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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-12-2018

Sobre el juicio al procs (I)

Jos Luis Gordillo
mientras tanto


Previsiblemente, en los primeros meses del ao prximo dar comienzo la vista oral del proceso penal incoado contra los dirigentes independentistas catalanes. Este texto es el primero de una serie de escritos en los que se intentar enhebrar una serie de reflexiones jurdicas y polticas en relacin con ese juicio que, salvo cataclismo planetario o revolucin social, se va a celebrar con toda seguridad sin que ningn entusiasta del wishful thinking pueda impedirlo.

Para dejar las cosas claras desde el principio: esas reflexiones se van a hacer desde la conviccin de que ese juicio no slo es inevitable sino tambin saludable para nuestra cultura democrtica.

Ciertamente, lo ptimo habra sido que dicho proceso jams se hubiera producido, pero para ello hubiera sido necesario previamente que las autoridades catalanas se hubiesen abstenido de violar la legalidad vigente. A partir del momento en que lo hicieron, con la aprobacin de las leyes de desconexin del 6 y 7 de septiembre, la convocatoria del simulacro de referndum del 1-0 y las fantasmagricas declaraciones de independencia posteriores, los fiscales y jueces competentes estaban obligados a abrir diligencias judiciales so pena de ser ellos mismos sancionados.

Eso no significa que quien esto suscribe est de acuerdo con todas las decisiones que se han tomado en el perodo de instruccin de la causa. En mi modesta opinin, se ha abusado (aunque eso por desgracia no es nada nuevo en Espaa) de la prisin provisional y se han aplicado tipos penales que, por las razones que se explicarn en otro texto posterior, hubieran debido descartarse tras un primer y somero anlisis jurdico de los hechos enjuiciados.

Ahora bien, tras la experiencia del siglo veinte, tras la reiterada comprobacin emprica de adonde puede conducir la anarqua del poder (del poder de ellos, del poder de los nuestros, del poder de los vuestros o del poder de quien os d la gana), esto es, la no sujecin de los poderes pblicos a una legalidad mnimamente democrtica, las sensatas palabras de Joan Coscubiela en la sesin del Parlament del 6 de septiembre de 2017 hubieran debido recibir el apoyo unnime de todo eso que llamamos izquierda. Que eso no ocurriera resulta cuando menos inquietante. La desobediencia a la Constitucin y al Estatuto de Autonoma, textos legales en los que se reconocen derechos muy bsicos que todo tipo de autoridades tienen la obligacin de respetar, por parte de unos diputados y consellers con capacidad para dictar leyes, reglamentos y rdenes de los que depende la administracin de ms 30.000 millones de euros pagados con los impuestos de todos, en especial de los trabajadores asalariados, as como la actuacin de 250.000 empleados pblicos entre los que se incluyen 17.000 Mossos dEsquadra, no tiene nada que ver con la desobediencia civil (y por tanto desarmada) de los insumisos al servicio militar, los activistas de Greenpeace o los jornaleros de Marinaleda.

En su fase final, el llamado procs ha sido fundamentalmente un conflicto entre administraciones dirigidas por corruptos, encubridores de corruptos, farsantes y mentirosos compulsivos. En ese conflicto, las poblaciones, como las multitudes en las pelculas de romanos, han jugado ms el papel de extras que el de protagonistas. Para convencerse de ello, slo hace falta pensar en qu hubiera sucedido si el 20 de septiembre de 2017, por decir algo, los dirigentes independentistas hubieran explicado a sus seguidores lo que han explicado despus, a saber: que estaba muy bien que sus bases fueran a votar el primero de octubre, pero que ese simulacro de votacin slo servira para legitimar una declaracin simblica de independencia, no para hacer efectivo ese objetivo poltico; que ese intento de referndum sera un brindis al sol, un farol en una jugada de pker que nicamente pretenda forzar una negociacin con la administracin central para conseguir alguna cosa que permitiera salvar el prestigio poltico de los dirigentes independentistas.

Sabiendo eso, cuntas personas hubieran ido a las escuelas el primero de octubre a partirse la cara con la polica? Seguro que unas cuantas menos de las que fueron. Ms all de los palos y los actos de brutalidad policial de ese da, que siempre hay que rechazar y denunciar, el primero de octubre tiene ms de trgica farsa que de da histrico. Y si eso no parece suficientemente convincente, entonces basta con recordar la imagen de las multitudes indepes esperando ansiosas la susodicha declaracin y sus caras posteriores cuando aquella se suspendi. Eso no son errores de menor cuanta, eso es una payasada poltica de proporciones picas. Una payasada, adems, peligrosa y antidemocrtica.

