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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-11-2018

No hay moral ninguna en el fiscal general de la nacin

Hernando Llano ngel
Agencia Prensa Rural


NHMN, las iniciales que utilizaba Jorge Enrique Pizano (QEPD), auditor de Aval en el consorcio con Odebrecht, para referirse a Nstor Humberto Martnez Neira, tambin pueden significar No Hay Moral Ninguna. Al menos, en el fiscal NHMN, no hay ninguna moral pblica, en tanto garanta de los intereses generales sobre los particulares y de la ley sobre el crimen. Dicha moral pblica est extraviada en la Fiscala desde hace por lo menos 16 aos.

La Fiscala, concebida como institucin clave y lder en la persecucin del delito y la criminalidad organizada, ha sido uno de los mayores fiascos de la Constitucin del 91. No tanto por su diseo normativo, que la adscribe a la rama judicial (artculo 249 CP) para prevenir as su conversin en un instrumento de persecucin poltica por parte del Ejecutivo, sino por la dinmica poltica de nuestros ms agudos conflictos, en donde la fusin de la poltica con el crimen es cada vez ms ostensible y visible. Al punto que ha convertido dicha institucin en una coartada perfecta para perpetuar la impunidad. Basta pasar revista a los ltimos fiscales y la funcin que han cumplido al frente de la misma.

La Fiscala General como coartada institucional para la impunidad

El exfiscal Luis Camilo Osorio, postulado por el entonces presidente Andrs Pastrana, cumpli a la perfeccin su papel de encubridor de los ms atroces crmenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares desde el 2001 al 2005. A tal punto, que hoy se encuentra subjudice por su criminal complicidad, como se puede verificar en Exfiscal Luis Camilo Osorio de nuevo bajo la lupa (Verdad Abierta).

Luego, para garantizar un trnsito sin sobresaltos en la aplicacin de la ley 975 de 2005, fue nombrado fiscal general Mario Iguarn, quien como viceministro de Justicia estuvo encargado del diseo de dicha norma eufemsticamente conocida como ley de Justicia y paz junto a su jefe, el ministro Sabas Pretelt, posteriormente condenado por cohecho impropio en el clebre escndalo de la yidispoltica, que cambi el articulito para la reeleccin de Uribe.

Salta a la vista el sutil entramado de criminalidad institucional que desde entonces se fue tejiendo, consolidando la paradoja de una casi perfecta impunidad legal y poltica, pues propici una reeleccin presidencial alcanzada mediante la comisin de un grave delito contra la administracin pblica, por el cual fueron condenados los entonces ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt por la Corte Suprema de Justicia. Indirectamente, entonces, tuvimos un presidente ilegtimo, en tanto ilegal, pero tambin muy popular (de all su Estado de opinin, superior al Estado de derecho), pues su Presidencia se alcanz gracias a la comisin de dicho delito.

Y cuando los mximos comandantes de la AUC empezaron a desentraar en sus versiones ante la Fiscala la fina y sangrienta red de complicidades y crmenes cometidos en alianza con numerosos congresistas la mayora pertenecientes a la coalicin de gobierno del presidente Uribe entonces ste decidi extraditarlos a Estados Unidos con el pretexto de que eran narcotraficantes (toda la nacin saba que lo fueron desde el comienzo), dejando sin justicia ni verdad a miles de familiares de vctimas desaparecidas y desmembradas por las AUC.

Revel as Uribe su curiosa concepcin de la tica y la justicia, segn la cual es ms grave narcotraficar que descuartizar, masacrar y asesinar, pues, como lo ha demostrado el Centro Nacional de Memoria Histrica, los grupos paramilitares fueron responsables de 1.166 masacres, el 58,8%, frente a 343 cometidas por la guerrilla, el 17,3% y de 8.903 asesinatos selectivos, el 38,4%, frente a 3.899 de la guerrilla, el 16,8%, quedando la mayora de estos crmenes impunes hasta la fecha [1].

La anterior escandalosa impunidad, sustentada en la falta de verdad y de justicia, es la que hace hoy tan imprescindible la existencia de la Jurisdiccin Especial de Paz y de la Comisin de la Verdad, tan temidas por el Centro Democrtico, que no desperdicia ocasin para desinformar y tergiversar la responsabilidad histrica que dichas instituciones tienen, ante la incompetencia y complicidad de los mencionados fiscales generales y del sistema judicial, salvo contadas actuaciones de las altas cortes frente a la parapoltica.

La ms vergonzosa evidencia de la incompetencia del sistema judicial oficial es que, despus de 33 aos de los hechos del Palacio de Justicia, todava no sepamos lo que realmente sucedi y prevalezca, desde la cpula presidencial, un silencio sepulcral. Belisario Betancur honrara su estirpe de humanista y salvara su imagen de estadista si se animara a contarle a la Comisin de la Verdad lo que realmente sucedi. Porque lo ms significativo de esta coyuntura nacional es que, por primera vez en nuestra historia poltica, tmidamente se asoma la verdad ante los ojos de todos y de las vctimas irredentas.

