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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-12-2018

Honduras
Zacate Grande: criminalizacin de la lucha en defensa de territorios y playas

Giorgio Trucchi
Alba Sud


La pennsula de Zacate Grande concentra numerosos conflictos entre comunidades y empresarios y familias acaudaladas, que les han despojado de las tierras donde vivan desde hace dcadas, para aprovechar el nuevo impulso de la zona en los sectores energtico, minero, turstico y de infraestructuras.

Desde hace aos, la pennsula de Zacate Grande, departamento de Valle, al sur de Honduras, est en el ojo del huracn. La antigua isla, que en la dcada de los 70 fue unida a tierra firme a travs de la construccin de una carretera, est rodeada por tres lados por el Golfo de Fonseca.

La pennsula cuenta con 11 comunidades [1] donde habitan un poco ms de 1000 familias que viven principalmente de agricultura y pesca, y tienen escaso acceso a servicio bsicos y a trabajos remunerados. Aunque no posean el dominio pleno de los terrenos donde viven desde hace dcadas, las familias tienen posesin efectiva de dichos inmuebles [2].

La ubicacin geogrfica de Zacate Grande es estratgica. La pennsula es parte del Parque Nacional Marino Archipilago del Golfo de Fonseca (PNMAGF) [3], que en 1999 fue declarado como un rea natural protegida e integra el Sistema Nacional de reas Protegidas de Honduras (SINAPH). Adems, en estos lugares se instalar la primera Zona de Empleo y Desarrollo Econmico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city). Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades econmicas. Las ZEDE estarn sometidas a reglas diferentes del resto del pas y gozarn de total autonoma en cuanto a poltica fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. Tambin podrn establecer sus propios sistemas de salud, educacin y seguridad social.

No es para extraarse, entonces, si las familias ms pudientes del pas, corporaciones y grupos econmicos nacionales, terratenientes y empresas transnacionales han puesto sus ojos en esta zona. Es justamente aqu donde el gobierno pretende implementar un plan estratgico de desarrollo, a travs de inversiones multimillonarias en el sector energtico, minero, turstico y en infraestructuras.

Tragando playas

A finales de los aos 90, las familias de las comunidades y caseros de Zacate Grande comenzaron a ser notificadas que las tierras donde vivan les pertenecan a empresarios, familias acaudaladas, terratenientes. En contubernio con un cada vez ms desacreditado sistema judicial, estos sujetos fueron aduendose de las mejores tierras y playas. Buena parte de la costa ya resulta inaccesible a la poblacin.

Algunos, como es el caso del ya fallecido empresario palmero Miguel Facuss Barjum, hasta levantaron largos y altos muros para que nadie tuviese acceso a sus nuevas propiedades vacacionales, cuidadosamente protegidas por guardias armados. Son los miembros del Club del Coyolito, como le llaman los habitantes de la zona a ese grupo de ricos y famosos que hacen y deshacen a su antojo.

La persistente amenaza de perder lo poco que tienen motiv a varias familias a organizarse para resistir los embates de la invasin. Fue as que en el ao 2000 crearon el Movimiento de Recuperacin y Titulacin de Tierra de Zacate Grande, que luego se estructur en la Asociacin por el Desarrollo de la Pennsula de Zacate Grande (ADEPZA). En el 2010 se cre la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, uno de los bastiones de la lucha de las comunidades de la pennsula en defensa del territorio, la tierra, la playas y el mar.

La respuesta al esfuerzo organizativo de las comunidades no se hizo esperar. Comenzaron las amenazas, el hostigamiento, la persecucin. El territorio fue militarizado y la lucha criminalizada. Decenas de activistas de la ADEPZA fueron demandados por usurpacin de tierra y daos a la propiedad. Ejrcito y polica llevaron a cabo desalojos violentos y en diversas ocasiones los pobladores fueron agredidos, golpeados, heridos y detenidos.

Una de las estrategias adoptadas por los nuevos dueos fue dividir a las comunidades y romper la unidad interna. Eso debilit a la organizacin. Tambin hubo atentados contra la vida. En el 2011, el entonces director de la radio, Franklin Melndez, fue herido de bala en una pierna. Meses despus, Pedro Canales, antiguo coordinador de ADEPZA, sufri un sabotaje a su vehculo y fue amenazado con armas de fuego. Varios jvenes comprometidos con la defensa de la tierra tuvieron que abandonar sus comunidades, como es el caso de Miguel ngel Vsquez, quien fue amenazado, perseguido, encarcelado, sufri atentados y finalmente tuvo que auto exiliarse.

En la zona se gener un ambiente de terror. La gente viva con miedo de que, en cualquier momento, uniformados pudiesen llegar a sacarlos de sus casas, encarcelarlos o hasta asesinarlos.

Criminalizar la lucha

Segn el estudio Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra [4], realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), en Honduras existen ms de cinco mil campesinos y campesinas procesados judicialmente. La mayora de esos casos remontan al perodo sucesivo al golpe de Estado del 2009 e involucran a unas mil mujeres. ADEPZA registra al menos 70 personas criminalizadas en Zacate Grande.

El caso de Abel Prez y Santos Hernndez, del casero Puerto Sierra, es un claro ejemplo de la represin que estn sufriendo los pobladores. En agosto del ao pasado, la Sala Dos del Tribunal de Sentencia de Choluteca los conden a 5 aos y un mes de prisin por usurpacin de tierra, daos a la propiedad y amenaza constitutiva de falta en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva. Otro acusado de los delitos fue Santos Toms Cruz, quien finalmente qued absuelto.

Ambos son miembros de ADEPZA y Abel Prez tambin es parte de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que acompaa al Comit de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en la defensa de los dos activistas.

El conflicto remonta a 2014, cuando unas 45 familias del dicho casero, colindante con la comunidad de Playa Blanca, decidieron limpiar un predio abandonado que histricamente haba servido como camino de paso para los habitantes. El terreno serva tambin para vehculos comerciales que llegaban a abastecer el lugar con productos alimentares o material de construccin.

La situacin econmica de las familias de la zona es muy precaria y las personas sobreviven de la agricultura y la pesca. Para complementar los escasos ingresos, las familias decidieron acondicionar el predio como estacionamiento para las personas que, durante las vacaciones de Semana Santa, iban a visitar las playas. En efecto, tras el cierre de playa Guayaba Dorada y playa La Gaviota el acceso fue ilegalmente prohibido por empresarios y terratenientes instalados en la zona la playa de la comunidad de Playa Blanca iba a ser un importante atractivo turstico para los veraneantes de estos.

Los turistas que llegan a la playa no tienen donde dejar el vehculo. Pensamos entonces que para promover el turismo podamos limpiar el predio y crear un parqueo comunitario. Nos juntamos un representante por cada una de las 45 familias y comenzamos a trabajar. Todo el casero se involucr y la ADEPZA nos apoy con la alimentacin. Trabajamos durante un ao y hasta tuvimos que mover grandes rocas y hacer un relleno con piedras y tierra. Finalmente lleg Semana Santa [de 2014], inauguramos el parqueo y nos organizamos para atraer a los turistas, dijo Abel Prez a Alba Sud.

El primer ao no lleg mucha gente, pero la poblacin de Puerto Sierra sigui cuidando el lugar. Al ao siguiente hubo mucha ms presencia de veraneantes y las cosas iban bien para las humildes familias del lugar. Desafortunadamente Cassis Leiva decidi demandar a los tres cabecillas por haber usurpado y ocasionado daos a su terreno.

