Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-11-2018

La banca, una actividad depredadora

Attac Madrid


Nuestra cultura ha llevado la desigualdad de la especie humana a niveles muy superiores a los que pueden observarse en el mundo animal [1]. Como no es suficiente con los instintos para orientar nuestro comportamiento creamos representaciones simblicas o culturales y formas con ese fin. Por eso nuestros depredadores no tienen mayor tamao, ni garras, dientes o caractersticas que los distingan fsicamente de las presas, porque han creado unas instituciones, valores y reglas de comportamiento que son los dientes y garras para capturar y someter a las presas. Entre esas reglas, valores e instituciones que gobiernan nuestra existencia destaca la idea habitual en lo econmico, que defiende la misma identidad para riqueza, propiedad y patrimonio, valorables todos en dinero [2]. Y si se considera el enriquecimiento lucrativo como la meta natural y prioritaria de las personas, la forma ms directa de conseguirlo es fabricando dinero.

Pero el dinero est vinculado al poder poltico. El ejercicio de la soberana que el poder poltico ejerce sobre un determinado territorio se refleja en su capacidad para cobrar impuestos, acuar moneda y emitir deuda. Los banqueros, que reciben dinero en depsito o custodia, se vieron tentados desde el principio para usarlo en beneficio propio, primero de forma solapada y mal vista, despus con el acuerdo explcito e interesado de los Estados. Y lo que en el Derecho Romano se consideraba hurto o apoderamiento fraudulento de cosa ajena para realizar lucro propio, se convirti en prctica legal y habitual de la banca.

Cuando el poder y derecho de acuacin y emisin de moneda es desplazado desde los Estados y sus bancos centrales hacia las entidades financieras y las empresas transnacionales, el valor metlico de las monedas mud hacia el dinero de papel, luego hacia el dinero bancario y el dinero financiero. Desde entonces los bancos pueden utilizar el dinero depositado a la vista con la nica exigencia de mantener en billetes o deuda pblica una pequea fraccin del mismo o coeficiente de caja, creando dinero bancario a partir del prstamo e ingreso del dinero inicialmente depositado, provocando una espiral de crditos y depsitos capaz de generar un dinero bancario muy superior al emitido por el Estado.

La imposibilidad de que la banca devuelva a la vez en metlico todo el dinero depositado que ha utilizado con esos fines de lucro, exige el apoyo de los Estados y los Bancos Centrales para cubrir agujeros. Por otra parte, la reduccin de los coeficientes de caja favorece la creacin de dinero bancario y de dinero financiero as como el recorte de la capacidad de control de los Estados y los Bancos Centrales para garantizar la liquidez y evitar el colapso del sistema. Una vez que los Estados van perdiendo las riendas del dinero, pierden tambin su capacidad de intervenir en la economa, desencadenando procesos de supresin de reglas (desregulacin) y eliminacin de poder intermediar con importantes cambios institucionales, configurando, adems, el actual sistema monetario internacional, con el consiguiente traslado del poder poltico a poderes econmicos transnacionales hasta desembocar en la presente globalizacin financiera.

La corrupcin, durante los ltimos diez aos de crisis, se sustanci en los tribunales de justicia con la denuncia de prcticas sistemticas de los banqueros de administracin desleal y apropiacin indebida, operaciones de dudoso inters econmico y social, y financiacin descontrolada de viviendas; ruinosas todas ellas para las entidades financieras. Previamente no se haba ejercido ninguna funcin reguladora por parte de instituciones internacionales ya que no contaron con el apoyo poltico requerido para disponer de las competencias y los medios que hubieran sido necesarios para acordar e imponer a escala mundial a la banca reglas de gestin y contabilidad adecuadas y estndares mnimos de capital [3]. La creciente complejidad del mundo financiero a travs de la diversificacin de activos financieros, la produccin de derivados y la difusin de riesgos hacia los mercados de valores y las compaas de seguros, unida a la formacin de entramados de empresas, en parte domiciliadas en parasos fiscales, dificult ese control y sirvi a los bancos y empresas para acomodar, mediante una conveniente ingeniera institucional y contable, los balances a las normas. Innovaciones como la que aport el fenmeno de las titulaciones, permitieron empaquetar y transformar activos txicos, prstamos al consumo o hipotecas que erosionaban la solvencia de las entidades, en bonos o ttulos de renta fija negociables. De esta manera la banca conseguira vender deudas exigibles de las que era acreedora, en los mercados internacionales, obteniendo liquidez y trasladando el riesgo sobre los compradores, provocando el incendio que dio inicio a la crisis global de 2007. Para el Estado Espaol el coste neto que supuso el rescate de la banca en esa crisis, despus de vender todas las entidades hoy nacionalizadas, alcanzar los sesenta mil millones de euros [4], aunque tambin hay clculos documentados que elevan esa cifra a los trescientos mil millones de euros o un tercio del Producto Interior Bruto (PIB) espaol [5].

