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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-11-2018

La suma del poder pblico
El Consejo de Participacin Transitorio huele a Rosas

Ramiro Rivadeneira Silva
Rebelin


Dicen que quien no conoce la historia est condenado a repetirla. Latinoamrica tiene mucho que ensearnos respecto a acontecimientos polticos histricos que deseramos no vuelvan a ocurrir. Uno de ellos sucedi en Argentina durante el siglo XIX:

El 7 de marzo de 1835 () Juan Manuel de Rosas aceptaba el cargo como gobernador y capitn general concedido por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, con la suma del poder pblico, no obstante de que en principio tena un lmite de cinco aos. Esta medida fue ratificada por un plebiscito popular urbano y comenzaba as su segundo mandato, que durara 17 aos. La suma del poder pblico significaba conferirle a Rosas los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. (Olaza, s.f).

Rosas, quien ya haba sido gobernador, condicion su segundo perodo a que la legislatura deposite en su persona la suma del poder pblico, esto es, entregarle el manejo de los tres poderes del Estado, y en consecuencia, suprimir la divisin de poderes republicana, una especie de absolutismo poltico, lo cual le fue concedido, gobernando de esta forma de 1835 a 1852. Hbilmente, Rosas someti a plebiscito el acto legislativo, el cual fue aprobado abrumadoramente por la poblacin, diez mil personas a favor, ocho en contra.

Alaniz (2010) nos recuerda una parte del discurso de Rosas el da de su posesin:

Ninguno ignora que una fraccin numerosa de hombres corrompidos, haciendo alarde de su impiedad y ponindose en guerra abierta con la religin, la honestidad y la buena fe, han introducido por todas partes el desorden y la inmoralidad, han desvirtuado las leyes, generalizado los crmenes, garantizado la alevosa y la perfidia. El remedio de estos males no puede sujetar a formas y su aplicacin debe ser pronta y expedita. La Divina Providencia nos ha puesto en esta terrible situacin para probar nuestra virtud y constancia. Persigamos a muerte al impo, al sacrlego, al ladrn, al homicida y, sobre todo, al prfido y traidor que tengan la osada de burlarse de nuestra buena fe. Que de esta raza de monstruos no quede uno entre nosotros, que su persecucin sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto.

Alaniz (2017) aade con cierta sorna que el que avisa no es traidor.

A pesar del otorgamiento de la suma del poder pblico, Rosas no asumi completamente las competencias del poder judicial, aunque s lo control; c on respecto al poder legislativo , tampoco se elimin, de hecho continu funcionando pero formalmente bajo la supervisin del poder ejecutivo. Al respecto, Alaniz dice: Rosas ejercer el poder como un dspota hasta 1852, pero nunca dejar de invocar la legitimidad republicana ni de mantener en actividad, formal pero real, a la Legislatura.

La Constitucin Nacional Argentina sancionada en 1853 mantiene, desde entonces, la norma que ha permanecido imperturbable: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder pblico.

Situaciones como la narrada, repetitiva en diferentes momentos y formas en nuestra Amrica Latina, nos trae siempre a la reflexin sobre conceptos bsicos de democracia y republicanismo, tales como qu es el poder soberano? cmo se manifiesta?, cules son los lmites al poder soberano?, que es la divisin de poderes y para que sirve?, puede el poder soberano establecer el absolutismo poltico?, qu es la Constitucin?, etc.; reflexiones que se han realizado desde los autores clsicos, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, etc., hasta los contemporneos, especialmente filsofos y juristas siempre preocupados sobre la cuestin.

Este no es el espacio para teorizar sobre tan valiosos conceptos, pero al menos valga para recordar que la separacin de poderes, cuya utilidad es establecer un sistema de pesos y contrapesos que implique un control mutuo, tiene por mxima finalidad que nadie pueda asumir atribuciones que le corresponde a otra funcin del Estado y, a la vez que es garanta de democracia y de bienestar poltico, tiene por sustento el respeto a la Constitucin como el gran pacto social al que todos debemos someternos.

La tentacin de la suma del poder pblico siempre est latente. Para lograrlo los gobernantes suelen sucumbir ante una segunda tentacin: obtenerlo por la voluntad del pueblo, que no es ms que la instrumentalizacin del pueblo para alcanzar beneficios particulares. Rousseau (2000), al respecto, es claro: Si por lo tanto el pueblo promete simplemente obedecer, se disuelve por este acto y pierde su calidad de pueblo; en el momento que hay un amo no hay ya soberano, y desde ese instante est destruido el cuerpo poltico (p. 38).

Si bien la consulta popular, el referndum, el plebiscito, y otras formas de democracia directa no afectan en principio el sistema democrtico, pues estn previstas en muchos ordenamientos constitucionales, existen innegables y tristes experiencias histricas, incluso teorizadas y racionalizadas en el campo doctrinario, en las que, por estos o por otros medios, se apel a coyunturales resultados mayoritarios para suprimir los derechos de la minora, cuya preservacin hace a la esencia del concepto de sociedad abierta. (Zaffaroni, 2018).

Ecuador, lamentablemente, ha sido el espacio en el que su pueblo ha vivido, en los ltimos tiempos, una ruptura de su democracia en razn del quebrantamiento del estado de derecho, que se ha producido por la adopcin de poderes extraordinarios no otorgados por el pueblo a ninguna persona o institucin, aunque asumidos por voluntad propia por un grupo de personas que han evadido el control jurisdiccional y poltico en razn del inmovilismo de su Corte Constitucional y Funcin Judicial, y la complacencia del Consejo Nacional Electoral y de la Funcin Legislativa que ha guardado un cmplice silencio al abandonar su rol fiscalizador.

Esta forma de la suma del poder pblico en Ecuador se ha llevado a cabo por etapas, que sern objeto de anlisis en este artculo.

La consulta popular

El 4 de febrero de 2018 se realiz en Ecuador una consulta popular impulsada por el gobierno del Lcdo. Lenn Moreno. La pregunta 3 y su anexo establecan, adems de una reforma constitucional, la posibilidad de cesar en el cargo a los consejeros y consejeras del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social, CPCCS, que haban sido designados, conforme lo estableca la Constitucin, para un periodo de 5 aos, y posesionados por la Asamblea Nacional en julio de 2015, es decir, deban permanecer en el cargo hasta el ao 2020, pero por efectos de la consulta estuvieron en funciones aproximadamente dos aos y medio.

El artculo 229 de la Constitucin seala que son servidoras y servidores pblicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier ttulo trabajan, prestan servicios o ejercen un cargo, funcin o dignidad dentro del sector pblico. El artculo 17 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico, LOSEP, lo complementa indicando que para el ejercicio de la funcin pblica los nombramientos son permanentes, provisionales, de libre nombramiento y remocin, y de periodo fijo.

Los consejeros y consejeras del CPCCS, a la fecha de la consulta, eran servidoras y servidores designados luego de ganar un concurso de mritos y oposicin, pertenecan a la categora del nivel jerrquico superior de periodo fijo, periodo que se extenda, al igual que todas las autoridades de la Funcin de Transparencia y Control Social, a cinco aos.

