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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-11-2018

Distribucin de la tierra en tiempos de cambio
La Reserva Natural de Tucabaca, el colmo y la punta de un iceberg de corrupcin

Arturo D. Villanueva Imaa
Rebelin


Contextualizacin de la problemtica  

Siendo una cuestin fundamental y estratgica en cualquier proceso de transformaciones, el problema de la tierra en Bolivia se ha convertido en un tema de interminable generacin de conflictos que peridica y sistemticamente sacude el pas a lo largo de su historia, aunque especialmente desde de que se produce la reforma agraria en 1953.

Entendiendo la problemtica como un proceso de larga data, puede sostenerse que la ltima etapa tiene como hito relevante la aprobacin de la ley 1715 de 1996, conocida como ley INRA. Dicha norma (vista por algunos como expresin de una segunda reforma agraria), marca como hechos fundamentales el reconocimiento de los derechos de los pueblos indgenas a territorios colectivos, as como la voluntad de proceder en tiempo perentorio al saneamiento y la titulacin de las tierras agrcolas en todo el territorio nacional, con el objeto de definir finalmente los derechos propietarios sobre la tierra, que se haban constituido desde siempre en el motivo esencial de graves conflictos, disputas y hasta enfrentamientos sangrientos.

Desde entonces y a lo largo de las ms de dos dcadas subsiguientes, los gobiernos que se sucedieron se empearon y comprometieron (al mismo tiempo de extender y fijar sucesivamente nuevo plazo de finalizacin que originalmente concluy el ao 2006), a dar cumplimiento de dicho propsito. Sin embargo, sin excepciones y regularmente tambin, el proceso seguido para cumplir la norma y las responsabilidades consiguientes, fueron manchadas por diversas irregularidades, actos de corrupcin, trfico de tierras y el mismo tipo de anomalas, como las que actualmente vuelven a develarse a propsito de lo ocurrido en la Reserva Natural de Tucabaca, Robor, en la regin chiquitana de Santa Cruz.

Despus de la aprobacin de la ley 3545 de reconduccin comunitaria de la reforma agraria del ao 2006, el actual gobierno, el ao 2013, aprob la ley 429, por la que se ampli una vez ms el plazo de ejecucin del saneamiento por 4 aos. Es decir, hasta octubre de 2017, cuando la totalidad de las 106.2 millones de has. de la superficie del pas deberan haber sido saneadas y tituladas.

A ms de un ao de haberse cumplido dicho plazo legal con el que supuestamente deba haberse finalizado el saneamiento y regularizacin de la propiedad agraria y, consiguientemente, dados por concluidos aquellos graves y violentos episodios que el pas tuvo que atestiguar durante tantos aos; sucede que dicho fantasma vuelve a resurgir con una inusitada furia. Dada la magnitud y gravedad de la situacin, es claro que all se manifiesta algo ms que el desencadenamiento de la ira popular por la defensa de su territorio, la biodiversidad y su patrimonio natural amenazados y avasallados por asentamientos que haban provocado graves daos y destruccin en una rea protegida del lugar.

El bloqueo de la carretera internacional y la va frrea que conecta con el Brasil; la brutal represin ejercida y la posterior quema de las oficinas del comando de la polica nacional en Robor (incluido un bus que traslad contingente policial extraordinario); no solamente actuaron como catalizador y detonante de la enorme furia que se apoder de la poblacin, sino que puso en evidencia ante los ojos del pas, un problema grave de asentamientos consentidos e ilegales, y el avasallamiento de tierras que se haba ido acumulando los ltimos aos.