Entre tanto, la doctrina jurdica dominante asume y defiende el enfoque econmico que mantiene la identidad entre riqueza, propiedad y patrimonio, valorables en dinero [6]: Sobre estas bases los Cdigos Penales han centrado los delitos econmicos en delitos contra la propiedad (hurto, robo, daos) y/o el patrimonio, agrupados en torno a dos figuras de apropiacin indebida: 1 la obtenida mediante robo o extorsin realizada con ms o menos fuerza o violencia, y 2 la figura de estafa o fraude, cuando esa apropiacin se realiza con engaos. Sin embargo, este contexto resultaba muy estrecho para dar cabida a toda una gama de delitos que han venido aflorando asociados a eso que se llama corrupcin. Delitos que, al no estar en principio debidamente tipificados, trataban de asociarse de alguna manera a las dos figuras de delito arriba mencionadas, dando lugar a sentencias variopintas en funcin de la habilidad de las defensas y de la percepcin y el rigor de los tribunales, lo cual plante la necesidad de ampliar la figura de la apropiacin indebida con nuevos delitos que iban ms all del robo y el fraude.

Asimismo, la funcin del poder judicial y el clientelismo poltico y econmico, como condicionantes de la generacin y distribucin del lucro, empaan por completo la creencia en el supuestamente libre funcionamiento de los mercados financieros y, adems, refuerzan la tesis del carcter depredador de la banca, que repercute a sus clientes costes e impuestos que se le imponen por clusulas abusivas y normativas e interpretaciones convenientes.

Asuntos tan aparentemente irrelevantes y pacficos como qu clusulas de las hipotecas son abusivas? o, quin paga el impuesto de las hipotecas?, han dado lugar a verdaderas batallas campales en el mundo jurdico, poniendo de manifiesto a favor de quien se inclina la jurisprudencia dominante. Objeto de esta ltima cuestin ha sido la controvertida sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018 [7], en la que la cpula del alto tribunal forz un acto indito para que la seguridad jurdica de los banqueros no se viera afectada por magistrados discordantes con el poder dominante.[8]

El acto indito es la convocatoria de un Pleno de Sala en el que tres semanas despus de dictada la controvertida sentencia [9] quince magistrados contra trece, mediante un procedimiento sin precedentes ni similitud alguna, echan por tierra el fundamento jurdico de fondo de una sentencia firme y adoptan un acuerdo que no se funda en un principio de justicia intrnseca, sino en el asidero de la seguridad jurdica cueste lo que cueste. Por este procedimiento sumarsimo deciden que sean los clientes y no los bancos, quienes paguen el Impuesto de Actos Jurdicos Documentados (IAJD), rescatando del fuego la jurisprudencia anterior, favorable a los intereses de la banca, que refiere:

La interpretacin tradicional de esta Sala ha aceptado siempre la premisa de que el hecho imponible, prstamo hipotecario, era y es nico () La unidad del hecho imponible en torno al prstamo produce la consecuencia de que el nico sujeto pasivo posible es el prestatario [10].

As, por dos votos, adoptan la tesis que ya se anticipaba en el nico voto particular de la sentencia de 16 de octubre [11]: Antes de modificar las anteriores premisas cuya compatibilidad con el derecho de la Unin Europea haba sido proclamada por el Tribunal de Justicia de la UE-, cabra indagar desde la perspectiva del derecho de la Unin las consecuencias −Ay, Ay, Ay, las consecuencias Tendr efectos a partir de ahora (ex nunc) o retroactivos (ex tunc)? −, que, no slo con relacin al IVA sino respecto a la libre circulacin de capitales (artculo 63 TFUE [12]), comporta el considerar sujeto pasivo al acreedor hipotecario (prestamista), sobre todo teniendo en cuenta que, prcticamente en la totalidad de los casos se trata de entidades que desarrollan una actividad econmica en el seno del mercado interior. () Por tanto, desde la perspectiva de la coherencia de la libre circulacin de capitales y de las exenciones que la misma inspira, resulta difcil justificar situaciones tan diferentes con relacin a impuestos que tienen el mismo sujeto pasivo () [13].