La Constitucin, artculo 61, establece como derecho de las ecuatorianas y ecuatorianos revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de eleccin popular; lo que se ratifica en el artculo 105 de la propia Constitucin, contenido en la seccin que trata sobre la democracia directa, al sealar que las personas en goce de los derechos polticos podrn revocar el mandato a las autoridades de eleccin popular, reglando este precepto en los incisos siguientes.

En la misma lnea, el artculo 25 de la Ley Orgnica de Participacin Ciudadana seala: Art. 25.- Revocatoria del mandato.- Las electoras y electores podrn revocar democrticamente el mandato a las autoridades de eleccin popular por incumplimiento de su plan de trabajo (las negrillas me pertenecen).

La Constitucin y la ley no contienen ninguna norma que prevea la revocatoria popular del mandato a servidoras o servidores de periodo fijo, en general, a ninguna autoridad que no sea de eleccin popular. Lo que s prev el artculo 131 de la Constitucin es la destitucin, mediante juicio poltico, a varias autoridades, todas de periodo fijo con excepcin de las ministras y ministros de Estado, entre ellas las consejeras y consejeros del CPCCS, durante el ejercicio de su cargo y hasta un ao despus de terminado.

Puede alguien imaginarse que mediante una consulta se pregunte a la poblacin si est o no de acuerdo en cesar a todas las servidoras y servidores pblicos? Impensable porque tal pregunta generara inseguridad jurdica y atentara a los derechos laborales de quienes ocupan un cargo pblico por haberlo obtenido mediante un concurso pblico. Si no puede ocurrir, segn el ejemplo, de manera general con ninguna servidora o servidor con nombramiento permanente, tampoco puede ocurrir con quienes ocupan un cargo a periodo fijo aunque pertenezcan al jerrquico superior porque sus circunstancias son iguales, con la nica diferencia que el tiempo de funciones para aquellos es indefinido y para estos es definido en una fecha previamente establecida.

Jurdicamente la pregunta 3 de la consulta que estableca la cesacin anticipada, por mandato popular, de funciones de las consejeras y consejeros del CPCCS fue inconstitucional en cuanto vulneraba derechos laborales y ocasionaba inseguridad jurdica por excederse de los procesos previamente establecidos por la Constitucin. Si sus personeros haban actuado por fuera de la legalidad o de la legitimidad aquello nicamente le corresponda valorarlo a la Asamblea Nacional a travs de un juicio poltico. En relacin, el artculo 76 numeral 3 de la Constitucin dice que solo se podr juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trmite propio de cada procedimiento, precepto que es una garanta bsica del debido proceso y como tal se aplica a todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden.

La pregunta 3 de la consulta no terminaba con la cesacin de funciones de las consejeras y consejeros del CPCCS sino que de conformidad con su anexo se designara a su reemplazo temporal, un Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social Transitorio, CPCCST, nombrado de ternas que enviara el Presidente de la Repblica a la Asamblea Nacional. El anexo aada que adems de las competencias propias del CPCCS el rgano transitorio evaluara el desempeo de las autoridades designadas por el CPCCS cesado, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminacin anticipada de sus periodos.

El control poltico de la Funcin Ejecutiva le pertenece, como es conocido por la doctrina tradicional de la separacin de poderes, al rgano legislativo, en el caso ecuatoriano a la Asamblea Nacional. No obstante, no es el nico control que se ejerce sobre el Ejecutivo, de hecho para tal Funcin y para el resto de la administracin pblica, la democracia ha establecido y desarrollado otras formas de control como la judicial, constitucional, de cuentas y la de derechos humanos, teniendo cada una de ellas rganos especficos con tales competencias.

En Ecuador, adicionalmente a las Funciones Legislativa y Judicial, se cre una Funcin especfica de control: la Funcin de Transparencia y Control Social. Esta se encuentra conformada por las Superintendencias, la Contralora General del Estado, la Defensora del Pueblo y el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social. Este ltimo es un rgano creado por la Constitucin de 2008 de Montecristi, aparece como una de las novedades del mbito democrtico ecuatoriano, y tiene, entre otras competencias, la de designar a todas las autoridades de control con excepcin de la Corte Constitucional, atribucin que hasta la vigencia de la Constitucin de 1998 le corresponda al rgano legislativo.

La nueva forma en la designacin de autoridades responda a la necesidad de consolidar una democracia participativa con la ciudadana, pero tambin vino dada por la desconfianza que la poblacin ecuatoriana lleg a manifestar en el rgano legislativo, puesto que la designacin de autoridades responda a los acuerdos polticos lo que en la prctica disminuy la capacidad real de control. En este sentido, la Presidencia de la Repblica dej de tener participacin o se le dio una participacin limitada en los procesos de designacin de algunas autoridades tales como la Contralora General del Estado, la Defensora del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y el propio Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social, todas ellas designadas luego de un concurso pblico de mritos y oposicin.

Con este anlisis se pretende hacer ver al lector lo antidemocrtico que resulta, de conformidad con los conceptos fundamentales de democracia establecidos por la Constitucin ecuatoriana, que el origen de las consejeras y consejeros del CPCCS sea la Presidencia de la Repblica, como ocurre con el Consejo Transitorio; y que esta situacin empeora si a este rgano se le da la competencia, aunque sea por una vez, de cesar a las autoridades de control porque lo que hace, como de hecho ha ocurrido en la prctica, es que la Funcin Ejecutiva que es el rgano controlado acte sin control, y por el contrario, pase a convertirse en el controlador de los rganos de control.

Para muestra basta decir que al momento de escribir estas lneas, el pas tiene con encargo los puestos del Consejo de la Judicatura, Defensora del Pueblo (ambos con personas encargadas por el propio Consejo Transitorio), Contralora General del Estado, entre otros, y no existe Corte Constitucional al haber establecido el rgano transitorio un periodo de vacancia constitucional hasta la designacin de los prximos y definitivos jueces y juezas de la Corte Constitucional.

El 2 de octubre de 2017 el Presidente de la Repblica enva a la Corte Constitucional el proyecto de enmiendas a la Constitucin, a fin de que en forma previa a emitir el decreto ejecutivo de convocatoria a referndum emitan sentencia respecto de la constitucionalidad de la convocatoria y sobre la constitucionalidad de las preguntas y sus considerandos.

De conformidad con el artculo 441 de la Constitucin la enmienda de uno o varios artculos de la Constitucin que no altere su estructura fundamental, o el carcter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantas se realizar mediante referndum solicitado por la Presidencia de la Repblica. Le corresponde a la Corte Constitucional realizar el control constitucional de esta norma.

Cabe recordar que los elementos constitutivos del Estado son la poblacin, el territorio y el poder poltico, este ltimo no solamente lo ejerce el Ejecutivo, sino tambin las otras funciones del Estado. La competencia de juicio poltico que la Constitucin otorga de manera exclusiva a la Asamblea Nacional es una expresin del poder poltico del rgano legislativo.

