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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-11-2018

Los Bolsonaros en Colombia estn a la defensiva

Fernando Dorado
Rebelin


Lo que acontece en Colombia es de una dimensin y una complejidad asombrosa que para ser comprendida hay que acudir al espritu del realismo mgico y al estudio de lo no-evidente, a fin de desentraar la oscura cadena de hechos, intereses y actores, identificar conexiones y desconexiones, heterogeneidades y multiplicidades, significados y significantes, y poder as captar el movimiento real que fluye en los lmites e intersticios de nuestra sociedad.

El ltimo suceso tiene que ver con el entramado de corrupcin de Odebrecht que compromete al Fiscal General. El ingrediente explosivo es la desaparicin sbita e inesperada del testigo clave de la investigacin, el envenenamiento de uno de sus hijos, el extrao accidente en Chile de la fiscal del caso que la tiene al borde de la muerte, y la difusin en medios de comunicacin de pruebas pstumas que confirman las denuncias de periodistas y polticos de oposicin.

Hechos puntuales sobre el caso Odebrecht y el Fiscal General

- El caso de corrupcin de Odebrecht compromete en Colombia a los ex-presidentes Uribe y Santos, al actual presidente Duque, a varios candidatos presidenciales de perodos precedentes (Santos, Zuluaga, Duque), al poderoso potentado empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval y Corficolombiana), y a muchos funcionarios, intermediarios y polticos corruptos.

- Nstor Humberto Martnez Neira fue elegido Fiscal General de la Nacin hace 3 aos. Adems de haber sido ministro del interior y de justicia de gobiernos anteriores fue ministro de la presidencia en el ltimo perodo de Santos, y asesor jurdico de empresarios colombianos y extranjeros, entre ellos el Grupo Aval, que est comprometido en el caso Odebrecht.

- Fue un nombramiento hecho a dedo. Esa decisin poltica es camuflada en Colombia con la eleccin en la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por el presidente de la Repblica. Martnez Neira cont con el apoyo de todos los partidos polticos del establecimiento oligrquico y de los gremios empresariales.

- Jorge Robledo y Claudia Lpez, senadores del Polo Democrtico y Alianza Verde, cuestionaron esa designacin. A la cabeza de sus partidos y de amplios sectores de opinin denunciaron por conflicto de intereses al Fiscal General y solicitaron con vehemencia su marginacin de la investigacin por corrupcin de Odebrecht y el nombramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de un Fiscal Ad-hoc independiente de la Fiscala para garantizar imparcialidad y transparencia en esa accin judicial. En su momento, no lograron mayor resultado.

- Hasta la fecha esa investigacin ha comprometido a funcionarios y polticos de segundo nivel o rango, y a diferencia de lo ocurrido en otros pases de Amrica Latina en donde presidentes, altos funcionarios del Estado y grandes empresarios han terminado en la crcel, en Colombia esa investigacin no avanza y se ha visto entorpecida por los mismos funcionarios judiciales.

- Jorge Enrique Pizano (qepd), auditor del consorcio creado por Corficolombiana y Odebrecht en Colombia identific desde 2013 actuaciones sospechosas que violaban la normatividad y la tica profesional; en 2015 present indicios y pruebas a Nstor Humberto Martnez, por entonces asesor jurdico del Grupo Aval, para que la empresa iniciara una investigacin interna. Pocos das despus Martnez Neira fue elegido Fiscal General de la Nacin y, en vez de profundizar la investigacin, acorral al denunciante y obstaculiz el avance de la misma.

- Las declaraciones concedidas por Jorge Enrique Pizano y los audios de entrevistas con Nstor Humberto Martnez entregados al Canal 1 de TV, y a otros periodistas, que fueron difundidas parcialmente en forma pstuma el pasado 12 de noviembre por voluntad del denunciante, sacaron a relucir un entramado criminal de altos quilates donde el Fiscal General es protagonista pero hay otros comprometidos con mayor y gran poder. De acuerdo a lo conocido, Pizano crea que su vida estaba en peligro y autoriz a los comunicadores a hacer pblico su contenido si algo ocurra contra su integridad. Para agravar los hechos, su hijo Alejandro muri envenenado tres das despus del deceso de su progenitor cuando consumi un lquido que estaba en el escritorio de su padre. Todo apunta a que Pizano no muri de un ataque cardiaco como inicialmente se dijo sino que fue asesinado. Las aguas turbias se agitan pero ocultan la verdad.

