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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-10-2018

Nueve ex-comandantes de las FARC-EP responden a la Jurisdiccin Especial para la Paz

Varios autores
Rebelin


Seoras y seores magistrados de la JEP Reciban nuestro saludo cordial. Pregunta la Jurisdiccin Especial para la Paz qu hemos hecho por la reincorporacin poltica, econmica y social de los guerrilleros y por la implementacin en general de los Acuerdos de La Habana. Nuestra respuesta es TODO; todo lo que ha estado al alcance de nuestras manos. Podemos asegurar que desde la firma misma del Acuerdo en la Sala de Protocolo del Palacio de Convenciones hemos exigido da y noche sin cesar, el cumplimiento de lo pactado de buena fe y sellado con la entrega de las armas rebeldes a la Primera Misin de Naciones Unidas.

Las actas de la CSIVI consignan las huellas de este esfuerzo permanente. No abusamos si colocamos como testigos a los Altos Comisionados Sergio Jaramillo y Rodrigo Rivera, a los exministros de Gobierno Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, al exministro de justicia Botero Gil, al doctor Rafael Pardo de la oficina del post conflicto, a la ex ministra de comercio y turismo Mara Lorena Gutirrez, a la ex canciller Mara ngela Holgun, al ex vicepresidente General Oscar Naranjo, y al propio ex presidente de la Repblica Juan Manuel Santos. Por otra parte, los seores embajadores de Cuba y de Noruega que oficiaron en esas reuniones como garantes del proceso, as como los representantes de la Segunda Misin de la ONU que verifica el cumplimiento por parte del Estado de la reincorporacin, tambin pueden dar fe de estos hechos.

Directamente, al menos en dos oportunidades, le propusimos al Presidente Santos la recuperacin por guerrilleros de territorios degradados por la minera a travs de la siembra de vetiver, el cual acta como descontaminante y al mismo tiempo como fertilizante de suelos. Esto permite el rescate de la tierra para la agricultura y la siembra de bosques. Como complemento de esta idea le sugerimos una alianza para ayudar a saldar la deuda de 70 millones de toneladas de carbono, contrada por Colombia en Paris como aporte al esfuerzo mundial para contrarrestar el cambio climtico. Posteriormente, con un grupo de empresarios europeos le propusimos, aprovechando el acuerdo de transferencia de tecnologa recientemente firmado entre Colombia y Austria, la generacin de energa a travs de biomasa en los Espacios Territoriales. La biomasa procesada por pirlisis o quemado en seco emite CO2 neutro a la atmsfera, y como resultado del calor, produce electricidad y fro, as como biocarbn y fertilizantes. Todo ello genera empresa y recursos para financiar reincorporacin y reparacin de territorios afectados por el conflicto porque involucra a la poblacin al configurar una economa circular para beneficio de todos. Nada de esto obtuvo luz verde a pesar de que alcanzamos a intercambiar sobre estructuracin financiera. En este caso el Gobierno ni raj ni prest el hacha. No efectu ningn desembolso para los proyectos productivos de la reincorporacin ni facilit que estos se autofinanciaran con trabajo y dinmicas propias.

Pensando en cmo echar a andar la reincorporacin, en varias ocasiones planteamos a representantes del Gobierno la adjudicacin de un globo de tierra en Ciudad Yar, municipio de San Vicente del Cagun, para levantar en ese lugar una Ciudadela de Paz que congregara a ex combatientes de Caquet, Nario, Putumayo, Meta y Guaviare, a sus familias y a comunidades campesinas y tnicas de la regin, rodeadas estas ciudadelas de diversos proyectos productivos; sin duda, tambin una buena manera de reparar a la poblacin de las reas afectadas por el conflicto y de tener a la gente trabajando honradamente y en paz. Pero al gobierno le falt compromiso y decisin, si se tiene en cuenta que solo tena que intervenir terrenos baldos y predios que haban sido objeto de extincin de dominio.

Por distintas vas le hicimos llegar al Presidente Santos la idea de que antes de concluir su gobierno y como una seal fuerte de cumplimiento y de fortaleza del proceso, pusiera en marcha un piloto de titulacin de tierras a campesinos en los trminos consignados en el Acuerdo de Paz. Y para ello le sugerimos la regin de El Pato, regin histrica de la resistencia armada. Hubiese resultado muy fcil instalar all una oficina de titulacin, tal como lo haban ofrecido el ministro de agricultura Aurelio Iragorri y el doctor Miguel Samper de la Agencia Nacional de Tierras. Todo indica que los engorrosos trmites legales y burocrticos y el desgano del Estado dejaron pasar esta oportunidad de oro para el desarrollo de esa obligacin.