Como vimos, el texto de la pregunta 3 y su anexo vulneraron los derechos laborales y de seguridad jurdica a las consejeras y consejeros del CPCCS; pero adems, al abrir la posibilidad de someter a una evaluacin a las autoridades nacionales reemplaza al juicio poltico que es de competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, lo que tambin afecta directamente a la Constitucin al alterar el poder poltico como elemento constitutivo del Estado.

La Corte Constitucional asumi conocimiento del proceso, design a la jueza sustanciadora, convoc para la presentacin de amicus curiae, realiz audiencias para la presentacin de alegatos en las que inclusive fue permanente la participacin de los representantes de la Presidencia de la Repblica. La jueza ponente puso en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional su proyecto, y el Presidente de la Corte convoc para el 5 de diciembre de 2017 al Pleno para que resolviera la causa emitiendo el correspondiente dictamen. No obstante, el 29 de noviembre la Presidencia de la Repblica oficia a la Corte Constitucional dndole a conocer que ha emitido el Decreto Ejecutivo No. 229 por el cual convoca al pronunciamiento popular de las preguntas sobre las enmiendas a la Constitucin, y en consecuencia le indica que debe abstenerse de continuar con el conocimiento del proceso de Reforma Constitucional. El mismo da, la Presidencia de la Repblica ofici al Consejo Nacional Electoral la solicitud de convocatoria a la consulta.

Se pretendi justificar por parte del gobierno este acto indicando que la Corte Constitucional se haba excedido en los tiempos previstos reglamentariamente para emitir su dictamen, y que por lo tanto se haba configurado un dictamen ficto, es decir, de aceptacin tcita de la solicitud presidencial por falta de pronunciamiento oportuno. Esta justificacin no tiene asidero porque la importancia del dictamen de la Corte Constitucional sobre si existira o no vulneracin de derechos o si se alterara la estructura fundamental del Estado o sus elementos constitutivos, por tratarse de valores y principios superiores, obligaba al Estado, en razn de la jerarqua normativa a aplicar la Constitucin antes que el reglamento a la ley.

El artculo 104 ltimo inciso de la Constitucin dice: En todos los casos, se requerir dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. En relacin, el artculo 3 de la Ley Orgnica de Garantas Jurisdiccionales y Control Social seala que las normas constitucionales se interpretarn en el sentido que ms se ajuste a la Constitucin en su integralidad, en caso de duda, se interpretar en el sentido que ms favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitucin y que mejor respete la voluntad del Constituyente.

Sin duda, la interpretacin correcta sobre el control constitucional del artculo 441 de la Constitucin es la que pretende que el dictamen previo de la Corte Constitucional sea expreso, pues su importancia radica en la necesidad de resguardar los derechos humanos o la estructura y los elementos constitutivos del Estado, lo cual se evidencia era la voluntad del Constituyente; pero adems de manera especial protege el derecho del pueblo ecuatoriano de ser consultado a travs de preguntas sobre los que no quede duda de su constitucionalidad.

Los hechos ocurridos en la Corte Constitucional no estuvieron exentos de cuestionamientos polticos pues los jueces del rgano constitucional solicitaron expresamente a su Presidente adelante el conocimiento del proyecto presentado por la jueza ponente, indicando que estaban listos para resolverlo y no haba necesidad de esperar varios das, a lo cual el Presidente de la Corte se neg expresamente, aduciendo que no haba ningn riesgo de que la causa se resuelva por el ministerio de la ley, aunque as ocurri, ocasionando la ausencia del rbitro de la Constitucin cuando ms se requera su actuacin.

El 7 de diciembre de 2017 mediante Resolucin PLE_CNE-3-1-12-2017 el Consejo Nacional Electoral, CNE, convoc a consulta popular sin ms valoracin que los argumentos de la Presidencia de la Repblica. Diario El Telgrafo, El CNE convocar a consulta en cinco das, da cuenta del acto pblico ocurrido en el Pleno del CNE, en donde la entonces Presidente del rgano electoral, que haba asumido el cargo por renuncia de su titular ocurrida el mismo da de enviados los decretos ejecutivos de consulta por parte de la Presidencia de la Repblica, ya haba adelantado su posicin al indicar que al proceso de consulta nada ni nadie lo puede detener.

El acto administrativo del Presidente de la Repblica, as como la omisin de la Corte Constitucional de pronunciarse, e inclusive el acto por el cual el Consejo Nacional Electoral convoc al pueblo ecuatoriano a consulta popular, vulneraron el mandato constitucional que indica que en todos los casos de consulta popular se requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, y el resultado, como vamos a ver, es la desinstitucionalizacin del Estado.

Designacin de consejeros transitorios

La consulta popular se efectu el 4 de febrero de 2018. El Informe Preliminar de la Misin de Expertos Electorales de la Organizacin de los Estados Americanos en Ecuador (2018) seal:

La Misin considera que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podran haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional, como mximo rgano de control, interpretacin y administracin de justicia constitucional. Frente a los recursos pendientes, la Misin estima importante que ya sea por recursos de inconstitucionalidad o por el control posterior la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre la materia.

An as, la Corte Constitucional no se pronunci ni entonces ni despus sobre la constitucionalidad de las preguntas y del proceso.

De esta forma dio inicio el proceso para ejecutar el contenido de la pregunta 3 y su anexo. El Presidente de la Repblica envi las ternas a la Asamblea Nacional, institucin que eligi a siete consejeros transitorios, seis hombres y una mujer. Al abrir la posibilidad de que el origen de los consejeros y consejeras del CPCCST sea la voluntad del Presidente de la Repblica y que este rgano transitorio adicionalmente pueda cesar en sus funciones a las autoridades de control se fractura a la democracia pues se permite que el Ejecutivo gobierne sin control legtimo, entendindose por legtimo el que ejercen las autoridades designadas conforme lo establece la Constitucin, nica fuente de legitimidad democrtica, siendo en consecuencia ilegtimo el que nace de la voluntad personal.

Paralelamente, el Presidente de la Repblica envi el 23 de marzo de 2018 al Registro Oficial la ley reformatoria a la Ley Orgnica del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social. De los textos modificados constitucionalmente por efectos de la consulta y de los nuevos textos legales no se modifica, ni siquiera por va transitoria, las competencias que permitiran al CPCCST evaluar a las autoridades, con lo que cabe plantear el incumplimiento del Art. 226 de la Constitucin que dice: Las instituciones y autoridades podrn hacer aquello que est establecido en la Constitucin y la ley. En consecuencia, el rgano transitorio ha actuado sin competencia constitucional o legal.