Aun cuando semejante reaccin de bloqueo y movilizacin social (que inmediatamente logr el respaldo y la inminente amenaza de generalizarse a todas las poblaciones de la inmensa regin Chiquitana de Santa Cruz), se la quisiese observar de manera aislada, como si se tratase de un asunto meramente departamental; entonces podra llegarse a la conclusin correcta pero solamente parcial, que tiene que ver con la ya evidente como insoportable situacin de avasallamiento, trfico de tierras y asentamientos ilegales que tienden a generalizarse en todo el pas. La gravedad del asunto es que dicho fenmeno que ya vena producindose en diversos lugares, ahora se haba extendido y concentrado en reas protegidas, tierras forestales, reservas naturales y zonas estratgicas de enorme valor ecolgico y cultural que NO constituyen reas de libre disponibilidad, pero que adems se canalizan nada menos que con la anuencia y la emisin de resoluciones y permisos de las principales entidades encargadas, como son el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

Muy en contrario de lo que pudiera pensarse, la contundente movilizacin y bloqueo de los pobladores de Robor en defensa de sus reservas naturales y reas protegidas, no ha sido un acto improvisado o impredecible. Todo lo contrario, en realidad debera ser entendida como una reaccin natural que habiendo sobrepasado los lmites de una larga como angustiosa espera frente a las denuncias planteadas que fueron burladas o no tenan respuesta, termina explotando en razn de haberse llegado al colmo de los avasallamientos y asentamientos ilegales que se instalan imparablemente con la anuencia y permiso de las autoridades competentes.

Si bien es incuestionablemente entendible y justificable la realizacin de un proceso distribucin de tierras y el asentamiento de nuevas poblaciones en reas de libre disponibilidad y tierras fiscales que hubiesen quedado en tal condicin como resultado del saneamiento y titulacin; en cambio, tambin es completamente razonable y legalmente respaldado, el hecho de que se produzca una reaccin de resistencia y rechazo, cuando dicho proceso de distribucin y nuevos asentamientos, se producen irregularmente y al margen del cumplimiento de la ley, y mucho menos cuando adicionalmente existen prohibiciones expresas, cuando se trata de reas de proteccin legalmente establecidas. Por eso es que el conflicto surgido en defensa de la Reserva Natural de Tucabaca y el Paquo, resulte absolutamente ilustrativo sobre las medidas y polticas reales de distribucin de tierras que se estn aplicando en el pas. Una cosa es un proceso de distribucin y asentamiento legal en tierras fiscales disponibles, y otra muy diferente la contemporizacin, respaldo e ilegal autorizacin de avasallamientos y asentamientos ilegales en tierras que cuentan con proteccin y/ o prohibicin legalmente establecidas.

Se calcula por ejemplo, que desde el ao 2006 ya llegaron a Santa Cruz al menos 1.000 comunidades del interior que, inclusive contraviniendo disposiciones expresas de prohibicin establecidas en la ley 3545 del mismo ao, con el tiempo lograron legalizar sus asentamientos. Como ejemplo de ese boom se seala al municipio de Concepcin, capital de la Provincia uflo de Chavez en la Chiquitana, que en el ao 2006 contaba con 25 a 30 comunidades y para el ao 2017 haban subido a ms de 180.

En lo que corresponde especficamente a las reas protegidas, se ha denunciado que 5 de stas en el oriente fueron avasalladas con el aval del INRA y la ABT. Se trata de El Paquo en Robor, donde se han quemado, desmontado y deforestado 60 has. incluyendo la apertura de caminos con maquinaria pesada; la Reserva natural de Tucabaca, tambin en Robor, afectada el 2013 en 1.700 has. con autorizacin de asentamiento para nuevas comunidades; Laguna Concepcin en el municipio de Concepcin, que siendo uno de los 11 humedales ms importantes del pas, fue afectado en 1500 has. para el asentamiento de la comunidad Che Guevara; el rea protegida Espejillos en Porongo, donde se dot 60 has. para el establecimiento de la comunidad Roca; y como si lo anterior no fuese suficiente, nada menos que el Fuerte de Samaipata, sitio prehistrico y patrimonio de la humanidad determinada por la UNESCO, donde se otorgaron 60 has. a terceros privados del total de 260 has. que conforman el espacio de proteccin patrimonial.

Las advertencias al respecto se remontan al ao 2015, cuando desde la Alcalda de Robor se denunci varias veces la otorgacin de permisos del INRA que autorizaban el asentamiento ilegal de comunidades en reas protegidas de reserva natural y que no fueron respondidas. Posteriormente, el ao 2016, el entonces director nacional del INRA autoriz la distribucin de 450.000 has. para el establecimiento de al menos 90 nuevas comunidades que se asentaran en la regin de la Chiquitana crucea. El ao 2017, alcaldes de la Mancomunidad chiquitana denunciaron 800 asentamientos ilegales en reas forestales. Al respecto, una denuncia sorprendente pero no menos importante, da cuenta que las solicitudes de dotacin locales no prosperan. En cambio s las que son demandadas por gente que proviene del interior.

