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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-11-2018

Ensaamiento contra lo acordado sobre verdad y justicia para las vctimas
La JEP no es justicia, ni es transicional

Ana Mara Fonseca
Revista Insurreccin


Las arremetidas que sigue sufriendo el proceso de paz, a manos de los seguidores del expresidente Uribe en el Congreso de la Repblica, se ensaan contra lo acordado sobre verdad y justicia para las vctimas.

La inmensa mayora que ha defendido el proceso de solucin poltica con las FARC, respalda la Justicia Especial para la Paz (JEP), creacin conjunta entre el Estado y esta guerrilla, como una jurisdiccin vlida dentro del orden legal establecido. La que cuenta con testigos nacionales, dignatarios de numerosos pases y de organismos de la comunidad internacional.

Los Acuerdos de Paz con las FARC son un modelo de Desarme, Desmovilizacin y Reinsercin (DDR); en que la JEP constituye un andamiaje de Justicia Transicional (JT), que tuvo como antecesora la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), aplicada para legalizar al narco paramilitarismo, como brazo paraestatal de las lites dominantes.

Bases endebles del Acuerdo

Las FARC cumplieron con desarmarse, se desmovilizaron como guerrilla y estn en las vas institucionales creadas para su reinsercin legal. La casi totalidad de sus integrantes se aprestan a comparecer ante la JEP.

De parte del Estado imponen sucesivos recortes a los compromisos asumidos entre 2015 y 2016, para sacar ventaja indebida e ilegtima, torciendo cada vez ms lo que firm dentro de un proceso, que para las lites es una victoria estratgica.

Las FARC fund los acuerdos de paz en siete principios:

1) Convalid la legitimidad estatal, cuestionada por dcadas dada su violencia institucional e impunidad.

2) Consinti la legalidad de ese Estado, sin que ste se hubiera reformado en materias claves.

3) Concedi que ese Estado tendra en sus diversos mecanismos el control de fondo del proceso de implementacin de lo pactado.

4) Admiti la no reciprocidad y la no sincrona de los acuerdos de ambas partes.

5) Declin en la bsqueda de otros paradigmas de justicia, tanto ticos como sociales o comunitarios, as como de Derecho Internacional, afincados en la verdad de todos y en la reparacin ms completa posible, y sobre todo en la depuracin institucional y las garantas reales de no repeticin.

6) Sobrestim un blindaje de Derecho Internacional formal para los acuerdos, sin previsin de sanciones para la parte que incumpla; y

7) acept correr los riesgos dentro de esa maquinaria institucional (lgica de produccin normativa y examen de la legalidad), la que replantea todo hasta hoy.

Transitar por ese carril, no significaba que esas eventuales modificaciones pudieran tocar la esencia de esos acuerdos que eran fundamentalmente polticos y que constituan una especie de Tratado inviolable, que se ratific era sostenible por doce aos, o sea por al menos tres perodos presidenciales desde agosto de 2018.

Tijeretazos y aadidos

Adems del recorte grave que se deriv del Plebiscito del 2 de octubre de 2016 que gan el No con escasos votos, rechazndose lo firmado, vino el ya esperado control entre ramas del poder pblico, y en esa etapa, adems del retraso e incumplimiento del Ejecutivo, otras instancias, el Congreso y las Cortes, dieron tijeretazos, al dar forma y revisin a normas de lo pactado, introduciendo nuevas prerrogativas para ese Estado y sus agentes.

La JEP, adems de las graves fallas de origen, como fue la inmunidad de los ex presidentes, la mutilacin o desnaturalizacin del delito poltico, la evaporacin de la cadena de mando oficial, sufri nuevas modificaciones en detrimento de los derechos de las vctimas de crmenes de lesa humanidad y crmenes de guerra. Por esta va, establecieron ms impunidad para los llamados terceros -jefes o auspiciadores del paramilitarismo-, que segn su conveniencia pueden o no comparecer a la JEP, es decir que nada les obliga a hacerlo; as como las inequitativas reglas como se fij en el procedimiento de la JEP (Ley 1922 de 18 de julio de 2018).

Dndose esa cadena de privilegios sucesivos a los agentes estatales y paraestatales, con lo cual se prob ya durante la administracin Santos que la impunidad no se alteraba, sino que incluso se fortaleca.

Con el cambio de Gobierno el 7 de agosto pasado, el partido de Uribe, el Centro Democrtico (CD), dio ms pasos y comenz a cristalizar un nuevo ataque a los acuerdos con las FARC usando la JEP que tanto critica, para proteger todava ms a los responsables del terrorismo de Estado, como una recompensa a su labor. Con lo que buscan dar alguna legitimidad a esa jurisdiccin, slo en la medida que les sirva. Aprovecharla como tabla de salvacin, tanto jurdicamente -sustrayendo a agentes estatales del alcance de la persecucin penal internacional-, como tambin polticamente, al emplearla en los trueques o intercambios para la defensa del statu quo.

Por esto el partido de Uribe, propuso una reforma constitucional para que se diera a los agentes estatales un trato todava ms favorable al que ya tienen con la obtencin de libertad, rebajas de pena y el trato preferente en la reclusin, adems de los procedimientos o tratamientos separados y de las especiales pautas que apuntan a verles de modo atenuado, slo como personas que se equivocaron, y no en el entramado de la responsabilidad institucional, pues se busca asegurar que nunca se demuestre que se trat de eslabones de crmenes de Estado, de crmenes de sistema o de planes de macro-criminalidad, llevados a cabo por los aparatos estatales o paraestatales.

