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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-12-2018

Per
El fin del fujimorismo?

Jacqueline Fowks
Nueva Sociedad


Keiko Fujimori se encuentra en prisin preventiva por una causa que la involucra en el caso Odebrecht. Continuadora de los legados de su padre, el ex-presidente Alberto Fujimori, Keiko parece haber cado en desgracia. Sin embargo, el poder de su espacio poltico est lejos de haberse desactivado. Las redes de una vieja corporacin poltica siguen activas en Per.

Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, est en prisin preventiva desde fines de octubre en el marco de una investigacin fiscal por lavado de activos. La hija del ex-presidente Alberto Fujimori habra recibido 1.200.000 dlares de la contabilidad paralela de Odebrecht para financiar su campaa presidencial de 2011. Adems, otros seis fujimoristas sus principales asesores y falsos aportantes cumplen rdenes de arresto por tres aos, pero los abogados las han apelado y un par de ellos ha escapado. Sin embargo, el fujimorismo como agrupacin poltica y como sea de identidad no se ha terminado. Los fujimoristas influyen en diversas esferas del poder en Per, pero esto podra variar en unos aos.

Fuerza Popular es la formacin poltica que, contando con mayora parlamentaria, en julio de 2016 le declar la guerra al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y le impidi gobernar. Luego hizo lo mismo con su sucesor Martn Vizcarra, quien asumi en marzo de este ao tras la dimisin de Kuczynski .

En el Congreso, el fujimorismo mantiene su poder, tanto en la Mesa Directiva que decide qu proyectos e informes entran en la agenda como en la presidencia de la Subcomisin de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. En ese grupo de trabajo, la oposicin ha archivado denuncias por infraccin constitucional contra varios congresistas keikistas, como Hctor Becerril. Pero adems bloquea, ya por cinco meses, los informes y debates de acusacin constitucional del fiscal de la Nacin, Pedro Chvarry; de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y de otros jueces y fiscales a quienes se les debera retirar el fuero para que fueran investigados penalmente por su pertenencia a la red de corrupcin del sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto.

La prensa y un fiscal provincial han revelado nexos entre la lideresa del fujimorismo y miembros de su partido con esa red de corrupcin que dirigi un juez supremo recientemente destituido, Csar Hinostroza. En marzo de este ao, la hija mayor de Alberto Fujimori consult con ese magistrado un pedido de casacin (revisin) que l tendra a su cargo en la Corte Suprema: la ex-candidata presidencial quera evitar que la investigacin fiscal por los fondos ilcitos de su campaa en 2011 continuara bajo la Ley de Crimen Organizado, que extiende los tiempos de pesquisa.

Sin embargo, la acumulacin de las revelaciones de corrupcin en el sistema de justicia basadas en audios de conversaciones entre fiscales, jueces, empresarios, consejeros de la Magistratura y polticos gener una gran indignacin pblica, expresada en las calles y en las encuestas, y as el presidente Vizcarra decidi sumarse al mensaje anticorrupcin. Convoc al Congreso para que debata la suspensin de los corruptos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que colocaban, removan o ratificaban jueces de acuerdo con la conveniencia de la mafia comandada por Hinostroza.

Luego, tambin por la presin ciudadana, el Legislativo tuvo que votar por la destitucin de ese magistrado y el levantamiento del fuero. Pocos das despus, pese a que estaba vigente una orden de impedimento de salida del pas, Hinostroza escap de Per por la frontera norte gracias a una funcionaria de Migraciones vinculada a un congresista fujimorista. Hoy est detenido en Madrid, donde ha solicitado asilo. Per ha tramitado su extradicin.

Antes de que Keiko Fujimori fuera detenida prisin, el medio IDL-Reporteros revel sus conversaciones en Telegram con miembros del comit poltico de su partido, que son adems integrantes de la bancada fujimorista en el Congreso. En uno de los mensajes, ordenaba respaldar y blindar al fiscal general Chvarry pese a los pedidos de las juntas de fiscales, lderes de opinin y la calle de que dejara el cargo por su aparicin en los audios de la corrupcin. Una de las parlamentarias fujimoristas aada que la permanencia de Chvarry era una cuestin de supervivencia, y as sigue siendo.

Si el fujimorismo no tramita las cuatro denuncias constitucionales contra el fiscal general, este se mantendr en el puesto. Y el procurador anticorrupcin y el presidente del Poder Judicial reclaman que ms de una docena de jueces y fiscales vinculados a los Cuellos Blancos del Puerto siguen en sus oficinas: ya sea porque el fiscal general no los suspende o porque el Parlamento no debate las denuncias por infraccin constitucional.

Otras esferas de poder

El fujimorismo no solo sigue obstaculizando la lucha anticorrupcin en el Parlamento y en la cabeza del Ministerio Pblico. Dos directores del Banco Central de Reserva del Per pertenecen a ese sector poltico: uno de ellos, Jos Chlimper, fue ministro del Gobierno de Alberto Fujimori y luego jefe de campaa de Keiko Fujimori y, despus, secretario general de Fuerza Popular.