Tanta fue la presin demogrfica y los conflictos de avasallamiento y trfico de tierras que se haba desatado, que a fines del ao 2013 se aprob la ley 477, especficamente contra el avasallamiento y el trfico de tierras. Dicha norma lo establece como delito que es tipificado e introducido en el Cdigo Penal, incluyndose penas de 3 a 8 aos de privacin de libertad a quienes fueran encontrados culpables de dichos actos. Sin embargo tambin hay que precisar, que su contenido est orientado preferentemente a proteger los intereses y derechos de propiedad de grandes empresas agroindustriales, cuyos titulares haban logrado presionar y persuadir al gobierno (junto a otras medidas, facilidades y garantas impuestas que se emitieron casi paralelamente), para que las ponga en vigencia con el argumento de conseguir seguridad jurdica para sus actividades.

Como se puede apreciar, hasta aqu se ha expuesto la punta del iceberg, as como suficientes hechos y razones que explican y fundamentan la turbulenta reaccin de la poblacin en Robor. Sin embargo, el fenmeno no se reduce a esa regin, y ni siquiera es solo departamental como veremos a continuacin.

 La lgica del entramado a nivel nacional y los ejemplos que destacan 

A pesar del hermetismo existente y la total falta de transparencia e informacin debida, oportuna y sistemtica sobre el proceso de saneamiento; junto a los hechos descritos ms arriba, destaca e, boliviano.specialmente aquella declaracin del Vicepresidente Alvaro Garca Linera, cuando el ao 2017, en ocasin de un congreso internacional de petrleo y gas que se realizaba en Santa Cruz, sostuvo que las reas protegidas son un invento de grupos y dictaduras para apropiarse de los recursos nacionales () no porque eran amantes del medio ambiente, sino porque haba informacin de empresas petroleras de que ah haba recursos () Ojo, las reas protegidas fueron elaboradas por los gringos para guardarse nuestros recursos naturales. Es decir, se trata de declaraciones que no solo alientan, sino que terminan marcando una lnea de conducta pblica respecto de las reas protegidas, puesto que claramente se induce a su incursin, intervencin y aprovechamiento, con tal de dar un supuesto mejor uso de dichos recursos.

Esta lgica es plenamente coincidente con el modelo extractivista y desarrollista que el gobierno est empeado febrilmente en llevar a cabo a toda costa. Es coincidente con la apertura de las reas protegidas y territorios indgenas a la exploracin y explotacin de recursos hidrocarburferos ya decidida. Es coincidente con la poltica de ampliacin extensiva de la frontera agrcola aun a costa de aprobar y legitimar la ilegal quema y chaqueo de grandes extensiones de bosques y biodiversidad que aprob hace aos. Y es coincidente con todas las medidas que han permitido otorgar piedra libre a la explotacin de minerales en las tierras y lugares ms insospechados como los glaciares andinos, los yungas o los ros amaznicos, aun a costa de contaminar y destruir tierras comunitarias, aguas superficiales y subterrneas, o inclusive territorios de estratgico valor ecolgico, ambiental y de vida; todo con tal de extraer y agotar hasta el ltimo centavo, la renta que proviene de la venta y enajenacin de los recursos naturales.

Por eso, no es casual que en lo que corresponde a la distribucin de tierras, que siempre constituyeron una demanda central y de primer orden para amplios sectores de campesinos y colonizadores (que por otra parte tambin representan una importantsima como codiciada fuerza electoral y de respaldo social); resulte que sean los territorios indgenas, las tierras forestales, las reservas naturales y las reas protegidas, el recurso disponible a mano que ms fcilmente podan ser sujetos de avasallamientos y asentamientos ilegales y descontrolados. Se trata de reas donde no estn permitidas las actividades agrcolas que afecten la vocacin de la tierra, las normas vigentes, los derechos constituidos y un elemental criterio protectivo de la naturaleza, la biodiversidad y la vida que se resguardan en esos lugares.

