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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-11-2018

La poltica de paz del gobierno de Ivn Duque

Horacio Duque
Rebelin


Un acontecimiento de indiscutible impacto en el proceso de paz y su implementacin lo constituyo el reciente proceso electoral para definir la composicin del nuevo parlamento y la cabeza de la Presidencia de la Republica.

El tema de la paz ocupo gran parte de la controversia, pues el candidato triunfador planteo claramente la modificacin de los Acuerdos en los trminos que fueron controvertidos en el Plebiscito del 2016 en que el No derroto a los partidarios de los acuerdos.

Con el triunfo electoral de Ivn Duque este insisti en reformas a los acuerdos en temas como los de la justicia, la sustitucin de cultivos de uso ilcito y la representacin parlamentaria de las Farc.

Igualmente en modificar los trminos del funcionamiento de la Mesa de dilogos con el ELN en La Habana.

Ayala plantea que el nuevo gobierno de Ivn Duque hered dos asuntos de enorme trascendencia para el pas: de un lado, la etapa de implementacin del proceso de paz adelantado y firmado entre el Gobierno de Santos y las Farc; y del otro, las conversaciones de paz con el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN). Podemos hablar de dos procesos profundamente delicados, que de no consolidarse por el incumplimiento de lo acordado en el primero, y no alcanzar el objetivo esperado del segundo, daran al traste con la ilusin de paz que se construy en el pas despus de la firma del Acuerdo Final II en el teatro Coln de Bogot (Ver https://bit.ly/2QxJJkm).

En su segunda semana de mandato, el presidente Ivn Duque comenz a dar pistas de lo que ser la poltica del nuevo Gobierno con respecto a los Acuerdos de Paz con las Farc y las negociaciones con el ELN.

El Mandatario posesion como alto consejero para la Estabilizacin (antes Posconflicto) al abogado Emilio Archila, experto en asuntos financieros, exsuperintendente de Industria y Comercio durante el Gobierno de Andrs Pastrana, y muy cercano a la vicepresidenta Marta Luca Ramrez.

En principio, el rol principal de esta dependencia ser llevar la inversin y la presencia del Estado a las zonas histricamente golpeadas por la violencia.

Como Alto consejero para la Paz (que reemplaza al Alto Comisionado y que al parecer se llamar de manera definitiva Alto Consejero para la Legalidad) fue nombrado el abogado y ex viceministro de Justicia Miguel Antonio Ceballos, a quien Duque le encomend ejercer una Consejera que nos permita la desmovilizacin, el desarme y la reinsercin sobre la base de la legalidad, que es la forma como se cimienta una paz verdadera, en la orientacin del Presidente Duque (Ver https://bit.ly/2QEEi3x).

En ambos casos llaman la atencin los cambios que ha introducido el Presidente en los nombres de las entidades, lo que se traduce en un cambio de concepcin del nuevo Gobierno sobre trminos con implicaciones polticas como conflicto, como paz, como guerra (Ver https://bit.ly/2QEEi3x).

La primera mutacin que quiere hacer Duque con respecto a la paz tiene que ver con el lenguaje. La idea de que aqu hubo una guerra civil es exagerada e inexacta, por ejemplo. La idea de que hubo conflicto armado es ms precisa, pero las implicaciones jurdicas de reconocer ese conflicto armado implican tratar los temas de un modo internacionalmente establecido. En ese sentido, lo que quiere hacer el Presidente es colombianizar, nacionalizar el lenguaje para tratar estos temas tan espinosos que tienen que ver con la paz o con el final del conflicto armado, y darle este tinte de estabilizacin que es una estrategia que a la gente le suena, no solo a los que votaron por Duque, sino a lo que no (Verhttps://bit.ly/2QEEi3x).

Ahora bien, de momento no hay claridad si el cambio de nomenclatura del Alto Comisionado de Paz y la Alta Consejera para el Posconflicto implica tambin un cambio de funciones.

En el caso de la Alta Consejera para el Posconflicto, es una instancia que surgi para, bsicamente, asesorar al Gobierno y otras entidades en la implementacin de los Acuerdos de Paz, que van ms all de la estabilizacin de las regiones.