Crcel y castigo

A los imputados se les concedieron medidas sustitutivas a la prisin, como firmar cada 15 das en el juzgado de Amapala en la isla del Tigre, no salir del pas, no acercarse al predio, ni al demandante. Pero Abel Prez y Santos Hernndez no tenan las capacidades econmicas para asistir regularmente a firmar a Amapala. Adems, fueron acusados por personas de la comunidad de Playa Blanca afines al terrateniente de haber llegado al predio. Todo eso hizo que el juez revocara las medidas y ordenara su encarcelamiento.

Cuando las personas vieron lo que nos estaban haciendo se asustaron. La mayora de las familias se retir del proyecto. Cassis nos us para sentar un precedente e infundir miedo en la comunidad. Pero hay familias que resistimos y no nos dejamos atemorizar. En 2016 y 2017 la afluencia de turistas fue grande y nos ayud muchsimo. Todo lo que recaudamos con el parqueo se reparte en partes iguales entre las familias, explic Santos Hernndez.

Los dos pescadores guardaron prisin durante ms de 100 das. En agosto de 2017 fueron sentenciados a 5 aos y un mes. De inmediato los abogados presentaron un recurso de Casacin y estn esperando la audiencia pblica.

Fue injusto lo que nos hicieron. No tenemos un empleo fijo y con costo llegamos a ganar unos 100 lempiras diario (4 dlares). Una familia de 5 o 6 personas no sobrevive con esa cantidad. Se nos haca imposible viajar dos veces al mes hasta el juzgado de Amapala, pero no les import. Fueron casi cuatro meses de infierno. Calor insoportable, hacinamiento, hostigamiento continuo. Fue una experiencia demasiado grande para ambos y nos cuesta quitrnosla de encima. Ni quiero pensar que pasara si nos vuelven a encerrar, dijo preocupado Prez.

Vivir aqu no es fcil. Estamos rodeados de terratenientes. Slo queramos aprovechar las playas y el turismo para mejorar un poco nuestra condicin econmica. El turismo debe ser incluyente, para que las familias que vivimos aqu podamos aprovechar de las bellezas naturales. Los ricos se estn adueando de todo. Privatizan las playas, amenazan a quien se acerca, no permiten que la gente transite por estos lugares. No es justo y es ilegal, pero a nadie le importa. El sistema de justicia prefiere mirar para otro lado y ensaarse contra los ms dbiles, concluy Hernndez.

Ms criminalizacin

Un sistema de justicia que hasta podra llevarlos nuevamente a la crcel despus de que el Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala decidiera aceptar la solicitud del Ministerio Pblico de ampliar el requerimiento fiscal en contra de dos mujeres (Oneyda Crdenas Flores y Jessica Cruz Crcamo) y un hombre (Jacinto Hernndez Cruz), todos pobladores de Puerto Sierra acusados por el mismo Cassis Leiva de daos a la propiedad y agresin fsica, involucrando en el caso propio a Abel Prez, Santos Hernndez y a otra pobladora (Mara Concepcin Hernndez) por los supuestos delitos de daos continuados y agravados, y girando orden de captura.

Notas:

[1] Jocote, Coyolito, El Zope, Playa Blanca, El Ojochal, La Pintaviera, Los Langues, Los Huatales, Puerto Grande, La Flor, Novillo.

[2] Artculo 717 del Cdigo Civil de Honduras. La posesin efectiva es equivalente a decir que tienen dominio til del inmueble.

[3] Integrado por 13 islas: Exposicin, Sirena, Inglesera, Violn, Coyote, Garrobo o San Carlos, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Conejo, Los Pjaros, Zacate Grande.

[4] El estudio de CESPAD sirvi de rferencia para enfocar el contexto del reportaje

Este artculo se publica en el marco del proyecto Turisme Responsable: una eina d'Educaci per a la Justcia Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de Educacin para la Justicia Global 2017.

Fuente: http://www.albasud.org/blog/es/1075/zacate-grande-honduras-criminalizaci-n-de-la-lucha-en-defensa-de-territorios-y-playas

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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