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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-11-2018

La Universitat de Valncia organiza un seminario sobre cmo abordar hoy la violencia franquista
La represin poltica en la dictadura, una realidad ignorada?

Enric Llopis
Rebelin


Una muestra realizada en el curso 2013-2014 entre un centenar de estudiantes madrileos de Magisterio revela estos datos: el 30% desconoca los aos que Franco detent el poder; el 45% no saba en qu consisti la resistencia del maquis (la pgina Web de la Guardia Civil destacaba en 2004, con motivo de una exposicin itinerante de la institucin armada, sus valiosos servicios en la lucha contra la delincuencia, entre los que inclua al maquis de posguerra); el 47% de los alumnos ignoraba cundo se aprob el actual texto constitucional y el 71,6% qu fue el Proceso 1001, por el que los tribunales franquistas condenaron en 1973 a penas de hasta 20 aos de prisin a la direccin de Comisiones Obreras. Recoge esta encuesta el historiador Fernando Hernndez Snchez, autor de El bulldozer negro del general Franco (Pasado y Presente, 2016).

Y en cuanto a la violencia fascista durante la guerra civil y la posguerra? El investigador Francisco Moreno Gmez, autor de Los desaparecidos de Franco (Alpuerto, 2016), utiliza la expresin genocidio en una entrevista a Cuarto Poder, y cifra las vctimas mortales en 150.000. En una polmica con autores revisionistas, el historiador Jos Luis Ledesma menciona otras prcticas represivas, como los campos de concentracin (por los que pasaron cerca de 500.000 republicanos), la explotacin econmica de los prisioneros, las crceles, los juicios militares, las depuraciones profesionales, la violencia especfica contra las mujeres y el robo de nios (Franco y las violencias de la guerra civil, revista Hispania Nova, 2015). Ya en 1939 el Estado franquista promulg la Ley de Responsabilidades Polticas, en 1941 la Ley sobre Seguridad Interior del Estado y antes, en julio de 1936, el Bando del Estado de Guerra, que no se derog hasta 1948.

Tal vez la represin durante la guerra y la posguerra sea ms conocida, pero la violencia de la dictadura tuvo un carcter estructural y se prolong hasta el final, recuerda el catedrtico de Historia Contempornea de la Universidad de Castilla-La Mancha, Manuel Ortiz Heras. El historiador ha impartido el seminario El pasado incmodo: Cmo abordar ahora la violencia franquista?, organizado por el Institut Interuniversitari Lpez Piero de la Universitat de Valncia. En septiembre de 1975 se produjeron los ltimos fusilamientos de la dictadura, que tuvieron como vctimas a tres militantes del FRAP y dos de ETA. Ortiz Heras, que coordina el Seminario de Estudios de Franquismo y la Transicin (SEFT) de la Universidad de Castilla-La Mancha, inicia el recorrido por la represin del franquismo unos aos antes, en 1962; en abril comenz, con un paro en el pozo Nicolasa de la sociedad Fbrica de Mieres, la huelga en la minera asturiana que se extendi por la regin (participaron en el movimiento ms de 60.000 obreros asturianos de diferentes sectores) y el estado espaol; la dictadura respondi con detenciones, encarcelamientos y el estado de excepcin.

En diciembre de 1962 una Orden firmada en el BOE por el ministro de Informacin y Turismo, Fraga Iribarne, constituy la Oficina de Enlace adscrita a este ministerio, destaca el catedrtico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se trataba de coordinar aspectos concretos de la informacin poltica que se recibieran en la Administracin; de la Oficina dependa un departamento de investigacin sobre comunismo y otras actividades subversivas, segn el artculo tercero. En abril de 1963 fue fusilado el dirigente del PCE Julin Grimau, a quien se atribuy el delito de rebelin militar continuada supuestamente cometido durante la guerra civil. Detenido, torturado y condenado en Consejo de Guerra, contra la ejecucin de Grimau se organizaron manifestaciones de protesta en Pars, Roma y Londres, entre otras capitales. Otros casos fueron menos difundidos. En agosto de 1963 la dictadura aplic el garrote vil en la prisin de Carabanchel (Madrid) a los militantes libertarios Joaqun Delgado y Francisco Granado, condenados en Consejo de Guerra sumarsimo por unos atentados que no cometieron.

Manuel Ortiz Heras apunta que el ao 1963 fue tambin el de la creacin del Tribunal de Orden Pblico (TOP) franquista, una instancia judicial especial para reprimir a la oposicin poltica; las sentencias del TOP se basaban fundamentalmente en los atestados policiales de la Brigada Poltico-Social, con declaraciones obtenidas en la mayora de las ocasiones con torturas y malos tratos, escribe en su blog (Justicia y Dictadura) Juan Jos del guila, magistrado jubilado y autor del libro El TOP. La represin de la libertad (1963-1977) (Planeta, 2001); en su tesis doctoral del guila recoge 3.798 sentencias entre 1964 y 1976, de las que el 75% resultaron condenatorias. Del anlisis de las sentencias, se desprende que los principales delitos fueron los de asociacin ilcita, propaganda ilegal y relacionados con reuniones y manifestaciones; el total de las penas sumaban 11.800 aos de prisin; as, hubo 6.158 personas condenadas por el TOP. En cuanto a la categora socio-profesional de los inculpados, destacan los obreros (49%), administrativos (19%) y estudiantes (22%); entre los primeros condenados en marzo de 1964- figura Timoteo Buenda, a diez aos de reclusin por un delito de injurias graves al Jefe del Estado (grit en un bar Me cago en Franco!).