Lo extrao del asunto y sospechosamente perverso (puesto que inclusive ya se haba deslindado el riesgo por el cual las grandes propiedades de terratenientes y empresas agroindustriales podran haber sido el atractivo principal en vista de que ya se los haba protegido con la ley 477 contra los avasallamientos y el trfico de tierras); es que se haya volcado la mirada codiciosa sobre tierras y territorios que legal y legtimamente cuentan con proteccin y respaldo normativo. Es decir, la misma normativa que poda contribuir en su defensa para evitar esos extremos indeseables, y siendo adems que ya se disponan de millones de hectreas de tierras fiscales que podan haber sido utilizadas para una distribucin y asentamiento ordenado, legal y justo.

En otras palabras, las circunstancias para la distribucin de tierras haban cambiado sustancialmente. Si para el ao 2005 solo se haban saneado 9.3 millones de has. de las cuales prcticamente eran inexistentes las superficies disponibles para su redistribucin; con el avance del proceso de saneamiento que se produjo en aos subsiguientes, el ao 2017 ya se haba saneado ms de 83 millones, de las cuales se tenan identificadas como tierras fiscales nada menos que 26,8 millones de has., de las cuales 8 millones estaban disponibles y 3 millones se encontraban en proceso de consolidacin, segn informacin oficial del propio INRA.

Bajo esas circunstancias la extraeza no es para menos, inclusive a pesar de que para importantes dirigentes campesinos y colonizadores (mal llamados interculturales), los territorios indgenas y las tierras de vocacin forestal son catalogadas como ociosas, y a los pueblos indgenas que las detentan y protegen, como terratenientes.

Al respecto y como desdiciendo aquella posibilidad de encarar un proceso de distribucin de tierras ordenado, legalmente justo y atinado, y opcionalmente ms pertinente; para el mismo ao 2017, la directora nacional del INRA, daba cuenta que en todo el pas se haban avasallado 332.361 has. en 8 departamentos del pas, sin incluir Oruro, donde no se reportan dichos actos. De ese total, slo en los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni se sumaban 327.191 has. avasalladas.

Ahora bien, teniendo en mente esos datos, pasemos a revisar aquellos otros casos denunciados a nivel nacional.

Nacin Qhara Qhara de la marca Qhila Qhila en la Provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, que denuncio enfrentamientos con heridos de gravedad producidos en la comunidad Umaca. Se rechaza el saneamiento de tierras del INRA, en vista de que se estara otorgando derechos a terceros afines al gobierno en tierras originarias. Solicitan retirar a 400 forasteros que habran sido trasladados de Maragua y otros sindicatos aledaos para provocar enfrentamientos.

Territorio Indgena Multitnico (TIM), en el departamento del Beni, donde a su interior se han establecido avasallamientos ilegales de terceros (ganaderos, colonizadores o madereros), que se instalaron en lugares de exconcesiones forestales que ya caducaron el ao 2011. Se trata de un caso emblemtico de muy larga data, en vista de que a pesar de estar vigente el D.S. 22611 de 1990, donde se define la restitucin de las ex concesiones forestales ubicadas en el Bosque de Tsimanes a favor de los pueblos indgenas , as como la ley 3545 del ao 2006 que expresamente reitera y especifica la obligacin de titular este territorio; sucede que hasta el presente dicha obligacin legal es incumplida y no se procede al desalojo de los avasalladores ilegales, para dar curso a la consolidacin de sus derechos. Ello sucede a pesar de que el propio gobierno (por medio del ministro de gobierno), ya ha reconocido la legalidad y justeza de sus derechos y la demanda planteada, como se puede establecer en un acuerdo firmado en el mes de Septiembre en un encuentro extraordinario de corregidores efectuado en Santa Rosa del Apere, y que no se pude concretar hasta ahora.