Entre otras cosas, porque tambin supuso, ni que fuera simblicamente, un desprecio olmpico a la opinin y los derechos de los 2.120.000 ciudadanos catalanes (es decir, a la opinin y los derechos de la mayora de los catalanes) que en las elecciones autonmicas plebiscitarias de 2015 votaron a partidos no independentistas, as como a la opinin y los derechos de los 2.277.451 (otra vez la mayora de los catalanes) que, habiendo vivido todos esos actos con angustia creciente, volvieron a hacer lo mismo en las elecciones autonmicas y tan plebiscitarias por cierto como las anteriores y cualesquiera otras- del 21 de diciembre de 2017.

Tanto ms cuanto que llueve sobre mojado. Los nacionalistas de derecha radical, que han detentado el poder autonmico la mayor parte del tiempo transcurrido desde las primeras elecciones autonmicas de 1980, han practicado reiteradamente la anarqua del poder para, entre otras cosas, favorecer los intereses de un conglomerado pblico-privado que ha protagonizado graves violaciones del Derecho Penal econmico.

La Constitucin de 1978 y el Estatuto de Autonoma cataln, con todas sus insuficiencias y carencias, han sido el arco de bveda legal que ha permitido el procesamiento de varios dirigentes polticos de esa derecha nacionalista radical por una corrupcin equivalente a la protagonizada por el Partido Popular en Baleares, Valencia o Madrid. Slo la elevada autoestima de las clases medias catalanas puede impedir ver un hecho tan palmario. Los encausados por los casos Banca Catalana, Casinos, Planasdemunt, De la Rosa, Pascual Estivill, Pallerols, Palau de la Msica o Familia Pujol son tan chorizos como los investigados en los casos Naseiro, Grtel, Brcenas, Lezo, Palma Arena, Pnica, Taula o Bankia.

Pues bien, los correligionarios polticos de los chorizos de casa nostra y sus compaeros de viaje en el ilusorio proceso independentista, aprobaron el 7 de septiembre la llamada Llei de Transitorietat jurdica i fundacional de la Repblica en cuyo artculo 79,2 se deca: Los casos que segn el ordenamiento jurdico anterior a la sucesin sean o hubieran sido competencia de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo o de cualquiera otro rgano judicial espaol fuera del territorio de Catalua, incluido el Tribunal Constitucional slo con relacin a los recursos de amparo, sern asumidos inmediatamente, segn corresponda, en instruccin, primera instancia, segunda instancia, casacin y ejecucin por los rganos judiciales catalanes en funcin de su competencia objetiva y territorial.

Entre ellos se encontraban todos los casos de corrupcin mencionados ms arriba. Pero la cosa no acaba ah, porque, por otra parte, la misma Llei de Transitorietat prevea en su artculo 66,4 que El presidente o presidenta del Tribunal Supremo [de Catalunya] ser nombrado por el presidente o presidenta de la Generalitat a propuesta de la Comisin Mixta prevista en el artculo 72. Dicha Comisin Mixta deba estar compuesta por el presidente o presidenta del Tribunal Supremo, que la preside, por el conseller o consellera con competencias en el mbito de la justicia del Gobierno de la Generalitat, que ejerce la vicepresidencia, por cuatro miembros de la Sala de Gobierno [del Tribunal Supremo], designados por ella misma, y cuatro personas designadas por el Gobierno. Vamos, que los corruptos nostrats deban ser juzgados por tribunales cuya ltima palabra la tendran, en buena medida, personas de la confianza del Gobierno de la Generalitat, es decir, de los correligionarios polticos de los procesados.

Cuando estoy escribiendo estas pginas, los mdicos, los bomberos, los estudiantes, los profesores y otros empleados pblicos catalanes estn llevando a cabo manifestaciones y huelgas dirigidas contra el Gobierno de la Generalitat exigindole que reviertan los recortes en derechos sociales perpetrados por el govern dels millors. Eduard Pujol, portavoz de Junts Per Catalunya, ha dicho que eso son cuestiones menores en comparacin con el gran asunto de la ilusoria independencia. Sin quererlo, el antiguo director de la emisoria de radio del Grupo God, RAC 1, ha hecho una sntesis perfecta de todo lo ocurrido en Catalunya desde que Artur Mas y Felip Puig intentaron desalojar a los pacficos indignados de la Plaza Catalunya, el 27 de mayo de 2011, y desde que, tres semanas despus, se intentase rodear el Parlament con el resultado final de ocho personas condenadas a tres aos de prisin por unos hechos bastante ms pacficos que muchas de las cosas que han ocurrido en Catalunya en el ltimo ao.

Por todo lo anterior y por unas cuantas cosas ms, tan positivo es que sean enjuiciadas las brutales cargas policiales del 1-O como que lo sean todos los abusos de poder protagonizados por los dirigentes independentistas en el ejercicio de sus cargos.

Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-174/notas/sobre-el-juicio-al-proces-i



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