Como era de esperar, la banca llevaba dos semanas en campaa: ninguna de las tres opciones aparentes las consideraba buenas 1) el Impuesto de Actos Jurdicos Documentados (IAJD) lo debe pagar la banca; 2) lo debe pagar la banca, pero no se puede reclamar lo ya pagado; 3) lo deben pagar los clientes pudiendo recurrir sobre las hipotecas suscritas en los ltimos cuatro aos. La agencia Moodys calcul que, si prosperaba la tesis de la sentencia del 16 de octubre, los bancos deban afrontar el pago de 2.300 millones de euros. La ministra de Hacienda, Mara Jess Montero, elev esa cifra a 5.000 millones [14]

Pero en este asunto lo verdaderamente sorprendente no es el reciente acuerdo del Pleno de la Sala III del Tribunal Supremo sino la sentencia que lo motiv. El ponente [15] razonaba certeramente que si la liquidacin del tributo sobre los documentos notariales no deba girarse a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid S.A (en el origen de este contencioso), el acto administrativo recurrido sera nulo y hara innecesario abordar cualquier otra cuestin (como las exenciones eventualmente aplicables), afirmando, adems (y esto es lo realmente importante) que, conforme al artculo 31 de la Constitucin Espaola (CE), los tributos comportan para el obligado una contribucin fiscal derivada de su capacidad econmica individual por lo que la carga impuesta debe guardar una relacin de coherencia y proporcin con la razn del gravamen, entrando de lleno en la cuestin de porqu se paga el impuesto y quin debe pagarlo: la banca.

Quera esto decir que, si hay una capacidad econmica que guarde relacin con la figura del impuesto sobre los actos jurdicos documentados notarialmente (IAJD), esta relacin se da antes en el acreedor hipotecario, y, por ello, conforme al artculo 31 CE es el prestamista (es decir, la banca), el que tiene la capacidad econmica que debe resultar gravada con el IAJD, lo que supone, para mayor inri, una modificacin sustancial del reglamento de este impuesto [16], al entenderlo contrario a derecho y a la propia doctrina del Tribunal Supremo.

Por ltimo, el ponente resaltaba dos postulados constitucionales: el postulado de interdiccin de la arbitrariedad (artculo 9.3 CE) y el genrico principio de igualdad (artculo 14 CE), que chocaron de frente con la decisin del Presidente de la Sala, Luis Mara Dez-Picazo, quien, para satisfaccin de la banca, no slo suspendi los efectos de la controvertida sentencia, convocando en menos de 24 horas el pleno extraordinario de la Sala, sino que inclin con su voto la balanza en favor de la tesis dominante. Como era de esperar, las patronales de bancos y cooperativas salieron rpidamente a aplaudir la decisin adoptada, pues preserva la seguridad jurdica necesaria para el buen funcionamiento del mercado.

Resumiendo, la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018 supuso una excepcin sorprendente, un vuelco de ciento ochenta grados en la prctica de los Altos Tribunales que siempre han estado atentos y coordinados para no incurrir en contradicciones que perjudiquen a la banca con efectos ex tunc, o que puedan no ser repercutidos a los clientes, como es posible observar en la jurisprudencia dominante, y por eso deba ser anulada.

Hoy sabemos de modo fehaciente que los bancos no van a crear ctedras que estudien con libertad temas en los que pueda concluirse que las entidades financieras tienen que pagar ms impuestos o estar ms reguladas. Ya son raros e imprecisos los trabajos que tratan de cuantificar la importancia econmica de la crisis bancaria y sus costes para la economa; y ms raros an los pronunciamientos judiciales que, favoreciendo la confianza legtima de los ciudadanos contraran la seguridad jurdica de los banqueros, defraudando sus expectativas. Un anlisis riguroso del tema exigira elaborar una clasificacin del lucro que se obtiene de la banca, que permitiera precisar de qu dineros hablamos, y, a continuacin, elaborar una tica adaptada a esta era de la globalizacin, dando un tratamiento diferenciado a la propiedad financiera para condicionar, recortar o abolir los privilegios que otorga en todos los rdenes y con utilizacin de los poderes del Estado a ciertos grupos minoritarios, sociales y empresariales, en su actividad depredadora de acumulacin de poder y riqueza.