Evaluacin de autoridades

El CPCCST sesion por primera ocasin el 6 de marzo de 2018. Las primeras resoluciones del rgano transitorio sorprendieron por rebasar absolutamente la voluntad popular. Los actos administrativos normativos que dentro de la compresin jurdica del derecho administrativo son reglamentos, se convirtieron por voluntad de los consejeros transitorios en mandatos con rango constitucional, pudiendo segn su criterio prevalecer an por sobre la Constitucin, y vinieron acompaadas de una serie de pronunciamientos pblicos en ese sentido:

Diario El Telgrafo, Consejo analiza cronograma para elegir autoridades, en referencia al consejero Xavier Zavala dice: () manifest que en el marco transitorio emanado de la voluntad del pueblo, las decisiones que adopte el organismo tiene rango constitucional, es la voluntad popular la que enmarca las competencias (las negrillas me pertenecen).

El propio Presidente del CPCCST, en El Comercio, Cpccs transitorio modific la Constitucin con el mandato para la seleccin de autoridades, dice: Trujillo indic que este mandato, al ser el resultado de la aprobacin de una consulta popular, tiene rango constitucional por lo que sus disposiciones son superiores a las de las leyes y los reglamentos. Y en caso de contraposicin con la Constitucin, se impondr el mandato por ser la voluntad popular (Las negrillas me pertenecen).

Diario El Universo, Consejo de Participacin Ciudadana transitorio recibe primera queja por evaluaciones seala: Trujillo indic que ellos tienen la facultad de dictar normas de rango constitucional que regulen las designaciones que tengamos que hacer, lo que digan estas (normas) va a prevalecer an sobre lo que diga la Constitucin, porque son las que favorecen el cumplimiento del mandato que recibimos del pueblo ecuatoriano (las negrillas me pertenecen).

Est por dems decir aunque quizs no- que el Consejo Nacional Electoral convoc a un referndum y no a la conformacin de un poder constituyente, pues ste conlleva actos polticos fundacionales acompaados de una ruptura del orden jurdico anterior, por voluntad del pueblo soberano, quien ejerce en consecuencia un poder absoluto; mientras que el poder constituido solo puede desarrollar la Constitucin mediante leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos (Dueas, 2001).

En caso que se hubiese pretendido convocar a una asamblea constituyente, deba aplicarse el artculo 444 de la Constitucin que regula la conformacin de este rgano por consulta popular, pero que tiene como caracterstica que sus representantes sern elegidos en un proceso electoral, es decir, mediante voto de forma tal que sus representantes resulten en nmero suficiente representativos de la poblacin, y no como se eligi al Consejo transitorio, en nmero de siete por voluntad originaria del Presidente de la Repblica.

La consulta popular no convoc a una asamblea constituyente ni fue un acto poltico fundacional. En el pas nada se ha vuelto a constituir ni se ha dictado una nueva Constitucin, pues la Constitucin vigente sigue siendo la de Montecristi de 2008. A travs de la consulta se reform la Constitucin nicamente en la parte de designacin de las prximas autoridades del CPCCS que sern por eleccin popular, pues ni siquiera sus competencias se reformaron. El Estado no ha entrado en proceso de transicin, nicamente el CPCCS est en transicin hasta su prxima designacin, y en esa transicin puede evaluar autoridades, en base a una normativa especfica que deban dictar para el efecto y, por tratarse de un poder constituido, tal normativa no puede contravenir la Constitucin, por el contrario, solo puede desarrollarla.

En consecuencia es insostenible que por voluntad propia un rgano administrativo, transitorio, de origen gubernamental, como es el CPCCST, se pueda transformar en un rgano constituyente con poder de dictar normas supraconstitucionales, ni siquiera de rango constitucional.

Con esta tnica, la Resolucin No. 001 de 13 de marzo de 2018 del CPCCST consisti en una amenaza directa a las autoridades a travs de subrogarse una competencia propia de la Asamblea Nacional: Declarar el incumplimiento de funciones. El artculo 3 de la mencionada resolucin deca: Disponer a todas las autoridades de control e instituciones pblicas la entrega de la informacin En caso de no hacerlo en el plazo que para cada caso se determine, se considerar como incumplimiento de funciones y se har uso de las facultades extraordinarias de la transicin, otorgadas por mandato popular, la Constitucin y la ley (las negrillas me pertenecen).

En consecuencia, para el CPCCST la no entrega de informacin configuraba el incumplimiento de funciones. No obstante, la nica norma en el ordenamiento jurdico ecuatoriano que hace referencia al incumplimiento de funciones est contenida en el artculo 131 de la Constitucin que textualmente dice: La Asamblea Nacional podr proceder al enjuiciamiento poltico, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitucin y la ley sealando a continuacin las autoridades que pueden ser sujetos de esta figura jurdica constitucional.

Fue por esta razn que la Defensora del Pueblo ofici al CPCCST solicitndole que responda motivadamente sobre cul es la base constitucional o legal por la que tendran la facultad de determinar qu actos u omisiones son o pueden llegar a ser incumplimiento de funciones. El cuestionamiento se sustentaba en el contenido del artculo 226 de la Constitucin que dice: Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores pblicos y las personas que acten en virtud de una potestad estatal ejercern solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucin y la ley (las negrillas me pertenecen). Esta solicitud jams obtuvo respuesta. Por supuesto no poda tenerla porque el CPCCST no tena esa facultad, ya que como se mencion la nica autoridad con competencia para declarar incumplimiento de funciones es la Asamblea Nacional a travs de un juicio poltico.

Por otro lado, el CPCCST en la misma Resolucin 001, artculo 2, determin iniciar el proceso de evaluacin a todas las autoridades designadas por el CPCCS. Se debe recordar que la pregunta 3 textualmente deca: Est usted de acuerdo con enmendar la Constitucin de la Repblica del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social, as como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros; y, su anexo complementaba: () El Consejo en transicin evaluar el desempeo de las autoridades designadas por el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social cesado (las negrillas me pertenecen).

La interpretacin literal del contenido de la consulta determinara que no todas las autoridades deban ser evaluadas puesto que no todas fueron designadas por el CPCCS cesado sino que algunas lo fueron por el Consejo que lo precedi. Lamentablemente, al no haber existido dictamen expreso de la Corte Constitucional result imposible conocer por el rgano que tiene la competencia de interpretacin constitucional el alcance de la pregunta. De ah que fue el propio CPCCST quien, en un nuevo ejercicio de interpretacin propia sobre alcance del mandato popular, determin cuales autoridades seran evaluadas.

Lo ms grave de esta decisin fue haber resuelto que la Corte Constitucional tambin sera evaluada. Cabe recalcar que el anexo a la pregunta 3 deca que el rgano transitorio evaluara a las autoridades designadas por el CPCCS. El artculo 208 de la Constitucin seala taxativamente cuales son las autoridades designadas por el CPCCS, y entre ellas no consta la Corte Constitucional.

La designacin de la Corte Constitucional esta normada por el artculo 434 de la Constitucin que dice: Los miembros de la Corte Constitucional se designarn por una comisin calificadora que estar integrada por dos personas nombradas por cada una de las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social. El CPCCS no tiene ninguna participacin en tal designacin y por lo tanto la decisin de evaluarla exceda, sin justificacin constitucional o legal alguna, el mandato popular.

