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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-11-2018

Un tratado de pesca ilegal

Isidoro Moreno
Rebelin

En ningn caso es aceptable que Marruecos pueda negociar sobre recursos naturales de los que no puede disponer, porque pertenecen al pueblo saharaui


Los casi monotemas que centran el debate poltico, aqu y ahora, no deberan actuar como cortina de humo para ocultar otros temas de fundamental relevancia que tambin nos afectan directamente, por activa o por pasiva. Uno de ellos es el nuevo tratado de pesca que se viene negociando entre la Unin Europea y el Reino de Marruecos. El problema central no es tanto el fuerte aumento de los millones de euros que la Unin Europea tendr que pagar a Marruecos (pasando de 40 a 52 millones anuales), o en la subida del coste de las licencias de pesca, sino en que sera ilegal, ya que viola sentencias del propio Tribunal de Justicia de la Unin Europea.

Esta contradiccin en la que voluntariamente se ha sumido la Comisin Europea desde el pasado 20 de julio, al pactar con Marruecos una propuesta de acuerdo que va a pasar en las prximas semanas a la ratificacin -an cabe esperar que no- del Europarlamento, sera inexplicable si no atendiramos a los intereses polticos y econmicos que hay detrs. Sin duda, legalmente la Unin Europea o cualquier Estado puede establecer los acuerdos que crean favorables a sus intereses (otra cosa es si son o no ticamente legtimos), pero lo que ni la Unin Europea ni ningn Estado puede hacer es firmar acuerdos con otro Estado sobre territorios o recursos que no pertenecen a este. Ningn Estado, como ninguna persona, puede disponer de lo que no es suyo. Y esto es lo que se hace en el preacuerdo citado: se dispone sobre recursos naturales, en este caso pesqueros, que no pertenecen a Marruecos sino que forman parte de los bienes de un pueblo reconocido como tal en repetidas resoluciones de Naciones Unidas y del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya: el pueblo saharaui.

El Sahara Occidental, aunque ocupado militarmente por Marruecos en ms de dos tercios de su territorio, no es parte de este reino, como han establecido todas las resoluciones referidas y todos los dictmenes de los tribunales internacionales, sino "un territorio sujeto a descolonizacin" a cuyo pueblo se le reconoce explcitamente el derecho a la autodeterminacin, que no ha podido ejercer precisamente por la ocupacin que sufre desde 1975, cuando fue invadido militarmente aprovechando la crisis y debilidad poltica de la potencia administradora, que era (y sigue siendo legalmente) Espaa, en las ltimas semanas de vida del dictador Franco.

En ningn caso es aceptable que Marruecos pueda negociar sobre recursos naturales de los que no puede disponer porque pertenecen al pueblo saharaui, que tiene una nica voz reconocida por Naciones Unidas y muchos estados: el Frente Polisario. Pero es ms: la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, en dos ocasiones en los ltimos dos aos, ha declarado con toda claridad que "habida cuenta de que el territorio del Sahara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, sus aguas adyacentes no estn comprendidas en la zona de pesca marroqu, objeto del acuerdo de pesca". Por ello, caso de ser ratificado por el Europarlamento, el nuevo Tratado violara frontalmente estas sentencias.

Aducen ahora los defensores del nuevo tratado que, si este se aprueba, la poblacin del Sahara Occidental saldra beneficiada porque se invertira en este territorio una parte del dinero que pagara Europa. Pero incluso este argumento, que en ningn caso legalizara lo que es ilegal, tiene tambin truco, porque Marruecos incluye como poblacin del Sahara Occidental a los colonos que trasplant a este territorio (en operaciones similares a las que practica Israel en el territorio de Palestina), que obviamente no pertenecen al pueblo saharaui. Colonos que puede que s se beneficiaran -siempre que les llegara algunos euros, luego de pasar estos por los corruptos canales del Estado al que pertenecen- pero no la poblacin saharaui, sometida a permanente represin, que es la poseedora, legitima y legal, de los recursos de su territorio. Con lo que la expoliacin de sus recursos pesqueros se aadira a la de los fosfatos, la arena y otros.

Votarn los europarlamentarios espaoles conforme a la legalidad y la decencia o se dejarn influir (o comprar) por los lobbies que sustentan al rgimen marroqu? Olvidarn la especial responsabilidad de quienes representan a la "potencia administradora" defendiendo los derechos del tan castigado pueblo saharaui, de acuerdo con la legalidad de la propia Unin Europea, o traicionarn a este pueblo en nombre de intereses estratgicos o econmicos? Veremos.

Isidoro Moreno. Catedrtico de Antropologa Social

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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