Por primera vez estamos viendo, entre atnitos e indignados, que el fastuoso ropaje institucional con que se ha recubierto nuestra espuria democracia est tejido en realidad con puntadas de mentira y canutos de impunidad, siendo sus aclamados protagonistas unos consumados sastres de la impostura, la violencia y la injusticia.

La Fiscala General como coartada para la criminalidad empresarial

Durante la administracin de Eduardo Montealegre, la Fiscala fue sospechosamente ineficiente en la investigacin del billonario desfalco a la salud pblica realizado por la desaparecida EPS SaludCoop, para la cual coincidencialmente el fiscal Montealegre haba prestado numerosas asesoras legales entre 2001 y 2010 que le reportaron honorarios por cerca de 3,7 mil millones de pesos, segn investigacin adelantada por el portal Los irreverentes [2]. Y ahora estamos frente a una situacin similar en la relacin de NHMN con el poderoso grupo financiero Aval y la forma sinuosa y selectiva como la Fiscala adelanta la investigacin contra Odebrecht y sus relaciones con Corficolombiana en el saqueo del erario.

Con el agravante de que este billonario entramado de corrupcin ya ha cobrado la vida, en forma ms que sospechosa, de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro. De las conversaciones privadas entre Pizano y NHMN queda absolutamente claro que el actual fiscal conoca de los delitos cometidos por Odebrecht, adems de su diligente actuacin como abogado de Aval para lograr una transaccin entre estas dos importantes y emblemticas empresas, que le report a Aval el reembolso de cerca de 33 mil millones [3]. Pago realizado seguramente con dineros defraudados al Estado colombiano y que NHMN no revela, amparndose en el secreto profesional y en una clusula de confidencialidad.

En otras palabras, el inters privado de Aval y Odebrecht, con sus reservados e inexpugnables acuerdos empresariales, por encima del inters pblico y la legalidad. Un tpico comportamiento mafioso. Algo as como una impunidad legalizada e institucionalizada a favor de la cpula directiva de Aval y Odebrecht. Y frente a esta actuacin del fiscal NHMN, el presidente Duque considera que: El fiscal general a raz de esto ha puesto la cara. Vi que le dio una entrevista a Juan Roberto Vargas, vi que sac una carta pblica y yo creo que l tiene que seguir mostrando a la opinin pblica esos argumentos, que yo creo los ha presentado oportunamente.

Declaracin presidencial que niega radicalmente su supuesto compromiso en la lucha contra la corrupcin, pues est contemporizando con la impunidad y la ilegalidad, adems de ofender el sentido comn de todos los colombianos que repudiamos ese sometimiento del inters general a los buenos negocios y acuerdos secretos entre Aval y Odebrecht con nuestros dineros y el concurso profesional del abogado NHMN.

Lo que sobresale en este recuento de las vicisitudes de la Fiscala General de la Nacin y sus mximos responsables, empezando por los presidentes nominadores o legitimadores de los fiscales generales, es que la han convertida en una institucin-coartada para garantizar la impunidad de los ms temibles y criminales poderes de facto que dominan la vida poltica nacional, tanto los ilegales como los empresariales. Los ltimos fiscales generales han sido alfiles encubridores o abogados defensores de dichos poderes de facto, con el respaldo directo o indirecto de los respectivos presidentes: Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque.

Bien se puede parafrasear a Garca Mrquez en su proclama Por un pas al alcance de los nios, diciendo que en la Fiscala cohabitan de la manera ms arbitraria la justicia y la impunidad, porque la han dirigido leguleyos de manos maestras para burlar las leyes sin violarlas o para violarlas sin castigo. De all que el problema no se resuelva con la renuncia de NHMN, pues la Fiscala es hoy una pieza clave para garantizar esta especie de rgimen poltico electofctico en que vivimos.

Un rgimen de complicidades criminales en el cual gobiernan los poderes de facto, encubiertos por una densa bruma de legalidad y una corrupta continuidad electoral [4], que garantiza plenamente la inmunidad e impunidad poltica de sus mximos responsables, debido a esa creciente simbiosis institucional de la poltica con el crimen y de la indolencia, el cinismo o la ignorancia ciudadana que peridicamente lo ratifica y legtima.

Notas:

[1] Para mayor informacin sobre los otros responsables, consultar: Informe general del Centro de Memoria Histrica.

[2] Ver: Los contratos de Montealegre.

[3] Ver: Corficolombiana responde a revelaciones de Jorge Pizano (Revista Dinero).

[4] Somos el nico pas de Amrica Latina en que la justicia no ha avanzado en la investigacin de los generosos aportes a las campaas presidenciales de Santos y Zuluaga, como en la presencia del senador Duque en Brasil, acompaando a Zuluaga en la asesora publicitaria de Duda Mendonca, pagada por Odebrecht, ver: Ivn Duque, testigo de reunin de Zuluaga con Duda Mendona.

Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article23713



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