Asentamiento ilegal de una colonia menonita en Rio Negro, en una superficie de 34.744 has. del bosque del municipio beniano de San Javier efectuado el ao 2006. Dicho avasallamiento ilegal tiene una instruccin de desalojo desde el ao 2008 que no se cumple, y muy en contrario de procederse al desalojo que manda la norma en estos casos, sucede extraamente que la colonia menonita ha solicitado varias veces la realizacin del saneamiento de esas tierras. Adems, contraviniendo todas las disposiciones legales que lo prohben expresamente, pero sobre todo favoreciendo grandes intereses de extranjeros que avasallaron y desmontaron ilegalmente grandes extensiones de tierras y bosques a pesar de prohibiciones expresas de la ley, llama profundamente la atencin de que el ao 2016 los dirigentes de la Confederacin Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hayan solicitado la legalizacin de 23.000 has. de la comunidad Rio Negro en favor de los menonitas. En 2018, tambin se ha denunciado que la Central campesina 16 de Julio vuelve a insistir y otorga plazo de 190 das para que el Viceministerio de tierras regularice la situacin de Rio Negro. A todo ello se suma el caso del hermano del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, quien ha sido enviado a la crcel, acusado de cobrar 600 mil dlares a esta misma comunidad menonita con la que se haba comprometido a sanear sus tierras y no cumpli. Este caso muestra un eslabn adicional en las irregularidades, en una cadena de lazos que tienden a otorgar visos de legalidad a avasallamientos, trfico de tierras y asentamientos ilegales que, precisamente por su carcter anmalo, deban haber sido resueltos hace tiempo, con la sanciones que manda la ley.

11 de agosto de 2018, la Federacin de campesinos Tupac Katari de La Paz, emite voto resolutivo pidiendo la abrogacin de decreto supremo que declara al Parque Nacional Madidi como rea protegida y TCO, adems de que se elimine la categora de TCO al territorio Leco de Apolo, con el objeto de introducir y realizar actividades mineras. Los comentarios son por dems innecesarios, habida cuenta de las previsibles como graves consecuencias e impactos negativos que ello contraera, ya no solo en lo que corresponde al avasallamiento ilegal de tierras, sino de su contaminacin, destruccin y prdida.

Parque Nacional Tunari que abarca las provincias Ayopaya, Cercado, Quillacollo, Chapare y Tapacar en el departamento de Cochabamba. En el ao 2017, el asamblesta departamental Freddy Gonzales denunci el saneamiento irregular de avasallamientos ilegales que se producen dentro del rea protegida, que es compartida por 11 municipios en una superficie de 328.000 has. No hay que olvidar que se trata de un caso estratgico para la captacin y acumulacin de agua de la que posteriormente dispone todo el valle cochabambino para abastecerse y regar la cada vez menor extensin de cultivos que todava persiste. All se sita el rea estratgica ms importante de precipitacin, recarga y almacenamiento acufero, as como los bosques que prestan este servicio ambiental tan importante para la vida en Cochabamba.

El Territorio Indgena y Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS), ubicado en la frontera de los departamentos de Cochabamba y el Beni. El mismo que, como es de pblico conocimiento, desde hace muchos aos viene siendo sujeto de graves presiones, asedio y, sobre todo, de sistemtico desmantelamiento de todas las disposiciones que impiden la ampliacin y generalizacin de los avasallamientos ilegales ya delimitados, que permitieron la conformacin de lo que se conoce como el polgono 7 dentro del territorio. De concretarse esos extremos, indudablemente tendran una vlvula de escape y extensin, sobre todo si procede la construccin de aquella carretera que invadira y partira por el ncleo este territorio indgena y parque nacional.

Finalmente, no es posible dejar de mencionar hechos que aunque aparecieron aislados al conocimiento e informacin pblica, sin embargo constituyen datos de enorme significacin a la hora de comprender integralmente toda la problemtica que hace a la distribucin de tierras, cuyas expresiones ms condenables como perversas son el trfico de tierras, la corrupcin, los avasallamientos y asentamientos ilegales, y una tcita anuencia de autoridades e instituciones competentes del gobierno, que ha llevado a legalizar y legitimar semejantes irregularidades.

