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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-11-2018

Berta Cceres se queda sin justicia

M ngeles Fernndez y J. Marcos
Pblico

A la espera de que se conozca la sentencia del juicio que estos das se celebra en Honduras para juzgar el asesinato de la activista, la familia denuncia la falta de garantas de un proceso al que tildan de farsa y califican como ilegal. Ninguno de los juzgados es el autor intelectual del crimen


Grafiti de Berta Cceres en Tegucigalpa. WIKIPEDIA 

Grafiti de Berta Cceres en Tegucigalpa. WIKIPEDIA

Es un proceso judicial falso porque se ha excluido incluso la participacin de las vctimas. Bertha Ziga Cceres, hija de la activista hondurea asesinada en marzo de 2016 por su oposicin a un proyecto hidroelctrico en su pas, Berta Cceres, explica cmo est siendo el desarrollo del juicio que se celebra estos das en Honduras para condenar el crimen de la defensora. La familia denuncia que ninguna de las ocho personas que estn siendo juzgadas es la autora intelectual del crimen . Y sealan directamente tanto a la empresa como al Estado de Honduras.

El juicio, que comenz el pasado 19 de octubre y est previsto finalice en unos das, no cuenta con garantas, entre otras cosas, explica Ziga a travs de una comunicacin online, porque las fiscales han sido denunciadas en dos ocasiones, porque el tribunal ha sido recusado al no se una instancia parcial y porque la Fiscala no ha entregado la informacin a las partes.

Dos aos y medio despus del asesinato, hay que recordar que Berta Cceres era una de las caras ms visibles del Consejo Cvico de Organizaciones Populares e Indgenas de Honduras (COPINH). Premio Goldman en 2015, lideraba la oposicin del pueblo lenca contra la represa de Agua Zarca, un proyecto de la empresa Desarrollos Energticos SA (DESA) en el ro Gualcarque, sagrado para la comunidad lenca. Aquel fatdico da tambin result herido el defensor mexicano Gustavo Castro, nico testigo de los hechos.

ste no es el juicio del caso de Berta, sino del Estado de Honduras . Es el que ellos hicieron, el que tenan previsto desde que capturaron a estas personas como respuesta a la presin internacional, y lo han hecho para mantener la impunidad, denuncia Camilo Bermdez , integrante del COPINH, a travs de la misma comunicacin virtual colectiva, en la que han participado personas cercanas al caso y a la defensa de los derechos humanos. Existen arbitrariedades y algunas negligencias de las instituciones, as como inconsistencias para un caso que se supone ejemplar en materia de investigacin en Honduras y emblemtico para la regin, aade Ziga, portavoz de la familia y del COPINH.

Las vctimas (la familia y Gustavo Castro) carecen de representacin en el juicio, tras la decisin del tribunal de excluirlas al no presentarse sus abogados al inicio. Esta ausencia la explican por la ilegalidad del juicio, dado que an no se ha resuelto el amparo interpuesto precisamente para que no comenzara.

Pruebas sin analizar

El tribunal ha decidido que el Ministerio Pblico sea el representante de las vctimas, lo que resulta revictimizante para ellas. El Tribunal actual y el Ministerio Pblico continan violando los derechos de las vctimas a la verdad y la justicia, apuntan desde el COPINH. Una opinin que comparte Amnista Internacional : La representacin de las vctimas no puede quedar en manos de una institucin que ellas han denunciado repetidamente como vulneradora de sus derechos. Segn los abogados y abogadas, es el Ministerio Pblico quien no ha garantizado el acceso al expediente y a la evidencia que posee, y tampoco ha cumplido con su obligacin de identificar a los sospechosos de ser los autores intelectuales del asesinato de la defensora de derechos humanos.

La familia tambin denuncia que existen pruebas sin analizar y que en concreto una de ellas es muy relevante que no ha sido admitida como tal, a pesar de que corrobra el funcionamiento de la estructura de poder que orden el asesinato de Berta Cceres, as como los ataques, los actos de hostigamiento y las amenazas en contra del COPINH que se iniciaron aos antes del asesinato. Adems, los familiares critican que no se permita que las audiencias sean transmitidas pblicamente, lo que hara ms transparente al proceso. No estn los peritajes adecuados, no estn todos los testigos necesarios, no est la documentacin suficiente y no estn las vctimas representadas, aade Gustavo Castro en una conversacin aparte con este medio.