Mala foto y un peor acuerdo

Con el argumento de que se abra un panorama de dilogo entre bancadas polticas opuestas en el Congreso, estando representantes de la centro izquierda -dilogo que en principio es razonable que se busque-, terminaron algunos convidados por Uribe Vlez y sus aliados, cooperando en una nueva arremetida del Establecimiento, no slo salvando lo que ya admitan, en primer lugar la responsabilidad estructural del Rgimen, sino dando capacidad para alterar lo que sea, incluyendo la maltrecha JEP, a cambio de un reparto de mutuas licencias. En ese negocio la JEP fue de nuevo una moneda de cambio.

Estamos ante lo que la columnista Laura Gil llam una mala foto y un peor acuerdo, expresando que No existe bondad intrnseca en un consenso por haber incluido todas las fuerzas polticas, y mucho menos en uno que se presenta como los inicios del aval del uribismo a la paz negociada, cuando este no ha hecho ms que repetir que se reserva el derecho a continuar en la bsqueda de modificaciones [1].

La periodista se refiere a cmo Uribe emprendi una inteligente embestida convenciendo incluso a parte de la oposicin poltica -que se supone crtica del proyecto poltico y de las propuestas legislativas del CD-, que era conveniente un acuerdo en el Congreso para nuevas reglas, con las que se impulsaran medidas que reconocieran la especial situacin de agentes estatales y paraestatales, con garantas y beneficios a cambio de nada, para ellos, claro, con la tesis de que tal y como qued la JEP en su funcionamiento, dentro de ella actuaran jueces que no eran de fiar cuando estudiaran la responsabilidad de militares y policas; que se requeran unos nuevos jueces (que Laura Gil llama acertadamente prouniformados) que adems estuvieran especializados en materias a tener en cuenta en las investigaciones y juicios.

Este pacto poltico del 31 de octubre de 2018, entre el uribismo y esos sectores polticos de distinto color, para la investigacin y eventual juzgamiento de militares o policas, proyecta un paso ms en ese itinerario de impunidad. Ahora se acentan o se formulan en su favor dispensas como seran jueces ad-hoc (especficos para algo) y la contrastacin de las confesiones o versiones auto-incriminatorias de agentes estatales. Pues existe la posibilidad, dicta Uribe, que por obtener beneficios, los servidores acusados terminen aceptando lo que no hicieron. Y se enuncia de nuevo cmo se usar con el alegato de reglas operacionales prescritas por el Estado, una interpretacin del Derecho Humanitario y del Derecho de la guerra para eximir a responsables de graves violaciones con presunciones que ocultan la guerra sucia. Derecho operacional acuado por las fuerzas represivas del Estado, que el jurista Gustavo Galln llama embeleco y califica de esotrico [2].

Sin joya y sin corona

Estamos frente a una justicia transicional que lejos de ser justicia y de ser transicional, bajo la necesidad de que sirva a la paz con legitimidad, est siendo utilizada la JEP en un nuevo canje: ser aceptada en tanto sea todava ms un lavadero de responsabilidades. Se confirma as que encubre gran parte de la verdad del pasado y que ante el presente y el futuro no significa ni un pice de garantas de no repeticin, pues el pas no hace trnsito de la guerra a la paz, ni del autoritarismo a la democracia, pues se refuerzan las condiciones de violencia e impunidad de las lites, para que continen desarrollando la misma estrategia de aniquilamiento de las alternativas, como lo vienen haciendo a diario.

Se caiga o no por razones jurdicas esa reforma, el espectculo poltico queda registrado. Y tras lo ocurrido quedan lecciones de las cuales tomamos nota. El despropsito de las lites de firmar y burlar lo pactado, ya lo conocemos.

De lo que tenemos que cuidarnos es de perder la eticidad ms elemental con la que nos hemos comprometido: verdad toda, verdad todos, y por lo tanto deben los sectores populares en lucha, no conceder cheques en blanco a sectores polticos que, pueden caer en pactos polticos para tener a la extrema derecha como aliada, en una paz que sus intereses convierten en raqutica.

Vale el recelo que se deduce de lo que la periodista Cecilia Orozco indica: Hay que repasar lo que se aprob cuando la minora uribista se haba trocado, ya, en mayora mgica por hechos ocurridos fuera del saln que an se desconocen, y cuando los congresistas que todava piensan en los derechos de las vctimas tuvieron que ceder ante la inminencia de su derrota.[3]

Se deca hace dos aos, al firmarse los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que la joya de la corona eran la JEP y la Reforma Poltica, de las que hoy queda poco; mientras que del conjunto de los Acuerdos, queda an ms poco.

Notas:

[1] http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/laura-gil/mala-foto-peor-acuerdo-columna-de-laura-gil-290462

[2] http://www.elespectador.com/opinion/el-esoterico-derecho-operacional-columna-822431

[3] http://www.elespectador.com/opinion/que-les-dijo-uribe-que-les-hizo-cambiar-su-voto-columna-822208

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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