Ms all de la denominacin de los cargos, lo que preocupa es el enfoque que le est dando el Gobierno a esas dos instituciones. El nuevo Gobierno pretende que las palabras paz y posconflicto se acaben. Que no vuelvan a aparecer en ningn documento. Pareciera que el Gobierno en realidad no tiene un horizonte con respecto a la paz.

Lo nico claro hasta el momento con respecto a la poltica de paz de Duque es que ser una paz condicionada (Ver https://bit.ly/2QxJJkm).

La incondicionalidad que caracteriz a Juan Manuel Santos se termin el 7 de agosto. A partir de este momento se les pondr condiciones a todos los que quieran hablar de paz. Eso es lo que probablemente ya empez a cambiar con Duque. En otras palabras, un acuerdo tan generoso como el que las Farc logr no se puede conseguir desde el 7 de agosto para ac. Se pueden lograr otros modelos de acuerdos, pero lo que vemos claro es que, en el caso del el ELN, en un eventual acuerdo no van a conseguir lo que consiguieron las Farc. Tampoco se va a hablar con la retrica con la que se habl en La Habana.

Llama la atencin en el discurso Duque que precisamente reitera trminos como desmovilizacin, desarme, reincorporacin, jams negociacin.

Esto lo que nos muestra es ese cambio de enfoque del nuevo Gobierno con respecto a la paz, aunque todava no ha puesto las cartas sobre la mesa. Pero el concepto y los trminos con los que est hablando el Presidente es una limitacin para las polticas de paz. Se pueden meter en una camisa de fuerza muchas de las reformas, planes y acuerdos alrededor de la paz. Y eso en el caso del proceso con el ELN tiene un mensaje que puede ser restrictivo, en el sentido de que para ellos solamente habr desmovilizacin, desarme, reincorporacin (Ver https://bit.ly/2QxJJkm).

Quiere decir que temas sustantivos que tienen que ver con alguna reforma, una apertura democrtica, o polticas de sentido econmico y social quedaran por fuera.

Si hay voluntad del ELN para que haya un proceso de desmovilizacin, desarme y reinsercin, la negociacin es viable; pero si siguen reclutando nios, si siguen secuestrando, si siguen cometiendo actos de violencia, lo nico que van a recibir es una respuesta contundente de la Fuerza Pblica, es la politica del gobierno de Ivan Duque, lejos de cualquier ambigedad o simulacro en los gestos, los discursos y algunas actuaciones puntuales.

En poltica de paz, referido a negociaciones con actores ilegales, la apuesta parece ser muy de mano firme, muy apegada a la legalidad, lo cual supondra disposicin para acordar mecanismos de sometimiento a la justicia, ms que propiamente negociaciones de paz. La propuesta, por ejemplo, de desvincular el narcotrfico como delito conexo al delito poltico (rebelin) va en esa direccin. En este contexto se afectaran severamente las opciones con el ELN.

Efectivamente, el Ejrcito de Liberacin Nacional y el actual Gobierno estn distanciados, por lo que no pareciera que pudiera firmarse un acuerdo de paz, por lo menos en el corto y mediano plazo.

De otro lado, en relacin a los Acuerdos logrados con las Farc, una cosa es la intencin poltica de Ivn Duque de modificarlos, y otra muy distinta las herramientas jurdicas que tenga para lograrlo en las instancias correspondientes.

El Centro Democrtico e Ivn Duque tratarn de ajustarse al Acuerdo tal y como fue modificado despus de la derrota del S en el plebiscito, teniendo en cuenta que los Acuerdos estn muy blindados.

Pero Gobierno Nacional tiene el dilema de empearse en introducir cambios al Acuerdo de Paz (como lo prometi en campaa) o gastarse su capital poltico en sacar adelante reformas complejas y controversiales como la pensional y la tributaria.

En el Congreso habr combustible para sacar algunas reformas pero no para todas, as que el Gobierno deber optar por un enfoque pragmtico y estratgico. Pero est claro que al menos en tres asuntos el Gobierno s intentar cambios en el Acuerdo con las Farc: la participacin poltica; el juzgamiento diferenciado para miembros de las Fuerzas Armadas y la erradicacin forzada de cultivos de uso ilcito. No parece haber ambiente para que se puedan dar ms cambios en los Acuerdos porque eso s sera hacerlos trizas.

Hay que sealar de manera muy concluyente que el gobierno de Duque no ha expresado un inters maysculo en consolidar escenarios para una paz estable y duradera. Es decir, no es esa su prioridad. Por el contrario, sus acciones conducen a generar las mayores incertidumbres en el proceso de implementacin del acuerdo con las Farc y de congelar los dilogos de paz con el ELN, hasta que suceda algo inaceptable para romper definitivamente la mesa instalada en La Habana.

Al completar casi tres meses de gestin el gobierno de Duque ha abordado el tema de la paz desde la perspectiva institucional para advertir incoherencias y fracturas en la gestin de la misma.

Su diagnstico resalta diversas fallas y ausencia de recursos para su implementacin.

En trminos generales el examen a la herencia de Santos consignado en un documento de reciente circulacin elaborado por el Ministerio para el post Conflicto es la siguiente:

Debilidad y desarticulacin Institucional.

La desarticulacin en la implementacin del Acuerdo Final de Paz se da en cuatro niveles: el primero, interagencial, como resultado de la reforma institucional realizada en 2015 y que se reglamenta solo hasta el 2017, en la que se crean la Agencia para la Renovacin del Territorio en especfico, para articular en el territorio para la implementacin del Acuerdo Final de Paz , la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. Instituciones nuevas, de baja capacidad tcnica y con limitaciones presupuestales.

El segundo, intersectorial, cre el despacho del ministro consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, hoy la Alta Consejera, con el propsito de articular la visin del Gobierno y asesorar en la formulacin, estructuracin y desarrollo de polticas y programas de posconflicto. Este proceso distorsion las relaciones del ejecutivo, en razn a los niveles de jerarqua entre la Consejera, los departamentos administrativos y ministerios, pues todo deba girar en torno a la agenda de la paz. Como resultado, dicha fractura gener competencia por los recursos, dispersin y fragilidad en la asignacin de los mismos, falta de planeacin, descoordinacin y desarticulacin entre los sectores responsables de la implementacin, traslape de funciones, duplicidad de acciones. Sumado a la falta de conocimiento de los compromisos que establece el Plan Marco de Implementacin y, por sobre todo, la falta de compromiso de los sectores del Gobierno en lograr impulsar las acciones que permitiran el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Para revisar el tercero, el cual hace referencia a la articulacin Nacin territorio, es necesario tener en cuenta que la planeacin desde el nivel central no incorpora a las entidades territoriales para priorizar a poblaciones ms vulnerables ni en la definicin de la pertinencia de los proyectos. Esto genera, en primer lugar, que los funcionarios de los municipios sientan que no se identifican apropiadamente las necesidades del territorio. Y, adems, deslegitima a la institucionalidad local frente a la poblacin. Este elemento es particularmente riesgoso en zonas de alta incidencia del conflicto armado, donde la presencia del Estado ha sido limitada. Las entidades territoriales por su lado no identifican canales para informar sus necesidades a las instancias articuladoras. Asimismo, no se evidencia coordinacin entre los diferentes ejecutores del nivel nacional. (Ver file:///C:/Users/FERNANDA/Downloads/DuquePaz%20(1).pdf).

Por lo que, en la prctica, dice el gobierno, encontramos una resistencia por parte de las autoridades locales a adoptar las estrategias enfocadas a la paz, dado que son ellos, como entes autnomos administrativamente, los tomadores de las decisiones sobre sus territorios y comunidades. De ah que, como resultado, la difcil incorporacin de los compromisos del Acuerdo Final de paz en los instrumentos de planeacin territorial y por ende, en los instrumentos nacionales. Es decir, no hay armonizacin de las herramientas de planificacin entre Nacin y Territorio. Adems, la forma de operacin en que se desarrollaron las acciones es a travs de grandes despliegues de funcionarios y contratistas de las entidades nacionales a las regiones, lo que no garantiza la continuidad, pertinencia, eficiencia, y empoderamiento desde en un sentido de cogestin y autogestin de los territorios.

El cuarto nivel, normativo, si bien se han expedido 140 normas entre Actos Legislativos, Leyes fast track, Decretos Ley, ordinarios y Directivas Presidenciales, se resalta dificultad para la expedicin de las dems normas necesarias para la implementacin del Acuerdo Final de Paz. Esto se debi principalmente, a la ausencia de gestin ante el legislativo por parte del ejecutivo, y en ltimas, a la diversidad de agendas legislativas.

Multiplicidad y desarticulacin de instrumentos de planeacin y gestin: Una de las principales barreras para la gestin y ejecucin de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, es la diversidad de instrumentos y metodologas para su formulacin, as como las diferentes rutas y canales para la implementacin del mismo.

En trminos de planeacin, gestin y financiacin no se realiz ninguna articulacin de los planes con los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental, Planes Sectoriales y entre s, a pesar de estar estipulado en el Acuerdo de Paz (Verfile:///C:/Users/FERNANDA/Downloads/DuquePaz%20(1).pdf).

Ese, en trminos generales, el balance que hasta el momento tiene la administracin Duque de la implementacin del Acuerdo de paz. Lo que quiere decir que la construccin de la paz avanzara muy lentamente hasta hacerlo irrelevante.

Acciones legislativas contra la paz.

Son varias las iniciativas legislativas que ha presentado el partido de Gobierno, el Centro Democrtico (CD), con el firme propsito de echar para atrs o debilitar los avances institucionales y los compromisos adquiridos por el Estado en materia de restitucin de tierras y el funcionamiento del modelo de justicia transicional. Entre dichas iniciativas estn: de un lado, el proyecto de reforma a la ley de vctimas y restitucin de tierras, presentado por la senadora Mara Fernanda Cabal, reconocida detractora del proceso de paz y esposa de Jos Flix Lafourie, representante del gremio ganadero, sealado por varios sectores de patrocinar a grupos paramilitares. Y del otro, el que recientemente se present para reformar la JEP, con la intencin de debilitar a esa jurisdiccin y poder tener control sobre las versiones de los militares involucrados en la comisin de delitos de lesa humanidad (como los falsos positivos).

El nombramiento de Andrs Augusto Castro Forero en la Unidad de Restitucin de Tierras es visto como una clara muestra de la intencin de echar para atrs o ralentizar el proceso de restitucin de tierras a los campesinos y dems colombianos que sufrieron la embestida de los paramilitares, quienes al final los despojaron de sus tierras. En la URT, agencia que se encarga de revertir el fenmeno del despojo de tierras en el que, segn estimados casi ocho millones de personas fueron desplazadas a causa del conflicto armado, el presidente Duque nombr a Andrs Augusto Castro Forero. Un abogado de la Universidad del Rosario, especialista en gestin pblica, y quien fungi como secretario General de Fedepalma.

Como seala Ayala (Ver https://bit.ly/2QxJJkm) al acompaar la poltica contra las drogas de los Estados Unidos, el presidente Ivn Duque Mrquez golpea de manera directa el programa de restitucin voluntaria de cultivos de uso ilcito firmado en La Habana. De igual manera, en trminos geopolticos, Duque debilita el multilateralismo que estableci Santos como parte de su poltica exterior. Al circunscribir su poltica exterior a la agenda narcotizada de los EE.UU., el presidente de Colombia impone al proceso de implementacin del acuerdo con las Farc y a la negociacin con el ELN, los intereses norteamericanos y en particular, los de las empresas fabricantes y comercializadoras de armas, interesadas en prolongar el conflicto armado interno. Es decir, Duque insiste en una relacin bilateral con el gobierno de Trump que claramente no acompaa de manera decidida la consolidacin de la paz en Colombia.

El largo proceso de negociacin y los costos econmicos y polticos que viene dejando el proceso con las Farc, son presentados por el actual gobierno como un problema de sostenibilidad fiscal, lo que claramente abre la posibilidad para que mucho de lo acordado en La Habana, en materia de programas y acciones a ejecutarse en el sector rural, estn hoy desfinanciadas, observa Ayala (Ver https://bit.ly/2QxJJkm). Y por esa va, hace perder inters en los negociadores del ELN y en la base guerrillera, que ve con desazn los problemas que afronta el proceso de implementacin de lo acordado y firmado en el teatro Coln de Bogot. Se suma a lo anterior, el desgaste social de la paz. Como concepto y como tema de discusin pblica, privada y meditica, la paz ya no convoca. La opinin pblica parece haberse quedado con la idea de que bastaba con quitarles las armas a las Farc y convertirlas en partido poltico, para consolidar la paz y hablar de escenarios de posconflicto.