Este defensor de derechos humanos mexicano tambin apunta que no se ha incluido el asesinato en grado de tentativa del que fue vctima (se cree que los asesinos dieron por muerto a Castro). La Fiscala General bloque en 2017 que fuera al reconocimiento fsico de los imputados. Ahora quieren citarme cuando mi representacin ha sido excluida del juicio y sin hacer previamente un reconocimiento en forma adecuada de los imputados, incide.

Tampoco se ha considerado al COPINH como vctima, a pesar de que el asesinato de Cceres buscaba, segn apuntan los indicios, paralizar la lucha contra Agua Zarca. Castro considera que el objetivo es deslindar la lucha de Berta y del COPINH de los conflictos con la empresa DESA.

Implicacin de la empresa

El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), conformado por juristas de cuatro pases, asegura que, a travs de sus influencias y conexiones polticas, DESA mandat a empresas de seguridad privada y sicarios, pero tambin coopt a fuerzas de seguridad del Estado y operadores de justicia, para controlar y neutralizar cualquier oposicin al proyecto Agua Zarca.

El ltimo informe de GAIPE evidencia el vnculo entre funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato de la defensora ambientalista. Asimismo, constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato de Berta Cceres.

La postura de la hidroelctrica es bien diferente. Agua Zarca ha respondido lamentando, entre otras cosas, que un grupo de abogados internacionales se prestan para la fabricacin de un documento que contiene falsas y malintencionadas interpretaciones provenientes de ciertas conversaciones que han sido totalmente sacadas de contexto. Esto con el claro motivo de desprestigiar un proyecto de desarrollo y generacin de empleo que en todo momento respeta lo que establece la ley en Honduras.

Los ocho acusados

En el actual proceso judicial se est juzgando a ocho personas relacionadas con la autora material del crimen: Sergio Rodrguez Orellana , gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa DESA; Mariano Daz Chvez , mayor del Ejrcito de Honduras en el momento de su captura, entrenador de la Polica Militar del Orden Pblico y vinculado a grupos de sicariato; Douglas Bustillo , teniente retirado del Ejrcito de Honduras y exjefe de seguridad de la empresa DESA; Henry Hernndez, Elvin Rpalo Orellana, scar Torres y Edilson Duarte Mesa , todos ellos miembros de grupos de sicariatos. Adems de Emerson Duarte Mesa , hermano de Edilson Duarte , detenido sin ninguna prueba de vinculacin al crimen, segn el COPINH.

Sobre el primero, Sergio Rodrguez , Agua Zarca lamenta profundamente cmo un hombre honesto, padre de familia se encuentra injustamente privado de su libertad. Desde el COPINH y la familia de Cceres, creen que el escenario ms probable resultado del juicio, de los tres que contemplan, es que le dejen libre.

La familia recuerda con insistencia que no estn siendo juzgados los autores intelectuales del asesinato. De entre los autores intelectuales, slo hay uno encarcelado a la espera de juicio, David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, que fue detenido el pasado marzo, dos aos despus del crimen. Tanto desde el COPINH como desde GAIPE consideran que el Ministerio Pblico tiene en su poder pruebas concluyentes para llegar a la autora intelectual, pero no ha presentado ninguna acusacin al respecto. David Castillo es un autor intelectual de segundo nivel, pero hay ms personas la que dieron la orden. Y eso no est en la mesa, afirma Camilo Bermdez.

Hay una confabulacin para terminar con este proceso judicial de manera acelerada. Este juicio es una farsa, un juicio ilegal por todo lo que est sucediendo. Y debera ser distintito por ser un caso emblemtico que no slo afecta a Honduras, sino a toda la regin de Amrica Latina. Debera haber ciertos criterios de reparacin de las vctimas, de verdad y de justicia que el Estado de Honduras est negando por completo. Hay que mostrar todas las irregularidades, subraya Bermdez, Cmo va a haber justicia as!, lamenta mientras recuerda que esto afecta a todos los casos de defensoras y defensores de la tierra que se enfrentan a juicios por oponerse a proyectos extractivos y polticas de Estado.

Las agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Honduras no son puntuales. El asesinato de Berta Cceres se inscribe en un contexto de criminalizacin de la protesta, sobre todo si se lucha contra proyectos extractivos. Segn la organizacin Global Witness , Honduras es el pas ms peligroso del mundo para el activismo medioambiental; entre 2010 y 2016 murieron ms de 120 personas: Instituciones estatales como el sistema judicial, el Ejrcito o las fuerzas policiales suelen utilizarse para apoyar los intereses de las empresas y las personas que en ellas participan.

@DESPLAZADOS_ORG

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/berta-caceres-queda-justicia.html



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