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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 03-11-2018

La banca y las empresas espaolas, en el ecocidio del Ro Cauca

Miriam Garca-Torres
Ctxt

La rentabilidad de los negocios del Ibex35 oculta con frecuencia graves daos socioecolgicos y violaciones de derechos humanos en Amrica Latina


Hace tiempo que ya no toca el ro. Desde que lo represaron, cuenta, tiene un color verdoso, como de difunto. Rudy Estela Posada, campesina y cofundadora del movimiento Ros Vivos Antioquia, suspira cuando le preguntan sobre los impactos que Hidroituango est provocando en los pueblos ubicados en el Can del ro Cauca, en Colombia. Perdimos nuestras casas, nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestro bosque seco tropical. La mayor prdida que hemos tenido es nuestro arraigo al territorio.

La conflictividad generada por este megaproyecto hidroelctrico, que incluye la construccin de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilmetros de largo con capacidad para 20 millones de metros cbicos de agua, dura ya varios aos. Pero el conflicto est en una nueva fase desde que en la madrugada del pasado 28 de abril un derrumbe obstruy uno de los tneles de desvo de la presa. Los torrentes provocados por la crecida del ro como consecuencia de los taponamientos y vaciados de agua, se llevaron por delante puentes, casas, y los medios de vida de cientos de familias de la zona.

Salt entonces la primera alarma que poco despus se convirti en emergencia tras varios desprendimientos de tierra, la aparicin de grietas en la montaa y filtraciones de agua en la presa. La situacin estaba fuera de control. Las autoridades colombianas decretaron la alerta roja y ms de 13.000 personas fueron evacuadas permanentemente de forma preventiva: la obra de mayor envergadura del pas estaba en riesgo de colapso y se tema que pudiera provocar una avalancha de proporciones catastrficas.

La emergencia social y ambiental es de tal magnitud que en junio la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental (ANLA) suspendi provisionalmente la construccin del megaproyecto a excepcin de las obras de contencin de la emergencia, a la espera de que un grupo de peritos expertos determine su viabilidad.

Mientras contina la alerta roja de evacuacin en varios municipios y la incertidumbre permanente para alrededor de 200.000 personas, la Contralora General de la Repblica ha sealado en un informe lo que las comunidades organizadas en torno a Ros Vivos vienen denunciando desde hace diez aos: que los estudios eran insuficientes e inadecuados, y que fueron realizados ms para cumplir un requisito en el licenciamiento ambiental que para el adecuado desarrollo del proyecto. El informe recoge 35 irregularidades que ponen en tela de juicio tanto a EPM, la empresa a cargo del proyecto, como a la propia ANLA. Solo as se entiende que hayan pasado por alto 11 fallas geolgicas, la cultura y la economa de ms de 26.000 personas, y la memoria de entre 500 y 900 vctimas de desaparicin forzada del conflicto armado cuyos cuerpos quedarn sin ser localizados bajo el agua.

En la zona de influencia del megaproyecto el 60% de la poblacin es vctima del conflicto armado. A la violencia ocasionada por el conflicto colombiano se suma ahora la provocada por Hidroituango. Es ms, para Ros Vivos, existe una coincidencia histrica entre los hitos temporales de un proceso y otro, de manera que el megaproyecto se habra beneficiado de las masacres y desplazamientos provocados durante las ltimas dcadas en la zona. Porque entender el conflicto armado es comprender su vnculo con la disputa por el control de unos territorios que resultan estratgicos para los intereses del poder poltico-econmico nacional y transnacional. Un problema estructural, el del acaparamiento del territorio para la profundizacin del modelo econmico, que ha quedado fuera del proceso de paz y que explica en gran medida por qu los asesinatos a lderes sociales se han incrementado de forma alarmante tras la firma del acuerdo en 2016. Solo en los primeros ocho meses de este ao han sido asesinados en Colombia 110 lderes sociales. Ms del 5% de ellos defendan su territorio frente a los impactos de Hidroituango.

La huella de la marca Espaa

Cuando en abril de 2011 se constituy el movimiento Ros Vivos en Colombia, las comunidades afectadas por Hidroituango ya venan denunciando el sealamiento de lderes sociales opuestos al megaproyecto y la ausencia de informacin sobre los impactos que ste generara. El conflicto era manifiesto. Pese a ello, tres meses despus Ferrovial Agroman, la filial de construccin de Ferrovial, anunciaba la firma de un contrato por 55 millones de euros para la construccin de los tneles de desviacin de la presa.

Aunque deban estar finalizados para el ao 2013, la empresa espaola acumul retrasos y sobrecostes en las obras, de manera que el contrato pas a manos del consorcio colombo-brasileo CCC. Segn evidencia ahora el informe de la Contralora, la modificacin del diseo de los tneles que se realiz posteriormente no contaba con la licencia requerida al momento de iniciar las obras. Este dato es importante, porque es precisamente en los tneles de desvo donde se origin la crisis el pasado mes de abril.

Pero la participacin de Ferrovial en Hidroituango no es la nica huella de la marca Espaa. En diciembre de 2017 el BID Invest, la institucin del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, concedi una lnea de crdito de mil millones de dlares a EPM para la construccin de la hidroelctrica. De ellos, 650 millones provenan de un prstamo otorgado por varios bancos comerciales internacionales e inversores institucionales, entre los que se encuentran BBVA y Santander.