1 conclusin: El actual Fiscal General fue nombrado por Santos, Uribe, Sarmiento Angulo y todas las mafias que nos gobiernan para proteger sus negocios y encubrir grandes crmenes.

La evolucin de la poltica colombiana y los intereses en juego

Colombia es el nico pas de Latinoamrica donde las fuerzas democrticas desarrollaron una amplia lucha contra la corrupcin poltico-administrativa, involucrando a la ciudadana en actividades de denuncia, recoleccin de firmas, consulta popular, iniciativas legislativas contra la actividad corruptora y vigilancia activa de hechos punibles que comprometen a funcionarios del poder ejecutivo, legislativo, judicial y contratistas privados. En los dems pases la lucha contra la corrupcin se us por las clases dominantes para contrarrestar a las fuerzas del cambio como ocurri con los procesos contra Lula (Brasil), Cristina Kirchner (Argentina) y Correa (Ecuador), aprovechando debilidades ideolgicas y graves errores cometidos en su gestin de gobierno.

Tales acciones anti-corrupcin incidieron positivamente en la pasada campaa electoral y consiguieron que hasta los partidos polticos tradicionales, incluyendo a su candidato Ivn Duque, hoy presidente en ejercicio, se comprometieran a impulsar en el Congreso los 7 puntos de la consulta anti-corrupcin respaldada por 12 millones de personas. Adems, ese espritu de tica pblica ha obligado al gobierno a desechar as sea en apariencia el uso de canonjas (mermelada) para obtener el apoyo poltico de los congresistas para sus iniciativas legislativas.

No obstante, la casta dominante colombiana ha intentado arrebatar la iniciativa de la lucha contra la corrupcin a la oposicin. Para eso nombraron al Fiscal Martnez y al Procurador Carrillo. Santos en medio de las afujas del proceso de paz logr ese consenso en el seno del establecimiento oficial. Esos altos funcionarios tienen la funcin de legitimar la institucionalidad en crisis. Para tal fin el Fiscal lanz una especie de justicia meditica usando una serie de casos judiciales (cartel de la Toga, supuestos testaferros de las Farc, etc.) para tapar asuntos gruesos que comprometen a sus multimillonarios patrones. Igual, intentan debilitarla jurisdiccin especial de paz (JEP) en favor de intereses de polticos, empresarios y militares que quieren enterrar la verdad que est en el trasfondo del conflicto armado.

Para entender la situacin actual hay que retrotraerse a lo ocurrido en la campaa electoral. Todo estaba a favor de que un candidato de los partidos democrticos anti-corruptos (Polo-Verde-Compromiso Ciudadano-Colombia Humana) fuera electo. Sin embargo, algunas incoherencias y desaciertos de sus candidatos facilitaron a las derechas corruptas el triunfo electoral de su aspirante (Duque) que pos de anti-corrupto y se comprometi a no hacer trizas los acuerdos con las FARC. Es en ese contexto que Uribe dise su estrategia para negociar desde el gobierno su impunidad frente a las investigaciones que le respiraban en la nuca. Una vez posesionado Duque, el expresidente forceje con la Corte Suprema de Justicia y consigui que su caso de manipulacin de testigos pasara a manos de una magistrada formada en las filas del ejrcito. Es un hecho a tener en cuenta.

2 conclusin: Uribe usa a Duque porque era la nica carta para lograr el gobierno y garantizar su impunidad y la de sus cmplices. No obstante, la coalicin de gobierno es dbil e incoherente.

