Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-11-2018

A casi dos aos de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

Rebelin

Comunicado de Prensa de La Va Campesina


Como es de conocimiento, el gobierno de Juan Manuel Santos, en nombre del Estado Colombiano, por una parte, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC (hoy convertidas en partido poltico legal) firmaron el 24 de Noviembre de 2016, un Acuerdo de Paz para poner fin a un conflicto armado que por ms de 50 aos haba desangrado al pueblo colombiano, dejando profundas secuelas econmicas, sociales y polticas, y creando una dolorosa ruptura en el tejido social, en la convivencia y unidad de las familias y la sociedad colombiana.

La Va Campesina, organizacin que agrupa a unos 200 millones de campesinas y campesinos del mundo entero, y que participa como una de las organizaciones garantes del proceso de paz a solicitud de las partes involucradas, ve con profunda preocupacin como a dos aos de la firma del Acuerdo Final para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera, sus puntos fundamentales han sido modificados en sus partes esenciales por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado colombiano.

As por ejemplo el Punto 1 denominado Reforma Rural Integral (RRI): Haca un nuevo campo colombiano, que contempla la realizacin de un catastro rural durante los prximos diez aos para esclarecer el origen de la propiedad de las tierrasCrear un fondo de tierras de tres millones de hectreas para los campesinos sin tierra o con tierra insuficienteFormalizacin masiva de la propiedad rural sobre 7 millones de hectreas mediante la clarificacin de ttulos y escrituras, para un total de 10 millones de hectreas se encuentra prcticamente en total incumplimiento.

En el caso del Punto 4: Solucin al Problema de las Drogas Ilcitas, otro punto vital para el campo colombiano y para las comunidades rurales, y que contempla compromisos como los planes integrales, la erradicacin voluntaria, la participacin de gobiernos locales y departamentales, as como la financiacin por parte del estado de los proyecto y programas de sustitucin, todo esto con la participacin y concertacin con las comunidades. Acuerdo este que ha sido incumplido y reemplazado por la criminalizacin, la judicializacin, y penalizacin que ya vena imponiendo el gobierno anterior del seor Juan Manuel Santos, agravado ahora por las medidas del nuevo presidente Ivn Duque, quien ha tomado la determinacin de imponer prioritariamente la erradicacin forzada, y la fumigacin por va area con glifosato trayendo graves consecuencias para la salud humana, la flora y la fauna, dndole adems, tratamiento militar, penal y judicial a un problema que es eminentemente de carcter social y econmico.

Aspectos fundamentales como la Justicia Especial para la Paz (JEP) fueron modificados por las distintas ramas del poder en aspectos esenciales, como haber eliminado la obligacin de los terceros para declarar en indagatoria, lo que no solamente priva a la sociedad de conocer la participacin real de multinacionales, pero tambin de nacionales vinculados a la banca, el latifundio ganadero, la Agro-industria, el Comercio, funcionarios y personal civil pertenecientes al estado colombiano en la organizacin, financiacin y apoyo a grupos paramilitares, y otras estructuras y organizaciones que participaron en el largo conflicto armado. Como si esto fuera poco la JEP ha sufrido una nueva mutilacin en sus rganos vitales al quitarle prcticamente la facultad de indagatoriar y juzgar a los militares, con la creacin de 14 nuevos magistrados que asumirn esta funcin lo que indudablemente crear un nuevo manto de impunidad y de inmunidad para los militares, y vulnerando, an ms, el derecho de las victimas a la verdad, la justicia, reparacin y no repeticin; a conocer la suerte que corrieron sus familiares torturados, asesinados o desaparecidos, el nombre y la responsabilidad de sus ejecutores intelectuales y materiales, lo que dificulta seriamente el trabajo de la JEP, de la Comisin de la Verdad, y de la Comisin de Bsqueda de los Desaparecidos, esto es mucho ms grave si se considera que las vctimas fueron el foco y centro de atencin en el acuerdo de Paz.

Pero las victimas no solamente vieron burlados sus derechos en este punto, tambin les fueron burlados sus derechos a 16 curules en el congreso como estaba estipulado en el acuerdo y que fueron negadas por el congreso colombiano.

La reforma poltica contemplada en la firma del acuerdo hace parte igualmente de los puntos incumplidos por el gobierno y el estado colombiano.

Con relacin a la Reincorporacin de los Excombatientes de las FARC, el acuerdo de paz contempla el compromiso de financiar por cada excombatiente un monto de 12 millones de pesos para proyectos productivos, lo mismo la garanta de construccin y reparacin de vas de transporte, y otros servicios bsicos como vivienda, salud, formacin y educacin, obligacin que tampoco est cumpliendo el estado colombiano.

Lo ms grave e indignante es que una vez firmado el acuerdo se ha desatado una imparable ola criminal de exterminio contra los excombatientes de las FARC y sus familiares, as como de dirigentes y activistas de izquierda, defensores de derechos humanos, ambientalistas, campesinos, estudiantes, indgenas y afrodescendientes, que nos recuerda la poca tenebrosa del exterminio de la Unin Patritica, sin que el estado asuma el compromiso adquirido de combatir, desmontar y someter judicialmente al paramilitarismo. Una escala ms en el exterminio ha sido denunciada recientemente por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn al anunciar la elaboracin de un nuevo plan criminal contra sus dirigentes, activistas y afiliados, segn voceros de la polica colombiana.

En reiteradas ocasiones el Centro Democrtico y el Presidente Colombiano Ivn Duque han expresado pblicamente, en algunos casos, su deseo de hacer trizas el acuerdo de Paz, en otros casos de hacerle profundas revisiones y reformas.

Hemos visto de primera mano tanto en nuestra Primera (2016) como Segunda (2017) Mision Internacional de Solidaridad con Colombia los desafos para la paz en ese pas, la visin de los y las campesinos en sus territorios y la necesidad de justicia ambiental como condicin de la justicia social. Comprometidas con la paz y nuestro rol de garante, estaremos organizarando nuestra Tercera Mision Internacional de Solidaridad en 2019 con ansias de encontrar un pueblo y gobierno avanzando hacia ese paz estable y duradera.

Por todo lo anterior La Via Campesina llama al pueblo colombiano, a todas sus organizaciones en el mundo, as como a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, la FAO, la OIT, a la Unin Europea, a los Pases no Alineados, a Gobiernos, Organizaciones y personalidades a levantar su voz y exigir el cumplimiento irrestricto del Acuerdo Final para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera sin ms reformas y dilaciones.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter