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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-11-2018

Responsabilidad y legitimidad en la construccin de verdad

Diego Herrera Duque
IPC


En un foro realizado la semana pasada en la Universidad de Antioquia frente a la implementacin del Acuerdo de Paz, uno de los invitados anot, de manera certera, que la disputa por la verdad es realmente una disputa por la legitimidad. En tal sentido, uno de los problemas ms relevantes en la implementacin de los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparacin y NO Repeticin SIVJRNR derivado del acuerdo de paz en Colombia, est asociado a la crisis de legitimidad poltica en que pueda derivar el esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de responsabilidad relacionado con los agentes del Estado, particularmente de autoridades civiles y militares, que hayan cometido delitos en hechos asociados al conflicto armado interno, y que tendran que responder por sus actos ante sus vctimas, ante la Justicia, pero sobre todo ante la sociedad. De las FARC ya sabemos mucho de sus crmenes y delitos cometidos, aunque an faltan aspectos por conocer, pero del papel de los agentes del Estado, conocemos poco.

Es evidente que en la agenda de negociacin poltica entre el Estado colombiano y las antiguas FARC EP, el punto de vctimas fue de los ms difciles de lograr. Ya en aquellos das, se haba sacado de la competencia de la justicia transicional a los expresidentes de la repblica. Pero tambin se explica que, posteriormente al acuerdo firmado en noviembre de 2016, se hayan tenido tantos obstculos y tantos enemigos de parte de sectores del mismo Estado, para llevarla a su cabal cumplimiento.

En la puja por restarle competencias a la JEP de investigar, juzgar y sancionar, la Corte Constitucional decidi a finales del ao 2017, y public en julio de 2018, que los terceros civiles (empresarios y agentes estatales que no pertenecen a la fuerza pblica) ya no tendran que acudir obligatoriamente a la jurisdiccin especial, sino que podran hacerlo voluntariamente. As, qued la justicia transicional, reducida solo para la fuerza pblica y los ex combatientes de las FARC. Eran tiempos de los ltimos das del gobierno Santos.

Con la llegada de Ivn Duque a la Presidencia en agosto de 2018, quien en campaa mantuvo en el debate electoral la posibilidad de reformas sustantivas a lo acordado, con especial inters en la verdad y la justicia transicional, y con la consolidacin parlamentara de mayoras de gobierno, se vendran otros esfuerzos ejecutivos y legislativos por limitar ambos derechos. A pesar de que al da de hoy ms de 1.900 integrantes de la fuerza pblica se han sometido a la JEP, el Centro Democrtico y otros partidos, insisten por la va legislativa en crear secciones y salas especiales para ellos en la JEP, bajo el principio de la honra y el buen nombre. Adems, por iniciativa de la bancada uribista, tambin se intent tramitar un acto legislativo para impedir que los mecanismos del nuevo sistema integral tuvieran acceso a documentos del Estado de carcter reservado o de seguridad nacional, acompaada de una visin estigmatizante de los integrantes de los mecanismos, calificndolos de tendencias de izquierda. En ambos casos, no solo se intenta reducir la competencia, sino cambiar las reglas de juego acordadas y mancillar la honra de los integrantes de la Comisin de la verdad, de la JEP y de la Unidad de Bsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, es decir, ilegitimar su actuacin y resultados.

En esta encerrona a la justicia transicional, la Fiscala no ha tenido un papel menor. Es conocido por todos la apertura de investigacin a funcionarios de la JEP anunciada por el Fiscal General de la Nacin, Nstor Humberto Martnez, el allanamiento ocurrido en sus oficinas, donde se inspeccion y copio el expediente del caso 001 que se adelanta con 32 exjefes de las FARC en la nueva jurisdiccin, y la obstruccin a la entrega de informacin. Adems, son reiteradas las manifestaciones pblicas de la antipata manifiesta por el fiscal ante esta justicia transicional.

Los diversos hechos evidencian que distintos sectores del poder ejecutivo, legislativo y judicial, quieren socavar la posibilidad de esclarecer la verdad y reconocer los responsables, desentraando el papel del Estado en las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ocurridos durante este largo conflicto, para lo cual tuvieron que saltarse y violentar diversas reglas, instancias y procedimientos democrticos. Este salto de agentes estatales, civiles y militares, los ilegitima polticamente ante la ciudadana como autoridad, y podra poner en cuestin su reconocimiento, porque es un poder ilegtimamente construido sobre la victimizacin de diversos sectores de la sociedad que reclaman verdad y justicia.

Pasar la pgina de la guerra a la paz implica lograr que haya justicia y transitar de esa actitud mezquina y encubridora de una parte de la verdad que no ha sido contada en el conflicto armado colombiano.

Un rgimen poltico democrtico no puede cabalgar sobre una historia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. El derecho a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad tienen costo poltico. Lo mejor es contar la verdad y asumir la responsabilidad, que las vctimas y la sociedad sientan que el derecho a la verdad y la justicia han sido satisfechos, y en tal medida, se pueda gozar como autoridad de la legitimidad que tanto se reclama, pero tambin que tanto se cuestiona.


Fuente original: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2018/10/31/responsabilidad-y-legitimidad-en-la-construccion-de-verdad/



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