Queda la sensacin de que al desmovilizar a las Farc y ser el ELN un grupo militarmente menor, no vale la pena insistir en firmar la paz con los elenos, por cuanto su presencia territorial y sus dinmicas de guerra no alcanzan a poner en aprietos al pas, tal y como en su momento las Farc si lo lograron, sin que ello quiera decir que el rgimen se puso en riesgo (Ver Ayala en https://bit.ly/2QxJJkm). Este imaginario sirve a los propsitos econmicos y polticos de esa parte del gobierno que insiste en mantener la doctrina y el principio del enemigo interno. Y ms ahora, cuando los lobistas de los fabricantes de armas insisten en la idea de intervenir militarmente en Venezuela. De todas maneras, para un sector castrense mantener un escenario de riesgo exterior y de enemigo interno siempre resultar benfico en materia de manejo presupuestal y de presin poltica. De all que se presione el aumento del presupuesto militar, para enfrentar cualquier amenaza, externa o interna, en claro detrimento del proceso de implementacin del Acuerdo Final y por esa misma va, alejar la posibilidad de destinar recursos econmicos para adelantar las reformas que se vayan negociando en la mesa de negociacin con el ELN (Ver https://bit.ly/2QxJJkm).

Los empresarios del campo podrn estar viendo como un peligro el florecimiento de proyectos productivos desarrollados por los ex combatientes de las Farc y ms an, les podra generar miedo el cumplimiento de lo acordado en materia de restitucin de tierras. Es decir, no admitiran competencia alguna, pues le apuestan a la consolidacin de la gran plantacin como modelo econmico, social y poltico en el sector rural (Ver https://bit.ly/2QxJJkm ).

Ayala plantea que los cientos de miles de asesinatos de lderes sociales, ambientales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos, y el ya casi centenar de ex combatientes de las Farc acribillados, no generan confianza en los miembros del Comando Central del ELN y en la base de esa misma guerrilla. A lo anterior se suma, que la minera ilegal es hoy, junto con el narcotrfico, un fuerte atractivo para aquellos guerrilleros del ELN que no comulgan con las directrices emanadas por el COCE y que estaran pensando en garantizar un mejor futuro a sus familiares y para ellos mismos, por supuesto.

La presencia paramilitar plantea el mismo analista es un fuerte incentivo para mantener la lucha armada por parte de la guerrilla, por cuanto sus comandantes reconocen que los grupos paramilitares estn articulados a los intereses de ganaderos, latifundistas y empresarios del campo y amigos de la gran plantacin (agrocombustibles). De all que sus objetivos revolucionarios de liberacin se tornen difciles de deponer en una mesa de negociacin que poco ha avanzado en el abordaje de los puntos acordados. Si el ELN mantiene su proyecto poltico intacto, sus lderes y comandantes de frente saben que los asesinatos de lderes y lideresas sociales, defensores de DDHH y del ambiente, hacen parte de la estrategia econmica, social y poltica que est articulada a la intencin de potrerizar las zonas selvticas y de imponer el modelo de la gran plantacin. No es gratuito que hoy la deforestacin en Colombia haya aumentado exponencialmente en las zonas y territorios abandonados por las Farc.

Por ltimo, es evidente el poco inters que hay en agentes de la sociedad civil para dar vida a la Mesa Social y discutir all las reformas que el pas necesita para avanzar en la consolidacin de una paz estable y duradera. Y es as, porque el carcter corporativo del gobierno de Ivn Duque permite pensar en que lo nico que le interesa a la actual administracin y a quienes lo respaldan desde la sociedad civil, es consolidar el modelo neoliberal, mantener la debilidad fiscal del Estado, su interesada precariedad institucional y mantener las condiciones y la inercia de las mltiples formas de violencia social y poltica.

Dado lo anterior, queda claro que para el gobierno de Ivn Duque Mrquez, el tiempo de la paz quedo atrs.

La votacin de Petro.

