que la confrontacin es al poder hegemnico, que desde hace 200 aos emplea la ignorancia como receta para sostener su despotismo, segn se refleja cuando en minutos encuentra fuentes de recursos para revitalizar la guerra, reactivar la alimentacin escolar operada por privados, reacomodar el programa de ser pilo paga que cofinancia en universidades privadas a cerca de 40.000 estudiantes con un alto costo, en cambio de financiar a menor costo a los cerca de 100.000 estudiantes que en el mismo lapso ingresaron a la universidad publica. En instantes despus de diez das de protesta sin atencin, encontr recursos para la fuerza Fudra cuyo objetivo es aniquilar, no resolver; los empresarios tributaron con exoneracin; el fiscal habl de 12 billones en bienes incautados tirados en el abandono; la ministra de minas habl de 30 billones esperados por regalas; los sistemas de corrupcin enquistados en los partidos de gobierno recibieron buenas noticias del congreso que no afectar su manjar de 50 billones para saquear; los grandes inversionistas mantienen sus 10 billones en exoneracin; el precio del barril de petrleo aumenta produciendo por cada dlar cerca de 350.000 millones de pesos y; el aumento del dlar beneficia al pequeito grupo de exportadores.
  • Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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