Tambin propusimos la creacin de granjas que tenan como centro a pequeas ciudadelas, todas ellas rodeadas de proyectos productivos de explotacin pisccola, avcola, porcina, caprina, bovina, cultivos de pancoger y bosques de paulownia. Hubiese sido una opcin prctica de reincorporacin. Les entregamos proyectos de estas granjas para Espacios Territoriales, tcnicamente bien diseados, pero al seor Fiscal General, que ha actuado de muy mala fe contra la paz de Colombia se le ocurri, con la DEA, en el marco de sus montajes judiciales extravagantes, que cuando Jess Santrich habla de granjas se est refiriendo a toneladas de coca para exportar a los Estados Unidos. El Fiscal no puede presentar pruebas contra el negociador de las FARC porque no las tiene. Su actitud absurda e irresponsable es la que tiene al proceso de paz -el logro ms trascendental de Colombia en los ltimos tiempos- en penosa y triste agona. Ojal Dios lo perdone por sabotear la paz y por esa maldad daina que destila su alma. Cunto deseamos tener una justicia soberana que no se arrodille ni se quiebre ante potencias extranjeras.

Seoras y seores magistrados: varios proyectos productivos que hoy se desarrollan en algunos Espacios Territoriales de Capacitacin y Reincorporacin, ETCR, lo son gracias al contacto que hicimos con embajadores de la Unin Europea, que muy preocupados por el paquidrmico o nulo avance de la reincorporacin aportaron generosamente los recursos financieros que requera su concrecin. As surgen grandes plantaciones de cultivos de maz, girasol, pimentn maracuy, tomate, pia, sbila, se ponen en funcionamiento estanques pisccolas, invernaderos y viveros, y se dan los primeros pasos para incursionar en ecoturismo. Con recursos cooperativos montamos talleres de fabricacin de calzado, de muebles de hogar y prendas de vestir, panaderas y restaurantes. No nos hemos quedado con los brazos cruzados. El gran problema, como bien lo conoce la opinin nacional, ha sido el mercadeo de los productos.

Por otra parte, siempre intentamos sin mucho xito llegar a acuerdos de asesora y produccin con empresarios nacionales de fedecacao, fedepanela y otros para desarrollar proyectos con participacin de la antigua guerrilla y las comunidades. En Cambio, y gracias a su acertada valoracin de la paz regional, algunos gobernadores facilitaron maquinaria pesada con la que hemos abierto y reparado un sinnmero de vas, lo que ha favorecido a amplios ncleos de poblacin campesina afectada por el conflicto. Hemos logrado construir puentes, refaccionar escuelas. No hemos dejado ni un instante de solicitar a las gobernaciones y municipios la extensin de redes que lleven la energa elctrica al campo, de pedir el mejoramiento de las vas terciarias, instalacin de puestos de salud. Incluso, expusimos ante altos representantes del Gobierno el proyecto de llevar conectividad a las regiones olvidadas y alejadas del corazn del poder central.

Paralelamente, como organizacin trabajamos con buenos resultados en Desminado Humanitario, y en la bsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto, esto ltimo en coordinacin con el CICR. Por otra parte y en otro plano, nunca hemos dejado de persuadir a la gente, como siempre lo hicimos, de la bondad de la preservacin de los bosques y la proteccin de la fauna. Sinceramente nos duele la deforestacin de la Amazona y la conversin por el Gobierno de departamentos claramente amaznicos, como Putumayo, Caquet y Guaviare, en distritos mineros. Esto es francamente desconcertante. Ojal corrijan esa mala decisin.

Dedicamos muchas horas a la Pedagoga de Paz tanto en los ETCR como en todos los escenarios de la vida nacional donde tuvimos esa oportunidad. Pero ante el manifiesto incumplimiento por parte del Estado es muy difcil convencer a la gente de sus bondades. Ante las bases, por ejemplo, nos lamentamos de no haber podido lograr un sistema de salud ms eficiente para los excombatientes. Queramos para ellos un rgimen especial como el que se aplica a las Fuerzas Armadas, porque las enfermedades de los excombatientes no son las comunes, sino que en gran parte tienen que ver con mutilaciones y lesiones de guerra que no son de fcil tratamiento. Claro, la lucha debemos hacerla por un sistema ms humano de salud para todos los colombianos. A pesar de haber desplegado esfuerzos no pudimos acceder a la titulacin de tierras en los Espacios Territoriales como garanta del normal desenvolvimiento de los proyectos productivos en los mismos.