El gobierno Duque y su impotente demagogia

Ivn Duque hered del gobierno Santos la aceptacin de Colombia en la OCDE que acaba de ser sancionada por el Congreso colombiano como si fuera una decisin soberana y autnoma. Esa coalicin econmica de poderosos Estados que representan a la oligarqua financiera global est interesada en invertir grandes capitales en nuestro pas e impone condiciones bsicas y mnimas para asegurar sus objetivos. Entre ellas est la continuidad del proceso de paz y la adecuacin de la normatividad tributaria, fiscal y salarial a fin de garantizar la obtencin de pinges ganancias de los negocios proyectados. Es un compromiso que Uribe y Duque conocan de antemano.

Solo teniendo en cuenta esa circunstancia se pueden entender los actos de este gobierno. Ellos son conscientes que si no hubiera sido por la aureola de miedo que generaban las FARC, Petro los habra derrotado en las elecciones como lo hizo AMLO en Mxico. Pero no tienen claro el panorama ni la estrategia a seguir. Estn obligados a mantener el proceso de paz pero lo que realmente les preocupa es cmo aplicar el paquete neoliberal impuesto por la oligarqua financiera global sin generar un estallido popular. Saben que si no fuera por los recursos que irriga la industria del narcotrfico en la economa legal, la conflictividad social pondra en jaque su institucionalidad, y por ello tienen que jugar con mucho tacto y demagogia para engaar.

Por ello juegan al reformismo en el Congreso para distraer a la opinin pblica. Miden el aceite con la llamada ley de financiamiento para subir impuestos a las clases medias y bajar tributos a los ricos como lo orden la OCDE, pero son conscientes del limitado margen de maniobra que tienen. Adems, Duque no tiene el talante para lidiar con los graves problemas represados y heredados de administraciones anteriores, y ellos lo saben. l es un pobre reflejo de la forma como gan las elecciones, usando el miedo y las mentiras para llegar sin tener claro cmo van a sobreaguar una situacin econmica y fiscal que los obligar a recortar el gasto social porque son incapaces de afectar a los poderes financieros y mafias de todo tipo, que son sus patrocinadores.

El fenmeno que se avizora en el prximo futuro es la quiebra interna del uribismo (como ya se observa) y la desbandada general de polticos corruptos que buscarn camuflarse de demcratas y hasta de izquierdistas para tratar de mantener su control en los gobiernos locales y regionales. La movilizacin social iniciada por el paro nacional universitario y el rechazo popular a las intenciones de gravar con IVA la canasta familiar (comida), son solo antecedentes de las movilizaciones que vendrn: contra el alza de los precios de los combustibles, la persecucin de la economa informal (Sanandresitos y ventas ambulantes), y los incrementos en impuestos prediales y recortes de los subsidios a los servicios pblicos que inevitablemente el gobierno aplicar para balancear sus gastos. Adems de los incumplimientos a cocaleros y a otros sectores sociales involucrados en el posconflicto o que tienen acuerdos incumplidos.

Las fuerzas democrticas y los movimientos sociales tendrn que unificar fuerzas y enfoques para ponerse a la cabeza de la movilizacin social de cara a las elecciones regionales y locales. La lucha contra la corrupcin debe profundizarse y algunos aspectos programticos que se convirtieron en ejes de la pasada campaa electoral tendrn que aterrizarse frente a la realidad de municipios y departamentos. Se trata de impulsar un salto cualitativo de las fuerzas polticas del cambio, la defensa de la vida y la esperanza de un mundo mejor. En Colombia como en Mxico las fuerzas democrticas pueden pasar a la ofensiva pero debern tener cuidado frente a temas difciles que pueden ser explotados por las derechas ultra-conservadoras si no se manejan con criterio democrtico e incluyente(diferencias tnicas, de gnero, religiosos, inmigrantes, etc.).

3 conclusin: Los Bolsonaros en Colombia estn a la defensiva, solo les interesa su impunidad. Hay que confiar y apoyarse en la gente. La movilizacin social est a la orden del da.


Blog del autor: goo.gl/c61wcf

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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