Para llevar adelante los procesos de evaluacin el CPCCST emiti la Resolucin No. 009 de 28 de marzo de 2018, que la denomin Mandato de Evaluacin de las Autoridades designadas por el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social. Dos temas deseo rescatar de este reglamento: 1) El tratamiento que le da a la participacin ciudadana; y, 2) El tratamiento que le da a la impugnacin de la autoridad cesada. La pregunta 3 de la consulta popular y su anexo, respecto a esos temas, sealaba textualmente: Para el efecto, expedir una normativa que regule el proceso de evaluacin, garantizando el debido proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnacin y participacin ciudadana (las negrillas me pertenecen).

La Resolucin 009 en cuestin estableci que la participacin ciudadana deba traducirse en denunciantes. En el segundo inciso del artculo 2 textualmente dice: De la misma manera se iniciar un trmino de 5 das para la recepcin de denuncias ciudadanas sobre la gestin de dichas autoridades. No existe en toda la resolucin ninguna norma que regule los pronunciamientos positivos por parte de la ciudadana sobre la autoridad evaluada. Es decir, el CPCCST no pudo o no quiso concebir que en un proceso de evaluacin la participacin ciudadana tambin poda jugar un rol importante en sus manifestaciones de apoyo a la autoridad. Tal espacio no existi nunca ni en el papel ni en los hechos. La nica participacin ciudadana que acept el rgano transitorio fue el de la denuncia.

Tal denuncia tena un agravante: se la realizaba en ausencia de la autoridad evaluada sin posibilidad de contradecirla. El artculo 76 de la Constitucin seala que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurar el derecho al debido proceso, que incluye la garanta bsica del derecho a la defensa. El mismo artculo numeral 7 literales a) y c) dicen, respectivamente: Nadie podr ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento y ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. En tal razn, los procesos de evaluacin que impidieron la legtima defensa vulneraron los derechos de las autoridades evaluadas.

La Resolucin 009, al reglar que el recurso de revisin lo resolver el mismo rgano que emiti la resolucin, tampoco establece un proceso legtimo de impugnacin conforme lo seala el anexo a la pregunta tres. El artculo 9 dice: Con la resolucin del Pleno del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social Transitorio, se notificar a la autoridad evaluada, para que ejerza su derecho a la revisin; y, el artculo 11 dice: El Pleno del Consejo Transitorio resolver en forma definitiva el Recurso de Revisin dentro del trmino de cinco (5) das contados a partir de la presentacin del recurso. Si el Pleno del Consejo Transitorio, confirma la resolucin impugnada, esta ser de ltima instancia.

Se observa que la normativa citada no garantiza el derecho a la defensa y el derecho a la segunda instancia conforme al artculo 76, numeral 7, literal m) de la Constitucin que establece como garanta bsica del derecho a la defensa: Recurrir el fallo o resolucin en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Al normar el CPCCST que el mismo rgano es el que decide en las dos instancias, contraviene la Convencin Americana de Derechos Humanos, CADH, conforme ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el artculo 8.2.h. La Corte (2009) en el caso Barreto Leiva vs Venezuela:

El Estado debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir del fallo condenatorio. As sucedera, por ejemplo, si se dispusiera que el juzgamiento en primera instancia estar a cargo del presidente o de una sala del rgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnacin corresponder al pleno de dicho rgano, con exclusin de quienes ya se pronunciaron sobre el caso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido sobre este derecho en varias sentencias tales como Baena Ricardo vs Panam, Valle Jaramillo vs Colombia, incluso en un procedimiento de juicio poltico en el caso Tribunal Constitucional vs Per.

En Ecuador, el mismo Cdigo Orgnico Administrativo prev que el recurso de revisin sea conocido y resuelto por la mxima autoridad administrativa. En consecuencia, la normativa y los procesos emprendidos por el CPCCST debieron adecuarse a esta garanta procesal para garantizar los derechos de las autoridades evaluadas. No fue as, y al final los hechos llegaron a confirmar este anlisis: todos los pedidos de revisin fueron resueltos por las mismas personas sin que ninguna haya sido considerada.

Luego de emitida la Resolucin 009 empezaron las evaluaciones en forma de ejecucin. Todas las manifestaciones polticas del CPCCST llevan a concluir que nunca hubo voluntad real de evaluar a las autoridades. Las declaraciones pblicas del propio Presidente del Consejo transitorio, pronunciadas an antes de iniciar los procesos de evaluacin, eran una clara muestra de la falta de objetividad e imparcialidad del rgano evaluador.

El portal La Repblica, Julio Csar Trujillo, presidente del Consejo de Participacin Ciudadana, anunci que en los prximos das habr funcionarios que as griten o pataleen, por ineptos o por corruptos tendrn que irse a sus casas.

Diario El Universo, Poder que le fue esquivo en 1984 lo ejerce hoy en el Consejo transitorio, dice: Trujillo adelant sus criterios en declaraciones pblicas. A Jalkh y los otros cuatro vocales del Consejo de la Judicatura los tild como una caterva de cmplices de la violacin permanente de derechos humanos.

Evidentemente, declaraciones pblicas de este tipo, que son una muestra de que el CPCCST haba tomado posicin sobre las autoridades, an antes de ser evaluadas, constituyen una vulneracin al artculo 76 numeral 2 de la Constitucin que dice: Se presumir la inocencia de toda persona, y ser tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolucin firme o sentencia ejecutoriada, garanta bsica del debido proceso.

En ese contexto politizado, sin garantas jurdicas, se llevaron adelante los procesos de evaluacin, que por disposicin del mandato popular terminaron a los seis meses de instalado el CPCCST, es decir el 6 de septiembre de 2018. Diario La Hora, 28 funcionarios fueron cesados por el Consejo Transitorio, da cuenta de la evaluacin de 8 instituciones y que hubo una autoridad evaluada y no cesada perteneciente del Tribunal Contencioso Electoral; pero olvida mencionar el caso del Defensor Pblico, nica autoridad que no fue evaluada sin que el CPCCST haya explicado el motivo, aunque un da antes que termine el plazo de las evaluaciones lo ces de sus funciones en las que se encontraba prorrogado.

Por otro lado, luego de cesar a las autoridades, el CPCCST actu ilegalmente e ilegtimamente al encargar las instituciones a personas a quienes de conformidad con la normativa no les corresponda reemplazar a sus titulares, e inclusive posesionarlas para el cargo. Veamos a modo de ejemplo:

La Ley Orgnica de la Defensora del Pueblo, artculo 9, dice: El Defensor del Pueblo nombrar un adjunto, primero y segundo, en los cuales delegar funciones, deberes y atribuciones, y que adems le reemplazarn en su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de ausencia temporal, y de vacancia del cargo hasta que el Congreso Nacional nombre al titular (las negrillas me pertenecen).

