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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-11-2018

Crisis de la Justicia espaola: elitista y conservadora

Enrique Santiago
Cuarto Poder

Mientras ms se asciende en la pirmide judicial, ms se observan comportamientos impropios de un Estado aconfesional, como la anacrnica presencia de smbolos y representaciones religiosas en salas de justicia de nuestro Tribunal Supremo


La sucesin ininterrumpida de escndalos relacionados con la Justicia en nuestro pas ha suscitado, ante la opinin pblica y ante toda la sociedad espaola, el debate sobre si este poder del Estado se ha adaptado a las exigencias de un modelo constitucional de Estado social y de derecho. En el origen del problema se encuentran las cuestionables actuaciones de determinados tribunales y estamentos del poder judicial, a pesar de que un porcentaje elevado de las y los jueces y funcionarios judiciales son servidores pblicos que, con escasos recursos a su disposicin, se esfuerzan a diario en ofrecer un servicio de calidad a la sociedad, objetivo difcilmente alcanzable en las actuales circunstancias.

La falta de medios humanos -somos de los pases de la UE con menor proporcin de jueces por habitante- y tcnicos en la administracin de justicia provoca que sta sea lenta y poco cercana a los ciudadanos, lo que supone un pesado lastre para un poder del Estado que en una sociedad democrtica debera percibirse como eficaz y prximo a su pueblo.

En trminos generales nuestra justicia es elitista y profundamente conservadora, rasgo que no se corresponde con la orientacin sociolgica de la sociedad espaola. Mientras que los resultados electorales muestran una Espaa equilibrada en el voto a la izquierda y a la derecha, los resultados de los procesos electorales corporativos del poder judicial aparecen masivamente escorados a la derecha, obteniendo las organizaciones profesionales de carcter conservador un apoyo superior al 80% en cada proceso electivo, sesgo ideolgico que por manifestarse de forma permanente, difcilmente es compatible con la independencia e imparcialidad que debe presidir la actuacin judicial en una democracia. Mientras ms se asciende en la pirmide judicial, ms se observan comportamientos impropios de un Estado aconfesional, como la anacrnica presencia de smbolos y representaciones religiosas en salas de justicia de nuestro Tribunal Supremo.

Dos son las causas que han permitido que el Poder Judicial sea profundamente de derechas, nunca haya acabado de democratizarse y se mantenga mayoritariamente ajeno a los sentimientos y formas de pensar de la sociedad espaola: el sistema de acceso a la carrera judicial y la ausencia de mecanismos de intervencin popular en la eleccin de las mximas instancias judiciales.

El sistema de acceso a la carrera judicial no contempla mecanismos de especializacin y seleccin profesional sostenidos en el tiempo y basados no solamente en mrito -as se llama a la retencin memorstica en nuestro pas-, sino tambin en conocimientos y madurez profesional. El actual mecanismo de acceso se basa exclusivamente en la capacidad de recitar de memoria temas y normas legales, sentando el principio de que el mejor administrador de justicia no es quien tenga ms conocimientos, experiencia, madurez y equidad, sino quien tenga ms capacidad de memorizar. Un perverso y muchas veces endogmico sistema que en la practica solo permite el acceso de elites sociales en condiciones de recluirse a memorizar durante aos a costa de ser mantenidos en ese periodo por sus familias, que tambin debern pagar a unos preparadores, habitualmente miembros en activo del poder judicial, que no acostumbran a declarar a la hacienda pblica estos pinges ingresos mensuales a sumar a su salario como jueces.

Un nuestro sistema constitucional la justicia es un poder del Estado, no una mera funcin de administracin pblica. En una democracia, ello debera llevar aparejado una participacin popular en su eleccin, el menos respecto a sus mximas responsabilidades, que bien podran ser elegidas mediante sufragio universal entre quienes reunieran determinados requisitos profesionales. Los electores no eligen a los funcionarios de los ministerios, pero si eligen al poder ejecutivo que dirige estos ministerios. No se trata de que los electores elijan a los jueces de este pas, pero s podran elegir de entre estos a los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia de Comunidades Autnomas, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, a los fiscales adscritos a los anteriores tribunales o al menos a los integrantes de los rganos de gobierno del Poder Judicial. En pases tan poco sospechosos de radicalismo como Estados Unidos, la eleccin de los fiscales -con ms competencias que la reservada a estos por las leyes espaolas- se vincula en determinadas circunstancias a procesos de consulta ciudadana.

Si concluimos que el modelo de justicia definido en nuestra Constitucin adolece de deficiencias que han dificultado la democratizacin de este poder del Estado, no deben extraarnos los sucesivos escndalos protagonizados por unos tribunales claramente distanciados de la realidad social de nuestro tiempo, a pesar de que nuestro Cdigo Civil obliga a que sta sea tenida en cuenta al momento de aplicar las leyes.

El cada vez mas extenso catalogo de despropsitos judiciales puede clasificarse atendiendo a cuatro categoras jurdicas: libertades pblicas; derechos sociales y del consumidor; derechos civiles de naturaleza poltica; y derechos de las mujeres.