El ao 2017, en una situacin por dems fortuita e inesperada que surge como consecuencia de la persecucin de ladrones que haban atracado un cuantioso botn a la empresa Brinks, se descubri que los mismos se haban ocultado en dos propiedades agrcolas ilegales que haban sido avasalladas, ubicadas en Carmen Rivero Torres, de la provincia Germn Busch en Santa Cruz. Una de las haciendas tena una superficie superior al tope mximo legal permitido, y la otra alcanzaba al lmite de 4.988 has. Lo adicionalmente sorprendente del asunto, es que una de ellas era detentada como propiedad nada menos que del cabecilla de la banda delincuencial buscada. Es decir, que de no haberse producido la detencin de los malhechores en ese lugar, nunca se hubiese sabido que se trataba de propiedades ilegales, producto de un avasallamiento, pero que inclusive a tiempo de realizarse el proceso de saneamiento correspondiente, tampoco se tomaron las medidas de desalojo y reversin que correspondan, dejando que esas tierras sean usufructuadas ilegalmente. Este ltimo extremo solo sucedi al momento de descubrirse semejante irregularidad, y una vez declaradas inmediatamente tierras fiscales, ambas haciendas fueron entregadas con 194 resoluciones de asentamiento a comunarios, con la recomendacin presidencial de no vender sus tierras, sino trabajarlas para garantizar la soberana alimentaria del pas. En referencia a la extensa superficie de las tierras revertidas, no es de ninguna manera un dato menor y sin importancia, aquella denuncia planteada por la Fundacin Tierra, respecto de que el gobierno hubiese violado las normas, saneando y titulando propiedades que excederan las 5.000 has. permitidas por la Constitucin y que fueron refrendadas por Referndum nacional expresamente consultado al respecto.

A propsito del proceso de distribucin de tierras que se encar oficialmente, en el mes de abril del ao 2016, el pas tomo conocimiento de que el INRA, por medio de una resolucin administrativa emitida el ao 2015, se encontraba en proceso de adjudicacin de 50 has. en Pailn, Santa Cruz, a un ex jugador de futbol de la seleccin boliviana, y que solo faltaba el pago de 10 mil bolivianos en total para que se concrete la adjudicacin de las tierras. La noticia daba cuenta que otros dos ex jugadores ms, que haban expresado pblicamente un fuerte respaldo al gobierno de Evo Morales, tambin se encontraban entre los potenciales beneficiarios. En este caso, al margen del inocultable vnculo evidenciado pblicamente, lo anmalo de la situacin tiene que ver con los destinatarios de la adjudicacin de tierras. Las normas sealan expresamente, que las tierras fiscales identificadas como resultado del proceso de saneamiento, deben ser destinadas a la dotacin (por encima de la adjudicacin), y preferencialmente a comunidades campesinas y pueblos indgena originarios que no dispongan de tierra o la tengan de manera insuficiente. Tratndose de casos de adjudicacin (que no tienen la prioridad legal), las tierras fiscales disponibles identificadas deben ser adjudicadas preferentemente a personas que residan en el lugar y de acuerdo a la vocacin del suelo. Es decir, condiciones que los ex jugadores muy difcilmente podran haber demostrado, dado el lugar de localizacin de los predios.

A fines del ao 2016 el director nacional del INRA no solo admite la existencia de irregularidades (estafa, defraudacin y trfico de tierras) cometidas por funcionarios de dicha reparticin, sino que el propio ministro de Desarrollo Rural y tierras denuncia la existencia de una red de corrupcin en el INRA, pidiendo al ministerio pblico que se hagan cargo de la investigacin.

En el mes de septiembre de 2017, se descubri y allan oficinas que haban sido instaladas en la ciudad de El Alto en La Paz; las mismas que se dedicaban a estafar y organizar listas y grupos de personas que luego eran trasladadas a la Provincia Abel Iturralde del norte del departamento de La Paz, donde se les ofreca tierras y se pretenda asentar ilegalmente comunidades. Tambin se conoci, por informacin proporcionada por la directora nacional del INRA, que en el departamento de Santa Cruz, en las provincias Guarayos, uflo de Chaves y Chiquitos, tambin se haba procedido a efectuar acciones legales, sobre la base de una querella que el ministro de Desarrollo Rural y Tierras haba iniciado en contra de 2 funcionarios, por los delitos de estafa y conformacin de red de trfico de tierras.