En ese momento los impactos sociales y ecolgicos de este megaproyecto que antes de la emergencia ya haba provocado 10 desalojos forzosos y la prdida de los medios de vida de ms de 500 familias eran ms que evidentes. Tambin eran conocidas las campaas de difamacin, amenazas, seguimientos y asesinatos cometidos contra integrantes de Ros Vivos, denunciadas por organizaciones internacionales de derechos humanos. Sin embargo, nada de esto parece suponer un impedimento para que BBVA siga incluyendo este megaproyecto en su seccin sobre financiacin responsable de proyectos, por un prstamo puente que el banco haba concedido ya en el ao 2012.

Este caso muestra, una vez ms, que tras la rentabilidad de los negocios del IBEX35 se ocultan con frecuencia graves daos socioecolgicos y violaciones de derechos humanos. Y no es un caso aislado. El informe El IBEX 35, en guerra contra la vida de Ecologistas en Accin recoge otros ejemplos en los que empresas espaolas como Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), Acciona y Renovalia estn involucradas. La lista es extensa porque el problema es sistmico.

En riesgo de colapso

El caso de Hidroituango encuentra similitudes con otros muchos de los 2.584 conflictos socioecolgicos que el Atlas Global de Justicia Ambiental tiene registrados en todo el mundo. Megaproyectos hidroelctricos, mineros, petroleros, agroindustriales o de infraestructura se imponen en aquellos territorios donde se encuentran los recursos naturales que resultan estratgicos para alimentar una economa global en permanente crecimiento.

Los patrones de despojo comparten rasgos comunes: alianzas entre el poder poltico y econmico, entre la oligarqua nacional y el capital transnacional, vnculos con fuerzas armadas estatales y no-estatales, y una concatenacin de violencias sobre las comunidades locales, consideradas daos colaterales de los intereses econmicos de una lite global. Solo se pueden permitir este privilegio quienes se saben protegidos por su poder econmico, sus influencias polticas, su capacidad meditica y por marcos jurdicos conniventes con sus intereses. En otras palabras, quienes se saben impunes.

La semana pasada se celebr en Ginebra la cuarta sesin para negociar un tratado internacional jurdicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos que contribuya a poner freno a la impunidad de las grandes corporaciones. El proceso, centrado este ao sobre la discusin del borrador cero un documento que ha dejado fuera gran parte de las propuestas de la sociedad civil sigue sufriendo la obstaculizacin de la Unin Europea.

Lo que est en juego no es poco. La posibilidad de contar con un marco normativo vinculante y hay que precisar adecuado, es crucial para que sea posible establecer responsabilidades civiles y penales a las grandes corporaciones cuando cometen violaciones a los derechos humanos, para disponer obligaciones sobre las instituciones financieras y econmicas internacionales, o para que las normas sobre derechos humanos no estn subordinadas a los tratados de comercio e inversin, entre otras cosas. Se trata haciendo una analoga con Hidroituango de la necesidad de contar con un dique de contencin para una emergencia socioecolgica global que cada ao se salda con el asesinato de ms de 200 personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.

Pero, aqu tambin, aspirar a resolver el problema pasa necesariamente por atender a sus causas estructurales. Y la cuestin clave en este sentido es que nos encontramos en un momento histrico en el que debemos hacer frente a un escenario global que como Hidroituango, est en alerta roja por riesgo de colapso. El IPCC acaba de alertar en su ltimo informe sobre la necesidad de limitar el incremento global de temperatura a 1,5C si queremos mantenernos dentro de un nivel de riesgo asumible en un contexto mundial marcado por el cambio climtico. Al ritmo actual de emisiones nos quedan 12 aos para llegar a este escenario. Apenas una dcada para emprender transformaciones estructurales en sectores como la agricultura, la industria, la construccin o el transporte, que lleven a una reduccin de la demanda energtica global. Los pases de la Unin Europea, que tienen una responsabilidad histrica indiscutible, debern reducir sus emisiones al menos un 55% hasta 2030, es decir, una disminucin del 7% anual.

El reto es maysculo y la conclusin, clara: acometer esta transformacin sin precedentes es incompatible con la lgica de los grandes megaproyectos, con el modelo de acumulacin de capital inherente al funcionamiento de las grandes corporaciones, y con la esencia misma de un sistema econmico suicida en trminos sociales y ecolgicos. Ante un futuro prximo marcado por la inevitable reduccin de la disponibilidad de energa y materiales, la sociedad civil organizada deber tener un papel central si queremos aspirar a construir otros modelos socioeconmicos basados en criterios de justicia social y ambiental. Algo as como poner en marcha un desmantelamiento controlado del orden existente, para construir otros sostenibles y equitativos. Un desmantelamiento controlado, como el que demandan las comunidades organizadas del Can del Cauca para Hidroituango.

Miriam Garca-Torres es miembro de Ecologistas en Accin. Especializada en estudios socioambientales, ecologa poltica feminista y derechos humanos.

Fuente: http://ctxt.es/es/20181031/Politica/22610/Hidroituango-ibex-35-ferrovial-santander-bbva-comunidades-indigenas-ecologismo-america-latina.htm



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