En Zamora hubo una crcel especial para curas disidentes, destaca Ortiz Heras, autor de La insoportable banalidad del mal. La violencia poltica en la dictadura franquista 1939-1977. Albacete (Bomarzo, 2013). Entre 1968 y 1975 decenas de religiosos que lucharon contra la dictadura cumplieron condena en la Crcel Concordataria, que consista en un pabelln separado dentro de la Prisin Provincial de Zamora; algunos de estos sacerdotes detenidos, torturados y sometidos a juicios sumarsimos- han respaldado dcadas despus la querella argentina por los crmenes de la dictadura. El historiador contina el recorrido con la figura del estudiante de 21 aos Enrique Ruano, militante del Frente de Liberacin Popular (FLP); el joven muri en 1969 al caer de un sptimo piso cuando se hallaba bajo custodia policial; otro ejemplo fue Salvador Puig Antich, activista libertario al que la dictadura ejecut en 1974 mediante garrote vil; el militante del Movimiento Ibrico de Liberacin (MIL) fue juzgado y condenado previamente por un tribunal militar.

Adems de las vctimas, Manuel Ortiz Heras hace mencin a personajes de pasado siniestro. Entre quienes han tenido relevancia meditica figura Antonio Gonzlez Pacheco (Billy el nio), expolica de la Brigada Poltico-Social franquista y acusado de presuntas torturas (la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado este mes de octubre la querella de una de las vctimas, al considerar que los delitos de vejaciones y malos tratos han prescrito); en junio de 1977 el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martn Villa, otorg al inspector Gonzlez Pacheco la medalla de plata al mrito policial para premiar, segn detall el BOE, servicios de carcter extraordinario. La Asociacin para la Recuperacin de la Memoria Histrica denunci que esta condecoracin implica un aumento del 15% en la pensin; adems, Billy el nio se benefici de la Ley de Amnista aprobada en octubre de 1977. Tambin en atencin a los mritos policiales Martn Villa otorg la medalla de oro al comisario Roberto Conesa, exjefe de la Brigada Poltico-Social y uno de los superiores de Billy el nio.

En el libro titulado La carta. Historia de un comisario franquista (Debate, 2010), el periodista y escritor Antoni Batista reproduce la misiva que el comisario Antonio Juan Creix remiti a Martn Villa en 1974: Durante muchos aos fui jefe del grupo Anticomunista sustituyendo al Sr. Polo y en el ao 1963 fui nombrado, sin ser todava comisario, jefe de la Brigada Poltico-Social de Barcelona, desempeando el cargo durante cinco aos (); la ciudad vivi con tranquilidad, tanto poltica, como laboral y estudiantil. El polica resaltaba adems los importantes servicios con que contribuy a la pacificacin. Tiene conocimiento la ciudadana espaola de esta parte del pasado? Ortiz Heras coordina la investigacin Vctimas de la Dictadura en Castilla-La Mancha, que incluye una base de datos sobre los represaliados. Creo que los historiadores hemos investigado adecuadamente el periodo, pero no hemos sabido divulgar; muchas veces escribimos para los compaeros de la academia, es decir, no hace falta si te diriges a un pblico amplio- escribir enciclopedias de mil pginas; quiz tendramos que aprender de los anglosajones, cuyos textos son mucho ms asequibles sin por ello perder el rigor.

En cuanto a la Transicin, Manuel Ortiz considera que hubo hechos que modificaron el guin oficialmente establecido. Entre otros, la conflictividad laboral. Los historiadores Pere Yss y Carme Molinero apuntan que en 1975 se perdieron 10 millones de horas de trabajo por las huelgas, en las que participaron medio milln de trabajadores; las cifras se dispararon en 1976: 110 millones de horas no trabajadas y 3,5 millones de obreros implicados en los paros.

Tal vez la preocupacin pudiera entreverse en unas declaraciones del presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, a Televisin Espaola en febrero de 1975: Yo quiero llevar la seguridad a todos los espaoles de que el Gobierno a travs de las Fuerzas Seguridad dispone de elementos ms que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del pas. En una ponencia titulada Las otras vctimas de una transicin nada pacfica (2012), el historiador Gonzalo Wilhelmi cifr en 245 las vctimas mortales causadas por la violencia estatal entre 1975 y 1982; de estas muertes, 163 son responsabilidad de los cuerpos policiales mientras que 82 lo son de la extrema derecha y el terrorismo de Estado (entre 1975 y 1980 el total de vctimas por la violencia estatal se sita en las 35-40 anuales).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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