En tal caso, el CPCCST, sin respetar el contenido de la ley segn la cual le hubiese correspondido reemplazar al Defensor del Pueblo al Adjunto Primero, mediante Resolucin No. 025 de 3 de mayo de 2018 design a una persona externa a la institucin; uno de los considerandos dice: Que, en aplicacin de las facultades extraordinarias del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social Transitorio, este podr, hasta que se cumpla los procesos de seleccin definitiva pertinentes, designar y encargar temporalmente a las personas que estime pertinente (las negrillas me pertenecen).

Diario El Comercio, Cinco abogados sustituirn en la Judicatura a Jalkh y a cuatro vocales, tambin da cuenta de esta situacin en otros casos: Al igual que como hizo en los casos de la Fiscala, la Defensora del Pueblo y la Superintendencia de Economa Popular, el Cpccs nombr a los ciudadanos que estarn al frente de la Judicatura mientras se elige a los nuevos vocales titulares. La noticia menciona esos casos por la fecha en la que fue elaborada, cuando an no se cesaba al resto de autoridades. En realidad el CPCCST sigui aplicando en todos los casos la misma frmula.

La misma noticia aade: En los mandatos de evaluacin y seleccin de autoridades se determina que el Transitorio puede encargar esos puestos a cualquier ciudadano, sin ningn requisito. No importa que no formen parte de la institucin. Y tendrn las mismas atribuciones legales que los titulares. Efectivamente, as se encuentra estipulado en la segunda disposicin general de la Resolucin No. 028 de 9 de mayo de 2018, emitida por el Pleno del rgano transitorio, que fue denominada Mandato del proceso de seleccin y designacin de autoridades y que en su considerando cuarto argumenta que tiene la misma jerarqua que la Constitucin.

A parte de la ilegalidad e ilegitimidad con la que actu el CPCCST al encargar a personas que segn su criterio estimaba pertinentes sin considerar la normativa previamente establecida para el efecto, el rgano transitorio cometi una nueva inconstitucionalidad al posesionar a tales personas. La competencia de posesionar a las autoridades le est dada exclusivamente a la Asamblea Nacional. El artculo 120 de la Constitucin dice: La Asamblea Nacional tendr las siguientes atribuciones y deberes () 11. Posesionar a la mxima autoridad de la Procuradura General del Estado, Contralora General del Estado, Fiscala General del Estado, Defensora del Pueblo, Defensora Pblica, Superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social.

Existe una diferencia entre la competencia de designacin y la de posesin de las autoridades, puesto que sta ltima es la que determina quien es la autoridad nominadora. La designacin prev autorizar al ejercicio de una funcin pblica, pero es el paso previo a la posesin. Cabanellas (2009) seala que la posesin representa el ejercicio de un derecho, lo cual cabe completar agregando que pretende convertir el hecho en un derecho.

La facultad nominadora es entonces entendida como la competencia que se le asigna al jefe o representante legal de una entidad para producir las decisiones de vinculacin o retiro de empleados, trabajadoras o funcionarios pblicos (Gmez, 2006, p.352). La sola designacin no es suficiente para ejercer el cargo pblico por cuanto la perfeccin del acto administrativo es la posesin. Sin este acto, la autoridad no puede ejercer sus funciones conforme lo seala el artculo 16 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico: Para desempear un puesto pblico se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por la respectiva autoridad nominadora. El trmino para posesionarse del cargo pblico ser de quince das, contados a partir de la notificacin y en caso de no hacerlo caducarn.

Equivocadamente el CPCCST se ha autoasignado facultades de autoridad nominadora de las autoridades evaluadas y de ah que pretenda justificar sus acciones que han excedido el mandato popular. En ninguna parte el anexo de la pregunta 3 otorgaba al Consejo Transitorio facultad de nombrar sus reemplazos mediante normativa a la que pretendi jerarquizar al mismo nivel de la Constitucin.

Designacin de nuevas autoridades

El 9 de mayo de 2018 el CPCCST dicta la Resolucin No. 028 de 9 de mayo de 2018 denominada Mandato del Proceso de Seleccin y Designacin de Autoridades en Aplicacin de las Enmiendas a la Constitucin Aprobadas por el Pueblo Ecuatoriano mediante Consulta y Referndum de 4 de febrero de 2018. Lo primero que llama la atencin de esta resolucin es que siendo por naturaleza un reglamento de seleccin de autoridades el CPCCST lo ha denominado mandato, pretendiendo con ello un poder mayor al que el pueblo y la Constitucin le ha otorgado.

Esta resolucin nos deja ver que ya tempranamente en sus labores, en mayo, cuando recin iniciaba los procesos de evaluacin de autoridades, el CPCCST planificaba nombrar a sus reemplazos. Efectivamente, el artculo 2, en relacin al mbito de aplicacin de la Resolucin 028 dice: El presente mandato aplica a todos los procesos de seleccin que el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social Transitorio deba convocar en caso de declarar la terminacin anticipada de los perodos de las autoridades sujetas a evaluacin en virtud de las competencias otorgadas al Consejo en la Consulta Popular de 4 de febrero del 2018; as como tambin respecto de aquellos procesos de seleccin que el Consejo deba realizar.

En consecuencia, las autoridades que el CPCCST nombrar a travs del reglamento en cuestin son: Cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, tres del Tribunal Contencioso Electoral, cinco del Consejo de la Judicatura, seis superintendentes, Procurador, Contralor, Fiscal, Defensor Pblico, Defensor del Pueblo, y nueve jueces de Corte Constitucional; en total treinta y tres autoridades sern nombradas de manera definitiva, para ocupar los cargos durante los prximos aos segn el perodo de cada institucin.

Cmo es posible que el rgano transitorio pueda nombrar tantas autoridades en aproximadamente ocho meses? Si consideramos los procesos de seleccin establecidos en la Constitucin y la ley esto sera temporalmente imposible, puesto que ellas establecen etapas especficas a cumplirse, principalmente las de conformacin de una comisin ciudadana de seleccin y la de un concurso pblico de mritos y oposicin. No obstante, a travs de la Resolucin 028 a la que hemos hecho referencia, el CPCCST establece otro tipo de procesos diferentes a los constitucionales, reduciendo etapas y eliminando los concursos de oposicin.

Diario El Comercio, CPCCS transitorio modific la Constitucin con el mandato para la seleccin de autoridades, dice: Zavala (en referencia a Xavier Zavala, Consejero transitorio), quien est al frente de la comisin a cargo de los concursos, indic que prefiri no votar porque con el afn de ahorrar tiempo y recursos, se suprimieron de los procesos etapas que estn previstas en la Constitucin y que en su visin son importantes; y, posteriormente aade: Otro de los puntos en los que discrep Zavala es en la eliminacin de la oposicin. Los candidatos ya no se sometern a pruebas de conocimientos escritas, como normalmente se lo haca.