Para no fatigarlos con la enumeracin de todos nuestros emprendimientos en pos de la implementacin, baste recordar las numerosas reuniones en el saln La Giralda del Ministerio del Interior en la que dimos todo para convenir con el gobierno los trminos del desarrollo normativo de los acuerdos. Pero se aprobaron textos que al cruzar la estrecha calle que separa a dicho Ministerio del Palacio de Nario, misteriosamente cambiaron su contenido. Los ponentes de las normas en el Congreso y parlamentarios que nunca fueron plenipotenciarios las distorsionaron con sus caprichos. Hundieron la reforma poltica y siguen ignorando la urgente reforma electoral para no tocar el fraude y la corrupcin cuando Colombia pide a gritos un sistema poltico electoral honrado que devuelva la confianza a la gente. Sentimos que en ese escenario del desarrollo normativo de los acuerdos no pudimos evitar la perfidia de la desfiguracin de la JEP que favorece la impunidad. Con la conviccin del deber cumplido queremos dejar como constancia nuestros argumentos en los conclaves realizados entre el gobierno y las FARC en Cartagena y Bogot; las reclamaciones insurgentes por los incumplimientos de la contraparte ante los expresidentes Pepe Mujica y Felipe Gonzalez en Cali y en La Heroica; la prdica o pedagoga de la sustitucin de cultivos de uso ilcito, que adems la quieren los campesinos sin engaos. Si no se aprueba un tratamiento penal diferencial para ellos, la sustitucin ser un fracaso y peor si se utiliza la va de la erradicacin forzada mediante la aspersin de txicos.

Seguimos esperando que el gobierno abandone las reticencias y cumpla sus compromisos derivados del Acuerdo de Paz. Es que estos son para cumplirlos. Pacta Sunt Servanda. Debe siempre tenerse en cuenta que el Acuerdo de La Habana tiene la categora de Documento Oficial del Consejo de Seguridad de NNUU y al mismo tiempo la de Acuerdo Especial del artculo 3 de los Convenios de Ginebra. Es de sentido comn que si se le exige a la insurgencia como contraparte, es vlido que la JEP llame tambin al Gobierno o a los poderes del Estado a rendir cuentas sobre la implementacin.

El general Alberto Jos Meja en representacin de una de las partes contendientes present hace poco ante la JEP un dossier contra las FARC muy parecido al trabajado por la Fiscala anterior, pero sera bueno, que, como acto de equilibrio tambin presentara el de las Fuerzas Armadas. Naciones Unidas atribuye al Estado y a los paramilitares el 80% de la victimizaciones en Colombia. Memoria Histrica responsabiliza a los paramilitares del asesinato de 100 mil personas. Jefes paramilitares como Salvatore Mancuso han denunciado cmo ejecutaron ese trabajo sucio en connivencia con el Estado y sus Fuerzas Armadas. Es necesario que hagan tambin anlisis de contexto de los falsos positivos. Todos sabemos que aqu hay unos determinadores. Que los militares no se hubiesen metido en semejante lo de no haber existido esa absurda directiva 029 del Ministro de Defensa de Uribe, seor Camilo Ospina, que muy agazapado desde entonces, no dice ni m. Pedimos que no se hiera la verdad pura y limpia, porque ella contiene el blsamo bendito que sana las desgarraduras ms profundas del alma causadas por el conflicto.

Finalmente, y ms que todo para el pas nacional: el Acuerdo de Paz de la Habana fue firmado por el gobierno Santos a nombre del Estado, lo cual implica un traslado de obligaciones al gobierno Duque quien ha asumido una posicin de indiferencia frente al acuerdo y su cumplimiento, dando la sensacin que ha tomado la decisin de esperar que este se difumine definitivamente en los vientos del olvido. La JEP que acordamos privilegiaba la justicia restaurativa sobre la punitiva; no contemplaba la impunidad; era para todos los involucrados en el conflicto, en especial para los determinadores que profirieron las rdenes desde la cpula poltica, terceros involucrados, terratenientes, sectores empresariales, las partes contendientes y no solo para estos ltimos. No tiene presentacin que el actual Presidente intente forzar las decisiones de la Justicia Especial, ni mucho menos que el Fiscal en descarado abuso de poder allane sus oficinas para raponearle a la Jurisdiccin de Paz sus papeles de trabajo. El santanderismo hirsuto est transformando la guerra con las armas en guerra jurdica sustentada en montajes judiciales, como forma de justificar el incumplimiento y de empujar definitivamente al Estado a los terrenos deleznables de la perfidia, de la traicin al Acuerdo de La Habana.

Seguimos esperando la libertad, segn lo acordado, de decenas de guerrilleros que aun permanecen en las crceles. Al comprometerse ellos a atender los requerimientos de la JEP, el Alto Comisionado anterior debi certificarlos para que los jueces procedieran a su excarcelacin.

 

De ustedes, atentamente, IVN MRQUEZ, OSCAR MONTERO, ALDINEVER MORANTES, EDINSON ROMAA, ALBEIRO CRDOBA, IVN AL, ENRIQUE MARULANDA, IVN MERCHN, RUSBEL RAMREZ Y OTROS.



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