La sucesin de graves condenas de prisin a tuiteros, cantantes, artistas, y ciudadanos en general por el simple ejercicio de la libertad de expresin es impropio de un sistema que se dice democrtico, en el que la Justicia debe garantizar tanto el anterior derecho de libertad de expresin como unos hbitos de tolerancia incompatibles con la aplicacin sin ponderacin alguna de tipos penales como el de ofensa a los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo o injurias a la Corona. Sin perjuicio de que obviamente los anteriores delitos deberan desaparecer de inmediato de nuestro Cdigo Penal, como ha declarado la justicia de Estrasburgo en particular respecto a las injurias a la Corona. Pero estas tipificaciones penales no justifican la desproporcionada aplicacin de la norma penal que viene haciendo en especial, aunque no nicamente, la Audiencia Nacional. Sin olvidar la utilizacin represiva y hasta fraudulenta del derecho al honor que algunos jueces realizan para obligar a respetar valores conservadores que carecen de proteccin constitucional en abstracto.

Los posicionamientos de la Justicia respecto a la garanta de derechos sociales y de los consumidores evidencian el carcter clasista de nuestros mximos tribunales y su compromiso con la defensa de los intereses de los poderosos a costa de los derechos de las mayoras. Como ejemplo, las reiteradas sentencias de tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo defendiendo los intereses de la banca respecto a las clusulas suelo hipotecarias y los desahucios, resoluciones judiciales en muchos casos corregidas por el Tribunal de Justicia de la Unin Europea. El reciente escandalo ofrecido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo para garantizar, con mtodos contrarios a los contemplados en la Ley Orgnica del Poder Judicial, que los banco continen sin pagar los impuestos derivados del otorgamiento de escrituras hipotecarias, ha rebasado el lmite de lo tolerable por la opinin publica adems de evidenciar la probable cooptacin de algunos magistrados habituales perceptores de emolumentos pagados por escuelas de negocios pertenecientes al sector bancario. Y como muestra de la criminalizacin de la pobreza a cargo de la Justicia, la reciente y desmesurada peticin fiscal de ms de tres aos de crcel para un indigente que se apropi de un bocadillo tras manifestarle al dependiente del supermercado que tena hambre.

Nuestra Justicia es tambin cuestionada a consecuencia de su irrespeto por los derechos civiles de naturaleza poltica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a nuestro pas en varias ocasiones a consecuencia de la habitual dejacin judicial a la hora de investigar torturas y malos tratos policiales a detenidos -entre otros, el caso del director del peridico Egunkaria-; por no ofrecer un juicio justo por un tribunal imparcial -caso Otegi-; o por no aplicar beneficios penitenciarios establecidos en la ley. La parcializada actuacin de una justicia en apariencia politizada ha sido puesta de manifiesto por tribunales de Alemania o Blgica con ocasin del procs a los polticos independentistas catalanes, respecto a los cuales se est aplicando de forma cuestionable los excepcionales y cautelares mecanismos de prisin provisional. Y tambin podemos calificar de politizada y desproporcionada la reciente condena a prisin impuesta por la Audiencia Nacional a cinco jvenes espaoles que acudieron como voluntarios al Kurdistn a combatir al grupo terrorista ISIS.

Finalmente, los derechos de las mujeres son irrespetados demasiado frecuentemente por la Justicia, ponindose de manifiesto un discriminatorio tratamiento judicial por cuestiones de gnero. Los procedimientos por delitos sexuales, violencia intrafamiliar o de genero suponen con demasiada frecuencia la inversin de la situacin procesal de vctima y victimario, exigindose a la mujer victima acreditar la idoneidad de su comportamiento, en lugar de cumplir con el objeto procesal de juzgar al victimario. Represe en la actuacin del juez que en el transcurso de una vista judicial se permita emitir descalificaciones genricas respecto a las mujeres, o en la contestacin social -prcticamente un levantamiento popular- provocado por la sentencia de la manada. Cinco hombres -uno de ellos militar y otro guardia civil- prevalindose de su superioridad penetran a una joven sin su consentimiento y la obligan a realizarles felaciones, todo ello sin que la vctima tenga una mnima posibilidad de resistencia. Pero el tribunal no es capaz de apreciar delito de violacin.

La nica consecuencia positiva de tanto despropsito es que por fin ha cado el velo de la inmunidad judicial a la crtica. Durante aos, la repetida letana de que cuestionar los pronunciamientos judiciales supona una intromisin en la independencia judicial y un irrespeto a sus resoluciones, ha construido un muro de inmunidad e impunidad para el poder judicial, una permisividad auto impuesta por el resto de los poderes pblicos y por la sociedad. Al igual que los poderes ejecutivo y legislativo pueden ser objeto de constructiva y fundada crtica social, adems de estar sometidos a mecanismos de control, el poder judicial en una democracia carece de privilegio alguno que le permita sustraerse a este derecho a la crtica de nuestro pueblo, critica que tambin supone un mecanismo de control. En nuestro modelo constitucional, el poder judicial es el nico que solo es controlado por l mismo, algo que no solo hace chirriar el correcto funcionamiento institucional, sino que ha convertido en improbable y excepcional que prospere una accin legal contra un juez en exigencia de responsabilidad a consecuencia de su desempeo profesional.

Poca duda cabe de que la imprescindible revisin de nuestro modelo constitucional de justicia para su democratizacin, actualizacin y mejora, justifica por s misma una profunda reforma de la Carta Magna.

Enrique Santiago Romero es abogado y Secretario General del PCE

Fuente: http://www.cuartopoder.es/ideas/2018/11/20/justicia-espana-tribunal-supremo-cgpj/



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