La propia Resolucin 028 pretende justificar este accionar desde el aspecto econmico. Efectivamente, el ltimo considerando de la Resolucin dice: Que, la mejora, objetividad, imparcialidad y transparencia de los mecanismos de seleccin determinados en este Mandato, adems permiten un ahorro presupuestario de 84% en los procesos de concurso pblico y del 57,5% en los procesos de seleccin por ternas, en relacin a los concursos pblicos realizados en perodos anteriores.

Sorprende que luego de realizarse un gasto de USD 60 millones en la consulta popular para tener un rgano transitorio que designe nuevas autoridades, el aspecto econmico pueda servir de justificativo para contradecir abiertamente la Constitucin.

La Resolucin 028 con la que el CPCCST pretende designar a las autoridades de los diversos rganos electorales, jurisdiccionales y de control, est plagado de inconstitucionalidades e ilegalidades. Analizaremos las que resultan ms groseras a la comprensin democrtica y del estado de derecho:

El Art. 208 de la Constitucin establece como deberes y atribuciones del CPCCS, entre otras, la designacin de las primeras autoridades y miembros de Procuradura General del Estado, Superintendencias, Defensora del Pueblo, Defensora Pblica, Fiscala General del Estado, Contralora General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego del proceso de seleccin, impugnacin y veedura ciudadana correspondiente, bien provengan de ternas de la Presidencia de la Repblica o no, segn cada caso. Debe advertirse que no es competencia del CPCCS designar a jueces y juezas de la Corte Constitucional.

Para el efecto, el Art. 209 de la Constitucin establece que el CPCCS organizar comisiones ciudadanas de seleccin, que sern las encargadas de llevar a cabo, en los casos que corresponda, el concurso pblico de oposicin y mritos, con postulacin, veedura y derecho a impugnacin ciudadana.

El mismo artculo aade que las comisiones ciudadanas de seleccin, se integrarn por una delegada o delegado por cada Funcin del Estado e igual nmero de representantes por las organizaciones sociales y la ciudadana, escogidos en sorteo pblico de entre quienes se postulen y cumplan con los requisitos que determinen el Consejo y la ley.

El Art. 210, inciso primero, de la Constitucin dice: En los casos de seleccin por concurso de oposicin y mritos de una autoridad, el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social escoger a quien obtenga la mejor puntuacin en el respectivo concurso e informar a la Asamblea Nacional para la posesin respectiva (las negrillas me pertenecen). El segundo inciso aade que cuando se trate de la seleccin de cuerpos colegiados, esto es Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, el CPCCS designar a sus miembros, en orden de prelacin, entre quienes obtengan las mejores puntuaciones en el concurso. Debe advertirse que la funcin del CPCCS llega hasta escoger, no opcionalmente a cualquier persona, sino que nicamente puede hacerlo con quien haya obtenido el mejor puntaje, de lo que necesariamente debe existir un concurso.

Al comparar la normativa constitucional expuesta con la Resolucin 028 en referencia, el CPCCST comete las siguientes inconstitucionalidades:

1.- Omite realizar un concurso pblico para la designacin de las autoridades; en consecuencia, no existe mejor puntuado y por lo tanto el CPCCST escoge directamente, segn su voluntad, a quien mejor considere.

2.- Las comisiones ciudadanas de seleccin, que de conformidad con la Constitucin se conforman en nmero de diez divididas en cinco de la ciudadana y cinco por parte del Estado, uno por cada Funcin;, ahora sern cinco divididos en un veedor sin voto, dos por parte de la ciudadana, y dos por parte del Estado escogidos exclusivamente por el propio CPCCST;

3.- Las comisiones ciudadanas de seleccin, que son las encargadas de llevar a cabo los concursos pblicos de mritos y oposicin, al eliminarse estos, solo realizan una actividad de verificacin de cumplimiento de perfiles para ocupar el cargo; y, verificados estos, los pasa al CPCCST quien escoge a la prxima autoridad de entre uno de los candidatos;

4.- Los representantes de la ciudadana para conformar las comisiones ciudadanas de seleccin, que de conformidad con la Constitucin deben escogerse por sorteo pblico entre quienes se postulen, y sometidos a escrutinio pblico e impugnacin ciudadana, ahora no podrn postularse personalmente, sino que nicamente pueden hacerlo a travs de gremios previamente establecidos, sin sorteo ni impugnacin ciudadana;

5.- Los postulantes a un cargo pblico, de aquellos que no son designados por ternas, podan postularse por si mismos directamente, situacin que no ocurrir puesto que ahora solo podrn ser postulados por gremios previamente establecidos.

Verifiquemos lo sealado haciendo un anlisis de la normativa de la Resolucin 028:

El Art. 3 seala que previo al procedimiento de seleccin se conformar un banco de veedores y comisionados ciudadanos de seleccin, en funcin de las postulaciones presentadas por instituciones y organizaciones de los siguientes sectores: Organizaciones de trabajadores; organizaciones empresariales; academia; colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil.

En consecuencia, los comisionados ciudadanos de seleccin ya no pueden postularse directamente conforme lo seala la Constitucin, sino que solamente pueden ser postulados por los sectores sealados, con el agravante que el ltimo inciso del mismo artculo 3 indica: El Consejo definir la admisibilidad de la organizacin o institucin, considerando sus logros, vinculacin con la comunidad, representatividad y trayectoria, con lo cual estar habilitada para remitir el listado de postulantes; es decir, que tampoco podr hacerlo cualquier organizacin, sino aquella que sea calificada por el propio CPCCST.

Adicionalmente se debe notar que de acuerdo a la Constitucin se nombra una comisin ciudadana de seleccin para cada concurso, lo cual sin duda es un elemento ms de transparencia para el proceso; en cuanto, de conformidad con la Resolucin 028 habr un banco de comisionados ciudadanos de seleccin, es decir un numero fijo de personas para todos los procesos de seleccin de autoridades que realizar el CPCCST en un lapso aproximado de ocho meses.

El artculo 6 establece que el CPCCST () valorando la representatividad y trayectoria de las opciones existentes, definir la lista final de veedores y comisionados ciudadanos de seleccin que sern asignados a cada proceso de seleccin de manera aleatoria; en consecuencia, corresponde al propio Consejo definir la lista, obviando con ello la disposicin constitucional que dice que las comisiones ciudadanas de seleccin se escogern en sorteo pblico entre quienes se postulen; denotando con ello intervencin directa del CPCCST y por ende falta de transparencia.

En el procedimiento de seleccin de autoridades, luego de la convocatoria, el CPCCST, de conformidad con el artculo 8, conformar la comisin ciudadana de seleccin integrada al menos por 5 personas, en el que se incluir un veedor, dos comisionados de seleccin ciudadano y dos delegados del Pleno del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social Transitorio. Se observa que la comisin ciudadana de seleccin ya no estar conformada por diez personas conforme lo seala la Constitucin: cinco de la ciudadana y cinco por parte del Estado, uno por cada Funcin; sino que sern cinco personas, pero lo que ms resalta es que las Funciones del Estado ya no tendrn participacin en la conformacin de la comisin ciudadana de seleccin puesto que los dos nicos representantes del Estado sern escogidos por el propio CPCCST.