Un hecho que tendr gran impacto en el proceso de implementacin de los Acuerdos de paz con las Farc y en la continuidad de las negociaciones con el ELN es la importante votacin obtenida por Gustavo Petro en las recientes votaciones, son ms de 8 millones de votos identificados con la paz que se inclinan por defender lo avanzado hasta el momento en lo que tiene que ver con el fin del conflicto armado.

El futuro de las negociaciones con el ELN.  

 

La situacin hoy de los dilogos de paz entre el ELN y el Gobierno es difcil. El proceso est en una especie de limbo y no parece haber un inters genuino en salvarlo. Baste con leer la Resolucin 237 del 18 de septiembre de 2018, que deja sin poder de negociacin al equipo del gobierno, para entender que de parte de la actual administracin, habra poco inters de avanzar en las complejas negociaciones adelantadas con ese grupo subversivo, no solo por la metodologa planteada, sino por las acciones desarrolladas por los elenos, como los secuestros de civiles, y los intereses de sectores de poder militar, social, econmico y poltico de mantener la presencia fsica de un enemigo interno, para justificar, entre otros asuntos, el no cumplimiento o el cumplimiento a medias de lo acordado en Cuba.

Para el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Dilogos de Paz de la Universidad Nacional las condiciones s estn dadas para que el dilogo entre el Gobierno y ELN contine, hacindole los ajustes que las nuevas condiciones imponen y que sean acordadas entre las partes. Pero, sobre todo, por el hecho evidente de rechazo cada vez ms amplio en la sociedad a la continuacin de la guerra y el reclamo de muchos sectores por una paz completa.

Pese a los consensos que ha alcanzado la mesa en casi dos aos, para muchos, el cambio de Gobierno, regres la discusin hasta donde estuvo parada das antes de anunciar el inicio de la fase pblica de la negociacin en 2016. Esto, sin embargo, no implica que se daba tirar por la borda la agenda y los procesos ya construidos.

No sera recomendable que se arranque de cero, a partir de borrn y cuenta nueva. Se imponen unos acuerdos que pueden implicar modificaciones y precisiones, sin que se altere su carcter principal ni se ignoren los muchos elementos positivos construidos estos aos.

Estas son las nueve propuestas desde la sociedad civil y la academia para reiniciar las negociaciones con el ELN:

Establecer como objetivo central y explcito del proceso: "sacar la violencia de la poltica".

Reorientar las conversaciones hacia el desescalamiento gradual del conflicto armado que terminen con el secuestro y la extorsin y permita llegar a un cese bilateral definitivo como punto de llegada y no de partida.

En ese sentido al flagelo del secuestro le esperan por lo menos tres escenarios: 1) mantener la premisa del Gobierno anterior y aceptar que la prctica puede seguir en marcha dado que la negociacin se adelanta en medio del conflicto. 2) Para ms tempestades como la que atraviesa la mesa, que sin hacer un anuncio, el ELN opte por suspender la prctica. 3) Que el ELN, aprovechando que la discusin vuelve a estar en la agenda, empiecen a discutir ese tema y terminen en un anuncio de no secuestro.

Acelerar e intensificar el componente de la participacin de la sociedad.

Compromisos difanos y efectivos frente a la defensa de la vida de los lderes sociales.

A partir de la nocin de que es posible y deseable firmar y empezar a implementar un acuerdo final con el ELN en los 4 aos del actual mandato presidencial; se debe establecer una calendarizacin. Que se le d una seal al pas de que el proceso va hacia un puerto seguro.

Establecer el principio de negociacin basado en "acuerdos parciales de vigencia inmediata" que permitan que la implementacin no est desfasada del proceso de conversaciones.

En cuanto a la participacin de la comunidad internacional, se debe aprovechar su inmenso potencial de colaboracin y todo ajuste o ampliacin de la arquitectura actual debe ser el resultado de acuerdos bilaterales.

Sera recomendable contemplar, lo ms pronto posible, traer la mesa de dilogo a territorio colombiano, con la iglesia como garante, ojal con el apoyo del Vaticano.

Disear e implementar un plan de comunicacin y pedagoga para la paz desde la mesa de conversaciones a lo largo del proceso.

Este sera un nuevo marco para reiniciar las negociaciones con el ELN en La Habana.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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