Como si los hechos se ensaaran en confirmar la existencia de una red de corrupcin que se ha instalado en las mismas entraas de las instituciones responsables del saneamiento, distribucin y fiscalizacin de tierras, debe recordarse que no existe el menor atisbo de una institucionalizacin transparente e idnea, que asegure un desempeo irreprochable en el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones. Por ejemplo, los directores nacionales del INRA, han sido cambiados intempestivamente casi cada ao en las ltimas gestiones de gobierno. Desde el ao 2006 no se da cumplimiento al proceso de seleccin y nombramiento que manda la ley para este tipo de autoridades nacionales. En fin, existe una desinstitucionalizacin crnica y el recambio permanente y discrecional de autoridades es un asunto frecuente que no solo le ha quitado el prestigio y la confianza que adquiri en algn momento; sino que por toda la serie de hechos conocidos, empaa y se convierte en sujeto de fundamentadas sospechas de corrupcin. Al respecto, no ha dejado de llamar la atencin pblica el ltimo nombramiento efectuado por el gobierno, nombrando como director nacional del INRA, a quien fuera magistrado de aquel Tribunal Constitucional Plurinacional que aprob sentencia que favorece la habilitacin indefinida de las candidaturas que hubiesen excedido el periodo y las reelecciones constitucionalmente establecidas y fijadas. Es decir, se toma una decisin que trasluce el beneficio y retribucin por los favores recibidos, replicando lo que anteriormente ya se hizo con otros magistrados del mismo tribunal al que se les nombr en otros cargos jerrquicos dependientes del Poder Ejecutivo.

Teniendo como base todos estos hechos y casos descritos tan escuetamente, no se puede llegar a otra conclusin que no d cuenta de un entramado realmente peligroso que funciona, sin lugar a dudas, transformando la realidad agraria del pas. Los elementos de juicio disponibles nos hacen ver que no se trata precisamente de un cambio favorable y esperado; todo lo contrario. La pregunta es cmo y quin ser capaz de poner el cascabel al gato, puesto que el gobierno solo se ha limitado a minimizar la problemtica y sofocar los conflictos de manera aislada, sobre la base de acuerdos dilatorios, que no hacen al fondo de la problemtica, o que sencillamente la continan alentando y socapando, solo por hacer prevalecer intereses electoralistas y de conservacin del poder.

Las consecuencias 

Para finalizar y a modo de conclusiones preliminares, sea oportuno sealar lo siguiente.

El proceso de distribucin de tierras en el pas est transitando hace aos un peligroso camino de condescendencia y respaldo a actos ilegales de avasallamiento, asentamientos ilegales y hasta trfico de tierras; los mismos que suele respaldarlos con algunos visos de legalidad. De esa forma, es cada vez ms probable la conformacin de redes de corrupcin y trfico de tierras que comprometen tanto a las autoridades y entidades encargadas, sujetos particulares que se organizan para delinquir, y organizaciones sociales que se prestan y/o respaldan los actos ilegales.

Es lamentablemente irrefutable, que este tipo de actos de asedio, avasallamiento, asentamientos ilegales y trfico de tierras que han puesto sus ojos especialmente en los territorios indgenas, las tierras forestales, las reservas naturales y las reas protegidas, muy a pesar de que las mismas cuentan con proteccin legal que prohbe y sanciona dichos actos; corresponde a la misma lgica del modelo econmico desarrollista y salvajemente extractivista que defiende el gobierno, con el aadido de que en este caso (cuando logran prosperar los actos ilegales), se afectan y destruyen zonas estratgicas de enorme valor ecolgico, natural y cultural, que entraan el atentado contra la naturaleza y la propia vida.

El avasallamiento, los asentamientos ilegales y el trfico de tierras en reas de extrema vulnerabilidad que se efectan inclusive con el consentimiento de las instituciones encargadas, no solo implican el despertar de una codicia indetenible que contribuye a la rpida y creciente prdida de biodiversidad, reas estratgicas de conservacin y proteccin, y zonas fundamentales para la vida; sino que suponen la agudizacin del modelo extractivista y destructor de la naturaleza.

Arturo D. Villanueva Imaa es socilogo de Cochabamba



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