La postulacin de candidatos para el proceso de seleccin de autoridades, que hasta antes de la Resolucin 028 se realizaba de manera libre y directa por quien consideraba que cumpla los requisitos para postularse, de conformidad con el artculo 10 solo podrn ser postulados por las propias organizaciones que pueden postular veedores y comisionados ciudadanos de seleccin, es decir, organizaciones de trabajadores, empresariales, de la sociedad civil, academia y colegios profesionales; y si bien el mismo artculo abre la posibilidad que cualquier ciudadano pueda postular un nombre, la vuelve a cerrar al aadir que siempre y cuando cuente con el apoyo popular de al menos tres de las instituciones u organizaciones previstas en el presente Mandato, con lo cual se corporativiza la seleccin de las autoridades que regirn los destinos del pas los prximos aos.

El proceso mismo de seleccin de las nuevas autoridades, que de conformidad con la Constitucin implica un concurso de mritos y oposicin, en la que las comisiones ciudadanas de seleccin juegan un rol fundamental para el desarrollo del concurso, y el CPCCS no puede ms que designar al mejor puntuado, en la Resolucin 028 se reduce a los artculos 9 y 12 que textualmente dicen:

Art. 9.- La funcin de la Comisin Tcnica Ciudadana de Seleccin es preparar un informe de recomendacin sobre los postulantes, dirigido al pleno del Consejo para su final ponderacin y decisin (las negrillas me pertenecen).

Art. 12.- DE LA DESIGNACIN.- El Pleno del Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social Transitorio, elegir y designar a la autoridad pertinente en funcin de los mritos y especialidad de los candidatos postulados (las negrillas me pertenecen).

Se puede ver que la frmula es simple, la comisin de seleccin que de acuerdo a la Constitucin, aunque temporal para cada concurso, queda revestido de un poder constitucional para llevar adelante los concursos y elegir a los ganadores, en la normativa del Consejo Transitorio se transforma en una unidad que realiza informes para que sea el propio Consejo quien elija y designe.

La Resolucin No. 103 de 19 de septiembre de 2018, por la cual el Consejo transitorio dicta el Mandato del proceso de seleccin y designacin de los integrantes del Consejo de la Judicatura, no difiere en nada respecto a la frmula sealada, puesto que en lugar de una comisin de seleccin conforma una comisin tcnica de revisin de requisitos, mritos e inhabilidades, que termina levantando un informe para la decisin final del Consejo transitorio.

Por su parte, la Resolucin 102 de 19 de septiembre de 2018, que contiene el Mandato para el proceso de seleccin y designacin de los miembros de la Corte Constitucional, desarrolla constitucionalmente el proceso, al punto que la comisin calificadora sealada en el artculo 434 de la Constitucin, se conforma de acuerdo a la Constitucin y desarrolla las atribuciones constitucionales y legales; pero el Consejo transitorio termina sucumbiendo en su propia resolucin al establecer al final un artculo por el que se atribuye el control de revisin de las personas seleccionadas. Citamos el artculo en cuestin:

Art. 37.- Validacin de los seleccionados por el CPCCS-T.- La Comisin Calificadora presentar en el Informe de Seleccin referido en el artculo anterior, al Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social Transitorio, para que, en ejercicio de su derecho de vigilancia, valide los requisitos, inhabilidades y mritos de los postulantes, seleccionados por la Comisin Calificadora, en el trmino de 5 das (las negrillas me pertenecen).

El Consejo transitorio se entrega para s un derecho de vigilancia que no le concede ninguna norma del ordenamiento jurdico, y consigue de esta forma convertirse en rgano designador de las juezas y jueces de la Corte Constitucional, competencia que no le est dada ni constitucional ni legalmente.

Conclusiones para la suma del poder pblico

En razn de que el Consejo transitorio inici sus labores en marzo de 2018 y sern reemplazados por el CPCCS que resulte elegido en las urnas en mayo de 2019, cumplir en total catorce meses en funciones tiempo durante el cual cesaron a 29 autoridades, y designarn a 33. Cuando el prximo CPCCS se encuentre posesionado, ya no tendr autoridades para designar, pues ellas ya habrn sido designadas por el CPCCST.

Esta toma del poder pblico fue posible en razn de una ruta perfectamente diseada, que ha sido detallada en este artculo, pero que conviene mirarla nuevamente de manera general.

En primer lugar se planifica cesar al rgano de designacin de autoridades y reemplazarlo por uno transitorio. En virtud de que las competencias para alcanzar los objetivos no son suficientes, puesto que no es atribucin del CPCCS evaluar y cesar autoridades, debe el rgano transitorio asumirlas bajo la figura de temporal, todo lo cual se validad a travs del voto popular; y, en razn de que la cesacin de las consejeras y consejeros de participacin ciudadana y la evaluacin y cesacin de las autoridades de control son inconstitucionales, se evita el dictamen de la Corte Constitucional.

Para evitarse cualquier riesgo de infiltracin, los miembros del rgano transitorio nacen nicamente de la voluntad del Presidente de la Repblica; y, una vez conformados, en razn de que la Constitucin y las leyes le son adversas para alcanzar sus objetivos, se declaran un rgano con facultades excepcionales de rango supraconstitucionales, con lo cual eliminan el control poltico, jurisdiccional y constitucional inclusive cesando a la propia Corte Constitucional.

El paso siguiente es la toma de las instituciones de control y jurisdiccionales. La figura de la evaluacin y cesacin cumple en parte su cometido, pero encuentran la dificultad de que la normativa legal prev los reemplazos de las autoridades cesadas, por lo que haciendo uso de las facultades extraordinarias omiten el cumplimiento de la ley y nombran a los reemplazos a personas cercanas de su confianza, a quienes adicionalmente disponen lo que deben y no deben hacer y les exigen cuentas de sus actos.

La obra se completa con la toma definitiva de las instituciones, para lo cual no corren ningn riesgo de que sea el prximo rgano quien designe a las autoridades definitivas para los prximos aos. En virtud de que los tiempos son cortos para el rgano transitorio, dictan mandatos que eliminan los procesos constitucionales, los ajustan a sus propios tiempos, y que les aseguran tener el control de todos los nombramientos de los rganos de control, jurisdiccionales e inclusive de la prxima Corte Constitucional.

Todo esto ha ocurrido con la aquiescencia del rgano legislativo, que gozoso de su comodidad, permite que se consume as la suma del poder pblico.

BIBLIOGRAFIA

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EL TELGRAFO, Consejo analiza cronograma para elegir autoridades, versin digital, 9 de abril de 2018.

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LA REPUBLICA, Julio Csar Trujillo: Pataleen o no, se irn a sus casas por corruptos, versin digital, 2 de mayo de 2018.

Ramiro Rivadeneira Silva: ex-Defensor del Pueblo, Ecuador.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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