Notas:

[1] Cfr. Naredo, JM Taxonoma del Lucro.Madrid, Siglo XXI, 2019. En proceso de edicin

[2] Habra que distinguir al menos, la propiedad ligada al uso y disfrute, de la propiedad financiera o inmobiliaria cuya funcin principal es guardar y ampliar el poder y la riqueza de sus propietarios, sin necesidad de que ejerzan funcin social alguna. Cfr. Naredo, JM., en Op.Cit

[3] Las propuestas del Banco de Pagos Internacionales (BPI) se quedaron al nivel de simples recomendaciones que se divulgaron en diversos documentos. Aunque su labor contribuyera en cierta medida, difcil de cuantificar, a regular sobre todo la actividad bancaria. Cfr. Naredo, JM., en Op.Cit

[4] BFA-Bankia (12.690 M de ), Catalunya Bank (11.831 M de ), CAM (11.102 M de ), Nova Caixa Galicia (8.551 M de ), Banco de Valencia (6.102 M de ), CCM (3.782 M de ), Unnim (2.530 M de ), CEISS (954 M de ) y Caja Sur, Banco Gallego y BMN (con cantidades inferiores a los 500 M de ). Cans, Francisco. El impacto monetario de la corrupcin poltica. Citado por Naredo, JM., en Op.Cit..

[5] Aunque una parte de esas ayudas no suponen prdidas, o que no se vayan a recuperar la totalidad de las ayudas directas e indirectas Ekaizer, Ernesto El libro negro. La crisis de Bankia y las Cajas. Como fall el Banco de Espaa a los ciudadanos. Ed. Espasa. 2018. Pag. 15

[6] Lpez Barja de Quiroga, J., La Reforma de los Delitos Econmicos, Ed. Thomson Reuters, 2015, p. 74. Citado por Naredo, JM., en Op.Cit..

[7] Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2018, que revoca una sentencia recurrida, coincidente con el rgano liquidador, en quin es el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurdicos Documentados (AJD), remitindose al respecto a un pronunciamiento anterior de la propia Sala y Seccin: la sentencia de 9 de junio de 2016, dictada en el recurso nm. 867/2014) que se remite, a su vez, a la jurisprudencia de esta Sala Tercera contenida, entre otras, en las sentencias de 31 de octubre de 2006 (recurso de casacin nm. 4593/2001), 20 de enero y 20 de junio de 2006 (recursos de casacin nm. 693/2001 y 2794/2001, respectivamente) y 19 de noviembre de 2001 (recurso de casacin nm. 2196/1996).

[8] Segn Yez de Andrs (2014). La seguridad jurdica compete salvaguardarla exclusivamente al legislador. A los tribunales corresponde hacer justicia en cada caso concreto que se les plantee. Derecho Privado y Constitucin, 31, enero/diciembre (2017), p. 302.

[9] Lo normal es congregar a todos los magistrados, si es preciso, antes de que se dicte el fallo.

[10] De conformidad con lo establecido en el art. 8. d), en relacin con el 15.1 del Texto Refundido ITP y AJD y en relacin, asimismo, con el art.18 del Reglamento de 1981, hoy art. 25 del vigente de 29 de mayo de 1995″. Sentencia nm. 1505/2018 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccin Segunda, sobre el impuesto a los actos jurdicos documentados, que afectan a las hipotecas.

[11] Magistrado D. Dimitry Berberoff

[12] Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea.

[13] Sentencia nm. 1505/2018 del TS. Pag. 49.

[14] http://www.eldiario.es/politica/Supremo-ratifica-banca-impuesto-hipotecas_0_832566967.html

[15] Magistrado D. Jess Cudero Blas

[16] El artculo 8 del texto refundido de Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados, en relacin con la modalidad transmisiones patrimoniales, dispone que el obligado al pago del tributo en la constitucin de prstamos de cualquier naturaleza, es el prestatario.

Fuente: http://www.attacmadrid.org/?p=14989



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter