Portada :: Amrica Latina y Caribe :: Golpe militar y resistencia popular en Honduras
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-12-2018

Honduras
Mujeres en el banquillo. Turismo para quin?

Giorgio Trucchi
Alba Sud

Intereses de grandes proyectos tursticos en la pennsula de Zacate Grande criminalizan y enjuician a las comunidades locales. As les ha ocurrido pobladoras de Playa Blanca


En el sur de Honduras la conflictividad ha alcanzado niveles muy preocupantes. Proyectos energticos, agroindustriales, mineros y tursticos han acompaado la instalacin de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Econmico (ZEDE) [1]. El gran capital nacional y transnacional olfate el negocio y ya se est abalanzando sobre territorios y bienes comunes. Desde hace dcadas, la pennsula de Zacate Grande y el Golfo de Fonseca, con su archipilago y playas, han estado en la mira de grupos y familias que controlan y mueven los hilos de la poltica y la economa hondurea.

En estas zonas es brutal el contraste entre la pobreza extrema de caseros y comunidades y el lujo, la opulencia de las mansiones de verano de terratenientes y poderosos. Largos y altos muros rodean las propiedades vigiladas por hombres armados que hasta niegan el acceso a las playas.

Durante las ltimas dos dcadas, las familias que viven en estas zonas han venido sufriendo un acelerado proceso de prdida de territorios, acompaado por una creciente militarizacin, la criminalizacin del derecho a la tierra y la judicializacin de cientos de personas que sobreviven principalmente de la agricultura y la pesca. Para las familias del lugar, organizarse, resistir y defender su tierra y su vivienda ante las amenazas de desalojo ha sido imprescindible.

Despojo y represin

El estudio Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra, realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), seala que en Honduras existen ms de cinco mil campesinos y campesinas procesadas judicialmente. No menos de mil son mujeres que estn participando activamente y que hasta encabezan el proceso de defensa del territorio y los bienes comunes. Slo en Zacate Grande, la Asociacin por el Desarrollo de la Pennsula de Zacate Grande (ADEPZA) asegura que hay unas 70 personas entre ellas muchas mujeres que estn siendo criminalizadas.

Como abogados y activistas ambientalistas hemos registrado una fuerte ola de intimidacin, hostigamiento y criminalizacin de familias que resisten a los embates de este proceso de expulsin de sus tierras. Vemos, por ejemplo, el caso de las personas del casero de Puerto Sierra, comunidad de Playa Blanca, que estn siendo demandadas injustamente por el seor Jorge Cassis Leiva por supuestos daos a la propiedad y agresin fsica, dijo Denia Castillo, profesional del derecho de la Red de Abogados del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida), a Alba Sud.

Se trata del mismo terrateniente que hace unos aos acus a Abel Prez y Santos Hernndez, pobladores del mismo casero, de usurpacin de tierra, daos y amenazas. Despus de ser encarcelados por casi cuatro meses, los dos pescadores fueron condenados a 5 aos y un mes de prisin y estn esperando que Casacin se pronuncie.

Su culpa fue haber limpiado, con ms de 40 familias de Puerto Sierra, un predio baldo para hacer un estacionamiento que sirviera a los turistas que durante Semana Santa llegan a las playas. Su culpa fue haber pensado que promover el turismo fuera algo que tambin las familias pobres, las comunidades, podan aprovechar para mejorar sus condiciones de vida.

Mujeres dignas

En el caso de Mara Veneranda Cruz, Oneyda Crdenas Flores, Jessica Cruz Crcamo y Jacinto Hernndez Cruz, el terrateniente los acusa de haber derribado un muro que l hizo construir para delimitar su propiedad, y de haber agredido a uno de sus seguidores. Un muro que prcticamente cercaba el casero, impidiendo el acceso a sus viviendas a ms de 60 familias.

Nos estn acusando de haber derribado el muro. Mrenos. Le parece que tenemos la fuerza y la capacidad de botar un muro hecho con grandes piedras y cemento, y con la parte de arriba cubierto de vidrios y botellas quebradas?, pregunt Mara Veneranda Cruz, de 64 aos.

Todo esto es una represalia por el tema del predio. Hubiera visto usted en qu condiciones estaba!. Puro monte y un gran espinero. El lugar estaba abandonado. Nadie se preguntaba de quin era porque solamente serva para cruzar hacia la comunidad o para que vehculos llegaran a descargar productos (alimenticios) o material (de construccin). El seor Cassis Leiva ni siquiera se asomaba al lugar, agreg Cruz.

Mara Concepcin Hernndez es amiga de las tres mujeres enjuiciadas. Con ellas comparte la lucha por el derecho a soar con un futuro mejor. Fuimos especialmente las mujeres a darle vida y a mantener activo el proyecto (del estacionamiento). Aguantamos de todo. Llegaban los seguidores de Cassis armados a presionarnos, hostigarnos, amenazarnos. Para asustar a los turistas que dejaban sus vehculos les entregaban fotos de los compaeros encarcelados, diciendo que ramos todos unos delincuentes. Este mismo seor continu Hernndez nos ofendi a las cuatro (mujeres). Nos dijo que ramos un atajo de ladronas, unas usurpadoras sinvergenzas porque le habamos robado su tierra. Hasta nos tild de prostitutas, record con enojo profundo.

Como muchas veces ocurre en situaciones como estas, donde las familias no tienen ttulo de propiedad del inmueble pero s el derecho de posesin, la estrategia tanto de grupos econmicos, terratenientes, familias pudientes como de empresas transnacionales es de dividir a las comunidades, echando a pelear a las familias que viven en un determinado territorio.

Hay personas que por inters se han plegado a este seor y se encargan de hacer el trabajo sucio. Una seora hasta lleg a decirme que iba a llorar lgrimas de sangre. Nunca van a entender que estn siendo manipuladas y que la nica forma para salir de la pobreza es juntar esfuerzos, manifest la pobladora.

Mire mis manos

Mara Venerada Cruz trabaj 18 aos para la familia Cassis Leiva. Trabajaba en oficios domsticos, pero este seor no tiene memoria. A l no le importa. Tengo 64 aos y nunca he tenido problemas con la justicia. Viera usted el susto que me llev cuando nos dijeron que tenamos requerimiento judicial y orden de captura. Casi me da un infarto. Mire mis manos- Son manos de trabajadora. Durante toda mi vida no he dejado un solo momento de trabajar. Hice de todo. Yo nunca le he robado a nadie. Es una barbaridad lo que nos estn haciendo, lament.

Lo que ms duele a la joven Jessica Cruz Crcamo es la forma en que las estn tratando. Nos estn persiguiendo como si furamos delincuentes. Lo nico que queremos es seguir con nuestra pequea actividad y promover el turismo. Los turistas llegan y ahora tienen donde dejar sus vehculos. Somos familias pobres y esto nos ayuda bastante. El turismo debe ser tambin algo que podamos aprovechar nosotras para mejorar las condiciones de pobreza en que vivimos, dijo.

En las comunidades hay mucha angustia agreg la abogada Castillo. La gente se siente amenazada y sabe que en cualquier momento puede ser desalojada, porque la ley siempre protege al ms rico. Ya lo hemos visto en la Costa Caribe, en Trujillo, donde los proyectos tursticos, agroindustriales, energticos lo que han venido haciendo es despojar a las familias campesinas, a los pueblos indgenas, a los garfunas. Comunidades que viven de la agricultura y la pesca mueren si se quedan sin tierra, ni acceso al mar. Estos proyectos tursticos estn hechos a la medida de los poderosos y lo que traen a la gente es ms despojo y criminalizacin. Pero la gente est reaccionando. Hay resistencia, concluy.

Ms criminalizacin

En agosto pasado los cuatro pobladores de Puerto Sierra, acompaados por la Red de Abogados del MASS-Vida y la ADEPZA, se presentaron al juzgado y lograron que se retirara la orden de captura. La primera audiencia, reprogramada en varias ocasiones, se llev a cabo entre el 20 y el 22 de noviembre pero los resultados no fueron los esperados. Esto refuerza an ms la percepcin de la creciente criminalizacin de la lucha social.

La jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala dict sobreseimiento definitivo para Mara Venerada Cruz y auto de formal procesamiento en contra de Oneyda Crdenas Flores, Jessica Cruz Crcamo y Jacinto Hernndez Cruz, quienes tendrn que presentarse de forma voluntaria para poder tener acceso a medidas sustitutivas de la prisin preventiva.

Pero lo ms grave fue que, a solicitud del Ministerio Pblico, la jueza aceptara la ampliacin del requerimiento fiscal en contra de Abel Prez, Santos Hernndez y Mara Concepcin Hernndez, contra los cuales gir orden de captura por daos continuados y agravados.

Nota:

[1] Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades econmicas en total autonoma en cuanto a poltica fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.

Este artculo se publica en el marco del proyecto Turisme Responsable: una eina d'Educaci per a la Justcia Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de Educacin para la Justicia Global 2017.

Fuente: ALBA SUD

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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