En octubre, el fiscal que investiga a Keiko Fujimori por blanqueo de capitales revel en una audiencia que Chlimper entreg, en la campaa electoral de 2011, 210.000 dlares en efectivo a la principal radio noticiosa de Per con la que exista una deuda por publicidad para que volviera a emitir los spots de Fuerza 2011. La hiptesis del fiscal de lavado de activos es que esos fondos podran ser parte de la suma de 1.200.000 dlares de la contabilidad paralela de Odebrecht o caja dos entregada en 2011.

Luego de la revelacin, Chlimper renunci al cargo de secretario general del partido. Cabe recordar que asumi esa funcin en 2016, en reemplazo del financista fujimorista Joaqun Ramrez, debido a que un reportaje revel que este era investigado por la DEA. El presidente del Banco Central, sin embargo, no se ha incomodado con el hecho de que el director del ente que fija la poltica monetaria del pas haya hecho una transaccin irregular por ese monto en efectivo. Solo a mediados de noviembre sugiri que Chlimper tendr que esclarecer lo ocurrido.

Por otro lado, el presidente del principal gremio empresarial, la Confederacin Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), cuestion las rdenes de detencin preliminar en el marco de la investigacin por lavado de activos. Por supuesto que me pronuncio en contra de la prisin preventiva de Keiko y de todos los seores que estn siendo enjuiciados, coment en una entrevista en televisin a inicios de noviembre.

Roque Benavides dijo que hay otras medidas, como los grilletes electrnicos, para evitar un riesgo de fuga, pero no tom en cuenta que el fiscal solicit la prisin preventiva para evitar el riesgo procesal, es decir, la desaparicin de ms pruebas, la intimidacin de ms testigos o la coordinacin de versiones entre los imputados. Benavides fue tambin el presidente de ese gremio en la dcada de 1990 y tuvo una excelente relacin con el autcrata Fujimori.

Aunque esta columna no agota todos los espacios donde el fujimorismo an despliega su poder, otros actores importantes estn en los medios de comunicacin y en sectores conservadores del catolicismo y de los evanglicos.

El principal diario capitalino, El Comercio, es dirigido por un economista que simpatiza abiertamente con Fuerza Popular y con Keiko Fujimori. En la principal radio de noticias, la que recibi los miles de dlares en efectivo en 2011, varios de los principales conductores de programas periodsticos critican a los fiscales que investigan a Keiko Fujimori por el delito de lavado de activos y suelen desinformar acerca de los hechos relacionados con la pesquisa. Es comn que, cuando piden al pblico llamar por telfono para que opine sobre los hechos del da, corten ms rpidamente la comunicacin con un antifujimorista. En televisin abierta y de cable, ATV opera como el espacio ms leal a los fujimoristas y a sus abogados, aunque en Frecuencia Latina tambin hay periodistas que privilegian los intereses del keikismo o del albertismo, segn la coyuntura.

Fuerza Popular vive un momento de emergencia, con la lideresa en prisin, mientras sus decenas de congresistas transitan entre el ejercicio autoritario del poder que les queda y el pedido de dilogo con el Ejecutivo. En diciembre, un referndum propuesto por Vizcarra puede acabar con la reeleccin de congresistas y es posible entonces que tales rostros del fujimorismo no reaparezcan en la Plaza Bolvar de Lima, pero quiz se reinventen en otras funciones o vientres de alquiler en los prximos aos.

El que no se podr reinventar es el ex-presidente aprista Alan Garca, de quien hay pruebas de pagos que recibi de la contabilidad paralela de Odebrecht tan pronto dej el cargo en 2012. El poltico era investigado por trfico de influencias, pero a raz de nueva documentacin entregada por la constructora brasilea, el fiscal Prez ampli la pesquisa a cohecho y lavado de activos y por ello pidi una orden de arraigo en Per, ya que el lder del Partido Aprista vive en Madrid. El juez la otorg; Garca dijo que no era un castigo quedarse en su pas para aportar contrapruebas, pero cinco horas despus pidi asilo en la Embajada de Uruguay en Lima. Desde el domingo 18 de noviembre, ciudadanos van cada da a manifestarse contra el otorgamiento del asilo. Garca pidi en 1992 asilo en Colombia, cuando enfrent cargos por corrupcin durante su primer gobierno. Volvi a Per cuando estos prescribieron en 2001. Uno de los libros ms vendidos en el pas se llama Historia de la corrupcin, de Alfonso Quiroz; no solo lo citan los jueces en sus resoluciones, sino que los manifestantes lo muestran afuera de la residencia diplomtica uruguaya.

Keiko Fujimori y Garca se suman as a otros polticos investigados por sus tratos ilegales con Odebrecht: Alejandro Toledo, Susana Villarn, Ollanta Humala, Nadine Heredia y Pedro Pablo Kuczynski.

Fuente: http://nuso.org/articulo/keiko-prision-fujimori-carcel-peru/



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